Margarita Cedeño

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¿Primarias abiertas o cerradas?

La selección de los candidatos de los partidos políticos tiene importantes consecuencias sobre la salud de la democracia y el fortalecimiento del estado de la nación. De ahí la necesidad de establecer reglamentaciones claras sobre este tema, puesto que la decisión de dejarlo al libre albedrío de las instituciones políticas, ha tenido resultados positivos y negativos, casi en la misma medida.

El concepto de primarias – definidas como las elecciones que permiten la designación de un candidato de un partido político, previo a la elección general – inicia en las primeras décadas del siglo XX, de la mano del partido progresista de los Estados Unidos, liderado entonces por Theodore Roosevelt y por Robert La Follette, entonces Gobernador de Wisconsin. Se trató de un movimiento que pretendía quitar a los jefes del partido el poder exclusivo de la nominación de los candidatos.

Cien años después, aún se discute en el ámbito académico y político-partidario, cuál es el modelo idóneo para la elección de los candidatos internos de los partidos políticos.

Los modelos en cuestión son: las primarias cerradas, que permiten participar sólo a los miembros de un partido político; las primarias abiertas, que permiten a todos los electores registrados participar de las elecciones internas, incluyendo a los miembros de otros partidos; las primarias semicerradas, que permite la participación en las internas sólo a los que no son miembros de partido alguno y; las primarias semiabiertas, que permite a los votantes participar en cualquier primaria, pero solo en las de un partido.

Cada esquema tiene sus ventajas y desventajas. En general, las primarias cerradas resultan ser más transparentes, involucrando a los miembros de los partidos en la vida interna de su organización. Sin embargo, la decisión recae en los miembros menos informados de las estructuras políticas, excluyendo a los simpatizantes de los partidos.

En el caso de las primarias abiertas, las mismas quitan a los partidos una de sus principales funciones, que es el reclutamiento de miembros, puesto que ya no es necesario para la selección de candidatos, aunque moviliza a un mayor volumen de personas, ya que se incluye a los simpatizantes. Sólo 4 países de la región contemplan este modelo: Uruguay, Argentina, Chile y Honduras.

Las primarias semicerradas y las semiabiertas tienen la desventaja de que podrían provocar lo que se conoce como “raiding”, que es que simpatizantes de un partido se presten a votar por el candidato más débil de otro partido. Las ventajas de estos modelos residen, principalmente, en que es un punto medio entre la exclusión de votantes independientes y la apertura total. La diferencia entre una y otra es que en las semiabiertas el votante declara públicamente su preferencia partidaria.

Al ejercicio académico sobre este tema, debe sumarse una visión desde la óptica legal. Las reformas constitucionales impulsadas en América Latina y El Caribe, han llevado a los partidos políticos a tener rango constitucional. Así sucedió en nuestro país con la reforma constitucional del 2010. El artículo 216 de la Carta Magna contempla que la conformación y funcionamiento de los partidos políticos deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia, de conformidad con la ley.

El tema sobre el modelo de primarias que se adopte generará un debate constitucional, tal y como sucedió con la Ley núm. 286-04, que algunos han utilizado como muestra de que el tema de las primarias abiertas y simultáneas ya se discutió y acordó en una ocasión.

Dicha legislación fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, bajo el argumento de que la Carta Magna establece las Asambleas Electorales como el mecanismo para elegir determinados funcionarios o cargos públicos, y no para elegir candidatos de partidos políticos ni celebrar primarias simultáneas. Además, consideró que despojar a los miembros de un partido político del derecho de elegir sus candidatos, equivaldría a “declarar la virtual quiebra del sistema político dominicano”.

Una reciente decisión del Tribunal Superior Electoral de la República Dominicana fortalece dichos argumentos, al considerar que “son los militantes de un partido los que deben elegir sus candidatos durante una convención interna con su propia lista o padrón”, que “aceptar lo contrario sería provocar que los partidos políticos se conduzcan en un esquema de vulnerabilidad que desnaturalice los fines y propósitos para los cuales han sido concebidos”.

Como lo estableció el fallo de la Suprema Corte de Justicia de 2005, la política debe mantener “su naturaleza privatística originaria”, es decir, que el Estado no debe intervenir más que para su regulación, puesto que “si bien se enmarca en el ejercicio de la función pública por ser parte de la función electoral, no por ello adquiere la categoría de función estatal”.

La decisión que se tome a nivel político sobre este tema definirá el futuro inmediato del sistema político-partidario de la República Dominicana. Una decisión errónea podría llevar a los partidos a la auto-destrucción, y si los partidos son débiles, sufre la democracia. Pero, por otro lado, ciertamente debemos encontrar formas de incluir de manera organizada y transparente a la población, en el debate político y electoral, especialmente a los más jóvenes, ya que el futuro depende siempre de las decisiones del presente.

En la cúpula partidaria, como siempre, tendremos grandes responsabilidades que debemos asumir sin mirar intereses personales. No se legisla para favorecer individuos, se legisla para crear y fortalecer sistemas. Aún queda mucha tela por donde cortar en este importante debate.

