Leonel Fernández

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El Partido Azul en la Historia Nacional

El Partido Azul, liderado por el general Gregorio Luperón, emergió como una gran fuerza política varios años después de haberse realizado la Guerra de la Restauración (1963-1865), la cual puso fin al acto ignominioso de la Anexión a España llevada a cabo por el general Pedro Santana en 1861.

Sin embargo, las raíces del Partido Azul se encuentran en la Revolución de 1857, en la que los pueblos del Cibao organizaron una insurrección en contra del gobierno de Buenaventura Báez con el propósito de establecer un sistema político basado en las doctrinas liberales y democráticas, que eran las más avanzadas de aquellos tiempos.

Miembros de una nueva generación, los integrantes del Partido Azul eran los herederos legítimos del Movimiento de La Trinitaria y de Juan Pablo Duarte. Sus fuentes de inspiración la encontraban en las ideas y el pensamiento de figuras tan ilustres como Pedro Francisco Bonó, Ulises Francisco Espaillat y Benigno Filomeno de Rojas.

Esa nueva generación llegó al poder en 1879, cuando el general Luperón, junto a otras destacadas figuras militares de la época, luego de haberse levantado en armas en contra del gobierno del general Césareo Guillermo, instaló un gobierno provisional en Puerto Plata.

A partir de ese momento, el Partido Azul se convertiría en la organización política más exitosa que había conocido el país durante el siglo XIX, el cual gobernaría durante 20 años consecutivos, pasando por distintas etapas, hasta 1899, cuando se produjo la muerte del general Ulises Heureux, conocido como Lilís.

Inmediatamente, tras llegar al poder, lo primero que hizo el general Gregorio Luperón fue convocar una Convención Nacional con la finalidad de aprobar una nueva Constitución, la cual consignó que el ejercicio de la Presidencia de la República estaría limitada a tan solo dos años.

Gobiernos Azules

Al instalar su gobierno provisional en Puerto Plata, con el apoyo entusiasta de la mayoría de la población, el general Gregorio Luperón designó como delegado suyo en la Capital, el Sur y el Este, así como Ministro de Guerra y Marina, a su lugarteniente y amigo, el general Ulises Heureaux.

Al concluir su mandato, el padre Fernando Arturo de Meriño inició su ejercicio presidencial, el cual se extendió por dos años, desde 1880 a 1882.

Al igual que el general Luperón, el padre Meriño también empezó a ejecutar su mandato con una actitud democrática, de respeto a las libertades públicas, y liberal.

Sin embargo, a medida que su gobierno avanzaba, antiguos partidarios de Buenaventura Báez iniciaban conspiraciones en su contra. Para contrarrestarlos, el padre Meriño dictó el llamado Decreto de Santo Fernando, en virtud del cual ordenaba que todo aquel que fuese encontrado con las armas en las manos en contra del gobierno sería castigado con la pena de muerte.

Varios sufrieron ese castigo; y fue tal la sangre derramada que algunos han llegado a calificar el gobierno del padre Meriño como de una dictadura.

Sea como fuere, al terminar el período presidencial del padre Meriño, resultó electo, por recomendación del general Gregorio Luperón, Ulises Heureaux, el temible Lilís, quien, en principio, como ha podido observarse, fue un gran protegido del general puertoplateño.

Para el general Luperón, esa elección de Lilís era en verdad un reconocimiento necesario a los muchos méritos que éste había acumulado en favor del Partido y de la República desde que se integró, siendo muy joven, como soldado en la gesta de la Restauración.

Ulises Heureaux, Lilís, fue acompañado como Vicepresidente por el general Casimiro Nemesio de Moya; y al igual que sus antecesores, ejerció el mando con criterio democrático por un período de dos años, desde 1882 hasta 1884.

Sin embargo, aprovechando su posición de mando, procuró atraerse el apoyo de connotadas figuras del Partido Rojo, el partido de Buenaventura Báez, ante el vacío político dejado por éste, primero, por su salida del poder; y luego, por su fallecimiento en el exilio, ocurrido precisamente en el 1884.

Esos viejos líderes del baecismo le vendieron la idea al entonces Presidente de la República, Ulises Heureaux, de que debido a su arraigo político y militar, él debería considerar erigirse en el nuevo líder del Partido Azul, ya que ellos estaban dispuestos a ofrecerle el apoyo de los baecistas que operaba en la región Sur del país.

Ulises Heureaux aceptó la sugerencia; y en las próximas elecciones ya ejercía maniobras para que los candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República fueran los que él apoyaba, esto es, Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil.

A esas candidaturas, sin embargo, se opusieron por vez primera en las filas de los azules, las del general Segundo Imbert y Casimiro Nemesio de Moya, quien hasta esos momentos se desempeñaba como Vicepresidente de Lilís.

Estas últimas candidaturas, de hecho, resultaron ganadoras en esos comicios. Sin embargo, Heureaux, según refiere el propio general Gregorio Luperón, incurrió en un fraude enorme, ya que “violó groseramente la ley, metiendo quince mil votos en las urnas, y el Congreso poco avisado, proclamó la candidatura de Billini y Gil”.

Estos fueron, de manera ilegítima, juramentados como Presidente y Vicepresidente de la República, el 1 de septiembre de 1884.

Todo eso resultaba Increíble. En el partido heredero de las ideas patrióticas de Duarte y los trinitarios; el de la doctrina liberal; en el glorioso partido de la epopeya de la Restauración, se había incurrido en un fraude vulgar.

De ahí en adelante, la unidad del partido se resquebrajó; la mística generada por una nueva generación en el poder, imbuida de sentimientos patrióticos, se desvaneció; y el país entró en una situación de anarquía que sólo culminaría cuando Lilís se convirtió en dictador.

Auge y caida de los azules

Por supuesto, el éxito político inicial de los miembros del Partido Azul no sólo estuvo en el hecho de que aspiraban a introducir ideas liberales y democráticas en la República Dominicana del siglo XIX.

También se debió al hecho de las profundas transformaciones económicas y sociales que el país experimentó durante las últimas dos décadas del siglo decimonónico.

Pero, aún antes, en medio de la situación de profundas carencias que se vivían en distintas partes del territorio nacional, el Partido Azul empezó a cobrar fuerza por el apoyo que brindó a los productores de tabaco en la región del Cibao.

Entonces el tabaco era el principal producto de exportación del país. Pero en el Sur, la riqueza descansaba en la ganadería, así como en la explotación de los bosques y la producción y exportación de madera, de lo que se beneficiaba sólo un pequeño grupo, dueño de grandes extensiones de tierra.

En medio de esa situación de dualidad del sistema productivo nacional, se produjo la migración de cubanos que salían de su país debido a la guerra de los diez años, entre 1868 y 1878, que se había estado llevando a cabo contra los españoles para alcanzar la independencia de la patria de José Martí.

Esos cubanos se establecieron por Puerto Plata, pero también por el Sur y el Este del país; y en esos lugares instalaron los primeros ingenios azucareros modernos que se conocen en la República Dominicana.

A partir de los ingenios, se realizó todo un proceso de capitalización y modernización que condujo, entre otros, a la construcción de ferrocarriles, al desarrollo de puertos marítimos y a la colocación de cables telegráficos.

Desde el punto de vista político, el Partido Azul representó la llegada al poder de la alta y la mediana pequeña burguesía, tal como brillantemente lo ha sostenido Juan Bosch, en su clásico texto, Composición Social Dominicana.

Ahora bien, en lo que atañe al papel de Ulises Heureaux, emite un juicio categórico. Afirma: “Aunque aspiraba, como todos los líderes azules, a convertir el país en un Estado burgués, se distinguía de los demás líderes del partido en un aspecto muy importante: el de los procedimientos.

La diferencia entre él y sus compañeros del equipo director de los azules se resolvía en la aceptación de una palabra. Los otros querían que Santo Domingo fuese un Estado burgués liberal; a Lilís le bastaba con que fuera un Estado burgués, sin llegar a liberal”.

Y efectivamente, así fue.

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Mi presencia en Venezuela

La primera vez que visité Venezuela fue hace casi 30 años, a finales de 1988, en compañía del profesor Juan Bosch. Nos alojamos en la residencia de un apreciado amigo suyo, el escritor Miguel Otero Silva.

Durante ese viaje visitamos al presidente Carlos Andrés Pérez, en su despacho presidencial de Miraflores. Entre el escritor y líder político dominicano y el mandatario venezolano se produjo un diálogo que giró, fundamentalmente, en torno a sus remembranzas de las luchas contra las dictaduras de Rafael Leónidas Trujillo, en República Dominicana; y de Marcos Pérez Jiménez, en Venezuela.

Recuerdo con precisión la explicación que, con mucho orgullo, nos brindaba el presidente Carlos Andrés Pérez acerca de un globo terráqueo que se encontraba en uno de los salones del palacio presidencial, obsequio del presidente francés François Mitterrand, en ocasión de su toma de posesión.

En mis viajes más recientes he vuelto a ver el referido globo terráqueo, ahora un poco más desgastado por el tiempo; y entonces me ha correspondido compartir información privilegiada sobre ese objeto, cuyo origen resulta tan desconocido como misterioso para la mayoría de los funcionarios palaciegos.

Siendo candidato a la Presidencia de la República, en 1995, tuve el privilegio de conocer e iniciar una amistad con el expresidente Luis Herrera Campins, cuyo hogar visité en distintas oportunidades.

Pero, en realidad, volví a Venezuela por segunda vez, en 1997, en visita oficial de Estado, cuando ostentaba la condición de Presidente de la República. En esa ocasión, para expresar su respeto y admiración al pueblo dominicano, el presidente Rafael Caldera hizo un gesto verdaderamente hermoso e inolvidable. Envió a darnos la bienvenida, a un par de aviones F-15, que se colocaron a ambos lados de las alas de nuestra aeronave, tan pronto entramos al espacio aéreo venezolano, a los fines de escoltarnos hasta nuestro aterrizaje en el aeropuerto de Maiquetía.

Esa visita consolidó la relación de amistad entre nuestros pueblos; y sirvió para acordar un conjunto de acciones de interés mutuo, entre los cuales se encontraba el financiamiento de varios proyectos de obras de infraestructura, que se obtendría a través del acuerdo de San José.

Así pues, como queda establecido, durante el transcurso de una década, habíamos logrado establecer relaciones cordiales, de afectos y de amistad con varios de los principales líderes políticos venezolanos, tanto del partido Acción Democrática, de orientación socialdemócrata, como de COPEI, de inclinación socialcristiana.

Chávez en escena

Aunque tuve conocimiento acerca de Hugo Chávez desde su intento por derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, en el 1992, no fue sino cinco años después, en el 1997, que lo conocí de manera personal.

En esa oportunidad, nos visitó al Palacio Nacional, en compañía de su esposa, María Isabel Rodríguez. Me refirió su decisión de participar como candidato presidencial en los próximos comicios venezolanos que tendrían lugar el año siguiente, es decir, en 1998; y nos inquirió acerca de cómo podríamos colaborar con su esfuerzo.

