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El debate sobre la reforma constitucional

Para algunos, las discrepancias que actualmente prevalecen dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no son más que expresiones de una lucha de poder. Para otros, conflictos entre distintas corrientes o facciones partidarias; y hay quienes no dejan de sostener que se refiere, simplemente, a una pugna de egos o mera rivalidad entre sus líderes.

Nada de eso es cierto. Para empezar, las llamadas tensiones políticas no son exclusivamente del PLD.

Son, en realidad, de toda la sociedad dominicana; y esto así, en razón de que lo que constituye la esencia de las divergencias está en relación con los valores y principios contenidos en la Constitución de la República.

En el debate actual, lo que se plantea es una segunda reforma, en cuatro años, de la Carta Sustantiva de la nación para hacer posible un tercer periodo presidencial consecutivo.

En el 2015 se hizo una reforma a la Constitución con el propósito de modificar el modelo de mandato presidencial previsto en el texto constitucional aprobado en el 2010.

AHORA, SIN EMBARGO, EN EL DEBATE ACTUAL, LA NOVEDAD CONSISTIRÍA EN ESTABLECER UN TERCER PERIODO CONSECUTIVO.

Ese mandato presidencial, previsto en el 2010, establecía que el Presidente de la República sería electo por un periodo de cuatro años, no pudiendo postularse para un segundo periodo consecutivo.

Inicialmente, ese concepto se planteó en la reforma constitucional del 1994, luego de la crisis post electoral, entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que dejaba sin efecto el modelo de reelección presidencial indefinida, prevista en la Constitución de 1966.

La reforma de 1994 fue modificada, a su vez, en el 2002, durante el gobierno del PRD, para hacer posible dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más.

Así, de esa manera, durante los últimos 25 años, en la República Dominicana, por medio de tres reformas constitucionales, se han adoptado dos modalidades de mandato presidencial.

El primero de ellos, en 1994, basado en la no reelección consecutiva. Este, abolido en el 2002, para hacer posible dos periodos consecutivos.

Luego, modificado en el 2010 para volver al sistema de 1994; y posteriormente, sustituido, a su vez, en el 2015, para restablecer el mecanismo del 2002.

Todo eso, por supuesto, tiende a producir vértigo. Durante un cuarto de siglo, la Constitución dominicana ha estado sometida a una situación de inestabilidad crónica, que la hace aparentar como una especie de columpio que se mueve hacia arriba con dos periodos presidenciales consecutivos; y hacia abajo, con periodos presidenciales no consecutivos.

Ahora, sin embargo, en el debate actual, la novedad consistiría en establecer un tercer periodo consecutivo, una modalidad desconocida en nuestra historia constitucional, que dejaría en la incertidumbre el funcionamiento del modelo a futuro.

El Tercer Periodo

En virtud del decreto 410-01, del 21 de marzo de 2001, el entonces Presidente de la República creó una comisión especial, bajo la coordinación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a los fines de proponer, luego de un amplio consenso, las modificaciones que deberían introducirse a nuestra Carta Sustantiva.

Así se procedió. Esa comisión especial hizo entrega de su trabajo, mediante un informe, fechado 13 de agosto de 2001, que contemplaba una reforma integral de la Constitución de la República.

En el artículo 58 de la misma se preveía que el presidente sería elegido por un periodo de cuatro años, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente.

En vista de su desacuerdo con el modelo de periodo presidencial esbozado en el informe, el entonces primer mandatario de la nación, en forma atropellante y escandalosa, impuso una reforma a nuestra Carta Magna con la única finalidad de garantizar su continuación en el poder, que establecía dos periodos consecutivos y nunca más.

