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Donald Trump seis meses después

La elección de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos fue una gran sorpresa. Ninguna de las más prestigiosas firmas encuestadoras vaticinaron su victoria. Sin embargo, a pesar de todos los pronósticos en su contra, y de todas las circunstancias adversas, logró alzarse con el triunfo electoral.

No obstante, todavía en un segmento importante de la opinión pública de los Estados Unidos se cuestiona dicho triunfo. Para algunos, fueron las declaraciones del ex director del FBI, James Comey, días antes de la celebración del certamen electoral, lo que ocasionó la ruina de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Para otros, fue la interferencia de Rusia en el proceso electoral norteamericano, lo que en estos momentos forma parte de una investigación llevada a cabo, tanto por un fiscal especial como por el Congreso de los Estados Unidos.

Al asumir sus funciones, el gobierno del presidente Donald Trump se vio sumido en el caos. De repente, los aeropuertos se vieron irrumpidos por multitudes enardecidas que protestaban sus primeras medidas, concernientes a la prohibición de entrada de ciudadanos de países de tradición musulmana al territorio estadounidense.

Varios jueces de distintas jurisdicciones dejaron sin efecto las primeras órdenes ejecutivas del presidente recién juramentado. Fue su primera experiencia en ir descubriendo que el sistema democrático norteamericano se fundamenta en un mecanismo de pesos y contrapesos.

Pero, desde sus primeros meses de gobierno, el presidente Donald Trump ha impuesto desde ya su sello personal de estilo inconfundible. Es el presidente de los tuits a altas horas de la noche o en las madrugadas; el que afirma construirá un muro entre México y los Estados Unidos; el que alega haber convocado a la mayor multitud en la historia el día de su proclamación; y el que ha hecho del conflicto con los medios de comunicación una característica de su administración.

Optimismo de las élites

Desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, de acuerdo con varios índices bursátiles, el valor de las acciones se ha disparado a uno de los más altos niveles que se haya registrado en los mercados financieros.

Ese hecho se ha debido, fundamentalmente, a las expectativas generadas en los grupos empresariales en torno a varias de las promesas electorales y medidas anunciadas por el nuevo incumbente de la Casa Blanca. Entre esas medidas se encuentran la reducción de la tasa de impuestos de las grandes corporaciones de un 25 a un 15%, la eliminación del pago de impuestos por transferencia inmobiliaria, la anulación de la ley de salud, mejor conocida como Obamacare; la inversión de un trillón de dólares en desarrollo de infraestructuras, el aumento en el gasto militar, la flexibilización de políticas ambientales, así como la eliminación de barreras al uso del carbón y otros combustibles fósiles.

Más aún, el presidente Trump se ha propuesto iniciar un proceso de desregulación del sector financiero. De esa manera, aspira a revertir la llamada ley Dodd-Frank, promulgada como reacción a la crisis financiera global del 2008.

En razón de que en la actualidad el sistema financiero luce recuperado, con los principales bancos mejor capitalizados y obteniendo tasas de retorno prácticamente equivalentes a las que existían antes de la crisis, en ciertos sectores vinculados al Partido Republicano, se estima que ha llegado el momento de volver a una etapa de desregulación.

Algo semejante ha ocurrido con la política comercial. Desde la campaña electoral, Donald Trump se propuso ponerle fin al acuerdo de libre comercio con el Canadá y México, conocido por sus siglas en inglés, como NAFTA.

Para el magnate de la construcción convertido en jefe de Estado, el tratado de libre comercio con esos países, pero especialmente con México, ha sido el peor acuerdo jamás firmado. Y esto así, porque, según su criterio, es el factor que explica la pérdida de empleos en aquellos lugares de producción industrial en los Estados Unidos.

Pero en adición a renegociar el acuerdo de NAFTA, el nuevo presidente estadounidense canceló el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el cual contemplaba una liberalización y apertura de mercados con doce países de la región asiática, con exclusión de China.

Se entendía que a dicho acuerdo le seguiría un Acuerdo Transatlántico de Cooperación Económica, que Estados Unidos establecería con los 27 países integrantes de la Unión Europea.

Por supuesto, esas medidas aparecen en concordancia con la visión proteccionista del presidente Donald Trump, cuya consigna fundamental es la de convertir de nuevo a los Estados Unidos en una gran potencia.

Para Trump, como para los integrantes del poder económico, esto significa incrementar el número de productos fabricados en los Estados Unidos, mejorar su calidad y competitividad, y hacer que el mayor número de ciudadanos norteamericanos y del mundo compren productos estadounidenses.

Para estimular aún más el optimismo de las élites norteamericanas, el nuevo inquilino de la Casa Blanca se ha propuesto aumentar el presupuesto militar a cerca de 640 mil millones de dólares, aunque eso signifique recortes en distintas áreas del gobierno federal.

Con una política de reducción y eliminación de impuestos, de desregulación financiera, de revisión de acuerdos comerciales, de inversión en infraestructuras, de promoción del uso de combustibles fósiles e incremento del gasto militar, Donald Trump sueña con convertir a los Estados Unidos en una especie de Trump Tower de la economía global.

Trump en el mundo

El antiguo empresario de la construcción y dueño de casinos, inició su política exterior rompiendo con una tradición norteamericana que existía desde el año 1979. Llamó por teléfono a la presidenta de Taiwán antes de establecer comunicación con la República Popular China, que es el país con el que los Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas.

Luego de eso vino el exhibir el uso de la fuerza militar, al producir ataques aéreos sobre Yemen, Siria y Afganistán, lanzando sobre este último país la más grande bomba no-atómica o convencional de todos los tiempos, la Madre de todas las Bombas, con un peso de más de 20 mil libras.

Al asistir a su primera reunión en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), evadió hacer referencia al artículo 5 de dicho tratado en el que se establece el principio de seguridad colectiva, en el que cada Estado se siente compromisario con la seguridad de los demás. Eso provocó que la canciller de Alemania, Angela Merkel, llegase a afirmar que Europa debería tomar conciencia de que en materia de seguridad, solo depende de ella misma.