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Las raíces de la desigualdad social

Luego de la crisis de finales de la década pasada, que sumió al mundo en las tinieblas económicas y financieras, se ha escrito mucho sobre la desigualdad social y el hecho de que haya una ciudadanía privilegiada y otra que sufra los embates de un sistema excluyente.

En las raíces de esa desigualdad podemos encontrar muchos temas subyacentes, que nos llevan a cuestionar el estado social y democrático que propugnan las constituciones políticas actuales. Encontramos allí grandes carencias económicas, serios cuestionamientos a la democracia y a sus instituciones, especialmente a los partidos políticos, un sentido de desesperanza hacia el futuro, una falta alarmante de cohesión social y de pertenencia a la sociedad y, más que nada, un desdén colectivo hacia las acciones que, a corto, mediano o largo plazo, intentan revertir la situación existente.

El libro El capital en el siglo XXI de Thomas Pikkety, como muchos saben, generó un inusitado interés sobre la distribución de la riqueza y los ingresos entre los ciudadanos, sustentando de manera objetiva, las cimientes de la desigualdad social que hoy experimentamos. Existen cuestionamientos a los planteamientos de Pikkety, que si bien tienen sustento o no; que hayan sido aclarados por el autor o no; lo importante ha sido el debate que ha generado sobre como la economía debe servir al bienestar colectivo y qué papel debe jugar el Estado en la redistribución de las riquezas.

La discusión sobre el papel del Estado en el combate a la desigualdad social es esencial, para construir el mundo que estamos legando a nuestros hijos, nietos y futuras generaciones. Las medidas para combatir la desigualdad no han sido suficientes, y una de las razones por las que este fenómeno se mantiene, es porque no lo comprendemos en su totalidad. La evolución en la medición de la pobreza es un ejemplo claro de ello.

Es preciso impulsar la adopción de medidas multidimensionales de la pobreza, tal y como ya lo ha hecho la República Dominicana con el IPM/RD que estamos implementando desde el SIUBEN, con el propósito de atacar la pobreza no sólo desde la carencia de ingresos, sino desde las desigualdades que la economía ha generado, que es lo mismo que decir, desde la desigualdad social.

La desigualdad es parte de un círculo vicioso. Como ha dicho Joseph Stiglitz, es la “causa y consecuencia del fracaso del sistema político… contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad”. Las tres raíces que alimentan la desigualdad (lo social, lo político y lo económico) son, a la vez, causa y consecuencia de un fenómeno complejo, difícil de abordar.

Para América Latina y El Caribe, región que tiene muchas deudas sociales acumuladas con sus ciudadanos, el tema no solo es prioritario, también es urgente. Los países de la región en su próxima reunión de la Conferencia de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y la Reunión de Ministros de Desarrollo Social que organiza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), continuarán la discusión sobre el fortalecimiento de los programas de protección social y el tránsito hacia nuevos modelos, tales como la Renta Básica Universal.

Desde la protección social es que podremos abordar la extrema desigualdad que existe en la región, porque es en esos programas donde existen metodologías que reduzcan a su mínima expresión las estructuras que sustentan la pobreza. Los servicios más importantes tales como salud, educación, atención a primera infancia, alimentación, se fortalecen en los programas de protección social, tal y como lo evidencian numerosas investigaciones.

Sin dudas, superar la desigualdad social requiere de un compromiso colectivo, que se inicia desde el Estado, pero que debe permear a todos los estamentos de la sociedad. Hay que iniciar por el fortalecimiento de los programas sociales, porque son el principal impulso al desarrollo de quienes están en la pobreza y el instrumento más eficaz de reducción de desigualdad.

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Un paso de avance

La sabiduría oriental dice que “un viaje de mil millas comienza con el primer paso”. Fue el espíritu con el que asistimos a la pasada reunión del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, donde las 6 mujeres que nos honramos en ser parte de ese organismo, defendimos al unísono la paridad de género en las posiciones a los organismos de dirección y a los puestos públicos.

Durante más de 20 años, luego de la Conferencia de Beijing y el Plan de Acción que emanó de esa cita histórica, las mujeres que somos parte de la política hemos impulsado, poco a poco, pero con certeza, una mayor participación de la mujer en el ámbito político. Ese largo camino inició con el establecimiento de una cuota de género de un 25% en la legislación electoral del 1997, y su posterior aumento a un 33% en la modificación que instruyó la Ley núm. 12-00.

Más adelante, la Ley núm. 176-07 estableció el 50% en las candidaturas a Alcalde/sa y Vicealcalde/sa, con el mandato de la alternancia, y por igual una cuota del 33% para el caso de las regidurías.

De acuerdo a la Junta Central Electoral, el 50.79% del padrón de votantes es femenino. En el pasado torneo, se presentaron 561 candidaturas femeninas, divididas en 513 posiciones territoriales (Alcaldías y Diputaciones), 29 circunscripciones de ultramar y 19 Diputaciones nacionales. Sin embargo, apenas un 24.4% de las curules del Congreso Nacional están ocupadas por mujeres. En el ámbito municipal, la situación es más crítica, puesto que apenas un 12.7% del total de cargos electivos a nivel municipal, es ocupado por mujeres.