Eso quedó enmendado en la reforma integral que se hizo a la Constitución de la República en el 2010. En la misma, como hemos dicho, se volvió al modelo de 1994, de periodos presidenciales no consecutivos. Esto así, a petición de nuestro interlocutor en dicha reforma, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En el 2015 se retornó al modelo del 2002, de dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más. En esa última ocasión, al artículo 124 de la Constitución de la República, que es el que consigna los dos periodos consecutivos, se le añadió un transitorio, que dice así: “En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la Vicepresidencia de la República.” Ese artículo transitorio es el que cierra las puertas para un tercer periodo presidencial consecutivo, y el cual se aspira, en estos momentos, reformar. Esto así, a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría de la población (en distintas encuestas, 7 de cada 10 dominicanos se opone a la misma), de las distintas fuerzas políticas y sin consultar a los distintos sectores de la sociedad civil.

Para garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 2015 se suscribió un acuerdo o pacto entre los miembros del Comité Político del partido fundado por el profesor Juan Bosch.

Ese pacto, hizo posible la votación unánime del bloque parlamentario peledeista en favor de la reforma constitucional de ese año; y por consiguiente, la reelección del Presidente de la República para un segundo periodo consecutivo.

La necesidad del consenso

En el ordinal segundo del referido pacto suscrito por los miembros del Comité Político del PLD, se estipula lo que sigue: “Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente a través de la representación legislativa de nuestro Partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro.” Ese acuerdo del Comité Político del PLD fue de singular importancia. Quería indicar que aunque se procedió en el 2015 a modificar nuestra Carta Magna, hacia el futuro se quería contar con unos denominados “candados” a la Constitución, que consistirían en establecer una superior mayoría calificada para una reforma a nuestra ley de leyes.

Esa parte del acuerdo del Comité Político del PLD aún no se ha cumplido; y sería, por consiguiente, una incongruencia que se procediese a una nueva reforma constitucional que eliminase el transitorio al artículo 124, y no se cumpliese con la necesidad, reconocida por todos, de dotar de mayor permanencia y estabilidad a nuestra Carta Magna. Al referirse, precisamente, acerca de los límites de los mandatos presidenciales, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un informe al organismo sobre elecciones y democracia, ha sostenido: “En determinadas circunstancias la modificación de los límites de la duración del mandato (presidencial) puede socavar la confianza necesaria para que el sistema político funcione bien. La posibilidad de que la modificación de un marco jurídico socave la confianza es mayor cuando…se realiza poco antes de las elecciones o si el proceso no se basa en un consenso nacional amplio.” Por su parte, al referirse a este tema, la Comisión de Venecia lo hace con claridad meridiana, al señalar: “Un amplio consenso…es crucial para mantener una democracia fuerte y la confianza en las instituciones y los procesos electorales.” Así es. El consenso es imprescindible.

Lo contrario sería conducir hacia la muerte de la democracia.

PARA GARANTIZAR LA UNIDAD DEL PLD, EN EL 2015 SE SUSCRIBIÓ UN ACUERDO O PACTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ POLÍTICO.

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El peso de la responsabilidad

Leer a Tony Judt siempre ha sido un festín para quienes aspiramos a nutrirnos de la historia, de la filosofía y la sabiduría de los personajes que han intervenido a viva voz en el debate público. La sagacidad y el tino con que reconstruyó hechos históricos para extraer enseñanzas aplicables a todos los contextos constituyen grandes atributos de este gran autor, quien es un referente insondable al momento de hablar de política.

Una de esas obras que aplican hoy más que antes es El peso de la responsabilidad, en la que analiza la importancia de la responsabilidad pública, un concepto que cada vez se cultiva menos en nuestro país y en toda la región, a pesar de que se disponen de más medios y herramientas para exigirlo con rigurosidad.

En base a las vidas de Albert Camus, Léon Blum y Raymond Aron, recorremos la importancia y el sentido de la responsabilidad de quienes ocupan un puesto relevante en la opinión pública, no desde el punto de vista de un político o de un funcionario público, sino desde la posición de quienes gozan del prestigio que la sociedad otorga a aquellos que representan fielmente el interés de la mayoría.

La pasión intelectual francesa de la época de estos tres grandes autores, unida al extremismo político de la época, constituye un interesante paralelismo aplicable hoy en día, que nos lleva a cuestionarnos qué tan necesario es el rigor intelectual en momentos de turbulencia política.