Luego fue desconocer lo suscrito por los Estados Unidos en la Conferencia de las Partes 21, celebrada en París en diciembre de 2015, con el propósito de fijar los compromisos de todos los países del mundo con respecto a la adopción de medidas que frenen el aumento de la temperatura a escala global.

El mundo se sintió estremecido con esa actitud del gobierno del presidente Trump. Después de la gran victoria que significó el Acuerdo de París para los pueblos, nunca se pensó que de la principal potencia del mundo surgiera la medida que pondría en riesgo la propia supervivencia de la especie humana.

En la reunión del G-20, realizada recientemente en Hamburgo, Alemania, el desconcierto llegó a niveles tales que prefirió hablarse del G-19 o hasta del G-0, en razón de la discordancia de Estados Unidos con respecto a las demás naciones integrantes de la organización.

Con respecto a Irán, país con el cual la administración de Barack Obama había llegado a un acuerdo razonable para evitar el enriquecimiento de uranio para la fabricación de armamentos nucleares, el nuevo gobierno del presidente Trump ha decidido reconsiderar esos acuerdos y establecer nuevas sanciones al país oriental.

Finalmente, en relación con Cuba, luego de más de 50 años de política de aislamiento de la isla caribeña por parte de Estados Unidos, el gobierno norteamericano, una vez más, dio un gran salto hacia delante. Estableció relaciones diplomáticas formales con dicho país y flexibilizó medidas de transporte e intercambio comercial y educativo.

Ahora, todo eso queda en la incertidumbre. El presidente Trump, quien había procurado realizar negocios en Cuba en la década de los noventa, ha anunciado un conjunto de medidas cuya aplicación haría retroceder el reloj de la historia con respecto a los vínculos de Estados Unidos con Cuba.

Al cabo de seis meses de gobierno, el presidente Donald Trump ha sido, hasta ahora, más estilo que sustancia, aunque ese estilo, por si mismo, ha sido tan poco ortodoxo que ha causado preocupación, angustia y desconcierto.

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Es lucha política no contra corrupción

Muchas veces se da por sabida la definición de una palabra y luego resulta que no todos coinciden con la misma. Así ocurre con la palabra corrupción.

La definición que ofrece el diccionario es: “Corrupción del latín corruptio,
1. Acción y efecto de corromper o corromperse.
2. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.

Transparencia Internacional, su nombre lo dice, se dedica al tema y ha asumido la corrupción como “abuso de poder para beneficios privados que finalmente perjudica a todos y que depende de la integridad de las personas en una posición de autoridad”.

Entre una y otra definición existen matices importantes. La Real Academia lo atribuye “utilización de las funciones… en provecho, … de sus gestores”; colocando el ilícito en el corruptor y el corrupto.

En cambio, Transparencia Internacional la considera como “abuso de poder… que perjudica a todos y que depende de la integridad… de las personas en una posición de autoridad”.

Evidentemente, Transparencia Internacional desconoce la necesaria vigencia de un sistema jurídico para prevenir y sancionar, en cambio, pone el control a descanzar en la integridad de una persona.

USAID, y su capitulo local, Participación Ciudadana, se monta sobre esas diferencias para politizar la lucha contra la corrupción atribuyéndosela sólo a funcionarios, que en definitiva, son dirigentes políticos. Además, aquello de que “nos afecta a todos” pone a mirar hacia otro lado y no hacia el sector privado donde la corrupción es voraz porque se manifiesta en el seno del “capitalismo salvaje”.

Se distorsiona el significado de la lucha contra la corrupción y la impunidad, al orientarla hacia al debate político. USAID y sus capitulos locales, han desarrollado esa acción política contra los partidos y gobiernos progresistas de América Latina; se debe a que los partidos ganaban en las urnas. La lucha política pasô a ser judicializada.

Se aprovechô el momento de crisis política que produjo en los pueblos cuando decreciô el PIB promedio de América Latina; bajô de 6.2 billones en el 2013 a 5.4 billones en el 2015; casi un billón.

Para precisar de que se trata, vale decir que la Academia de la Lengua define un billón en un millón de millones; en la lengua anglosajona es un trillón; para ellos el billón es mil millones y en nosotros es un millardo.

Ese decrecimiento económico viene produciendo crisis políticas en casi todos los paises de América Latina, por aquello de que si la economía va mal, va mal la política.

Desde los gobiernos del PLD se ha expandido el gasto público, para dinamizar la economía, cargando el Estado con ese costo; esa política económica ha sostenido el crecimiento de la economía; eso ha hecho imposible sacar al PLD del poder.

A la acción política continental se le ha llamado “golpe de Estado blando”, siguiendo el “Guión de Brasil” o “Plan Atlanta”, esa búsqueda de golpe de Estado blando se inició en Brasil y ha seguido aquí y apenas empieza en Uruguay, Argentina, Ecuador y otros.

Siguiendo ese guión se ha planteado un sometimiento penal al Presidente. Es una temeridad, pero se debe dar respuesta consolidando la relación partido-gobierno y respetando los acuerdos internos.

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Globalización vs. Populismo

Juan Ramón Rallo ha escrito un interesante ensayo sobre la globalización, la cual considera es el principal enemigo del populismo de izquierdas y derechas. La afirmación toma sentido en momentos en que la sede principal del poder político y económico de Occidente, ha sido tomada por un discurso populista –y por ende anti-globalización – que amenaza el orden mundial existente.

Ciertamente, como indica el autor, la aspiración común entre los regímenes populistas es, por un lado, “construir un nuevo régimen político que subordine los derechos y libertades de los ciudadanos a la voluntad del pueblo”, y por el otro lado, “reconstruir las instituciones para ampliar el poder del Estado y consolidarse en el mando con la excusa de combatir esa crisis real o artificial que ha justificado su nacimiento”.

Pankaj Mishra, influyente columnista del periódico inglés “The Guardian” y prolífico escritor, asume que el auge del populismo a nivel mundial se debe a que vivimos “una época de un fuerte enfado, con líderes autoritarios que manipulan el cinismo y el descontento de las furiosas mayorías” que cuestionan el status quo.