En ese contexto, es un paso importante de avance el que ha adoptado el Partido de la Liberación Dominicana, que contempla aumentar la cuota de género a un mínimo de 40% en el caso de los cargos al Congreso Nacional y hacia lo interno de los Partidos; y a un 50% en lo referente a las candidaturas a regidurías.

Muchos son los argumentos a favor de este aumento. Iniciando porque es un tema de ejercicio de derechos y de justicia hacia la mujer, y que responde al hecho de que la equidad de género ya es un postulado constitucional. De igual manera, el aumento irá neutralizando las limitaciones que el sistema electoral actual impone como restricción y cual espada de Damocles al continuo avance de la mujer en la política.

Todavía hay quienes osan criticar las cuotas de género, y se oponen al avance de la mujer por temor infundado a perder sus espacios, pero las investigaciones han demostrado la necesidad de discriminaciones positivas que equilibren la participación política.

No aspiramos a favores ni concesiones, pero rechazamos las limitaciones y las trabas que nos impiden llegar en igualdad de condiciones.

Por ejemplo, la incorporación de la paridad de género en la Constitución Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia de 2009, jugó un papel esencial en que hoy en día el Congreso de dicho país esté formado por un 53% de mujeres.

La cuota de género es esencial para que aumente la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo y que, en consecuencia, exista una respuesta normativa a las temáticas relacionadas a la mujer que, en la mayor parte de los casos, también impactan a la familia en su conjunto.

Ahora necesitamos que los demás actores del sistema político se sumen a esta iniciativa y la impulsen con gallardía y determinación, para que se convierta en una realidad, de cara a los procesos internos de cada Partido o agrupación político, y a los comicios del próximo 2020.

El aumento de la cuota de género es un paso firme en ese camino de mil millas, que es la equidad de género, un noble propósito que nos une a todos como dominicanos.

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La novia de Barranquilla

Durante la cruenta y vil dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina, llegó al país de allende los mares una intérprete hija del caribe colombiano, dotada de un “temperamento” artístico muy especial, que al pisar suelo dominicano sintió como suya la tristeza que embargaba al pueblo en dictadura, sometido a los designios de quién se consideraba a sí mismo un “benefactor”.

La mujer de la que escribo había recorrido todos los pueblos que bordean el río Magdalena, el mismo que nos describió tantas veces el inmortal de la literatura Gabriel García Márquez, del que dijo estaba repleto de “palpitante vida” y de un “paisaje inacabable de animales y plantas”.

Tan inspirador fue el río Magdalena y sus alrededores para la literatura, como lo fue para la música que con tanto amor escribió Esther Forero, que luego la llevó por 11 años a una gira por todo el Caribe.

La novia de Barranquilla, como es reconocida en toda Colombia, une a la República Dominicana y al hermano país de Colombia, de una manera que resulta hasta mágica.

Preocupada por la tristeza que sintió al llegar a la capital de nuestro país, entendió que el símbolo más evidente de la opresión era el crimen que había constituido desterrar el nombre “Santo Domingo” y llamar a nuestra capital “Ciudad Trujillo”. Invitada por un grupo de periodistas opositores al régimen, participó de un evento benéfico, al que se propuso aportar una bella composición que llamó “Bolero a Santo Domingo”. Fue su primera canción, según ella misma contó en algún momento.

El “atrevimiento” de Esther Forero causó la molestia del régimen. Incluso, mientras ella cantaba en el Teatro Capitolio acompañada del Trío Jaragua, el dictador encabezó otro acto social que buscaba eclipsar el evento de sus opositores.

Lamentablemente, el Bolero a Santo Domingo fue eliminado de la cultura popular dominicana. Es desconocido para la mayoría de los dominicanos. Ha sido gracias a las gestiones del Embajador de la República de Colombia en nuestro país, el amigo José Antonio Segebre, que se ha podido rescatar esta joya dedicada a nuestra ciudad.

Forzada a salir del país luego de su afrenta al régimen, la novia de Barranquilla viaja a Puerto Rico, y de ahí a Cuba y a otros países de la región, donde lucha contra el hecho de ser mujer y ser artista, afrontando, tal y como escribió Heriberto Fiorillo, columnista de El Tiempo de Colombia, “el desprecio de ceja levantada desplegado por una sociedad que solo imaginaba y respetaba a sus mujeres en el hogar”.

Jorge Artel, poeta cartaginés, su compañero y consejero, le diría alguna vez “no cantes de todo, cante lo nuestro”, en referencia a que debía cantar del folclor colombiano. Hoy en día “lo nuestro” de Esther Forero es tan de Barranquilla como de todo el Caribe y, en especial, de la República Dominicana.

Con el rescate de tan bella canción, hemos redescubierto el rol de Esther Forero en la música dominicana, los vínculos musicales que unen al Caribe y el papel del merengue y el folclor colombiano, en las relaciones dominicano-colombianas. A ella debemos “La guacherna”, “Volvió Juanita” y tantas otras canciones más.

Reunidos en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua hace unas semanas, se hizo homenaje al papel que juega la música en las relaciones de ambos países, donde quedó claro que nuestros merengueros son adorados en tierra colombiana, en especial en Barranquilla, ciudad mágica, caribeña como nosotros.