Sanguinetti alguna vez escribió que el intelectual no es simplemente un escritor, un pintor, un historiador, un sociólogo o un filósofo; «es cualquiera de ellos pero en actitud de opinado -y juez- universal». Se trata de una persona con el reconocimiento suficiente para sentarse en la pantalla de la televisión -y ahora del celular- tanto o más que muchos políticos, aunque sin su compromiso.

Son personas que tienen el derecho y el deber de cuestionar el sistema, intervenir constantemente en el debate público y convertirse en agudos detractores que arrojan luz en la arena pública, para aportar, desde la filosofía, la sociología y otras disciplinas, las soluciones a los problemas estructurales y sempiternos que agobian a las sociedades.

A ellos les corresponde analizar y cuestionar los cambios que se suceden velozmente en las ideologías y en los partidos, en la democracia y en el sistema electoral. Les concierne el deber de luchar contra los excesos de poder en la sociedad y el agravamiento de las desigualdades sociales. Los intelectuales deben ser los primeros en enfrentar el conformismo ideológico y propugnar por un sistema de pesos y contrapesos, que sirva a la institucionalidad en la medida en que amplía el abanico de oportunidades y opiniones que ayudan a construir el consenso público.

El país se enfrenta a momentos definitorios en lo económico, en lo político y en lo social, que demandan cambios imprescindibles en los cuales debe implicarse toda la sociedad. La política -y lo que sucede en esta- no puede ser ajena al común de la sociedad y, mucho menos, a los que ejercen el rigor intelectual. Estos últimos deben comprometerse y encontrar espacios de común acuerdo con los partidos y los políticos, para emprender la tarea hercúlea del fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Sería una gran lástima que el vértigo de la actualidad política nos impida reflexionar sobre el futuro de la sociedad dominicana con seriedad y que no podamos discutir a profundidad el rechazo de los ciudadanos a la política y a los partidos.

La responsabilidad de exigir ese importante debate recae sobre quienes, sin ser de la política, ocupan esos puestos relevantes en el imaginario público. A ellos les corresponde servir de contrapeso y guiarnos para que en lugar de solo “reflejar las fisuras políticas y culturales de su entorno”, puedan “contribuir a enderezar la atención nacional hacia otras sendas más prometedoras”.

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Una Feria para la historia

Para su 78ª edición, la Feria del Libro de Madrid decidió honrar a la República Dominicana, dedicándo al país el lugar más privilegiado de los 17 días de actividades literarias y culturales que reúnen a más de 300 expositores de toda España, que se agrupan en la Asociación de Librerías de Madrid y la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones.

La cita cultural data de 1933, cuando se realizó por primera vez en el Paseo de Recoletos como parte de los actos de la Semana Cervantina, un festejo que guardan varias ciudades y municipios de España en honor a Miguel de Cervantes. Vendría la Guerra Civil española a abrir un triste paréntesis que se mantuvo hasta el 1944, fecha en la que retornó bajo la denominación de Feria Nacional del Libro en el mismo lugar, hasta el 1967, año este en que se mudó a su actual residencia, los Jardines del Parque de El Retiro.

Desde entonces, ha sido una cita obligatoria para todo los amantes del libro y la lectura; para escritores, divulgadores, editoras, y en fin, a todo el que cree fervientemente en el libro como el eje del consumo cultural de los seres humanos.

Entre esos creyentes consagrados está el Embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, destacado abogado y especialista en derecho administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, quién con menos de dos años de su llegada a Madrid a cumplir su misión oficial, ha revolucionado por completo el rol esperado de las misiones diplomáticas, especialmente en el ámbito cultural.