En ese contexto, la culpa de los males que enfrenta la sociedad –el desempleo, la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la inseguridad alimentaria, por ejemplo – solo parece tener respuesta en la globalización y sus consecuencias, que ha traído consigo la inmigración (ya son más de 250 millones de inmigrantes en el mundo entero), la fuga de empleos hacia países con mano de obra barata, la presión social en los centros urbanos y la carencia de alimentos y, por ende, el aumento de precios de la canasta básica.

El populismo hoy se nutre de ese discurso y se enfrenta a la globalización, como causa del estado actual de un mundo en convulsión. No hay que ir muy lejos, la reciente oleada de comunismo en Occidente tiene su génesis en la crisis económica y financiera del 2008, que llevó a tantos al desempleo y a la quiebra.

Pero como argumenta Rallo en su ensayo, tanto el populismo de derecha como el populismo de izquierda mienten acerca de la globalización. ¿Está o no la globalización empobreciendo al mundo? Las evidencias son concluyentes al afirmar que nunca había vivido la humanidad una época de tanta prosperidad como la actual.

Si vemos indicadores como el número de personas en pobreza extrema, los índices de alfabetización, la expectativa de vida al nacer, el nivel de educación de la población, la tasa de mortalidad infantil, la desigualdad medida por el coeficiente de GINI, y otros indicadores más, podemos afirmar que esa prosperidad está traduciéndose, poco a poco, en bienestar para la población. Y esto lo afirmamos sin ignorar que la brecha de desigualdad, es decir, el espacio que divide a los más ricos de los más pobres, aún es muy grande y genera mucha desigualdad social.

Como afirma Rallo: “el discurso visceralmente antiglobalización de ambas corrientes populistas busca eliminar el motor del mayor proceso de reducción de pobreza jamás vivido en la historia de la humanidad”.

Lamentablemente, el populismo que impera hoy día nos pide regresar al pasado, a los tiempos donde “un grupo dominaba el escenario político, olvidándose de las necesidades y aspiraciones de los vulnerables olvidados y silenciados por la historia”.

No podemos permitir que el populismo rancio ignore los éxitos globales, que sustente su discurso en la eliminación del principal motor de reducción de la desigualdad social y la mejor oportunidad que tenemos los países en desarrollo para continuar por la ruta del progreso.

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Ley de partidos y poder político

La Ley de Partidos resulta ser una oportunidad para que se establezcan normas que hagan superar debilidades en los partidos. A propósito de esta Ley, se aprecia el interés de sectores económicos y de la sociedad civil en reducir la capacidad y presencia de los partidos en el Estado. El fondo del aparente debate sobre esta Ley es la lucha por el poder político.

Esto se origina en que grupos económicos se han consolidado al amparo de la estabilidad y crecimiento macroeconómico, pero en vía contraria el sistema de partidos se debilita por desfase ante ese crecimiento.

No se discute que el capitalismo es voraz y ese comportamiento se practica entre ellos mismos. Por esa razón se utilizan las instituciones del Estado para acomodar los mercados regulándolo.

Debido a que América Latina viene detrás de los grandes países, en un esfuerzo de acumulación y crecimiento de capital, está en una situación desigual con los bloques de países altamente desarrollados.

Pero para latinoamerica no basta con el crecimiento económico, se necesita tiempo para aplicar políticas de Estado y lograr inclusión social, consolidar las instituciones, transformar el pensamiento y la cultura, lograr cohesión social. Los gobiernos cabeza del capitalismo mundial parecen no entiender esas diferencias. Creen que con un plumazo deben ser resueltos flagelos sistémicos, por demás creados por ellos mismos, cuando colonizaron.

Se ha avanzado porque el sistema capitalista se ha universalizado y ha sustentado el régimen democrático; aunque para que funcione debe funcionar la macroeconomía; si el crecimiento va mal, va mal el régimen democrático y el país de que se trate entra en crisis afectando a quien gobierne.

Lo que explica que antes saliera del poder por golpes de Estados militares y hoy en procesos electorales o con golpes blandos, es que la democracia está al servicio de condiciones adecuadas para que funcione el mercado; si hay crisis económica, entra en crisis el régimen político.

Esto ha surgido por la estabilidad y crecimiento macroeconómica. Si se observa el crecimiento dominicano del PIB ha sido desde 1963 de 940 millones de dólares; luego al fundarse el PLD en 1973 de 2 mil 344 millones; al llegar al poder, en 1996, estaba en 18 mil millones; al 2016 en 67 mil millones; es decir, 71 veces más que en 1963.

EU está situado en 18 billones (18 millones de millones) de dólares, el promedio de América Latina, conforme cifras del Banco Mundial, se situaba en 1960 en 83.3 mil millones; en 2013 en 6.2 billones (lea billones), descendiendo en 2015 a 5.4 billones. Esquivale igual que aquí a 71 veces de crecimiento desde 1960 al 2013.

Si se observa, la actual crisis política en la mayoría de nuestros países se origina en ese decrecimiento del PIB de 2013 al 2015.

El capitalismo pone el régimen democrático a descansar sobre los partidos políticos y con él los derechos fundamenales; esa es la feliz coincidencia con las fuerzas políticas progresistas.

Pero cuando los empresarios participan en política como políticos o los políticos en el mercado como empresarios, se viola esa regla de oro.

Eso explica que la Ley de Partidos se quiera aprovechar para reducir el peso de los partidos en el manejo del Estado; en definitiva se trata de una lucha de poder.

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¡División Berlanga! (XIX)

Para el período transcurrido entre 1952 y 1954, las instalaciones físicas de la “División Berlanga” de la Grenada Company en Monte Cristi, estaban prácticamente terminadas y podemos describirlas excluyendo, desde luego, al Municipio de Pepillo Salcedo, correspondiente a la provincia de Monte Cristi, que popularmente era y es conocido, con el nombre de Manzanillo. En la Cruz de Palo Verde, habían construido 19 viviendas en formas de chalets, que eran de una hermosa confección y que todavía hoy, lo que queda de ellos, despiertan admiración profunda por el escenario en que fueron construidos. En La Cruz de Palo Verde se había construido un campo de softball, que era el asiento del equipo de ese deporte conocido con el nombre de “Berlanga” el cual había reorganizado un antiguo Superintendente Agrícola, como hemos dicho que respondía al nombre de Douglas Kidd, Ingeniero Agrónomo que había jugado en una Liga Menor de los Estados Unidos de América, que pertenecía a los Medias Rojas de Boston.