Estaba bien informado sobre la República Dominicana. Había venido en varias ocasiones previas al país, y decía tener amigos en el barrio de Los Mina. Recitó unos versos del poeta nacional, Pedro Mir. Me habló de manera elogiosa de la figura de Juan Bosch; y se desparramó en reconocimientos en torno al coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

Al término de nuestra conversación, me trasladé con él al frente del Palacio Nacional, a la casa del ingeniero Hamlet Herman, presentándoselo como acompañante del coronel Caamaño en la guerrilla de Playa Caracoles de 1973.

Me reencontré con Hugo Chávez el día de su toma de posesión, en febrero de 1999. Conforme a las indicaciones del protocolo, me correspondió sentarme al lado del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro.

Chávez, luego de haber indicado que tomaba el juramento sobre una constitución moribunda, se persignó y besó el crucifijo que pendía sobre su cuello, a lo cual, en tono de broma, el comandante Fidel, me preguntó: “¿Y el es tan religioso?”. A eso respondí: “Comandante, me acabo de enterar”. Fidel sonrió, y seguimos la ceremonia.

Mi primera gestión de gobierno culminó al año siguiente, en el 2000, y el presidente Hugo Chávez daba inicio a sus batallas, que le llevarían a álgidos enfrentamientos con la oposición, hasta el punto de suscitarse un golpe de Estado que lo depuso del poder por breve tiempo, en el 2002.

Aunque estaba fuera del gobierno, mantuve relaciones con el presidente Chávez. Según me cuentan algunos amigos, él mismo llegó a hacer referencia, en varias ocasiones a nuestro vínculo de amistad en su programa de radio, Aló Presidente.

Luego de su retorno al poder, se inició en Venezuela un proceso de diálogo, con la finalidad de lograr la estabilidad política del país y rescatar la confianza entre los principales actores de la vida política nacional.

A ese diálogo, hace 15 años, fui invitado a participar, tanto por parte del gobierno venezolano, como de la oposición. Ahí estuve junto al expresidente Jimmy Carter y a otras figuras de América Latina, en las distintas mesas que se organizaron para establecer acuerdos que garantizasen la estabilidad política, el desarrollo económico y la prosperidad del pueblo venezolano.

De Chávez a Maduro

Con nuestro retorno al gobierno en el 2004, tuvimos múltiples encuentros con el presidente Hugo Chávez, quien siempre fue solidario con la República Dominicana, muy especialmente a través de su programa de Petrocaribe. Al fallecer en el 2013, le sucedió el presidente Nicolás Maduro, quien fue electo ese mismo año por el voto mayoritario de sus conciudadanos.

Pero, desde la llegada del presidente Maduro al poder, empezó a experimentarse una caída en los precios del petróleo en los mercados internacionales, lo que condujo a inestabilidad macroeconómica, a un descontento social y a una situación de turbulencia política.

Con motivo de las elecciones legislativas de diciembre del 2015, fui invitado por UNASUR a presidir la observación electoral en representación de esa entidad de carácter subregional.

Al término de ese certamen, que fue ganado abrumadoramente por los partidos integrantes de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), varios de esos dirigentes de oposición se me acercaron para solicitar mi intermediación en un proceso de diálogo nacional en Venezuela.

Les dije que estaría dispuesto a asumir ese papel siempre que fuese autorizado por UNASUR. Así se hizo, y de esa manera he estado participando, junto a los ex presidentes del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; y de Panamá, Martín Torrijos, durante casi dos años, en esa gestión de acompañante al diálogo en búsqueda de una solución pacífica y democrática al drama de Venezuela.

Durante ese tiempo, y luego de cerca de 20 viajes continuos a Caracas, ha habido momentos en que parecía que el conflicto llegaría a su fin, como ocurrió, por ejemplo, a finales del 2016, cuando se contó con la participación de un representante personal del Papa Francisco.

Sin embargo, diversas circunstancias, sobre todo de desconfianza entre los principales actores del gobierno y de la oposición, agravaron la situación conflictiva durante los últimos meses en la patria de Bolívar.

Pero además, con la culminación del periodo del expresidente Ernesto Samper, como Secretario General de UNASUR, y en razón de los cambios políticos producidos en varios países del cono sur, la participación de esta entidad subregional en el acompañamiento al diálogo se ha visto disminuida.

Al encontrarse en esa situación, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, contando con el apoyo de la Cancillería del gobierno español ha estado desempeñando un rol más activo durante los últimos dos meses.

Pero ahora, en una nueva modalidad, en la que se procura que varios países se integren en calidad de acompañantes, el diálogo tiene como anfitrión al gobierno de la República Dominicana.

Mi presencia en Venezuela ya alcanza casi tres décadas. Durante ese periodo he participado, de manera modesta, junto a sus principales líderes, de gobierno y oposición, en la búsqueda de fórmulas que permitan la convivencia democrática y civilizada en ese hermano país.

A pesar de mi ausencia como acompañante en este nuevo episodio del diálogo venezolano, cuyas verdaderas razones solo el tiempo se encargará de esclarecer, albergamos la esperanza de que en esta ocasión, dada la situación de grave violencia que le ha precedido, existan las condiciones óptimas para una solución definitiva que permita devolverle al pueblo venezolano la paz, la tranquilidad y el bienestar que anhela y se merece.

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Apología de la vejez

Con la vejez ocurre una paradoja. Todos aspiran alcanzarla, pero una vez llegada a ella, se quejan de manera angustiosa. Alegan que ésta ha llegado más rápido de lo esperado, y de que los ha tomado de sorpresa. Afirman, también, que no hay ningún consuelo para endulzar una vejez necia.

Para eludir su connotación de pesadumbre, hasta le han cambiado el nombre. Algunos, para hacer su carga más ligera prefieren la expresión de envejecimiento. Otros, la de tercera edad; y en inglés se emplea un término bastante benigno y cordial: senior citizen.

A lo largo de la historia ha habido épocas en que no se ha tenido la debida consideración hacia los ancianos. Hace cerca de dos mil años, en la Sátira de Juvenal, el gran poeta latino, contemporáneo de Horacio y Persio, se leen frases como estas:

“Los ancianos son todos iguales: les tiemblan la voz y los miembros; ya sin pelo en el pulido cráneo. Tienen encías sin dientes para triturar el pan. Ya no oyen. A unos les duele el hombro; a otros los riñones, a otros el muslo. En cuanto al amor, hace mucho tiempo que lo han olvidado”.

Sin embargo, en lo relativo al papel político de la vejez, desde los tiempos de la República romana se ha depositado gran confianza en las personas de edad avanzada.

Así, el Senado, que durante varios siglos dirigió los destinos del pueblo en la península itálica, estaba integrado por hombres de edad, de gran experiencia, quienes podían asegurar la estabilidad política y el progreso de Roma.

El ejemplo más notable de esa época fue Catón el Viejo, quien murió a los 85 años, y fue un político activo y dinámico hasta que la muerte le sorprendió en pleno ejercicio de sus funciones.

Influyentes en la vejez

La historia cuenta que mientras Lucio Cornelio Sila, uno de los más notables políticos y militares romanos, decidió poner fin a su carrera política a los 59 años, su contrincante, Cayo Mario, se aferró al poder hasta su muerte, a los 71 años, luego de haber sido elegido Cónsul siete veces, algo sin precedentes en la historia de Roma.

Durante la época del Imperio, la vejez no fue impedimento para que algunas de las figuras más destacadas de ese momento alcanzaran a desempeñar el papel de emperadores.

Fue el caso de Tiberio, quien condujo a Roma hasta los 77 años; de Vespasiano, quien falleció a los 70; y de Nerva, quien fue escogido emperador a esa misma edad.

Pero, de igual manera, fueron los casos de Galba; de Septimio Severo; de Diocleciano; y de Constantino, todos los cuales asumieron la categoría de emperadores de Roma, al encontrarse en el eclipse de sus vidas.

En ese contexto, aparece la única obra latina dedicada, con carácter de exclusividad, a los ancianos. Se trata del opúsculo, Acerca de la Vejez, de Marco Tulio Cicerón, un genio de la oratoria, considerado como una de las figuras más notables de la política y la literatura.

En ese trabajo, escrito en forma de diálogo, como lo hacía Platón, el filósofo griego, aparece la figura de Catón el Viejo, de quien acabamos de hacer referencia y de los jóvenes, Escipión y Lelio.

Estos últimos le manifiestan a Catón la admiración que le tienen porque nunca dio la sensación de que para él fuese pesada la vejez, cuando para la mayoría de los ancianos resultaba tan odiosa que decían soportar una carga muy pesada.

Catón les responde diciendo que si suelen admirarle “es tan sólo porque sigue a la naturaleza, el mejor guía que hay, y la obedece. No es verosímil que ésta, habiendo escrito bien las otras partes de la vida, haya descuidado el último acto”.

Afirma que fue necesario que hubiese algún final, igual que ocurre con los frutos de la tierra, a causa de la maduración estacional, y que los ancianos deben aprender a sobrellevarlo con paciencia, pues de lo contrario, enfrentarse a la naturaleza sería como hacer la guerra contra los dioses.

Relata que muchas veces escuchaba las quejas de gente de su misma edad. Refiere que se lamentaban no sólo de estar privados de los placeres y de que la vida les resultaba vacía, sino que se sentían menospreciados por quienes con anterioridad se habían beneficiado de sus favores.

Frente a eso, Catón el Viejo reacciona, diciendo: “En todo ese tipo de quejas, la culpa no está en la edad, sino en las costumbres, pues los ancianos moderados, no exigentes y de buen carácter, pasan una vejez tolerable; en cambio el fastidio y el mal carácter resultan molestos a cualquier edad”.

Más adelante, añadió: “Las armas más adecuadas para la vejez son los conocimientos y la práctica de las virtudes, que cultivadas en cualquier edad, si has tenido una vida larga e intensa, producen frutos admirables, no sólo porque nunca te abandonan ni siquiera en el último momento de la vida (cosa que ya es de gran importancia), sino también porque la conciencia de una vida bien llevada y el recuerdo de las muchas cosas bien hechas son algo muy gratificante”.

Cuatro motivos

Luego de hacer esa hermosa apología de la vejez, Catón el Viejo se sumergió en una profunda reflexión, de la cual extrajo la siguiente aseveración: “Cuando lo medito en mi interior, encuentro cuatro motivos por los que la vejez puede parecer miserable. La primera, porque aparta de las actividades; la segunda, porque debilita el cuerpo; la tercera, porque priva de casi todos los placeres; la cuarta, porque no está lejos de la muerte”.

En cuanto a la primera, responde que las cosas grandes no se hacen con las fuerzas o la rapidez, o agilidad del cuerpo, sino mediante el consejo, la autoridad y la opinión; cosas de las que la vejez no sólo no está huérfana sino que incluso suele acrecentarlas.

Admite que con la edad la memoria disminuye, pero que eso es relativo, ya que nunca escuchó decir que algún anciano había olvidado el lugar en el que había escondido su tesoro; así como quién les debe o a quién ellos deben.

Para Catón, la temeridad es cosa propia de la edad que florece, y la prudencia, de la que envejece. Se llega a viejo aprendiendo algo cada día; y viviendo mucho tiempo uno ve hasta lo que no quiere ver.