Exquisito amante de la lectura, promotor del conocimiento y curioso de la historia, el Embajador y amigo Olivo Rodríguez ha convertido en realidad un sueño de todos los gestores y animadores culturales y, en particular, de los dominicanos y dominicanas asiduos del mundo de la lectura, al elaborar un programa de actividades que ha englobado libro, arte, pintura, música y fotografía

Con un maestro liderazgo en la coordinación y creatividad; al igual que con su singular humildad y empatía, puso a prueba la capacidad de cohesión ciudadana en torno a un tema vital para el desarrollo: la Cultura. El extenso y diverso programa de actividades llevadas a cabo en la Feria convirtieron el pabellón de la República Dominicana en un desfile de personalidades de la vida púbica y privada de nuestro país, que han presentado ante la sociedad española y la comunidad dominicana en Madrid, las bondades culturales que engalanan nuestra sociedad.

Una columna de 600 palabras como esta no es suficiente para resaltar la calidad académica y el patriotismo de los cientos de dominicanos del país y de la diáspora que protagonizaron las casi 130 actividades organizadas por el Embajador y su equipo de la Embajada en Madrid, una pléyade de jóvenes diplomáticos y colaboradores que asumieron el reto de dar un nuevo impulso a la imagen del país, presentando su faceta cultural.
Mi presencia en la Feria del Libro de Madrid me recordó la importancia de que un país cuente con “intelectuales comprometidos”, verdaderos cultores del saber que intervengan en el debate público, reinvindicando la autonomía de pensamiento, el rol de la historia en nuestras decisiones y la responsabilidad moral.

Creo firmemente que el gran aporte del Embajador Olivo Rodríguez con la grata experiencia de esta Feria, ha sido compendiar en un mismo espacio la esencia histórica de la República Dominicana, la relevancia de nuestras relaciones con España y la calidad de los intelectuales, escritores y analistas dominicanos. En consecuencia, se ha escrito un nuevo capítulo de las relaciones dominico-españolas, sobre las bases de la amistad que ha unido por siglos a escritores y escritoras, a lectores y lectoras de ambos países. ¡Enhorabuena mi apreciado Olivo!

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Comisión de Venecia: Constitución, Democracia y Reelección Presidencial

Tomando en consideración algunas experiencias que han estado teniendo lugar en América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, un órgano consultivo del Consejo de Europa, responder a varias inquietudes en relación a los límites constitucionales a la reelección presidencial.

La OEA sometió a la Comisión Europea cuatro preguntas, relacionadas con la idea de si existe un derecho humano a la reelección; si la restricción a los límites de la reelección merma los derechos humanos y políticos de los candidatos y de los electores; y cuál sería la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado constitucional.

La comisión, creada en 1990 tras la caída del muro de Berlín, es mejor conocida como Comisión de Venecia, en razón de que sus integrantes, expertos en Derecho Constitucional, se reúnen cuatro veces al año en esa bella ciudad italiana. Asiste y aconseja a los países en materia constitucional, para mejorar el desarrollo de la democracia y los derechos humanos.

Al responder a las inquietudes del secretario general de la OEA, lo hizo en un documento conocido como Informe sobre los Límites a la Reelección.

Ese informe, que parte de un estudio comparativo de las disposiciones constitucionales sobre los límites a la reelección presidencial en diversos Estados del mundo, llegó a la conclusión de que existen en la actualidad cinco tipos o modelos de limitaciones a la reelección presidencial, que van desde no tener ningún límite hasta su prohibición total.

Pero, en el análisis de las distintas modalidades sobre la limitación de los mandatos, la comisión concluyó en el sentido de que en la mayoría de los casos, las constituciones de la generalidad de los países contienen disposiciones que limitan el tiempo del mandato del presidente del país, otorgando, nada más, el derecho a una reelección.

Límites a la reelección

Conforme al criterio de los integrantes de la Comisión de Venecia, los límites a la reelección presidencial se aplican debido “al peligro de abuso de poder por parte de los mandatarios que se proponen prolongar su permanencia”.

En efecto, el problema consiste en que en los regímenes presidenciales, el jefe de Estado concentra un conjunto de poderes que lo colocan en una posición de ventaja en relación a los demás candidatos; y es que la Presidencia de la República, en cualquier lugar del mundo, equivale a una campaña permanente.