En esas construcciones de la Cruz de Palo Verde, había un chalet a la orilla del río Yaque del Norte, bellísimo, que había sido construido en los inicios de la decada de 1930, tal vez en 1932, por una empresa agrícola de capital extranjero entre los que había empleados de origen europeo, conocida con el nombre de “La Limonera”. Es esa casa que vivía Osvaldo Lister Bircám, Cuco, que llegó a ser alto funcionario de la empresa bananera, nacieron sus hijos, Osvaldo, Carmen, Guillermo Emilio y Alexandra y estaba ubicada en la margen sur de ese importante río, de dimensión continental, que desemboca en el paraje de “Quebró” en la provincia de Monte Cristi. En ese lugar de La Cruz de Palo Verde, que era la capital agrícola de la empresa, ademas de la Superintendencia Agricola, estaba la escuela primaria que se iniciaba en el 4to curso hasta el 8vo, en la cual cursó el 7mo y 8vo el autor de esta columna, que fuimos el primer alumno graduado en ese centro de enseñanza.

En ese lugar fue construido por el año de 1954 el “Club Berlanga”, que además de cancha de tenis, sala de billar, tenía una hermosa piscina, que era también el local donde todos los jueves, de cada semana, la empresa exhibía las películas más modernas de la cinematografia estadounidense. En el hábitat de los empleados burocráticos y de campo de la división agrícola de más categoría, se construyó después, un campo de golf de nueve hoyos y existía también una construcción de madera con techo de zinc, que se conocia con el nombre de “Hotel de Solteros”. La Cruz de Palo Verde, además de un acueducto que alimentaba de agua potable ese hábitat, las oficinas y los dos bateyes que existían, recibía el servicio de energía eléctrica de manera permanente, sin interrupción, las 24 horas del día. Hemos expresado que ninguna de las empresas estadounidenses, como “El Central Romana”, “El Barahona” y la “Dominican Fruit Co”, establecida en Azua, acomodaron con tanta calidad y bienestar físico, a sus empleados.

Además de estos chalets de La Cruz de Palo Verde, en las fincas de Isabel, Madre, Maguaca, Walterio, Julián y Jaramillo, habían construcciones similares a los de La Cruz de Palo Verde que hacían un total de 23 a los que debemos sumar las 19 viviendas similares que habían en La Cruz. Estas viviendas estaban amuebladas con excelentes muebles de caoba, comedores, salas y alcoba, de primera calidad, fabricados por el taller de ebanistería de don José Socías, ubicado en el municipio cabecera de la provincia de Monte Cristi. Continuaremos…

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Oportunidades y aspiraciones

El doceavo Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, realizó una interesante disertación en una edición del maravilloso proyecto TED, donde esbozó un mundo en el cual la población mundial ha elevado el nivel de sus aspiraciones, gracias en gran medida a la revolución tecnológica que vivimos. Kim se pregunta si esas aspiraciones encontrarán oportunidades o frustraciones, una cuestión esencial en un mundo repleto de desigualdad social.

La cuestión no es ociosa. En la medida en que la tecnología y los medios de comunicación nos muestran un mundo de prosperidad y de consumismo, los más pobres y vulnerables van aspirando a un estilo de vida que se les hace cada vez más costoso.

Los resultados de estudios realizados por el Banco Mundial afirman que hay una relación directa y proporcional entre el crecimiento económico de un país y el costo que tienen que asumir los ciudadanos para vivir de acuerdo a las expectativas que genera dicho desarrollo económico.

En palabras de Kim, esto significa que si un país crece en un 10% del PIB, la mayoría de los ciudadanos tienen que elevar sus ingresos en por lo menos un 5% para sentirse satisfechos y vivir a la altura de sus expectativas. Sin embargo, en los niveles más bajos de la población, este porcentaje se eleva hasta un 20%.

¿Cómo podemos asegurar que las expectativas de la población, especialmente la más vulnerable, no se diluya en el consumismo y que, por el contrario, se destine a inversiones importantes en el núcleo familiar?

Uno de los principales casos presentado por Esther Duflo y Abhijit Banerjee, en su obra de referencia “Repensar la Pobreza”, analiza distintos escenarios de familias que viven en la pobreza extrema y las enfrentan al dilema de dónde invertir si dispusieran de más recursos económicos. Para la gran mayoría, sus aspiraciones de un teléfono inteligente, televisión por cable o ropa costosa, se sobreponen al deseo de – y la necesidad – de invertir en mejor salud, mejor educación o una alimentación consistente y nutritiva.

Parte esencial de la política social es guiar al ciudadano que participa de los programas sociales, llevarlo en el camino correcto hacia el desarrollo personal, familiar y, por ende, de su comunidad. Una gran parte de la inversión del capital humano que trabaja con personas en pobreza y pobreza extrema, se invierte en convencerlos que la inversión en educación, salud, emprendimientos, vivienda y, en general, mejores condiciones de vida, es más efectiva que el simple gasto en productos de consumo.

Es el gran reto. En la labor de combatir la gran desigualdad social que aún impera en el mundo en que vivimos, se están enfrentando las oportunidades y las aspiraciones; se encuentran en un cruce de caminos las necesidades y los deseos, lo que nos lleva a cuestionar constantemente las políticas públicas y la forma en la que estamos trabajando para erradicar la pobreza.

Uno de los resultados más interesantes que traerá el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM/RD), que hemos presentado a la sociedad en días pasados, es justamente medir la intensidad de las carencias y el sentido de bienestar de las personas que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad. Podremos preguntarnos, y presentar la respuesta, de si la sociedad responde con oportunidades suficientes a las aspiraciones que tienen las personas pobres de nuestro país.

Como dicen Duflo y Banerjee en su obra, “no es fácil escapar de la pobreza, pero la sensación de que es posible, unida a algo de ayuda bien dirigida, (…) a veces puede tener efectos sorprendentemente grandes”.