Hace apenas unas semanas, una misión oficial nos llevó a Medellín, Colombia, con la excelsa compañía del Embajador Segebre. Entre actividades oficiales, reuniones, discursos e intervenciones públicas, hubo tiempo para hablar de la música como el lenguaje común del Caribe. La pasión con la que nos habló de Esther Forero es inspiración de estas líneas, para que sirvan de testimonio de los lazos y sueños comunes de libertad, democracia y progreso que unen a nuestros países.

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Un beneficio para ejercer derechos

El actual panorama político-económico de la región de América Latina y El Caribe está dominado por un discurso que se enfrenta a los supuestos estructurales que sustentan la desigualdad social. Algunas organizaciones no gubernamentales no logran entender que existe un consenso a nivel políticos, sobre la concentración inaceptable de riquezas en pocas manos, que resulta en una fuerte desigualdad social en toda nuestra región.

Los Gobiernos de la región hemos acudido a tres estrategias principales para romper esta desigualdad: una política social de tercera generación que impulse el empoderamiento en derechos, una inversión sin precedentes en la educación y una política agresiva que propicia la generación de ingresos y empleos para las clases más desposeídas.

A pesar de los logros que presenta la política social en nuestro país, hay instituciones que se empeñan en demandar un programa de transferencias monetarias condicionadas que “garanticen servicios universales de calidad, construyan conciencia de derechos y enfrenten las desigualdades de género”, sin antes evaluar lo que es Progresando con Solidaridad y de qué manera está propiciando justamente todo aquello que se reclama.

Es el consenso global, avalado por organismos y expertos internacionales, que las Transferencias Monetarias Condicionadas permiten comprometer a las personas que viven en pobreza, a ser partícipes de toda una estrategia que demanda de ellos un gran número de corresponsabilidades y compromisos, diseñados para que puedan empoderarse de su propio destino, vencer barreras culturales y estructurales y romper el círculo vicioso de la pobreza.

Progresando con Solidaridad no es gratis para las familias participantes, tiene un costo para ellos en términos de tiempo dedicado a mejorar sus condiciones de vida, a capacitarse para generar ingresos, educarse en valores y entender la importancia de la salud, la educación, las tecnologías de la información y la comunicación y el emprendimiento, entre otros, un esfuerzo que moviliza a más de 21 mil personas voluntarias a nivel nacional, quienes acompañan a los participantes para que mejoren sus condiciones de vida y, por ende, puedan salir de su condición de pobreza.

En fin, las Transferencias Monetarias Condicionadas también son un mecanismo de redistribución de riquezas y reducción de la desigualdad que nos arropa vorazmente; desigualdad que se traduce en delincuencia, inseguridad y desesperanza.

Es una estrategia que también aborda la desigualdad de género. Más de un 70% de quienes dirigen los hogares que forman parte del programa son mujeres, por lo cual, el apoyo que reciben es determinante para que no tengan que depender emocional ni económicamente de otras personas y puedan impulsar a su familia en base a su propio esfuerzo. Esto va acompañado de varias iniciativas para enfrentar la violencia de género, trata de personas, embarazo en adolescentes y la discriminación de género en todas sus facetas.

Las políticas públicas que hoy están en ejecución, demuestran que la prioridad del Gobierno dominicano es la inversión en servicios sociales de calidad, como vemos que sucede en torno a la educación y la salud. Sin embargo, igual de importante es la inversión en las personas, para que puedan aprovechar correctamente estos servicios y sacar el mejor provecho de ellos.

Progresando con Solidaridad ha superado el concepto clientelista y asistencialista que erróneamente se supone a los programas sociales. Hoy en día, es un instrumento reconocido por toda la región y por los organismos internacionales, sustentado en un proceso de selección de beneficiarios muy exigente y transparente, certificado también por instituciones internacionales.

No hay riesgo de que la política social del Gobierno sea “un privilegio que niega derechos”, porque hemos puesto todo el esfuerzo para que sea todo lo contrario, un programa que busca mejorar a los individuos para que tengamos un mejor país.

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Innovación Social en la alimentación

Un elemento vital para superar la hambruna a nivel mundial es la gestión efectiva de la pérdida y desperdicio de los alimentos. Es un tema que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) ha planteado en diversas ocasiones, resaltando la necesidad de que los países fortalezcan sus capacidades en este renglón.

De acuerdo a la FAO, según estimaciones recientes, cada semana se desperdician en el país más de 24 mil libras de frutas y vegetales en la fase de comercialización. El mismo estudio plantea que el Mercado de Abasto de Santo Domingo (MERCADOM) pierde 1.2 millones de unidades de alimentos cada año, principalmente frutas y vegetales.

Motivados por esa preocupación, la FAO ha impulsado la formación de un Comité Nacional sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, del cual formamos parte a través del programa Progresando con Solidaridad. A esta iniciativa se han sumado el Ministerio de Agricultura, PROCONSUMIDOR, Grupo Ramos, el Banco de Alimentos y Nestlé Dominicana, Fundación Salvar Una Nación, entre otros.

Esta semana han organizado un Seminario sobre Innovación Social a partir de la Gestión de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, que ha reunido las experiencias de Colombia, Jamaica, Brasil y Chile sobre esta temática, en busca de generar conciencia en el país sobre el impacto que genera esta situación en nuestra seguridad alimentaria.