Lo único verdaderamente miserable en la vejez, es sentir que en esa edad uno mismo es odioso para el otro.

Pero, respondiendo a su segunda inquietud, manifiesta que la vejez es honorable si ella misma se defiende; si mantiene su derecho; si no es dependiente de nadie y si gobierna a los suyos hasta el último aliento.

Alaba la vejez que está bien asentada sobre los cimientos de la juventud. Asimismo aprueba a un joven que tenga algo de viejo que a un viejo que tenga algo de joven. Ni las canas pueden proporcionar autoridad de repente, sino que es la vida anterior vivida honestamente la que recoge los últimos frutos de la autoridad.

Ante la insinuación de que la vejez carece de placeres, responde con un circunloquio. Argumenta que se trata de cosas de las que la vejez, aun sin tenerlas en abundancia, tampoco está privada del todo.

Por ejemplo, alega que del mismo modo que el que asiste al espectáculo en la primera fila se recrea, el que está en la última también se divierte. Así la juventud quizá goza más porque contempla los placeres de cerca, pero también la vejez disfruta de ellos lo suficiente aunque los vea de lejos.

Su conclusión es lapidaria. Indica: “¡Cuánto valor tiene que el espíritu, licenciado ya del servicio del deseo, de la ambición, de la rivalidad, de las enemistades, de todas las pasiones, esté consigo mismo. Si, además, tiene, a modo de aliento, algo que estudiar o enseñar, nada hay más agradable que una vejez ociosa”.

Con respecto al tema de la muerte, el cuarto aspecto de reflexión, su respuesta es de una simplicidad pasmosa: “Cada uno debe contentarse con el tiempo de vida que le ha sido dado. Por breve que sea ese tiempo, es bastante largo para vivir bien y con honestidad”.

Cuenta la leyenda que en cierta ocasión se le preguntó a Isócrates, el orador y educador griego, por qué razón, acercándose ya al centenario de su natalicio trabajaba tanto, a lo que respondió:

“No tengo de qué acusar a la vejez”.

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Corea del Norte: ¿Un caso absurdo de geopolítica mundial?

A pesar de que al llegar a la Casa Blanca el presidente Donald Trump manifestó que dejaría sin efecto la política de acercamiento diplomático a Corea del Norte de sus antecesores, lo cierto es que desde febrero de este año, el régimen de Kim Jong Un ha lanzado 18 misiles durante 12 pruebas de bombas nucleares y misiles balísticos.

Frente a eso, el presidente Trump ha reaccionado indicando que desataría “fuego y furia” sobre el país asiático, como nunca antes se había visto en la historia.

Tal amenaza ocasionó, a su vez, que Corea del Norte respondiera afirmando que en el corto plazo lanzaría misiles sobre la isla de Guam, en la cual se encuentran estacionadas tropas de los Estados Unidos, así como una base naval.

Ante tal escalamiento de confrontación verbal, en la que el mundo se estremecía ante la posibilidad de una conflagración nuclear, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó medidas de sanciones contra el régimen norcoreano.

Debido a la forma en que ha procedido Kim Jong Un, quien desde su llegada al poder, en el 2011, ha lanzado una mayor cantidad de misiles balísticos y pruebas de bombas atómicas y nucleares que los realizados por su padre, Kim Jong Il y su abuelo, Kim Il Sung juntos, en algunos círculos se ha llegado a considerar que actúa de manera tan errática y provocadora, que llega al plano del absurdo y la irracionalidad.

Pero no es así. Las acciones del llamado líder supremo de Corea del Norte se corresponden con una racionalidad y unos determinados objetivos geoestratégicos de defensa de su interés nacional, no siempre bien comprendidos y mucho menos aceptados en el mundo occidental.

La idea es que en razón de la presencia de más de 30,000 soldados norteamericanos en Corea del Sur y cerca de 30,000 más en Japón, los cuales realizan periódicamente ejercicios militares conjuntos, como demostración de fuerza ante Corea del Norte, este último no podría sobrevivir políticamente si no dispone de una capacidad nuclear que permita disuadir a sus adversarios.

Lo que ocurre, sin embargo, es que debido al Tratado de no Proliferación de Armas Nucleares suscrito en el año 1968, ese es un derecho que está reservado a las cinco grandes potencias que integran el núcleo de los Estados permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia.

Sombras del pasado

Ahora bien, para comprender en toda su dimensión la actual situación de conflicto en la península de Corea y el rol de los Estados Unidos, es importante tomar en consideración que Corea pasó a ser colonia de Japón a principios del siglo XX, y no fue sino como consecuencia de la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, que Corea adquirió su independencia.

Pero, en razón de que el ejército soviético llegó a la parte norte de Corea primero que el norteamericano, la península, como resultado del inicio de la Guerra Fría, se dividió en dos: Corea del Norte, bajo control de la Unión Soviética, y Corea del Sur, bajo el tutelaje de los Estados Unidos.

Tres años después, en 1948, ambas Coreas se declaraban independientes. Pero, en el 1950, como consecuencia de las continuas disputas fronterizas que se suscitaban entre ambas naciones, y al temor de los de la parte norte en eventualmente ser ocupados por los Estados Unidos, lanzaron un ataque, con apoyo soviético y de China, a Corea del Sur, dando origen a la Guerra de Corea, que terminaría tres años después, en el 1953, con más de 2 millones 500 mil muertos.

Entre Corea del Norte y Corea del Sur nunca se ha firmado un tratado de paz. Lo que se produjo fue un armisticio, que consagró una división de la península en el paralelo 38. Los Estados Unidos tampoco nunca han reconocido diplomáticamente a Corea del Norte; y por consiguiente, lo que ha prevalecido en la península es un conflicto histórico que no ha encontrado solución definitiva.

En la década de los sesenta, durante la época de Kim Il Sung, considerado el Padre Eterno de la nación, Corea del Norte, con ayuda de China y de Rusia, empezó a tener un proceso de transformación de la economía, con nacionalización de empresas extranjeras y la realización de una profunda reforma agraria.

Además, durante esos años, Corea del Norte impulsó también un proceso de desarrollo industrial que le permitió un crecimiento económico sostenido y el inicio de su programa de fabricación de armas nucleares.

Sin embargo, debido al desmoronamiento de la Unión Soviética, a principios de la década de los noventa, y a los continuos desastres naturales, Corea del Norte entró en una etapa de estancamiento económico y deterioro social.

La pobreza se extendió por todo el país. Se produjo una carencia de productos básicos. Se generalizó una hambruna que provocó la muerte de más de 2 millones de personas. Una sombra se esparcía por la nación asiática.

Riesgos calculados

En medio de la situación de virtual colapso, las autoridades de Corea del Norte iniciaron un proceso de diálogo con sus homólogos del sur, explorando posibilidades de una reunificación de las dos Coreas, como había ocurrido con Alemania, luego de la caída del Muro de Berlín. Fruto de esas negociaciones, los Estados Unidos hasta retiraron sus armas nucleares del sur de la península; y a pesar de la muerte en 1994 de su líder histórico, Kim Il Sung, su hijo y sucesor, Kim Jong Il, dio un paso hacia delante y suscribió el llamado Acuerdo Marco, en virtud del cual su país se comprometía a paralizar su programa de armas nucleares, a cambio de recibir ayuda por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional.

No obstante, el país hermético, como ocasionalmente suele llamarse a Corea del Norte, continuó, subterráneamente, con su programa de enriquecimiento de uranio para la fabricación de armas nucleares.

Eso le condujo a una relación conflictiva con la administración del presidente George W. Bush en los Estados Unidos, que la llegó a considerar como parte del Eje del Mal, junto a Irán e Iraq.

En el 2003, Corea del Norte se retiró del Tratado de No Proliferación Nuclear, iniciando a partir de ahí una aceleración de su programa de fabricación de armas nucleares y de misiles balísticos.

Con la llegada al poder de Kim Jong Un, en diciembre de 2011, luego del fallecimiento de su padre, Kim Jong Il, se han lanzado 85 misiles balísticos, algunos de los cuales ya tienen alcance intercontinental, con posibilidades de llegar hasta la costa oeste de los Estados Unidos, lo cual representa una amenaza para la seguridad nacional de esa gran potencia.

En adición, durante el actual gobierno de Kim Jong Un, se han probado varias bombas nucleares, una de las cuales dispone de las dos terceras partes de la que fue arrojada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial.

Todo esto, obviamente, genera preocupación e incertidumbre en las altas esferas del poder norteamericano. Pero, al desenfreno verbal inicial producido entre las autoridades de ambas naciones, se ha vuelto a un tono de moderación.

Eso transmite la señal y genera la calma de que antes de proceder a un eventual ataque militar, se concederá prioridad, una vez más, al diálogo y la negociación.

Para ese diálogo se procurará contar con la colaboración de China, Japón, Rusia y Corea del Sur, a ninguno de los cuales le conviene ni desea que sobre la península de Corea se desate el infierno de una guerra nuclear.

Es evidente que Corea del Norte no aceptará presiones para desmantelar de forma permanente su programa de armas nucleares y misiles balísticos. La experiencia de lo ocurrido en Iraq y Libia la pone en estado de alerta.

Pero, en el marco de las negociaciones, se podría considerar el que se produzca una paralización en el enriquecimiento de uranio, un tope en la producción de armas nucleares y una gradual eliminación de las pruebas de los misiles balísticos y de las bombas atómicas.

Será imperativo que se llegue a un acuerdo de esa naturaleza, pues es evidente que por razones geoestratégicas, China y Rusia, que hacen frontera con Corea del Norte, no permitirán un colapso del régimen, que permita a Estados Unidos la ocupación completa de la península de Corea.

Más que un absurdo o una falta de racionalidad, en la península de Corea está en juego la supervivencia política de unos y la defensa de la seguridad nacional de otros. Por consiguiente, se trata de una realidad geopolítica en la que el poder de persuasión tendrá que ser más potente que el estallido de una bomba nuclear, a los fines de garantizar la paz y la seguridad en el mundo.

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El gran reto de los partidos políticos

Desde la desaparición de la dictadura trujillista, una de las dificultades que ha afectado a los partidos políticos dominicanos es el mantenimiento de su unidad interna.

A los dos meses de haberse decapitado la tiranía, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), formado en el exilio, envió una delegación para iniciar los trabajos de organización de esa entidad política, integrada por tres de sus más destacados dirigentes: Angel Miolán, Nicolás Silfa y Ramón Castillo.

Sin embargo, poco tiempo después, Nicolás Silfa se desprendía del perredeísmo, creando su propia organización política, el Partido Revolucionario Dominicano Auténtico; y lo mismo hacía Ramón Castillo, quien por sus acrobacias políticas fue rápidamente identificado como Món el Loco.

Luego de la Revolución de Abril de 1965 y la elección del doctor Joaquín Balaguer en 1966, surgen nuevos desprendimientos y divisiones en los partidos y organizaciones políticas del país.

En la izquierda, del Partido Socialista Popular (PSP), liderado por la vieja guardia marxista, emergió una nueva generación que creó el Partido Comunista Dominicano (PCD).