A eso deben apostar las políticas públicas de combate a la pobreza, a que las aspiraciones de los ciudadanos en situación de vulnerabilidad encuentren las oportunidades necesarias para que, con una pequeña ayuda estatal, pueda romperse el círculo de pobreza y verificarse la movilidad social, y así crear la gran clase media a la que aspiramos, en una sociedad pacífica y segura.

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¡División Berlanga! (XVIII)

Como dijimos en nuestra columna anterior “Crónica del Presente”, fue a partir de 1950 cuando quedó definitivamente consolidada la “División Berlanga”, en el orden agrícola y urbano de la Grenada Company. Urbano porque Manzanillo se convirtió en una hermosa ciudad, planificada correctamente, con calles anchas y pavimentadas, con sus aceras y edificaciones en las cuales estaban las oficinas administrativas de mayor importancia. A esto se sumaba la gigantesca construcción del taller, por el cual pasaban las vías férreas, que llegaban al muelle de la bahía de calado profundo, considerado el puerto más seguro del Caribe y Centroamérica, en cuyo seno se protegían las naves que estaban ancladas en el muelle. Para entonces habían entrado en producción exuberante las fincas de Palo Verde, La Cruz, Isabel, Madre, Maguaca, Julián y Jaramillo.

Para entonces también, los Mayorales o encargados de cada una de esas fincas, eran empleados de mucha experiencia en el cultivo del guineo: Osvaldo Lister Bircám, Cuco, Mayoral de Palo Verde y La Cruz, Manuel Matos, Mayoral de Isabel, Domingo Ferreira, antiguo y notable jugador de béisbol, amateur, Mayoral de Madre; Abraham Núñez, Baban Mayoral de Maguaca; Pascual Fernández, Mayoral de Julian y Jose Rafael Bordas, Mayoral de Jaramillo. La División Berlanga, tenía aproximadamente, tres mil personas entre trabajadores agrícolas y personas de otras ocupaciones, así como la jefatura administrativa. En la realidad histórica de este país, ninguna de las empresas extranjeras que se habían establecido en territorio nacional desde finales del siglo XIX, estuvieron establecidas con la capacidad técnica y económica, como la Grenada Company.

Fue a partir de entonces, que ascendieron a un millón doscientos cincuenta mil racimos de guineos “Johnson”, que se exportaban semanalmente al mercado de los Estados Unidos de América, por el puerto de Manzanillo. Esa empresa efectuaba el pago de sus empleados los jueves de cada semana, tanto en Manzanillo como en el escenario agrícola a partir de las siete antemeridiano. La responsabilidad de efectuar ese pago, en un trailer gigantesco organizado como una ventanilla de banco, estaba a cargo de Wenceslao Arvelo, Laito, miembro de una conocida familia de ese apellido oriunda de la ciudad capital. Laito y su esposa María Cristina, en su recuerdo, son personas ligadas por siempre al afecto y cariño del autor de esta columna, quien le sirvió como abogado muchos años después aquí en Santo Domingo.

En 1952, en términos familiares y sociales, se produjo un acontecimiento importante en la vida de nuestra familia: el matrimonio de nuestra hermana mayor, Mercedes Virginia con un caballero oriundo de la ciudad de Santiago llamado Fabio Ortiz, quien era empleado de la compañía, con asiento en Manzanillo en el Departamento de Contabilidad de la empresa. El matrimonio se efectuó en la finca Maguaca, en la cual residíamos por segunda vez, porque habíamos vivido a finales de la década del 1949. Para entonces el autor de ésta columna con dieciséis años de edad cursaba el bachillerato en la Escuela Normal del Municipio cabecera de Monte Cristi. Esa boda fue la primera de la hija de un empleado de la Grenada Company en ese entonces. Nuestra hermana y su esposo fueron a vivir en Manzanillo, en los chalets de la parte baja y luego en un chalet del Cerro donde nacieron sus primeros hijos.

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El financiamiento de los partidos políticos

Durante las últimas semanas la Comisión Bicameral del Congreso Nacional ha avanzado a un ritmo tal en el conocimiento del proyecto de ley de partidos políticos que ha entrado en los temas más controversiales.

Entre esos temas se encuentra el relativo al financiamiento de los partidos y agrupaciones políticas, que figura en el título V del referido proyecto de ley, y abarca desde el artículo 53 al 67.

La reglamentación sobre el financiamiento de los partidos políticos resulta controversial por el papel que desempeña el dinero en las competencias políticas democráticas o electorales.

Aunque en algunos países de América Latina, como Uruguay y Costa Rica, se habían establecido mecanismos de regulación al uso de los recursos económicos en el ámbito político, desde la primera mitad del siglo XX, fue en realidad, desde fines de los años 70, al producirse la transición hacia sistemas políticos democráticos que en la región se desarrolló la tendencia hacia la regulación financiera de los partidos políticos.

De esa manera, en medio de un gran debate se planteó la posibilidad de utilizar fondos públicos en el financiamiento de las actividades ordinarias de los partidos y de las campañas electorales. En principio, hubo cierta reticencia a que se procediese de esa manera. Se sostenía que era injusto utilizar recursos provenientes de los contribuyentes a favor de instituciones políticas que no habían conquistado plenamente la confianza de los ciudadanos.

Sin embargo, con posterioridad llegó a comprenderse la necesidad e importancia de una financiación pública a la actividad política, debido al poder e influencia que pudiera derivarse de un financiamiento proveniente exclusivamente del sector privado.

Así, de esa forma, surgió el criterio de combinar financiación pública con la privada, estableciéndose un sistema o mecanismo de carácter mixto, que es el que, en sentido general, actualmente predomina en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

Lo que se ha venido planteando durante las últimas dos décadas es el de reglamentar la manera en que los partidos reciben los ingresos y el de cómo los gastan, de una manera que resulte legal, equitativa, justa, transparente y susceptible de rendición de cuentas y sanciones en caso de violación a las normas.

Naturalmente, a pesar de esos criterios no existe ni en América Latina ni en ninguna parte del mundo una legislación que tenga carácter de universalidad y que sirva como patrón de referencia a todas las demás. Lo que hay son diversas leyes o normas que se ajustan a las condiciones específicas de cada país y que procuran el que se cumplan con los valores y principios previamente enunciados.