Para la República Dominicana es de vital importancia disponer de las herramientas que permitan gestionar correctamente la pérdida y el desperdicio de alimentos, especialmente con el apoyo de los líderes comunitarios.

La Agenda de Desarrollo Sostenible que ha adoptado la comunidad internacional, resulta ser bastante específica en la necesidad de abordar el hambre a nivel mundial, con sistemas alimentarios eficientes.

En línea con el esfuerzo que va desarrollando la FAO, se requiere el apoyo de los actores que inciden en la producción alimenticia, tanto públicos como privados, para coordinar los esfuerzos que permitan la reducción de la pérdida y desperdicio de alimentos. Para ello, se ha depositado un proyecto de ley en el Congreso Nacional, que regula aspectos determinantes sobre el tema.

Una parte esencial de este esfuerzo está vinculado al trabajo comunitario. El aprovechamiento efectivo del excedente de producción o de los insumos descartados, requiere que los mismos puedan ser transformados en nuevos productos. Para ello, se deben generar oportunidades para aprovechar lo que hoy se desperdicia. Esto permitirá generar oportunidades laborales e ingresos considerables, para apoyar el desarrollo comunitario.

Esta acción genera un nuevo enfoque, del cual tenemos que abrazarnos para solucionar esta problemática. Se trata del concepto “Gastronomía Social”, que ha sido implementado con éxito en Brasil y México, generando capacitación y aportando herramientas, que aportan a la seguridad alimentaria, desde el aprovechamiento de los desperdicios.

Trabajar en la disminución de la pérdida y desperdicio de alimentos es un asunto de justicia social, en un mundo donde casi 2 mil millones de personas tienen sobrepeso y un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o desperdician.

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Neuro-educación para la calidad

La región de América Latina y El Caribe no podrá superar sus pobres resultados en las evaluaciones de aprendizaje, sin abordar la raíz del bajo rendimiento en matemáticas, de las limitaciones en la comprensión lectora y el mal desempeño en las áreas de ciencias.

La neurociencia nos ha confirmado que la clave de una mejor educación está en el cerebro y que las capacidades cognitivas deben ser desarrolladas desde la primera infancia.

En la medida en que la región asumió el reto de mejorar sus sistemas educativos, nos colocamos frente a un Goliat de grandes dimensiones. Dimos prioridad a la universalización de la enseñanza, es decir, que existieran suficientes espacios educativos para que todos y todas pudiesen asistir a recibir el llamado pan de la enseñanza.

Pero a la vez, nos dedicamos a fortalecer y mejorar los métodos de enseñanza, a incluir alimentación escolar y a la mejora de las condiciones laborales de los maestros. De igual manera, en la medida en que nos insertamos en un mundo globalizado, atendimos los requerimientos de cambios sustanciales en los contenidos de la enseñanza.

Hoy en día, destinamos 2,800 millones de dólares a la educación, el equivalente a alrededor del 30% del presupuesto nacional, que es lo mismo que decir, 30 pesos de cada 100 que entran al Estado Dominicano. Pero con tantos frentes abiertos al mismo tiempo, igual que le ha pasado a toda la región, nos hemos perdido de la revolución que la neurociencia estaba trayendo al sistema educativo.

La neuro-educación es una nueva visión de la enseñanza basada en el órgano del cerebro, que si bien nos aplica a todos sin importar la edad, por la consabida plasticidad del cerebro, donde más beneficios deja es en la etapa que cubre desde la infancia a la adolescencia, es decir desde el preescolar hasta que concluye el ciclo escolar.

Este nuevo enfoque demanda que los maestros se planteen nuevas inquietudes: ¿Cómo funciona el cerebro de un niño o de un adolescente? ¿Cómo puedo generar en ellos los procesos químicos necesarios para que el aprendizaje sea más eficiente? ¿Cómo puedo interpretar el difícil tránsito entre la infancia, la niñez y la adolescencia, para que los estudiantes no pierdan el interés por el conocimiento?

Como decía Leslie Hart, en su gran obra “El cerebro humano y el aprendizaje”, hoy en día tenemos la oportunidad de implementar un nuevo acercamiento a la educación, basado en el conocimiento científico. Hoy en día, los países más desarrollados y aquellos que aspiran a serlo apuestan a consolidar sociedades del conocimiento Para ello, nuestro capital mental, es decir, los recursos cognitivos y emocionales para desarrollar el potencial de cada ciudadano, es la herramienta que más debemos cuidar y estimular.

El conocimiento es la gran apuesta de América Latina y El Caribe para este siglo XXI. Para acabar con la miseria, con la pobreza y con la exclusión, necesitamos hacer realidad un nuevo paradigma en la educación, de la mano de la neurociencia. Como decía Facundo Manes: “sólo el conocimiento nos permite anticipar las crisis, reducir brechas sociales y económicas, aprovechar oportunidades y agregar valor a lo que producimos”.

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El intervencionismo no es opción

Un país como el nuestro, que ha sido intervenido dos veces en su historia por fuerzas militares norteamericanas, conoce bien las consecuencias del intervencionismo en América Latina y El Caribe. Las experiencias de 1916-1924 y la breve pesadilla del 1965, son muestra suficiente de los resultados de una política militar intervencionista de los Estados Unidos en suelo latinoamericano.