Del Movimiento Revolucionario 14 de Junio se produjo una desbandada hacia el Movimiento Popular Dominicano (MPD) y el Partido Comunista de la República Dominicana (PACOREDO), al tiempo que se conformó una nueva corriente en su interior, conocida como Línea Roja del 14 de Junio.

Con posterioridad, de la izquierda dominicana se constituyeron, entre otras, organizaciones como la Unión Patriótica Antiimperialista (UPA); el Partido de los Trabajadores (PTD); el Partido Comunista del Trabajo (PCT); el Movimiento de Izquierda Unida (MIU); la Liga Socialista; y la Fuerza de la Revolución (FR).

PRD, Reformistas y PLD

Sin embargo, ha sido del Partido Revolucionario Dominicano donde mayores divisiones se han producido en la historia de los partidos políticos de la República Dominicana. Se han llegado a verificar hasta diez rupturas internas, desde su fundación en Cuba en el 1939.

Pero desde su instalación en el territorio nacional, en 1961, hasta la actualidad, entre los conflictos de mayor trascendencia que han estremecido las filas del perredeísmo, se encuentran la salida del profesor Juan Bosch y un grupo de dirigentes para formar el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en 1973; la ruptura de las relaciones entre el doctor José Francisco Peña Gómez y el licenciado Jacobo Majluta, dando lugar a la formación de dos organizaciones políticas: el Bloque Institucional Socialista Democrático (BIS), y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Dos disputas posteriores, de significativa importancia para la vida del partido blanco, la constituyeron la expulsión de sus filas del licenciado Hatuey Decamps, en el 2004, quien pasó a formar el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); y finalmente, en el 2014, con motivo de las diferencias irreconciliables entre los miembros de su cúpula dirigencial, dando lugar al nacimiento del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

En lo que atañe al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), ni siquiera en el pináculo de su gloria pudo el doctor Joaquín Balaguer evitar las discrepancias y escisiones dentro de su formación política.

Fue así que para las elecciones presidenciales de 1970 fue desafiado por el entonces vicepresidente de la República y presidente de la organización política, licenciado Francisco Augusto Lora, para la candidatura presidencial de ese año.

Al final, Lora abandonó las filas del partido y creó su propia entidad política, el Movimiento de Integración Democrática Anti reeleccionista (MIDA), el cual se constituyó en el principal rival del partido del gallo colorao en el certamen electoral de ese año.

El licenciado Fernando Álvarez Bogaert, luego de haber acompañado al doctor Balaguer como candidato a la Vicepresidencia de la República en los comicios de 1982, tanto en las elecciones de 1986 como en las de 1990, vio sus aspiraciones frustradas de ser el candidato reformista a la primera magistratura de la nación.

Por esa razón abandonó las filas de esa institución política para constituir el Partido de la Unidad Democrática, el cual, estableció una alianza con el PRD en el 1994, cuando el doctor Peña Gómez ostentaba por segunda vez la candidatura presidencial del partido blanco.

Luego de la desaparición del doctor Balaguer del escenario político nacional, sus seguidores se han fraccionado en distintas corrientes o grupos, de los cuales han salido la Comisión Presidencial del ex-vicepresidente Carlos Morales Troncoso; el Partido Reformista Popular, del senador Amílcar Romero; el Partido Dominicanos por el Cambio del ingeniero Eduardo Estrella; el Partido Liberal Reformista del senador Amable Aristy Castro; así como las distintas facciones y grupos que actualmente pugnan por su control.

Por su lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), constituye un caso digno de estudio. Es, hasta ahora, la única fuerza política emergente que ha podido consolidarse en el tiempo.

No obstante, luego de su primera participación electoral, en 1978, experimentó un movimiento sísmico en su interior que provocó la salida de un núcleo importante de sus dirigentes, algunos de los cuales retornaron con posterioridad.

Pero, a partir de ahí, se produjo un patrón de conducta en el que en cada proceso electoral en que el partido no salía victorioso, se producía un desgarramiento interno debido a la expulsión o renuncia de dirigentes que formaban parte de grupos o corrientes.

Eso continuó ocurriendo así luego de las elecciones de 1986, 1990 y 1994. Fue sólo a partir de los comicios de 1996, cuando el PLD obtuvo su primera gran victoria electoral que la sangría pudo detenerse; y aunque en los veinte años que han seguido a ese triunfo electoral ha habido momentos de inocultables diferencias entre los miembros de su alta dirección, nunca esas diferencias han puesto en peligro la unidad de la organización.

El desafio del porvenir

Ahora bien, desde la reforma constitucional de 1994 que consigno la realización de elecciones presidenciales y congresionales y municipales en períodos distintos, los partidos políticos dominicanos se han visto envueltos en una dinámica que en lugar de contribuir a su unidad interna, ha sido una de las fuentes de su debilitamiento.

En los últimos 20 años, desde 1996 a la fecha, en el país se han celebrado diez elecciones. Pero cada una de esas elecciones ha estado precedida, a su vez, de procesos internos de selección de candidatos.

Eso significa que en lugar de diez, han sido, en realidad, veinte los procesos electorales, entre internos y externos, a que los partidos han tenido que someterse durante las últimas dos décadas.

Para las organizaciones políticas del país eso ha sido demoledor. Durante todo ese tiempo las principales energías de los partidos han estado concentradas, primero, en organizar competencias entre sus propios miembros, que a veces culminan en heridas que no logran cicatrizarse.

Pero, en segundo término, en participar en comicios electorales, en los cuales, de no obtenerse los resultados esperados, terminan en frustraciones y amarguras, que se convierten, además, en la semilla de la discordia que procura identificar a los presuntos culpables de la derrota, para de esa forma suscitar nuevas fisuras internas.

Desde el año pasado, 2016, los partidos políticos, sin embargo, asisten a una nueva realidad. Por vez primera en veinte años no tendrán que someterse a elecciones tan continuas y extenuantes.

Ahora podrán disponer del tiempo, la calma y la serenidad para reencontrarse con sus valores y principios, reconectarse con sus bases de apoyo y renovarse en sus vínculos con los distintos estamentos de la sociedad.

Los partidos deberán comprender que con las transformaciones a nivel global, los cambios demográficos internos, el empleo de las modernas tecnologías digitales de comunicación y las nuevas técnicas de movilización social, hay nuevas formas de acción políticas a las que tendrán que adaptarse o perecer.

Para la generalidad de los partidos del sistema político, su principal desafío estará en descubrir no sólo sus potencialidades, sino al mismo tiempo sus propias debilidades, aquellas que durante años les han hecho caer en un ciclo de adversidades, fracasos y frustraciones, a fin de verdaderamente poder superarlas.

Para el Partido de la Liberación Dominicana, el que ha sido, en plena democracia, la fuerza política dominante en las últimas dos décadas, su reto es al revés del de los demás. Consiste en saber administrar sus triunfos.

Para lograrlo, se requiere, con carácter de urgencia, que cada uno de sus miembros comprenda algo muy simple; y es que en la lucha política siempre se anteponen las necesidades del pueblo a las aspiraciones individuales.

De comprenderse esa realidad tan sencilla, que parece hasta una puerilidad, estamos seguros que la estrella del PLD continuará iluminando, por muchos años más, el horizonte político nacional.

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Donald Trump seis meses después

La elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos fue una gran sorpresa. Ninguna de las más prestigiosas firmas encuestadoras vaticinaron su victoria. Sin embargo, a pesar de todos los pronósticos en su contra, y de todas las circunstancias adversas, logró alzarse con el triunfo electoral.

No obstante, todavía en un segmento importante de la opinión pública de los Estados Unidos se cuestiona dicho triunfo. Para algunos, fueron las declaraciones del ex director del FBI, James Comey, días antes de la celebración del certamen electoral, lo que ocasionó la ruina de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Para otros, fue la interferencia de Rusia en el proceso electoral norteamericano, lo que en estos momentos forma parte de una investigación llevada a cabo, tanto por un fiscal especial como por el Congreso de los Estados Unidos.

Al asumir sus funciones, el gobierno del presidente Donald Trump se vio sumido en el caos. De repente, los aeropuertos se vieron irrumpidos por multitudes enardecidas que protestaban sus primeras medidas, concernientes a la prohibición de entrada de ciudadanos de países de tradición musulmana al territorio estadounidense.

Varios jueces de distintas jurisdicciones dejaron sin efecto las primeras órdenes ejecutivas del presidente recién juramentado. Fue su primera experiencia en ir descubriendo que el sistema democrático norteamericano se fundamenta en un mecanismo de pesos y contrapesos.

Pero, desde sus primeros meses de gobierno, el presidente Donald Trump ha impuesto desde ya su sello personal de estilo inconfundible. Es el presidente de los tuits a altas horas de la noche o en las madrugadas; el que afirma construirá un muro entre México y los Estados Unidos; el que alega haber convocado a la mayor multitud en la historia el día de su proclamación; y el que ha hecho del conflicto con los medios de comunicación una característica de su administración.

Optimismo de las élites

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, de acuerdo con varios índices bursátiles, el valor de las acciones se ha disparado a uno de los más altos niveles que se haya registrado en los mercados financieros.

Ese hecho se ha debido, fundamentalmente, a las expectativas generadas en los grupos empresariales en torno a varias de las promesas electorales y medidas anunciadas por el nuevo incumbente de la Casa Blanca. Entre esas medidas se encuentran la reducción de la tasa de impuestos de las grandes corporaciones de un 25 a un 15%, la eliminación del pago de impuestos por transferencia inmobiliaria, la anulación de la ley de salud, mejor conocida como Obamacare; la inversión de un trillón de dólares en desarrollo de infraestructuras, el aumento en el gasto militar, la flexibilización de políticas ambientales, así como la eliminación de barreras al uso del carbón y otros combustibles fósiles.

Más aún, el presidente Trump se ha propuesto iniciar un proceso de desregulación del sector financiero. De esa manera, aspira a revertir la llamada ley Dodd-Frank, promulgada como reacción a la crisis financiera global del 2008.

En razón de que en la actualidad el sistema financiero luce recuperado, con los principales bancos mejor capitalizados y obteniendo tasas de retorno prácticamente equivalentes a las que existían antes de la crisis, en ciertos sectores vinculados al Partido Republicano, se estima que ha llegado el momento de volver a una etapa de desregulación.

Algo semejante ha ocurrido con la política comercial. Desde la campaña electoral, Donald Trump se propuso ponerle fin al acuerdo de libre comercio con el Canadá y México, conocido por sus siglas en inglés, como NAFTA.

Para el magnate de la construcción convertido en jefe de Estado, el tratado de libre comercio con esos países, pero especialmente con México, ha sido el peor acuerdo jamás firmado. Y esto así, porque, según su criterio, es el factor que explica la pérdida de empleos en aquellos lugares de producción industrial en los Estados Unidos.

Pero en adición a renegociar el acuerdo de NAFTA, el nuevo presidente estadounidense canceló el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual contemplaba una liberalización y apertura de mercados con doce países de la región asiática, con exclusión de China.

Se entendía que a dicho acuerdo le seguiría un Acuerdo Transatlántico de Cooperación Económica, que Estados Unidos establecería con los 27 países integrantes de la Unión Europea.