Límites y prohibiciones

Para recibir fondos provenientes del Estado, una organización política generalmente está sujeta a la obtención de un porcentaje mínimo de votos, que suele ser de no menos de un 2%; o de haber alcanzado un nivel de representación en el Congreso Nacional o en la Alcaldía Municipal.

Al suscitarse la reflexión en torno a la equidad o justicia con que se distribuyen los fondos públicos, se ha sugerido que esa distribución se produzca en cantidades iguales para cada partido. Eso significaría entregarle igual cantidad de dinero a los partidos grandes que a los partidos pequeños, lo que se estima es algo inadecuado porque los pequeños no tienen el mismo nivel de representación que los grandes.

Por consiguiente, a diferencia de ese criterio de equidad se ha elaborado la idea de que lo que realmente procede es una distribución en cantidades proporcionales en relación al número de votos obtenidos en el último certamen electoral; o una combinación de montos equitativos y proporcionales a los votos recibidos.

En lo que respecta a los aportes privados, la preocupación reside en determinar el origen o procedencia de esos recursos; la cantidad que pueda ser contribuida; las prohibiciones de recepción de determinadas contribuciones; las instituciones encargadas de supervisar el cumplimiento de las disposiciones; y las sanciones a ser establecidas en caso de violación.

Resulta evidente el interés que pueda haber respecto al origen y procedencia de los recursos. Lo que se procura es evitar la incidencia del crimen organizado en los procesos electorales, y por consiguiente, en las posibilidades de influir en las futuras autoridades del Estado.

Lo mismo puede decirse en lo que atañe a la cantidad o monto a ser aportado. Algunos estiman que una contribución de un monto elevado podría implicar la compra de la voluntad del futuro funcionario, o el potencial ejercicio del tráfico de influencias. Otros, no obstante, consideran que con las aportaciones privadas, lo que el donante tiene como objetivo es lograr acceso a las autoridades para procurar prevenir eventuales abusos de poder por parte de funcionarios subalternos.

Pero así como algunas legislaciones limitan la cantidad a ser aportadas por una entidad privada, todas las legislaciones coinciden, sin embargo, en prohibir aportaciones realizadas por gobiernos extranjeros. Ese es un punto crucial, en razón de que en caso de aceptar donaciones provenientes de gobiernos extranjeros, eso equivaldría a intromisión en los asuntos internos de un país y vulnerabilidad al ejercicio de su soberanía.

De igual manera, algunas legislaciones prohíben que personas o empresas extranjeras realicen contribuciones a partidos políticos o para campañas electorales. Pero esto no tiene carácter general, ya que en muchos países si se permite, y por lo tanto, no se considera una práctica ilícita.

El proyecto dominicano

El actual proyecto de ley de partidos políticos que examina la Comisión Bicameral del Congreso Nacional contempla un sistema mixto, público y privado, de financiación de los partidos y agrupaciones políticas.

Corresponderá a la Junta Central Electoral la entrega de los recursos provenientes del Estado a las organizaciones políticas. Sin embargo, queda prohibido para cualquier otra institución del Estado, ya sea un ministerio, un organismo descentralizado o un ayuntamiento, entregar fondos, de manera directa o indirecta, a un partido o agrupación política.

De ser aprobado el proyecto de ley, un 80% de los recursos públicos será distribuido a los partidos en función de los votos obtenidos en la última elección; y un 20% en partes iguales entre todos los partidos incluyendo los de nuevo reconocimiento.

Ahora bien, un 50% de los recursos del Estado serán destinados para cubrir los gastos administrativos operacionales; un 15% a los gastos de educación y capacitación de los miembros de la organización política; y un 35% para apoyar la organización de los procesos internos de elección de dirigentes, primarias internas y candidaturas a puestos de elección popular.

En lo que atañe a las contribuciones individuales hechas por particulares a los partidos y a los candidatos, no podrán ser superiores al 1% del monto máximo correspondiente al partido que reciba mayor asignación del fondos públicos. Eso quiere decir que si el partido que mayor cantidad de fondos reciba de la Junta Central Electoral alcanza la cifra, por ejemplo, de 700 millones de pesos, la contribución individual no podría ser mayor de 7 millones de pesos.

En los Estados Unidos, esos límites o topes al aporte privado se han visto superados mediante la creación de unos llamados Comités de Acción Política, los cuales directamente pueden invertir en la campaña del partido; y lo único que les está prohibido es la entrega directa de fondos al candidato.

Siguiendo la tendencia de la generalidad de las legislaciones de los países de América Latina y el Caribe, nuestro proyecto de ley considera como contribuciones ilícitas, las provenientes de gobiernos extranjeros; las de personas físicas o jurídicas vinculadas a actividades delictivas; las que no pueda determinarse su procedencia u origen; y las de personas físicas subordinadas cuando les hayan sido impuestas arbitrariamente por sus superiores jerárquicos.

Nuestro proyecto de ley prevé que la Junta Central Electoral creará una unidad especializada de control financiero de los partidos políticos, que tendrá, entre sus funciones, la responsabilidad de fiscalizar el financiamiento de los partidos, así como sus topes de gastos.

De igual manera, prevé sanciones a los partidos y agrupaciones políticas que van desde la fijación de multas de 100 a 200 salarios mínimos, hasta la privación de libertad de sus miembros, cuando haya habido apropiación indebida de los recursos de la organización política, destinándose a un uso distinto al dispuesto en la norma.

Al estar llegando la Comisión Bicameral del Congreso Nacional a la fase final del estudio y evaluación del proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas, pronto la aprobación de este proyecto se convertirá en el tema principal para garantizar el tránsito de la democracia dominicana a una nueva etapa, que será de mayor participación política de los ciudadanos; de mayor institucionalización interna de los partidos; de mayor capacitación de los afiliados; y de mayor transparencia en el uso de los recursos económicos.

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Lecciones de derecho de Mirian German

El único Leonelista conocido fue dejado bajo arresto, por la decisión anunciada por la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, apesar de que se decía como presión que la mayoría de los jueces son leonelistas.