Debido a su posición preponderante, el gobernante de turno dispone de una serie de recursos económicos, comunicacionales, de relaciones sociales y de influencia, en sentido general, que utilizado de manera permanente e indefinida, conducen a lo que en el lenguaje de los miembros de la Comisión sería “el de tener un monarca republicano”.

En sus hallazgos, los comisionados indican que casi todos los Estados que han adoptado un sistema presidencial “imponen limitaciones constitucionales sobre el número de periodos de mandato del presidente a fin de preservar un sistema de controles y equilibrios constitucionales”.

Al hacer referencia sobre la realidad de América Latina, tanto la actual como la ocurrida desde la etapa postcolonial, señala que la historia y el contexto social han tenido un efecto directo en las constituciones nacionales sobre la reelección y sus límites.

Sin duda, así es. Debido al escaso desarrollo económico y social de la generalidad de los países de América Latina después del periodo de la independencia en el siglo XIX, en lugar de un sistema democrático auténtico y vigoroso, surgieron dictaduras y regímenes caudillistas, que predominaron hasta las últimas décadas del siglo pasado.

Para la Comisión de Venecia, “los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto”. En adición, consideran que dichos límites pueden fortalecer a una sociedad democrática, debido a que imponen la alternancia política en los distintos procesos electorales.

De igual forma, alientan la esperanza de los partidos de oposición de que, a través del proceso de elecciones periódicas pueden alcanzar el poder, sin necesidad de tener que recurrir a mecanismos de fuerza, como serían el golpe de Estado militar o revoluciones violentas.

Al concluir sobre este aspecto, la Comisión de Venecia indica que los límites a la reelección que la mayoría de las democracias representativas imponen al derecho del presidente titular, representan un límite razonable al derecho de ser elegido porque impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del presidente.

Añade que el presidente tiene la obligación de hacer valer la Constitución, no puede exigir sus derechos políticos en contra de la Constitución; y los límites impuestos a la reelección no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos.

Reelección y Constitución

En el mundo político y académico predomina el criterio de que una Constitución debe tener cierto sentido de perdurabilidad.

Aunque es así, no es menos cierto que, periódicamente, tiene que irse adaptando a los cambios que la sociedad va experimentando.

En tal sentido, una Constitución es susceptible de ser reformada. La facilidad o dificultad con que pueda realizarse determina en el hecho de si la Carta Sustantiva resulta ser flexible o rígida.

En una Constitución flexible basta la aprobación de una ley ordinaria. Una rígida es más compleja, pues además de requerir una mayoría calificada, podría estar sujeta a otras condiciones.

Los integrantes de la Comisión de Venecia consideran que si bien los límites a la reelección restringen los derechos del presidente, debido a que ese derecho es concedido por el pueblo, que tiene un poder soberano, ese mismo pueblo “tiene el poder de decidir el periodo y la posibilidad de reelección del Presidente”.

Por consiguiente, conforme al criterio de los comisionados, se requiere “una enmienda constitucional para modificar los límites a la reelección”.

Ahora bien, continuando con la línea de razonamiento de los comisionados, “cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los jefes de Estado, la motivación debería ser mejorar la maquinaria del gobierno como tal, no el poder y los intereses del titular”.

A esto añade: “Un principio sólido y una buena norma general con la cual medir las implicaciones democráticas de las enmiendas sería que estas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo”.

En síntesis, los límites a la reelección presidencial representan un medio para disminuir el peligro del abuso de poder por el jefe de Estado de turno. De esa manera, persiguen los fines legítimos de proteger la democracia y el Estado de Derecho.

Así pues, para la Comisión de Venecia, “abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos”.

Para la OEA, el informe de dicha comisión adopta una guía de orientación y un valor jurídico contra la reelección.