Por supuesto, esas medidas aparecen en concordancia con la visión proteccionista del presidente Donald Trump, cuya consigna fundamental es la de convertir de nuevo a los Estados Unidos en una gran potencia.

Para Trump, como para los integrantes del poder económico, esto significa incrementar el número de productos fabricados en los Estados Unidos, mejorar su calidad y competitividad, y hacer que el mayor número de ciudadanos norteamericanos y del mundo compren productos estadounidenses.

Para estimular aún más el optimismo de las élites norteamericanas, el nuevo inquilino de la Casa Blanca se ha propuesto aumentar el presupuesto militar a cerca de 640 mil millones de dólares, aunque eso signifique recortes en distintas áreas del gobierno federal.

Con una política de reducción y eliminación de impuestos, de desregulación financiera, de revisión de acuerdos comerciales, de inversión en infraestructuras, de promoción del uso de combustibles fósiles e incremento del gasto militar, Donald Trump sueña con convertir a los Estados Unidos en una especie de Trump Tower de la economía global.

Trump en el mundo

El antiguo empresario de la construcción y dueño de casinos, inició su política exterior rompiendo con una tradición norteamericana que existía desde el año 1979. Llamó por teléfono a la presidenta de Taiwán antes de establecer comunicación con la República Popular China, que es el país con el que los Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas.

Luego de eso vino el exhibir el uso de la fuerza militar, al producir ataques aéreos sobre Yemen, Siria y Afganistán, lanzando sobre este último país la más grande bomba no-atómica o convencional de todos los tiempos, la Madre de todas las Bombas, con un peso de más de 20 mil libras.

Al asistir a su primera reunión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), evadió hacer referencia al artículo 5 de dicho tratado en el que se establece el principio de seguridad colectiva, en el que cada Estado se siente compromisario con la seguridad de los demás. Eso provocó que la canciller de Alemania, Angela Merkel, llegase a afirmar que Europa debería tomar conciencia de que en materia de seguridad, solo depende de ella misma.

Luego fue desconocer lo suscrito por los Estados Unidos en la Conferencia de las Partes 21, celebrada en París en diciembre de 2015, con el propósito de fijar los compromisos de todos los países del mundo con respecto a la adopción de medidas que frenen el aumento de la temperatura a escala global.

El mundo se sintió estremecido con esa actitud del gobierno del presidente Trump. Después de la gran victoria que significó el Acuerdo de París para los pueblos, nunca se pensó que de la principal potencia del mundo surgiera la medida que pondría en riesgo la propia supervivencia de la especie humana.

En la reunión del G-20, realizada recientemente en Hamburgo, Alemania, el desconcierto llegó a niveles tales que prefirió hablarse del G-19 o hasta del G-0, en razón de la discordancia de Estados Unidos con respecto a las demás naciones integrantes de la organización.

Con respecto a Irán, país con el cual la administración de Barack Obama había llegado a un acuerdo razonable para evitar el enriquecimiento de uranio para la fabricación de armamentos nucleares, el nuevo gobierno del presidente Trump ha decidido reconsiderar esos acuerdos y establecer nuevas sanciones al país oriental.

Finalmente, en relación con Cuba, luego de más de 50 años de política de aislamiento de la isla caribeña por parte de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, una vez más, dio un gran salto hacia delante. Estableció relaciones diplomáticas formales con dicho país y flexibilizó medidas de transporte e intercambio comercial y educativo.

Ahora, todo eso queda en la incertidumbre. El presidente Trump, quien había procurado realizar negocios en Cuba en la década de los noventa, ha anunciado un conjunto de medidas cuya aplicación haría retroceder el reloj de la historia con respecto a los vínculos de Estados Unidos con Cuba.

Al cabo de seis meses de gobierno, el presidente Donald Trump ha sido, hasta ahora, más estilo que sustancia, aunque ese estilo, por si mismo, ha sido tan poco ortodoxo que ha causado preocupación, angustia y desconcierto.

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El financiamiento de los partidos políticos

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones

Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano

El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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La ley de partidos

En el transcurso de esta semana, la comisión integrada por senadores y diputados, que tiene bajo su responsabilidad el estudio y análisis de los proyectos de leyes sobre partidos políticos y régimen electoral, entrará en una fase crucial. Empezará a examinar los temas más controversiales y conflictivos que aparecen en la primera de las referidas piezas legislativas.

Luego de más de dos meses de reuniones continuas, los miembros de la Comisión Bicameral han logrado aprobar 40 de los 77 artículos que tiene el proyecto de ley de partidos políticos.

La aprobación de esa norma que ha de reglamentar el funcionamiento de las organizaciones políticas en el país es un viejo reclamo que se encuentra en la agenda del Congreso Nacional desde hace cerca de 12 años.

Algunos se preguntarán por qué ha ocurrido así. Por qué se ha tomado tanto tiempo aprobar una ley de partidos políticos. ¿Es que ha faltado voluntad política entre los partidos para establecer una ley que los regule? ¿Es que no ha habido interés al considerarse que tal tipo de legislación les resultaría perjudicial? Se podrán tejer miles de conjeturas.

Pero yo, que he estado en el epicentro de los acontecimientos puedo asegurar que, por lo menos dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, no ha habido tal falta de interés.

Dentro de su Comité Político se ha estudiado y discutido en múltiples oportunidades, y el criterio unánime de sus integrantes es que se proceda con su aprobación. Creo que le ha llegado la hora.

Hasta ahora, sin embargo, es mucho lo que República Dominicana ha avanzado en su proceso de reforma y modernización del Estado. Desde el 2010, de conformidad con el criterio de varios prestigiosos juristas internacionales, cuenta con una de las constituciones más modernas y avanzadas de Iberoamérica.

Pero, además, ha procedido, entre otras, a una reforma administrativa y financiera del Estado; a una reforma judicial; a una ampliación y mayores garantías en el ejercicio de derechos fundamentales; a una más amplia descentralización del régimen municipal; y a nuevas exigencias de transparencia y rendición de cuentas.

No obstante, para seguir avanzando hacia el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas hace falta consolidar el sistema de partidos políticos, a los fines de que puedan afianzar su rol de instrumento de participación política de la ciudadanía y de intermediarios entre el Estado y la sociedad.

Regulación de los partidos

Naturalmente, no es que los partidos políticos hayan estado operando en nuestro país sin ningún tipo de reglamentación. No es así. La actual ley electoral, la número 275-97, dedica dos títulos y 37 de sus artículos al régimen de partidos políticos, desde el 41 hasta el 78.

En esos dispositivos legales se hace referencia a las condiciones para el reconocimiento de los partidos; su personalidad jurídica; de las formas de financiación; de las fusiones, alianzas o coaliciones; de la nominación de candidatos; y hasta de las causas de su extinción.

En la República Dominicana el régimen de partidos políticos se encuentra constitucionalizado.

En el artículo 216 de nuestra Carta Magna se consigna que en nuestro país la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre; y que su conformación y funcionamiento solo dependen de que sean de conformidad con la ley.

Más aún, según la propia Constitución, los fines esenciales de los partidos políticos son, entre otros, garantizar la participación de los ciudadanos en los procesos políticos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia; respetar el pluralismo político mediante la propuesta de candidaturas a los cargos de elección popular; y servir al interés nacional, al bienestar colectivo y al desarrollo integral de la sociedad dominicana.

Para lograr esos objetivos es que en estos momentos se reclama, con carácter de urgencia, la aprobación de una ley de partidos políticos, ya que resulta esencial para el adecuado funcionamiento de la democracia.

Debido a que la Comisión Mixta ya ha aprobado más de la mitad de los artículos que contiene el proyecto de ley, ahora, como han dicho sus voceros, se proponen examinar los temas más complejos y peliagudos.

Entre esos temas se encuentran el del reconocimiento a los partidos con el dos por ciento de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones generales; el de las causas para la pérdida de la personería jurídica del partido o de la agrupación política; el de la cuestión de género o cuota de la mujer; el del porcentaje de candidaturas para la alta dirección de los partidos; el del financiamiento público y privado; y el de la organización de las primarias y uso del padrón electoral para la selección de candidatos para puestos de elección popular.

Diversidad de criterios

La complejidad de la tarea que tienen por delante los legisladores se debe, entre otros motivos, a que no existe una legislación de validez universal que pueda servir de referencia o paradigma.

Sobre los variados tópicos a ser abordados, los países, sobre todo en América Latina, tienen legislaciones muy disímiles entre sí.

Por ejemplo, en lo relativo a los votos válidos emitidos para que un partido mantenga el reconocimiento legal, en Chile, Guatemala y Perú, se requiere el 5 por ciento. En Nicaragua y Panamá, el 4 por ciento; en Bolivia y Colombia, el 3 por ciento; en Argentina y México, el 2 por ciento; y en Brasil no se requiere nada.

Entre nosotros se discute que sea un dos por ciento, pero hay quienes sugieren que sea más o que sea menos. ¿Cómo resolver? ¿Cuál será el criterio para decidir? En cuanto a la cuota femenina, o el porcentaje a ser asignado para las candidaturas de las mujeres, en Ecuador, Nicaragua y Venezuela, es de un 50 por ciento, o paridad de género; en México es de 40 por ciento; en Chile, Colombia, El Salvador y Guatemala, es cero.

En el caso de República Dominicana, se contempla que sea de 33 por ciento, como actualmente se prevé en la Ley 275-97, sobre asuntos electorales.

En algunas legislaciones de los países latinoamericanos no se concede derecho para que la alta dirección de los partidos pueda reservarse la facultad de escoger candidatos. En otras, el porcentaje llega hasta 40 por ciento. Aquí contemplamos que sea de 20 por ciento.

El del financiamiento a los partidos es uno de los aspectos más espinosos. La propuesta que figura en el proyecto de ley es que en República Dominicana, en lo concerniente a la distribución de los recursos económicos del Estado, un setenta y cinco por ciento sea distribuido en función de los votos obtenidos en la última elección, y un veinticinco por ciento en partes iguales entre todos los partidos. Influidos por el sistema norteamericano, la mayoría de los partidos latinoamericanos han adoptado el mecanismo de las elecciones primarias para la escogencia de sus candidatos.

Esas elecciones primarias pueden ser abiertas, lo que significa que pueden votar todos los ciudadanos, con el padrón del órgano electoral; o pueden ser cerradas, en cuyo caso sólo pueden ejercer el derecho al sufragio los miembros de la institución con su padrón de registro de militantes.

En el artículo 32 del proyecto de ley de partidos se establece que para la selección de las candidaturas de las organizaciones políticas para la Presidencia de la República, Senadores, Alcaldes y Regidores, se realizarán primarias simultáneas utilizando el padrón universal de la Junta Central Electoral.

Actualmente, ese método en América Latina sólo se utiliza en Argentina, Chile y Uruguay.

Como puede apreciarse, son diversos los criterios que se emplean para definir los contenidos de una regulación del sistema de partidos políticos en un país.