Desde la puesta en marcha de la Doctrina Monroe, la participación de los Estados Unidos en episodios militares o paramilitares en la región, para bien o para mal, ha sido determinante, cambiando para siempre el curso de la historia en muchos de nuestros países.

Y aunque dicen que “quienes amenazan con mucha fuerza, resultan ser débiles en sus acciones”, no podemos ignorar la fuerte influencia del Pentágono en la política norteamericana, tal y como la describió el profesor Juan Bosch en su análisis político “El pentagonismo, sustituto del imperialismo”.

Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos no dejan de ser preocupantes, y deben tomarse como un llamado a que los países de la región impulsemos decididamente el diálogo en Venezuela.

Afortunadamente, la comunidad de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y El Caribe, se va uniendo poco a poco, a un rechazo unánime a cualquier intervención militar norteamericana en suelo venezolano. Ha sido importante el encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos de Colombia y el vicepresidente Mike Pence de los Estados Unidos, a quién ha pedido “no contemplar una intervención militar en Venezuela, ya que América es un continente de Paz y es mejor mantenerlo así”.

Nuestro Canciller, por su parte, ha manifestado una oposición decidida a cualquier opción militar en Venezuela, argumentando que el diálogo es la mejor vía para solucionar un conflicto interno en un país amigo.

No cabe duda que Venezuela necesita urgentemente de un acuerdo de reconciliación nacional y de garantías para la convivencia pacífica. Como en todo enfrentamiento interno, la lucha es entre hermanos, y no deja más que desolación al país y pérdida de valiosos hombres y mujeres, sin que al final haya beneficio para ninguna de las partes. Solo queda el dolor y la desesperación.

Solo con el diálogo podrán los venezolanos evitar episodios como la nefasta Guerra Larga, conflicto interno que dejó más de 100 mil personas muertas en una nación que entonces era muy joven.

El Gobierno de Venezuela y la oposición deben volver a la mesa del diálogo, de buena fe, con el apoyo de la comunidad internacional y la veeduría de figuras que gocen del prestigio y el respeto suficiente de ambas partes.

Está dentro del interés de todos los países de América Latina y El Caribe, evitar a toda costa el intervencionismo militar en Venezuela. Es una propuesta que no beneficia ni al Gobierno venezolano ni a la oposición de ese país, y donde el mayor perdedor es el pueblo de esta valerosa Nación hermana.

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El progreso de la mujer latinoamericana

Hasta hace poco, resultaba poco atractivo desde el punto de vista político, colocar el empoderamiento económico de la mujer en el centro de las acciones de gobierno. El arte de gobernar parecía ser un tema esencialmente masculino, que perpetuaba las prácticas de discriminación.

Afortunadamente, prácticamente la unanimidad de los gobiernos de América Latina y El Caribe, han comprendido el cambio de época que vivimos y se han montado en el tren del progreso económico y social de la mujer, claro está, con sus altas y sus bajas. No cabe duda que el desarrollo que ha experimentado la región en los últimos 15 años, ha sido producto de la notable inserción de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad.

Sin embargo, surgen graves advertencias que requieren la atención de la sociedad. El reciente Informe sobre el Progreso de la mujer en América Latina y El Caribe, nos alerta sobre los efectos de la desaceleración de las economías, la polarización social, la desconfianza en los gobiernos y, en algunos casos, las crisis políticas; situaciones que amenazan el avance de la agenda de la equidad de género en la región.

Las brechas de género persisten y la pobreza se ha feminizado. Como muestra el informe, la participación laboral de la mujer es más sensible a los vaivenes del crecimiento económico, lo que indica que, en un contexto de crisis económica, el ingreso femenino disminuye considerablemente y, por ende, sufre la economía familiar. De igual forma, a pesar de que la región ha tenido una disminución de la pobreza constante en los últimos 15 años, resulta contraproducente el que el índice de feminidad de la pobreza ha aumentado 11 puntos en igual período. En el 2014, el porcentaje de mujeres pobres era 18% superior al de los hombres.

La mejore descripción de lo que ha sucedido en América Latina y El Caribe con la mujer es que hemos vivido una “revolución silenciosa, incompleta y desigual en las dinámicas familiares”. Ha disminuido la tasa de fecundidad, ha aumentado el nivel educativo de la mujer y ha crecido su participación en la economía. Poco a poco, el modelo de “hombre proveedor” y “mujer ama de casa”, se va convirtiendo en una reliquia del pasado.

Sin embargo, a pesar de que contribuimos más a los ingresos familiares, el empoderamiento femenino sigue frenado por realidades sociales que demandan nuestra atención. El embarazo adolescente, la violencia de género, la inestabilidad de los vínculos familiares y la responsabilidad desproporcionada que lleva la mujer en el cuidado del hogar, se erigen como limitaciones al avance de una verdadera equidad de género.

Al contrario de otros países de la región, la República Dominicana continua experimentando un crecimiento económico muy favorable, que nos coloca en una posición envidiable para continuar impulsando el avance de la mujer. Lo que significa que tenemos una gran oportunidad de aportar a la superación de los obstáculos del empoderamiento económico de la mujer y generar avances más significativos en los indicadores fundamentales de la igualdad de género.

Donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan. Tal y como lo plantea el informe, en el largo plazo, el progreso de las sociedades y las economías está supeditado al pleno aprovechamiento de las aptitudes y capacidades de todas y de todos.

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La trampa de la renta media

En una entrega anterior, reflexionamos sobre el principal enfrentamiento ideológico que caracteriza a esta primera parte del siglo XXI, que enfrenta al populismo con la globalización, lo que trae importantes consecuencias políticas, económicas y sociales, que hemos presentado en otras ocasiones.

Sin embargo, una comprensión más profunda del tema, requiere ahondar en los efectos de la globalización sobre las políticas de desarrollo de América Latina y El Caribe, sobre todo en lo relativo a los aspectos tecnológicos, financieros, comerciales y de economía política. Como parte de su Escuela de Verano, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), ha propiciado una importante discusión sobre el tema, que apunta a una mayor comprensión de los espacios macroeconómicos de la región y las oportunidades a las cuales tenemos acceso.

Son muchos los cuestionamientos en torno a los efectos de la globalización en los mercados y en las políticas públicas. Aún persisten grandes inquietudes sobre cómo regular los mercados de trabajo, de manera que se pueda lograr un balance entre proteccionismo y apertura hacia la inmigración; los efectos de la globalización frente al intercambio comercial, la automatización y los profundos cambios culturales que son consecuencia de este fenómeno.

Pero dentro de todo, la cuestión más preocupante para nuestro país es lo que se conoce como “la trampa de la renta media”. Se trata de la situación de estancamiento a la que llegan muchos países que han alcanzado un cierto nivel de ingreso, debido a la baja inversión, un crecimiento lento de la economía, una diversificación industrial muy limitada y las malas condiciones de sus mercados laborales.

El fenómeno se explica porque resulta más fácil pasar de ser un país pobre a ser un país de renta media, debido a que los bajos salarios fomentan la inversión extranjera y la creación de empleos, lo que mejora considerablemente los ingresos fiscales y, por ende, las condiciones de vida en las poblaciones. Sin embargo, pasar de un país de renta media a uno de renta alta, requiere grandes inversiones en áreas más sofisticadas, una fuerte apuesta a la tecnología y a la mejora del capital humano, para competir con los países en ese renglón.

Es un gran reto. El estancamiento es tal, que la mayoría de los países que ya eran de renta media en el 1960, todavía lo son. Solo 13 de 101 países han podido superar esta situación y convertirse en países de renta alta, siendo los ejemplos más representativos Corea del Sur, Israel y Taiwán.

La entrada de nuestro país a esta club es un reconocimiento a las políticas de desarrollo que se han implementado en los recientes gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, pero a la vez es un gran reto, ya que ha sacado al país de los elegibles para fondos de asistencia para el desarrollo y donaciones.

Analizar el tema, sus aristas y vías de acción, es vital para el futuro de la República Dominicana. Se requiere una alta inversión en innovación y en la calidad de los recursos humanos, especialmente en las capacidades de solución de problemas analíticos, que significa aumentar la inversión en las áreas de ciencias.

Asumir esa inversión, requiere de la liberación de fondos que hoy se destinan a sectores improductivos y que no generan retornos para el Estado. Y a la vez, necesita de la participación del sector privado en alianzas que propicien inversiones de mayor calidad. Salir de la trampa, en suma, requiere de mucha creatividad.

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Ahorro para el desarrollo

Una importante preocupación para América Latina y El Caribe es cómo sus ciudadanos pueden ahorrar más y mejor, de manera que puedan realizar las importantes inversiones que requieren en el seno del hogar y de la comunidad. Uno de los más evidentes cuestionamientos al desarrollo económico que produce el capitalismo, es el alto nivel de consumo que genera, y que afecta muchas veces las posibilidades de las personas más pobres, ya que no destinan los recursos que perciben a satisfacer sus necesidades básicas.

Este es un tema que constantemente surge en los foros sobre desarrollo sostenible. La realidad es que la región de América Latina y El Caribe ahorra entre un 10 y un 15 por ciento del producto interno bruto (PIB) menos que los países más dinámicos de Asia emergente, de acuerdo a datos recientes del Banco Interamericano de Desarrollo.

El ahorro es una importante fuente doméstica para impulsar la economía, especialmente para suplir las necesidades de desarrollo y mejorar la equidad. Pero para ello, se hace necesario una asignación más productiva del ahorro, para que la región “pueda alcanzar los niveles de renta y bienestar de los países más prósperos”.

Lo más urgente es generar una cultura del ahorro, que rompa la creencia de que el ahorro solo sirve para “pasar la tormenta” o enfrentar alguna carencia que produzca el nivel de consumo. Lo importante es ahorrar para “prosperar y generar los buenos tiempos”, que es decir para invertir en la educación, en la productividad y para la construcción de infraestructuras necesarias. Esto aplica para los individuos, para las empresas privadas y para los Gobiernos por igual.

Como plantea el BID, desde la perspectiva de las políticas públicas, es útil entender cuál impulsa a cuál: si un mayor ahorro genera más inversión o si mejores oportunidades de inversión impulsan aumentos del ahorro.