@leonelfernandez

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La Constitución del 2010: Una reforma integral

Al fragor del debate político actual, suele deslizarse la idea de que la reforma constitucional realizada en el 2010 se corresponde con los mismos propósitos u objetivos de otras realizadas a nuestra Carta Sustantiva durante las últimas dos décadas.

Nada más incierto. De las cuatro reformas efectuadas en nuestro país desde la década de los 90, solo la del año 2010 tuvo un carácter verdaderamente integral. Las demás (1994, 2002 y 2015) se correspondieron con la solución de una crisis o con hacer posible la reelección presidencial.

Por ejemplo, la reforma de 1994 se concibió como solución al conflicto post-electoral entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Planteaba, entre otros aspectos, la reducción del periodo presidencial en dos años; la eliminación de la reelección consecutiva; y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los magistrados integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, con la llegada al poder del PRD para el periodo 2000-2004, se puso en ejecución otra reforma a nuestra Carta Sustantiva, en el año 2002, con la finalidad de facilitar la reelección, al permitirse un segundo mandato consecutivo.

Eso suscitó grandes controversias en el ámbito político nacional. Se produjo un amplio rechazo en la opinión pública. Se generó una escisión interna en el partido de gobierno. Se expandió una crisis de confianza en el sistema de partidos; y en medio de la crisis económica y social provocada por la quiebra de varios bancos, la ilusión reeleccionista terminó por desvanecerse con el voto castigo expresado en las urnas.

Con el naufragio experimentado por el gobierno del partido blanco, retornó al poder en el 2004 un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ese gobierno estableció como prioridad superar la crisis económica heredada de la pasada gestión y aplicar políticas orientadas hacia la recuperación de la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía.

Proceso de reforma

La situación de inestabilidad de la economía dominicana quedó rápidamente superada. Se logró recuperar la confianza de los inversionistas; y se retornó a niveles de crecimiento promedio anual de un 7% del PIB.

Alcanzados esos objetivos, el gobierno peledeista pasó a concentrarse, a partir de la renovación de su mandato en el 2008, a establecer en su agenda la materialización de importantes reformas institucionales, entre las cuales destaca, como elemento fundamental, una reforma a la Constitución de la República.

Para introducir esa reforma a nuestra Ley de Leyes, se puso en práctica un método inédito, totalmente desconocido en la historia de nuestro país. Se hizo una consulta popular, que aun sin estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, permitió una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional en el gran debate acerca de los contenidos que debían incorporarse al nuevo texto de la Constitución.

Se integraron al proceso de discusión sobre la reforma constitucional, entre otros, los partidos políticos; los medios de comunicación; los clubes culturales; las iglesias; las universidades; los gremios profesionales; los sectores empresariales; las organizaciones campesinas; los ecologistas; y el movimiento feminista.

Fue un proceso verdaderamente histórico, ejemplar. Con gran entusiasmo, los sectores más representativos de la vida nacional se integraron para aportar ideas, conceptos, valores y principios, a la norma jurídica por excelencia que serviría de norte para la consolidación de la democracia, la libertad, la justicia social y el progreso en la República Dominicana.

Conjuntamente con esa consulta popular, se creó una comisión de juristas, compuesta por destacados profesionales del ámbito del Derecho Constitucional. Estos, a su vez, procuraban darle sentido técnico-jurídico a las diversas propuestas, que en forma espontánea emergían del sentimiento, la imaginación y la creatividad del pueblo dominicano.

Estado democrático y social de Derecho

La reforma constitucional dominicana del 2010 estaba en consonancia con el conjunto de reformas a la Carta Sustantiva que se venían realizando en el mundo iberoamericano desde que España llevó a cabo la suya en 1978.

El proceso de transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos que logró materializarse en América Latina durante los años 80 y 90, motivó que durante esos mismos años, 15 países de la región procedieran a realizar verdaderas reformas integrales a sus respectivas constituciones.

Fue una época excepcional de la historia democrática de América Latina. Se procuraba consolidar el Estado democrático y social de Derecho en nuestra región. Para alcanzarlo, desde el punto de vista institucional, se procedió a lo que ya se conoce como la era del neo-constitucionalismo latinoamericano.