Pero a pesar de esa diversidad, lo que emerge como elemento en común es la necesidad de que a través de una ley de partidos se estimule la participación de los ciudadanos en los procesos políticos; haya mayor democracia interna en los partidos y reglas claras para la competencia electoral; se promueva la transparencia en la financiación de las organizaciones políticas; se incentive la participación de la mujer en la actividad política; se fortalezca la democracia; y se eleve la calidad del debate público.

Si con la aprobación de la ley de partidos, hoy en manos de la Comisión Bicameral, podemos cosechar todos esos logros, podremos decir, a pesar de la larga espera, que bien vale una misa.

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Odebrecht y el combate contra la corrupción

En estos días la sociedad dominicana ha sido conmovida por la solicitud de la Procuraduría General de la República de imponer medidas de coerción a varios ex-funcionarios y legisladores, tanto del partido oficial como de la oposición, por presuntamente haber aceptado el pago de sobornos en contraprestación para la adjudicación de obras de infraestructura.

De conformidad con el acto de solicitud de la medida de coerción, en diciembre del 2016, la empresa multinacional constructora Norberto Odebrecht, había suscrito un acuerdo con el Ministerio Público Federal de Brasil, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, en el que reconocía que durante los años 2001 al 2014 había realizado pagos en distintos países, con el fin de facilitar o asegurar la adjudicación de contratos para la construcción de obras de infraestructura.

Casi al mismo tiempo en que las autoridades judiciales dominicanas actuaban frente al denominado caso Odebrect, igual ocurría en Ecuador, en el que cinco ex-funcionarios también fueron acusados por el Ministerio Público de ese país sudamericano de haber incurrido en actividades ilícitas vinculadas a la empresa brasileña.

Pero, con anterioridad, ya se habían desatado, de igual manera, persecuciones en contra de funcionarios y ex-funcionarios en Perú, Panamá, Colombia, México, Argentina y Chile.

Era algo sin precedentes en la historia judicial de América Latina.

Normalmente, los casos tienen lugar dentro del ámbito territorial de un país, dentro de su jurisdicción nacional, o a lo sumo, entre dos países.

Pero ahora, como consecuencia de las reveladas actuaciones de Odebrecht, una empresa multinacional, de origen brasileño, se creaba una situación novedosa que desborda las fronteras nacionales.

Aunque hay razones para molestarnos e indignarnos, por la todavía falta de transparencia y debilidades en los mecanismos institucionales de rendición de cuentas, lo que ha acontecido es algo de una gran complejidad. Es algo sin antecedentes. Es la entrada a una nueva etapa transnacional del delito de cuello blanco, guiada por empresas multinacionales.

Corrupción dominicana

En la República Dominicana, como en el resto de América Latina y el Caribe, la corrupción es tan antigua como nuestra propia historia.

En una aguda observación hecha en su libro, Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, el profesor Juan Bosch escribió: “En los países de América Latina, con muy pocas excepciones, gobernantes y gobernados ejercen la corrupción en la forma más natural, y la corrupción no se limita al robo de fondos públicos sino que alcanza a otras manifestaciones de la vida en sociedad”. Luego, refiriéndose a su período de gobierno, afirmó: “Durante años y años, la corrupción había sido rampante, descarada y organizada desde lo más alto del poder público; no iba a ser fácil, pues acabar con ella”. Corrupción hubo durante la dictadura de Trujillo. Es más, se afirma que durante esa época ni siquiera existía la República Dominicana.

Lo que había era una Compañía por Acciones, propiedad de Trujillo, que llevaba el nombre de República Dominicana.

Durante la etapa del presidente Joaquín Balaguer, el saqueo de fondos públicos llegó, en un momento dado, a niveles tan alarmantes, que el propio mandatario llegó a decir, en frase célebre, que la corrupción sólo se detenía en la puerta de su despacho.

Yo mismo, hace más de 20 años, cuando fui escogido, por primera vez, como candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, llegué a consignar que el valor monetario de la corrupción en la República Dominicana era equivalente a cerca de 30 mil millones de pesos.

La corrupción, pues, a lo largo del tiempo, ha sido un elemento intrínseco de la vida pública en la República Dominicana, así como, en mayor o menor medida, en la generalidad de los países de América Latina.

Ahora bien, dentro de ese marco, ha sido el Partido de la Liberación Dominicana la organización política que, desde el poder, mayores contribuciones ha realizado para crear la estructura legal que haga efectiva la lucha contra la corrupción.

Fue en el artículo 46 de la Constitución del 2010, auspiciada por el PLD, que por vez primera se estableció, en forma clara y precisa en un texto constitucional, la condena a toda forma de corrupción en los órganos del Estado; la obligatoriedad de la declaración jurada; la pena de degradación cívica a las personas condenadas por delitos de corrupción; y la ampliación de los plazos de prescripción para su persecución.

Fue en los gobiernos del PLD que se aprobó la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción; la Convención Interamericana contra la Corrupción; la Ley de Función Pública; La Ley de Contraloría; la Ley de la Cámara de Cuentas; la Ley de Presupuesto; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones; la Ley de Libre Acceso a la Información Pública; la Ley Contra el Lavado de Activos; la que instituye el Código de Ética del Servidor Público; la creación de Comisiones de Ética Pública; la creación del Consejo Asesor en Materia de Lucha Anticorrupción de la Presidencia de la República; la reforma y modernización de la justicia; y la elaboración del nuevo Código Penal, así como del nuevo Código de Procedimiento Penal.

En fin, a pesar de las debilidades institucionales aún existentes y de la justa indignación de importantes sectores de nuestra sociedad con respecto al flagelo de la corrupción, también es válido reconocer el aporte realizado por los gobiernos del PLD a la creación del entramado legal que permita su prevención, persecución y condena.

Corrupcion universal Pero no es sólo en la República Dominicana o en América Latina y el Caribe donde existe corrupción.

También hay corrupción en Rusia, donde luego del desplome de la primera revolución socialista del mundo, apareció una mafia rusa con ramificaciones en distintas partes del mundo.

En China persiste la corrupción, a pesar de que se han ejecutado personas por ese hecho y a otras se les ha condenado a prisión de por vida. Los antiguos países de la órbita socialista de Europa oriental se encuentran entre los más corruptos del viejo continente, como son los casos de Bulgaria, Rumanía, Polonia, la República Checa y Eslovaquia.

Pero algunos de los países de Europa occidental, que tienen siglos de civilización, tampoco escapan al contagio de la peste social de nuestros tiempos. Tal es el caso de Italia, España y Grecia, pero también de Alemania y Francia.

En los Estados Unidos, los principales bancos del país son sorprendidos continuamente en la comisión de prácticas dolosas, como ha ocurrido con Wells Fargo; JP Mogarn Chase o Citigroup.

La opinión pública internacional quedó estupefacta cuando se enteró de que las agencias calificadoras de riesgo otorgaban categoría Triple-A a los bonos creados con las hipotecas subprime o de alto riesgo, que llevaron a la ruina el sistema financiero internacional en el 2008; o cuando se destapó el escándalo Libor de manipulación de las tasas de interés en los préstamos interbancarios.

Empresas de gran prestigio internacional como la norteamericana Enron; la italiana Parmalat; y la alemana Siemens, se han visto envueltas en grandes escándalos por falta de transparencia en sus ejecutorias.

Hasta la Federación Internacional de Futbol, la famosa FIFA, no pudo patear el balón con transparencia y fue descubierta en una práctica continua, de años, de fraude, sobornos y lavado de activos.

Como podrá observarse, la corrupción está extendida por todo el planeta, y es tan vieja en su práctica que resulta incluso anterior a la época de cuando la Iglesia vendía el perdón de los pecados, es decir, las llamadas bulas de indulgencia, lo que provocó a tal grado la ira de Martin Lutero que terminó dando origen a la Reforma Protestante.

Ahora, en esta segunda década del siglo XXI, lo que ocurre es que debido a la magnitud, el perfil de los actores y la mayor visibilidad y frecuencia de actos de corrupción, las sociedades se han tornado más sensibles, y exigen, con razón, que se haga justicia.

Pero, además, se han desatado, en el ámbito internacional, nuevas dinámicas económicas, sociales y políticas como consecuencia de los persistentes niveles de desigualdad social; la expansión de una clase media urbana políticamente activa; las nuevas técnicas de comunicación y de movilización social; y el empoderamiento ciudadano y de organizaciones de la sociedad civil fruto de la nueva institucionalidad proclive a la transparencia.

Mientras tanto, en lo que atañe al expediente del caso Odebrecht, del que se encuentra apoderado un Juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, de lo que se espera es que el órgano judicial actúe, tal como se consagra en los Principios Fundamentales del Código Procesal Penal, con absoluta imparcialidad e independencia; en base al principio de presunción de inocencia: y sujeto al criterio de legalidad de las pruebas.

Y así, se hará justicia.

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La Comisión Interamericana ataca de nuevo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un nuevo ataque contra la República Dominicana, utilizando argumentos erróneos, esgrimiendo conceptos falaces y evidenciando un sesgo preocupante que puede seguir erosionando su ya disminuida credibilidad entre los Estados miembros de la OEA.

En su reciente Informe Anual sobre la situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, la Comisión Interamericana incluyó a República Dominicana, por vez primera, en el capítulo IV del informe, una especie de “lista negra” de países cuyas violaciones de derechos humanos requieren de una atención y análisis especiales.

Esa lista obedece a cuatro criterios establecidos por la Comisión a partir de 1996, que incluyen, en primer término, violaciones graves de elementos fundamentales e instituciones previstas en la Carta Democrática; en segundo lugar, la suspensión ilegítima del libre ejercicio de los derechos garantizados a través de la declaración de un estado de emergencia o de sitio; tercero, la comisión de violaciones masivas, graves y sistemáticas de derechos humanos; y, en cuarto lugar, la presencia de situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales.

Para la institución dependiente de la OEA, en la República Dominicana, la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales resultan en violaciones al derecho a la nacionalidad; deportaciones y expulsiones masivas; así como en operaciones migratorias ilegales.

Discriminación racial

Una de las falacias más connotadas del informe consiste en afirmar que en la República Dominicana existe discriminación racial por parte del Estado contra las personas afrodescendientes. Más aún, que la negación de esa discriminación por parte de las autoridades nacionales genera la exclusión del tema en la opinión pública nacional.

En otras ocasiones hemos tenido oportunidad de referirnos a este mito. La Comisión parece ignorar la realidad histórica y social de la República Dominicana ya que los primeros esclavos negros traídos al Nuevo Mundo llegaron a la isla La Española a principios del siglo XVI, en la parte que es hoy la República Dominicana, lo cual nos permite afirmar que somos la cuna de las raíces africanas en América Latina y el Caribe.

La Comisión Interamericana subraya también que la inexistencia de una ley específica y un marco jurídico que prohíba la discriminación racial es evidencia de la actitud discriminatoria del Estado dominicano.

Pero este organismo pretende desconocer que el rechazo a la discriminación de cualquier tipo se encuentra en nuestra Carta Magna como un principio rector y medular; y de que precisamente en estos momentos se está debatiendo en el Congreso Nacional una ley que procura establecer sanciones en contra de eventuales prácticas discriminatorias en la sociedad dominicana.