La decisión puso en libertad a casi todos, pero retuvo bajo arresto a unos pocos, a contrapelo de que es una dicotomía poner en libertad a unos y otros no, teniendo todos las mismas características debido a que no era el fondo que sconocia, sino medidas de coerción que garantizarán la presencia de los imputados en el proceso de investigación.

Los artículos 40 y 69 crean las normas básicas presumiendo la inocencia en la tutela judicial, hasta decisión contraria por sentencia irrevocable. Sobre las medidas de coerción se establece que nadie puede ser sometido esas medidas de coercion, sino por su propio hecho.

Lo ocurrido con los arrestos incriminaban a personas haciéndolos aparecer culpables sin una sentencia definitiva. Además el expediente presentaba debilidades y falta de sustentar indicios y pruebas que dieran mérito a las medidas cautelares, mezclándolos igualmente a todos cuando debía ser a cada uno por su propio hecho.

Donde se desbordó todos los derechos y las garantías al debido proceso, fue cuando se mantuvo la privación de libertad a unos y no hacer lo que se procediô con los demás poniéndolos en libertad bajo garantía económica e impedimento de salida.

Como es sabido, el numeral 9) dl artículo 40 de la Constitución marca un principio fundamental, cuando ordena que: “Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar”.

Efectivamente, no era el fondo que se juzgaba, sino las medidas cautelares para aplicar coerción en forma proporcional “al peligro a resguardar”. Uno de esos peligros invocado por el minsterio publico era los riesgos de fuga que en ningún momento demostró, como tampoco la destrucción de pruebas.

Es que esas son excepciones que dan lugar a la privación de libertad. Hablar de libertad es el derecho fundamental que sigue al derecho a la vida. Privar de ella a una persona sólo es posible cuando en juicio de fondo se comprueba la infracción que da lugar a una condena.

Debemos reverenciar la valerosa defensa a los derechos sustentados por la magistrada Mirian German, al oponerse a la privación de libertad de todos. Invocó el debido proceso y el respeto a los derechos de todos. Con su voto pudo favorecer a los que fueron puestos en libertad, aunque por la incoherencia del conjunto de la Sala Penal no pudo lograrlo y sustento su voto disidente para argumentar que debieron ser puestos todos en libertad.

El comentario de que los miembros del PLD puestos en libertad son conocidos leonelistas es una falsa apreciación; de todos sólo Victor Díaz Rúa lo es. Sin embargo, la posición del Comité Politico, incluyendo al Dr. Leonel Fernández, es que a todos los arrestados (y con mayor interés a los dirigentes del PLD) se les garantizará el debido proceso.

No se procediô en buen derecho, excepto el rol disidente motivado por la magistrada Mirian German, quien más que a sus propios jueces colegas, le dio lecciones al país. Sus argumentos jurídicos son lecciones de derechos para siempre.

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Migración y desarrollo

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organización de carácter intergubernamental que agrupa a los 35 países en base a sus indicadores económicos y sociales, ha publicado un interesante informe sobre la interrelación entre políticas públicas, migración y desarrollo económico en la República Dominicana, con el apoyo del Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

El informe plantea que las dimensiones de la migración (ya sea inmigración o emigración) afecta, para bien o para mal, los principales ejes del desarrollo, incluyendo el mercado laboral, la agricultura, la educación, los servicios financieros, la protección social y la salud. Esta realidad plantea grandes retos a las políticas públicas, que tienen que adaptarse a los cambios constantes que genera la migración en un mundo globalizado.

Es lo que ha llevado a un grupo de instituciones, incluyendo al Gabinete Social, a impulsar acuerdos para generar políticas públicas de calidad en beneficio de los migrantes retornados al país, ya sea que regresen de manera voluntaria o involuntaria.

Uno de los hallazgos más interesantes del informe afirma que los programas de aprendizaje técnico-profesional, podrían estar incentivando la emigración, puesto que estos aprendizajes tienen una alta demanda laboral en el extranjero, especialmente en el caso de mujeres y residentes en zonas urbanas. Esto podría explicar el gran éxito de los dominicanos en el extranjero en áreas de servicios, como la belleza y estética, los restaurantes y los pequeños negocios.

Igual de importante es el dato de que los hogares que reciben remesas o que tienen algún familiar directo que ha emigrado o que es un migrante retornado, invierten más en educación, un 45% de ellos en colegios privados, principalmente. Importante es resaltar que un alto porcentaje de los migrantes retornados ha obtenido algún grado educativo mientras estuvo fuera del país, lo cual aporta al capital humano de la República Dominicana.

Uno de los puntos controversiales en cuanto a los inmigrantes en el país, es su acceso a los servicios de salud y a la protección social. Los hallazgos del informe muestran que los hogares de inmigrantes tienen muy poca probabilidad de recibir transferencias monetarias condicionadas, coincidiendo con los datos que ha planteado constantemente el Gabinete Social. Esto se debe a la focalización de los programas sociales, que se realiza a través del Sistema Único de Beneficiarios, mediante procesos estrictos que depuran a los solicitantes.

De acuerdo a OCDE, una solución a esta disyuntiva en cuanto a la prestación de servicios de salud y protección social a inmigrantes, podría resolverse estableciendo tasas o impuestos que permitan financiar los mismos.

En definitiva, coincidimos con el informe, en cuanto a las oportunidades que tiene el país para aprovechar el alto potencial de su inmigración y emigración, siempre en el marco del respeto a la soberanía del país, a su territorio y a sus preceptos constitucionales. Las propuestas de la OCDE son interesantes para el debate, pero más que nada, para que las políticas públicas puedan aprovechar con mayor efectividad, el potencial de la emigración, la inmigración, los migrantes retornados y las remesas familiares.