La República Dominicana estaba necesitada de una reforma integral parecida. La Constitución de 1966, que se corresponde con el inicio de la era de Balaguer, duró 28 años. Pero ese texto constitucional carecía de una indicación de valores y principios; adolecía de lagunas y gazapos; y estaba afectada de inconsistencias y desatinos.

La reforma de 1994, emanada de la crisis post-electoral, no contribuyó a su superación. Mucho menos la del 2002, que se limitó, única y exclusivamente, a hacer posible un proyecto de reelección presidencial, que al final se desplomó en forma estrepitosa.

Fue, en realidad, la reforma integral del 2010, la que vino a ponerse a tono con, y hasta a superar, conforme al criterio de varios especialistas internacionales de Derecho Constitucional, el moderno sistema de reforma constitucional de América Latina.

La reforma constitucional del 2010 estableció con criterios claros e inobjetables el concepto de nacionalidad dominicana. Consagró el principio de Estado democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Esa reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico.

De igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular; promovió la equidad de género; creó las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Vista en conjunto, tanto por su carácter procedimental como por su aspecto sustantivo, la Constitución del 2010, conjuntamente con la de 1963, representa la más profunda, participativa y democrática de todas las constituciones elaboradas en la República Dominicana desde su fundación en el 1844.

Hay quienes, desde un principio, quisieron trivializarla y reducirla al aspecto relativo a los periodos presidenciales. Con eso se intentaba equipararla a las reformas del 2002 y del 2015, las cuales se circunscribían, simple y llanamente, a hacer posible la reelección presidencial de los incumbentes.

Pero no es el caso de la reforma del 2010. Esta fue más allá. Como ha podido observarse, la reforma del 2010 tuvo visión de futuro al dar origen a un verdadero código para la consolidación de la democracia, la justicia y las garantías de los derechos ciudadanos en nuestro país.

En fin, una Constitución para la historia.

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La resolución de la Corte Interamericana: Otro atropello a la soberanía dominicana

Dando seguimiento a un criterio vertido en distintas decisiones sobre el tema de la nacionalidad dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución del 12 de marzo de este año, sostiene que la República Dominicana ha incumplido con presuntas obligaciones internacionales en dos casos: el de las niñas Yean y Bosico; y el de las personas dominicanas y haitianas expulsadas.

En ambos casos se ha procurado que el Estado dominicano reconozca la nacionalidad de los peticionarios, sobre la base de haber nacido en el territorio dominicano, sin tomar en consideración el hecho de que sus padres eran migrantes con estatus irregular.

Sobre esos dos casos, el organismo jurisdiccional interamericano había emitido fallos en los cuales ordenaba al Estado dominicano el cumplimiento de reparaciones y el facilitar el acceso a la nacionalidad de todos los solicitantes.

¿Estaba obligado el Estado dominicano a dar cumplimiento a las decisiones emanadas de la Corte Interamericana?

Para responder esta pregunta, hay que considerar que nuestro sistema constitucional establece el mecanismo de otorgamiento de la nacionalidad por el vínculo sanguíneo, es decir, el ius sanguinis y el ius solis condicionado.

Ese mecanismo fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia, en función de control constitucional y por nuestro Tribunal Constitucional, en base a la Sentencia 168 del 23 de septiembre del 2013, sobre determinación de la nacionalidad.

A pesar de que la Corte Interamericana considera que nuestro sistema es discriminatorio y genera apatridia, lo cierto es que resulta todo lo contrario. De 194 naciones que conforman el sistema de Las Naciones Unidas, 164 comparten el mismo criterio jurídico de otorgamiento de la nacionalidad de la República Dominicana, según un informe del Centro de Estudios de Migración de los Estados Unidos, del 2010.