No se trata de negar la existencia de la discriminación dentro de nuestro territorio. Lamentablemente, ese es un mal que afecta la generalidad de los países en el mundo, incluyendo a naciones como los Estados Unidos, donde sigue siendo un tema vigente y de alta sensibilidad.

Sin embargo, no es lo mismo afirmar que desde el Estado dominicano existe, en forma deliberada, una política orientada a discriminar a los nacionales de nuestra vecina nación de Haití y sus descendientes.

¿Apatridia?

Otro argumento sostenido incorrectamente por la Comisión es la burda exageración en las cifras proporcionadas sobre las personas apátridas en la República Dominicana.

Según el informe, nuestro país se encuentra en el séptimo lugar de países con mayor número de personas sin patria, superado únicamente por países como Myanmar, Costa de Marfil o Siria.

La comparación con Siria resulta desconcertante. ¿Cómo es posible comparar a la República Dominicana con otro, como Siria, que por encontrarse inmersa en una guerra civil por más de seis años ha impedido a sus ciudadanos la declaración de nacimiento de sus hijos?

La comparación, como puede advertirse, resulta absurda, excesiva y ridícula.

En términos legales, se considera que existe apatridia cuando ningún Estado lo considera como nacional suyo, bajo el amparo de sus normas internas. Es necesario reconocer que se trata de un mal que afecta a cerca de 15 millones de personas en el mundo y que resulta en la limitación del ejercicio de sus derechos fundamentales. La lucha contra la apatridia ha sido un esfuerzo internacional al cual, desde hace años, se ha unido la República Dominicana.

De acuerdo con los textos constitucionales y legales de República Dominicana y Haití, por razones del jus sanguinis no hay ni puede haber descendientes de dominicanos o de haitianos que puedan tener la condición de apátridas.

Todas las personas descendientes de nacionales haitianos o de cualquier otra nacionalidad, nacidos en el territorio de la República Dominicana, tienen la potestad, conforme a nuestra Ley 285 sobre Migración, de ser declarados en las oficinas consulares de sus respectivos países.

La Comisión Interamericana critica el que nuestra ley nacional de migración disponga de un libro de extranjería para inscribir a los nacidos de extranjeros no residentes.

Eso se debe, en verdad, a su intención oculta de que se conceda la nacionalidad dominicana a toda persona nacida en el territorio nacional, o el de que se establezca el jus soli sin ningún tipo de excepción.

Visto así, se trata de una verdadera injerencia en los asuntos internos de la República Dominicana. Pero, al mismo tiempo, de desconocimiento de los más elementales principios del Derecho Internacional y Comparado.

Como se sabe, de los 193 estados miembros de Naciones Unidas, más de las dos terceras partes no conceden, de manera incondicional, el derecho a la nacionalidad por haber nacido en su territorio, sino con ciertas excepciones, como es el caso de la República Dominicana.

En su informe, lo que la Comisión procura es presionar al Estado dominicano, mediante acusaciones sin fundamento, a los fines de que reconozca como nacionales dominicanos, a personas que no les corresponde, y que no podrían ser consideradas apátridas, debido a que están investidas del legítimo derecho de ostentar la nacionalidad de sus padres; y de realizar la declaratoria de nacimiento en las oficinas consulares de sus países de origen.

Nacionalidad dominicana

Por supuesto, el tema clave del informe gira en torno a la nacionalidad dominicana de las personas de ascendencia haitiana; y es allí donde se encuentra el mayor error de interpretación de los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye tanto a la Comisión, como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El desacertado informe pone de relieve que el Estado dominicano no ha adoptado medidas para dejar sin efecto las normas que establecen o que tengan por efecto no considerar como nacionales dominicanos a los nacidos en territorio nacional de padres con estatus migratorio irregular.

Como hemos expuesto en ocasiones anteriores, ha quedado demostrado que nuestra Constitución y nuestras leyes representan simplemente un ejercicio válido de la soberanía nacional que no vulnera los derechos humanos y no causa apatridia.

La Constitución de la República Dominicana establece claramente el sistema de adquisición de la nacionalidad dominicana. La misma puede ser adquirida por dos vías. La primera, por el jus sanguinis, es decir, por el hecho de que los hijos de nacionales dominicanos, tienen derecho a la nacionalidad dominicana. La segunda, por el jus solis, o en otras palabras, por la circunstancia de que las personas nacidas en territorio dominicano tendrán derecho a la nacionalidad dominicana. Pero nuestra Carta Magna también prevé cuales son las excepciones al jus solis, o sea, aquellos casos en que a pesar de haber nacido en territorio dominicano, no le corresponde la nacionalidad dominicana.

Estos casos son los de los hijos de miembros del cuerpo diplomático que se encuentren en el país; el de individuos que se encuentren en tránsito; y el de personas que se encuentren en el país con una situación migratoria irregular.

Esta última excepción es la que ha levantado resistencia por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el que ha motivado que pidan su modificación a las autoridades de nuestro país.

Pero no existe ninguna obligación de hacer ese cambio, pues se trata de una elección que ha hecho la República Dominicana sobre su sistema de adquisición de nacionalidad; y ese es un derecho soberano que le corresponde al Estado, el cual es utilizado en otros países del mundo, sin que en su contra se levanten acusaciones de discriminación o apatridia.

Con su reciente informe, la Comisión Interamericana ha vuelto a atacar de manera injusta e irresponsable a la República Dominicana. Lo hace además, haciendo recomendaciones improcedentes de modificar nuestra Constitución y leyes nacionales, que están en sintonía con las obligaciones del Derecho Internacional.

Una vez más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incurre en un gran desatino jurídico, un colosal desconocimiento histórico y una malévola intención política.

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La verdadera historia de Crónica de una muerte anunciada

Falleció recientemente en Barranquilla, Colombia, a sus 95 años de edad, Miguel Reyes Palencia, en quien se inspiró Gabriel García Márquez para crear el personaje de Bayardo San Román, en su novela, Crónica de una muerte anunciada.

En la narración, considerada como obra maestra, la cual fluctúa entre el periodismo y la ficción, Bayardo San Román devolvió a sus padres, en la noche de bodas, a su esposa, Angela Vicario, al descubrir que no era virgen.

Luego de ser múltiples veces maltratada y amenazada, Angela Vicario confesó que el autor de su deshonra había sido Santiago Nasar, un joven de 21 años, de origen árabe, alegre y cordial, que administraba una finca que su padre le dejó como herencia.

Al escuchar su confesión, los hermanos gemelos de Angela, Pedro y Pablo Vicario, tomaron la iniciativa de matar a Santiago Nasar, como forma de resarcir el deshonor del que la familia había sido víctima.

Sus planes macabros eran conocidos por todos en la comunidad. Ellos mismos se encargaron de difundirlos, pues en el fondo, no querían realizar la acción y deseaban que alguien los detuviera en sus propósitos.

Sin embargo, nadie lo hizo. Como tampoco nadie le hizo saber a Santiago Nasar de que estaba siendo perseguido por Pedro y Pablo Vicario, con el fin de eliminarlo, pues todo el mundo presumía que él lo sabía.

Por eso, desde las primeras líneas de la novela, el lector sabe lo que va a ocurrir. Empieza así: “El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5:30 de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo”.

La obra, que está contada en primera persona por un narrador, que no es otro que el propio García Márquez, termina haciendo realidad el presagio revelado desde el principio de sus páginas: la muerte de Santiago Nasar, por violentar el sagrado mito de la virginidad.

La vida real

En el 2007, Miguel Reyes Palencia publicó el libro, La Verdad: 50 Años Más Tarde, en el que narra la verdadera historia de Cayetano Gentile, el Santiago Nasar de la novela, acusado de haber deshonrado a Margarita Chicha Salas, la Angela Vicario de la narración.

En su libro, que tuvo un relativo éxito, Reyes Palencia describe el episodio que tuvo lugar el 20 de enero de 1951, en su natal ciudad de Sucre, en el Caribe colombiano. Ofuscado por la decepción y el desengaño, casi estrangula a Margarita Chica Salas, con quien aquella noche había contraído nupcias.

En distintas entrevistas, don Miguel llegó a confesar que al irse de luna de miel, su recién consorte creyó que porque él se encontrara borracho no iba a poder cumplir con sus compromisos conyugales y descubrir la realidad.

Según él, había sido orientada por su madre para hacerle creer, la mañana siguiente, que el acto había sido realizado, y que la prueba sería la mancha de sangre sobre la sábana blanca, que no sería más que mercurio de cromo, colocado para cubrir el honor.

Sin embargo, se equivocó. Al momento de realizar la penetración, se dio cuenta, inmediatamente, que era mujer, que había tenido marido. Ella, tras descubrirse que no era virgen, entre sollozos, exclamaba: “Miguel, perdóname, no he querido ofenderte”.

Él le respondió: “Qué perdón, ni que carajos, puta, imbécil”. Posteriormente, de acuerdo con su propio relato, se la devolvió a doña Hermelinda, la suegra, y a sus cuñados, Víctor y Joaquín Chica Salas, quienes quedaron estupefactos, atónitos, ante lo que estaba ocurriendo.

Al abandonar la casa, en medio de la desesperación y la angustia, atinó a decir: “Ahí la devuelvo, por rota”. Y se marchó.

Miguel Reyes Palencia refiere que sus cuñados, Víctor y Joaquín Chica (los Pedro y Pablo Vicario de la novela), se armaron con cuchillos de carniceros, con la intención de vengar la vergüenza y el ultraje de su hermana.

La víctima resultó ser Cayetano Gentile (Santiago Nasar), un estudiante de medicina, de 21 años de edad, hijo de un inmigrante italiano, muy querido y apreciado en su comunidad.

Los hermanos Chica salieron a la calle a vociferar que lo iban a matar. La noticia circuló por todas partes. Todo el mundo en el pueblo sabía lo que iba a ocurrir. El único en toda la vecindad que lo ignoraba era el propio Cayetano Gentile.

Cuando se dio cuenta de que estaba siendo perseguido por los hermanos Chica, intentó entrar a su casa. En ese momento, sin embargo, fue atacado por sus agresores, quienes, sin mediar palabras, lo acuchillaron y desollaron como a un cerdo.

Al enterarse de lo ocurrido, don Miguel se atemorizó. Pensó que algunos podrían considerarlo a él responsable por la tragedia. Por eso, pidió protección a la policía. Luego, se fue del pueblo, al igual que Margarita, su esposa, que se fue a vivir a Sincelejo, la capital de Sucre.

Realidad y ficción

Según cuenta Miguel Reyes Palencia, el futuro Nobel de literatura conocía de primera mano esos hechos. García Márquez, que llegó a Sucre desde Aracataca, siendo aún niño, estuvo presente la noche de celebración de la boda. Como todo el mundo, se enteró de lo que acontecido después.

Incluso, se sabe que llegó a decir que de ese episodio saldría una magnífica novela; y de hecho, la escribió inmediatamente. Pero no fue sino 30 años después, en 1981, que la publicó.

Su madre, doña Luisa Santiaga Márquez Iguarán, le había rogado, de manera enfática, que no la diera a la publicidad mientras Hermelinda Salas, madre de la novia, Margarita Chica, estuviese viva.