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¡División Berlanga! (XVII)

Las relaciones de Trujillo con la Grenada Company fueron distantes, y el que tenía la responsabilidad dentro del régimen de mantener relación con los gerentes y funcionarios de la empresa, era su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina, alias Negro. Fue éste siendo Secretario de Guerra y Marina, en 1946, quien le ordenó al General Fernando Sánchez, hijo, Jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, que remitiera a nuestro padre a Manzanillo, a donde Míster Dave Cloward, Gerente General de la empresa, con una carta de recomendación para que se le facilitara un empleo, señalando en la carta de presentación que nuestro padre era un Ex Capitán del Ejército, Institución a la que había servido por algo más de veinte años, de una conducta incuestionable y una admirable disciplina. Los funcionarios estadounidenses estaban muy bien informados de la naturaleza del régimen dictatorial que gobernaba nuestro país.

A partir de 1950 como hemos señalado, la compañía trabajaba y realizaba sus actividades con una eficiencia y capacidad admirables. Manzanillo era una pequeña ciudad perfectamente organizada, con hermosas construcciones habitacionales para los empleados de la numerosa burocracia, que vivía en ese lugar, pequeñas viviendas para los obreros y trabajadores de diferentes actividades y amplios y cómodos barracones, para lo que eran solteros. Había también, como hemos señalado, una escuela primaria hasta el 8vo curso, un moderno hospital bajo la dirección de médicos profesionales de excelente categoría que para esa época estaban encabezados por Rafael Batlle, Fellito, urólogo de gran categoría, ampliamente reconocido. Manzanillo además de un excelente acueducto, tenía servicio energético las 24 horas del día y una abastecida bodega de servicios, la cual vendía a todo el personal una extensa cantidad de mercancías y productos de excelente calidad.

En la parte alta, llamada “El Cerro”, se habían construido más de cuarenta chalets, con diseño propio del trópico y patios hermosos y amplios para los empleados de mayor jerarquía, lugar al cual se anexó después un hermoso escenario de expansión llamado “Club de Golf”, con una hermosa piscina y tal vez el campo de golf más hermoso que había en el país. En Manzanillo estaban asignados oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional: un comandante de un destacamento del Ejército, bajo el mando de un primer teniente que por lo regular era un hombre de color. Estaba también un oficial de la Marina de Guerra que desempeñaba las funciones de Comandante de Puerto y un oficial segundo teniente de la Policía Nacional, que comandaba a un reducido grupo de miembros de esa Institución. Los que hemos sobrevivido a esa época sentimos profunda decepción y pena, de presenciar ahora ese desorden municipal que sustituyó aquella hermosa colectividad.

En el escenario donde se habían sembrado las fincas productoras de bananos, se organizó también una manera socialmente efectiva para los que vivíamos allí: todos los bateyes de las fincas tenían un play y una escuela que llegaba solamente al 3er. curso de la primaria porque la escuela que completaba la primaria que se iniciaba en el 4to. curso había sido establecida en La Cruz de Palo Verde. En esos bateyes estaba también en la finca “Madre” el play con media luna y sembrado de césped, el primero que se construyó en el país, lugar que tenía como escenario el famoso equipo conocido con el nombre de “Batey Madre” del cual salieron los peloteros Amateurs de fama nacional de los que hemos hablado. Continuaremos…

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¿Deben estar en libertad?

Desde siglos se consagraron los derechos humanos, en Europa con la Revolución francesa y en América con la Independencia Norteamericana y la abolición de la esclavitud. De última generación, en décadas de final del pasado Siglo XX, se concentraron en los derechos fundamentales económicos y sociales.

Los países se han puesto de acuerdo en organismos internacionales para la prohibición de la pena de muerte. Es que el derecho a la vida es el primero de todos; sin vida no se ejercersen los demás, porque se debe existir para tener libertad, libre expresión, educacion, alimentación, vivienda, empleo, vestir, libre circulación, la ciudadanía e identidad personal, etc.

Seguido al derecho a la vida, está el derecho a la libertad; el que está privado de libertad, está inhabilitado a ejercer la mayoría de los derechos; se reducen a la alimentación, vestir y un techo. Así están los condenados con penas de privación de libertad. Es que la vida y la libertad conducen a los demás derechos.

Quienes no defienden la vigencia de los derechos, desconocen siglos de historia y las luchas civiles de las últimas décadas; a eso nunca se debe renunciar.

La libertad no se pierde por estar siendo investigado; se presume inocencia.; ella se considera el estado natural y ante una investigación judicial “Las medidas de coerción, restrictivas de la libertad personal, tienen carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que tratan de resguardar” (Art. 40, acapite 9).

Ese mandato constitucional es taxativo, no admite dudas. Reduce una coerción a privación de libertad a determinadas circunstancias excepcionales y se aplican “proporcional al peligro que tratan de resguardar”.

Lo explicado es suficiente para considerar como improcedente e insconstitucional imponer privación de libertad a los encartados en el expediente de Odebrecht Su libertad no significa dejar de ser investigados; es presumir inocencia.

Benito Juarez, ese patriota continental nacido en México, proclamó: “La defensa al derecho ajeno es la paz”. Digamos lo mismo.

Entre nosotros existe una cultura de la arbitrariedad e intolerancia, que aún los que defienden los derechos, exhaltados reclaman reducir a prision por cualquier motivo, expresando: “tránquelo”, o peor haciendo la señal con la mano así (“dale pa’bajo”) o “¿aún está vivo?”.

La policía, que es el cuerpo represivo del Estado de acercamiento a la población, y responsable de su protección, sólo sabe “jalar” con ligereza su arma letal porque no está entrenada ni equipada para controlar a los infractores más violentos con medios no letales. Se linchan presunto delincuentes.

En todos los niveles sociales se experimenta una forma de predominio a esa cultura de la arbitrariedad e intolerancia, hasta para reclamar corregir violaciones a los derechos.

Más preocupante es que los jueces procedan igual, cuando ellos deben ser pioneros de los derechos y no recogerse temerosos. Son sustentadores sociales de los derechos; contrarìa su razón de ser dejarse dirigir por presiones políticas mediáticas y una cultura de arbitrariedad, en vez de dar lecciones sobre la libertad y el ejercicio de los derechos.

El debido proceso no es una bonita expresión Jurídica, se trata del respeto a normas procesales aplicables a todos para ser juzgados, presumiendo inocencia y poderse defender en libertad, hasta condena irrevocable.

¡Procede reclamar el derecho a la libertad de los encartados, para defenderse,aún seguirían investigados!

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