En la experiencia que hemos tenido desde el Gabinete de Políticas Sociales, hemos apreciado que la mayor dificultad para el ahorro es la falta de información y formación financiera y el consecuente desconocimiento y desconfianza que esto genera. Las familias en situación de pobreza o vulnerabilidad, no encuentran servicios financieros que se adaptan a sus necesidades y, por ende, desconfían de la figura del ahorro como una solución a sus problemas.

La ausencia de los instrumentos de ahorro adecuados es presentada como uno de los principales factores que explican que solo cerca del 16% de la población adulta de la región tenga ahorros en un banco, comparado con el 50% en las economías avanzadas.

La política fiscal también es presentada como un “lastre al ahorro de la región”, debido a que la mayor parte del gasto público se orienta al gasto corriente. En el mediano plazo, el país tiene que invertir la realidad de que alrededor del 90% del aumento en el gasto público se dedica al gasto corriente.

A nuestro juicio, el cambio necesario en este tema inicia por la promoción del ahorro en los hogares y la creación de una cultura del ahorro. Para ello, hay que abordar las problemáticas que enfrentan los individuos y las familias a la hora de ahorrar: los “altos costos para acceder y usar el sistema financiero, falta de confianza en dicho sistema, regulación financiera deficiente, escaso conocimiento sobre cómo funcionan los bancos, presiones sociales y sesgos de conducta”, tal y como lo plantea el BID.

Los programas sociales en la República Dominicana han dado un paso de avance en ese sentido. Al utilizar el sistema financiero para canalizar las transferencias monetarias condicionadas, hemos creado la plataforma para vincular los pagos a la capacitación financiera y a la promoción del ahorro. Tenemos la firme convicción de que al inculcar los hábitos de ahorro, generaremos una mejora sustancial en el ahorro nacional.

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Globalización vs. Populismo

Juan Ramón Rallo ha escrito un interesante ensayo sobre la globalización, la cual considera es el principal enemigo del populismo de izquierdas y derechas. La afirmación toma sentido en momentos en que la sede principal del poder político y económico de Occidente, ha sido tomada por un discurso populista –y por ende anti-globalización – que amenaza el orden mundial existente.

Ciertamente, como indica el autor, la aspiración común entre los regímenes populistas es, por un lado, “construir un nuevo régimen político que subordine los derechos y libertades de los ciudadanos a la voluntad del pueblo”, y por el otro lado, “reconstruir las instituciones para ampliar el poder del Estado y consolidarse en el mando con la excusa de combatir esa crisis real o artificial que ha justificado su nacimiento”.

Pankaj Mishra, influyente columnista del periódico inglés “The Guardian” y prolífico escritor, asume que el auge del populismo a nivel mundial se debe a que vivimos “una época de un fuerte enfado, con líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las furiosas mayorías” que cuestionan el status quo.

En ese contexto, la culpa de los males que enfrenta la sociedad –el desempleo, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la inseguridad alimentaria, por ejemplo – solo parece tener respuesta en la globalización y sus consecuencias, que ha traído consigo la inmigración (ya son más de 250 millones de inmigrantes en el mundo entero), la fuga de empleos hacia países con mano de obra barata, la presión social en los centros urbanos y la carencia de alimentos y, por ende, el aumento de precios de la canasta básica.

El populismo hoy se nutre de ese discurso y se enfrenta a la globalización, como causa del estado actual de un mundo en convulsión. No hay que ir muy lejos, la reciente oleada de comunismo en Occidente tiene su génesis en la crisis económica y financiera del 2008, que llevó a tantos al desempleo y a la quiebra.

Pero como argumenta Rallo en su ensayo, tanto el populismo de derecha como el populismo de izquierda mienten acerca de la globalización. ¿Está o no la globalización empobreciendo al mundo? Las evidencias son concluyentes al afirmar que nunca había vivido la humanidad una época de tanta prosperidad como la actual.

Si vemos indicadores como el número de personas en pobreza extrema, los índices de alfabetización, la expectativa de vida al nacer, el nivel de educación de la población, la tasa de mortalidad infantil, la desigualdad medida por el coeficiente de GINI, y otros indicadores más, podemos afirmar que esa prosperidad está traduciéndose, poco a poco, en bienestar para la población. Y esto lo afirmamos sin ignorar que la brecha de desigualdad, es decir, el espacio que divide a los más ricos de los más pobres, aún es muy grande y genera mucha desigualdad social.

Como afirma Rallo: “el discurso visceralmente antiglobalización de ambas corrientes populistas busca eliminar el motor del mayor proceso de reducción de pobreza jamás vivido en la historia de la humanidad”.

Lamentablemente, el populismo que impera hoy día nos pide regresar al pasado, a los tiempos donde “un grupo dominaba el escenario político, olvidándose de las necesidades y aspiraciones de los vulnerables olvidados y silenciados por la historia”.

No podemos permitir que el populismo rancio ignore los éxitos globales, que sustente su discurso en la eliminación del principal motor de reducción de la desigualdad social y la mejor oportunidad que tenemos los países en desarrollo para continuar por la ruta del progreso.

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