Varios años antes de haber publicado su libro, La Verdad: 50 Años Más Tarde, Miguel Reyes Palencia, en el 1994, interpuso una demanda en contra del autor de Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez; y de su hermano, Eligio García Márquez, quien había publicado el texto, La Tercera Muerte de Santiago Nasar, en el que identifica a los personajes de la vida real.

Al momento de incoar su demanda, don Miguel alegó que ambas publicaciones de los hermanos García Márquez le habían proporcionado un perjuicio moral, ya que su divulgación alteró su diario vivir, hasta hacerle perder su propia identidad.

Ya casi nadie le llamaba por su verdadero nombre de Miguel Reyes Palencia. Había sido reemplazado por el del personaje de ficción que había sido creado a partir de su propio infortunio: Bayardo San Román.

Lo que don Miguel solicitaba como reparación moral por los daños causados a su imagen y reputación no era poca cosa. Era el 50 por ciento de las utilidades literarias y cinematográficas de las que Gabriel García Márquez y su hermano Eligio se hubiesen beneficiado por la publicación de sus respectivas obras referidas a su experiencia de la vida real.

Diecisiete años más tarde, en el 2011, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, emitió una sentencia rechazando, en apelación, la demanda de Reyes Palencia, sobre el fundamento de que los derechos de autor no recaen sobre hechos de la vida real, sino sobre creaciones del espíritu en cualquier campo; carencia de titularidad del derecho de autor por parte del demandante; hecho real de público conocimiento; carencia de nexo causal entre el perjuicio alegado y las obras literarias.

A Miguel Reyes Palencia le causó gran pesar la muerte de Cayetano Gentile, pues habían sido buenos amigos. De Gabriel García Márquez dice que era como un miembro de la familia de la novia. Vivió en esa casa unos seis meses, cuando su padre tuvo problemas económicos.

En la novela, Angela Vicario le estuvo escribiendo cartas a Bayardo San Román durante años, sin respuesta alguna. Un día, sin embargo, en forma inesperada se le apareció.

Cargaba dos maletas. En una, estaba su ropa. En la otra, las dos mil cartas que nunca había abierto. Llegó para quedarse. Y entonces pudo fraguarse lo que no pudo realizarse en la noche de la desventura.

En la vida real, Miguel Reyes Palencia volvió a reencontrarse con Margarita Chica Salas. Aunque sin casarse vivieron como marido y mujer, hasta que se les extinguió el afecto.

Con el cabello color de nieve y la piel surcada por los años, sin haber revelado jamás la auténtica historia de su vida, Margarita, a los 78 años de edad, se despidió de este mundo.

Nunca se encontraron pruebas fehacientes de que en la vida real Cayetano Gentile había sido el verdadero causante de su desdicha.

Tampoco contra Santiago Nasar, en el mundo de la ficción.

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El populismo en la escena internacional

En la interpretación de la escena política internacional, suele afirmarse que reconocidas figuras de la derecha, como Donald Trump, en los Estados Unidos; Marine Le Pen en Francia; y Geert Wilders en los Países Bajos, pueden ser catalogadas como líderes populistas.

Lo mismo se ha dicho con respecto a destacados dirigentes progresistas o de izquierda latinoamericanos, como son los casos de Hugo Chávez en Venezuela; Evo Morales en Bolivia; y Rafael Correa en Ecuador.

¿Cómo es posible que líderes con valores, concepciones y trayectorias tan disímiles en el ámbito político puedan ser ubicados en la misma categoría de populistas? Para dar respuesta a esa interrogante, habría que partir de una comprensión del concepto de populismo. Sin embargo, a pesar de ciertos rasgos en común del fenómeno populista, no existe en la actualidad un criterio unánime para definirlo.

En términos generales, el populismo, que no es una ideología ni una corriente de pensamiento, implica la creación de grupos, movimientos sociales o partidos políticos que participan de la acción política sobre la base de una confrontación o conflicto entre el pueblo, entendido como el conjunto de sectores sociales que conforman los de abajo, frente a las élites, identificadas como los privilegiados del poder y la fortuna.

Pero el tema es mucho más complejo, ya que el conflicto cambiará de naturaleza dependiendo del momento y de las circunstancias históricas; y, por supuesto, eso será lo que permitirá establecer las distintas variedades del fenómeno populista, así como la orientación, de derecha o de izquierda, entre los líderes políticos identificados con esa corriente política.

Como fenómeno histórico, el populismo nació en Rusia, en la segunda mitad del siglo XIX. Surgió de las luchas de los pequeños productores agrícolas o campesinos, llamados Narodniks, que en ruso significa “pueblo”, luego de haber sido emancipados de su condición de siervos, en contra de las nuevas corrientes capitalistas que empezaban a introducirse en el país.

De igual manera, en la última década del siglo XIX, en los Estados Unidos hizo su aparición el llamado Partido del Pueblo, cuyo objetivo también era luchar por la reivindicación de los productores agrícolas, quienes se veían afectados por el desarrollo de tendencias monopolistas dentro del capitalismo norteamericano de entonces.

Populismo en América Latina

Tanto en la Rusia zarista como en los Estados Unidos, el populismo, como expresión de las luchas agrarias, prevaleció hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Luego, se disolvió en el caso norteamericano para reaparecer, con nuevas características, a partir de los años 40 hasta la actualidad.

En América Latina, por el contrario, el populismo emergió como reacción ante el Estado oligárquico que se creó luego de la proclamación de la independencia.

En ese sistema, los propietarios de grandes extensiones de tierras, por vía de la exportación de productos agrícolas y mineros, eran los grandes poseedores de riquezas y promotores de los caudillos políticos de la época. El populismo en América Latina está asociado al proceso de industrialización y urbanización que se inicia a partir de los años 20 del siglo pasado, y que se acelera con posterioridad a la Gran Depresión de los años 30.

Ese proceso dio origen, en algunos países de la región, a la formación de movimientos sociales y partidos políticos sustentados en una alianza entre el sector industrial emergente; las capas medias de profesionales que se iban formando; el nuevo sector de trabajadores, organizado en sindicatos; y los tradicionales productores agrícolas o campesinos.

Esos nuevos movimientos sociales y partidos políticos derribaron el viejo Estado oligárquico surgido con posterioridad a la independencia, y crearon lo que ha sido denominado como Estado populista.

Ese Estado populista latinoamericano se caracterizó por adoptar políticas de protección a la naciente industria local, sobre la base de sustitución de importaciones; la intervención del Estado en la conducción de la economía nacional; la nacionalización de recursos naturales, como el petróleo, el cobre y otros productos básicos; la reivindicación del pueblo como actor soberano; la invocación de la independencia y la autodeterminación de la nación; la aparición de un líder carismático, que encarna y simboliza los anhelos de cambio social del pueblo; y la identificación de una fuerza externa, el imperialismo, como amenaza al desarrollo nacional.

Como ejemplos de ese modelo de populismo clásico en América Latina cabe referirse, entre otros, al general Lázaro Cárdenas, en México; Juan Domingo Perón, en Argentina; Getulio Vargas, en Brasil; Haya de la Torre, en Perú; Rómulo Betancourt, en Venezuela; y José María Velasco Ibarra, en Ecuador.

El populismo contemporáneo

Ahora bien, como resultado de la crisis de la deuda en los años 80, que dio lugar a la llamada década perdida en América Latina, emergieron nuevas figuras políticas de corte populista, como Carlos Menem, en Argentina, Fernando Collor de Melo, en Brasil, y Alberto Fujimori, en Perú, quienes, sin embargo, una vez en el poder, aplicaron políticas de carácter neoliberal.

Para confrontar esas políticas neoliberales, que consistían en medidas de liberalización y apertura de mercados, privatización de empresas públicas y fomento al libre comercio, las cuales empezaron a hacer crisis a finales de los años 90, surgió un nuevo grupo de líderes progresistas en América Latina.

Entre esos líderes, como hemos dicho, se encuentran Hugo Chávez en Venezuela; Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador; Néstor y Cristina Kirchner en Argentina; y Evo Morales, en Bolivia.

A diferencia de los líderes populistas anteriores, que pueden ser considerados, paradójicamente, como populistas neoliberales o de derecha, los líderes previamente mencionados, por el contrario, procedieron a enfrentarse al neoliberalismo y a aplicar políticas de intervención del Estado en la economía, programas sociales a favor de los sectores más desvalidos, estatización de empresas privadas y nacionalización de recursos naturales.

En los Estados Unidos y en Europa occidental, el fenómeno de la globalización, y de manera más específica, la crisis financiera del 2008, convertida en Recesión global, permitió el surgimiento de nuevas formas de participación política cuestionadoras del viejo orden establecido, ya sea, desde una perspectiva de derecha o de izquierda.

En oposición a los planes de rescate a los bancos quebrados por parte del gobierno de Barack Obama, hizo su aparición el llamado Tea Party, vinculado al Partido Republicano e integrado por una red de organizaciones conservadoras contrarias al aumento de impuestos, al libre comercio y a los programas gubernamentales a favor de los sectores más vulnerables.

En contraste con el movimiento populista de ultraderecha del Tea Party, emergió, también como consecuencia de la crisis financiera del 2008, el movimiento Occupy Wall Street, que responsabilizaba de la desigualdad social y de las penurias del 99 por ciento de la población, a la élite del 1 por ciento, conformada por los banqueros de Wall Street y los políticos de Washington.

En el proceso electoral presidencial de los Estados Unidos, Bernie Sanders, aspirante a la nominación por el Partido Demócrata, asumió el pliego de demandas de estos sectores, convirtiéndose, de esa manera, en un líder populista de izquierda.

En Europa occidental, la adopción de políticas de austeridad frente a la crisis, engendró, tanto en España como en Grecia movimientos contestatarios de izquierda, como fueron el de los Indignados, que acabó convirtiéndose en el partido PODEMOS, liderado por Pablo Iglesias; y el partido Siriza, actualmente en el poder, bajo la dirección de Alexis Tsipras.

Pero la crisis económica, conjuntamente con un cierto escepticismo frente a la Unión Europea, el incremento del desempleo y la crisis migratoria, contribuyó al fortalecimiento de un grupo de partidos de ultraderecha, ultranacionalistas y xenofóbicos, como el Partido Independiente del Reino Unido; el Frente Nacional, en Francia; el Partido Libertad, en Austria; y el Partido para la Libertad, en los Países Bajos.

Estos últimos partidos son catalogados como populistas de derecha; y es precisamente a esa categoría a la que, en los Estados Unidos, pertenece Donald Trump, quien llegó a la Casa Blanca con apoyo del Tea Party y de otros grupos conservadores opuestos al poder tradicional en Washington.

Sin embargo, al adoptar una agenda de desregulación del sector financiero; de incorporación de poderosos banqueros a la administración; de reducción de los impuestos a las grandes empresas; y de incremento del gasto militar, Donald Trump pasó de ser un candidato opuesto al poder tradicional de Washington, a ser su auténtico líder y comandante en jefe.

Así de extraño resulta el fenómeno populista, que presenta distintas variantes, sobre todo en tiempos de crisis.

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