¿Será posible que tantas naciones en el mundo estén equivocadas en sus mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad? Si fuese así, ¿por qué razón, entonces, los sistemas regionales de protección de derechos humanos de Europa, Asia, África u Oceanía no han adoptado los mismos argumentos de discriminación y apatridia que emplea la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Es algo que verdaderamente oscila entre el desatino jurídico y la incomprensión del propio texto de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Incomprensión de la corte

Entre los considerandos 30 y 34 de su Resolución, la Corte Interamericana sostiene que en base a lo estipulado en la Constitución de la República, la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 y la Ley 169/14, hay un desacato a sus decisiones sobre otorgamiento de nacionalidad por vía del ius solis.

Para la Corte Interamericana es grave que el Estado dominicano no haya adoptado medidas “para dejar sin efecto cualquier norma, práctica, decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de la República Dominicana”.

En decisiones previas la Corte Interamericana incurrió en el exceso de pretender vulnerar nuestra soberanía, ordenado la modificación de nuestra Carta Sustantiva, con la finalidad de establecer la nacionalidad por la vía del ius solis, de manera incondicional.

Ahora el organismo judicial colegiado construye el argumento de que el no cumplimiento a sus ordenanzas, así como la continuidad del efecto jurídico de todas las disposiciones nacionales que no contemplen el ius solis incondicional, representan un acto de desacato.

Obviamente, en todos esos criterios, la Corte Interamericana incurre en un acto de incomprensión. Esa incomprensión se debe a que ese alto tribunal no ha previsto en todo su alcance lo que la propia Convención Americana, en su artículo 20.2 consigna como apatridia.

La Convención, lo expresa así: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra”.

Para los integrantes de la Corte, el derecho a la nacionalidad se reduce solo al nacimiento en un determinado territorio. Sin embargo, no es así. Falta completar la lectura del párrafo que termina diciendo: “si no tiene derecho a otra” (nacionalidad).

Ha sido la lectura incompleta del concepto de apatridia establecido por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, lo que ha conducido de manera reiterada a los magistrados que integran ese alto tribunal, al absurdo de ordenarle a la República Dominicana el cumplimiento de obligaciones inexistentes en el ámbito del Derecho Internacional.

A lo absurdo nadie está obligado

En nuestro país, el artículo 28 de la Ley de Migración No. 285/04, prevé la inscripción en un libro de extranjería de toda persona nacida en territorio dominicano, de padres extranjeros en situación migratoria irregular y su declaración ante el consulado del país de la nacionalidad de la madre.

Por consiguiente, eso indica que en la República Dominicana no puede haber apatridia. El hecho de que no exista la obligación de reconocer la nacionalidad dominicana por vía del ius soli incondicional, no significa que haya apatridia, como erróneamente, de manera persistente, considera la Corte Interamericana.

Dicha Corte ha enfatizado que la obligación de cumplir con las decisiones que ella adopta se corresponde con un principio fundamental del Derecho de los Tratados, como parte del Derecho Internacional, que consagra la responsabilidad internacional de los Estados.

Más aún, en lo relativo al cumplimiento de sus sentencias, esta sostiene que los Estados partes de la Convención Americana “no pueden invocar disposiciones del Derecho Constitucional u otros aspectos del Derecho interno para justificar una falta de cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado”.

En base a los argumentos previamente esbozados, la Corte Interamericana, como hemos dicho, considera que tanto la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, No. 168/13, sobre determinación de la nacionalidad, como la ley 169/14, sobre naturalización y regularización migratoria, así como cualquier otra normativa o práctica que no reconozca el ius solis incondicional, constituyen un desacato a sus decisiones.

En su parte resolutiva, la decisión del alto tribunal regional de derechos humanos, plantea su preocupación por lo que considera incumplimiento del Estado dominicano en su deber de informar sobre los casos de que es objeto de reclamo.

En adición, fija un plazo fatal, a más tardar para el 30 de julio de este año, para que el Estado dominicano cumpla con lo que la Corte Interamericana estima constituye su obligación, conforme a los principios del Derecho Internacional.

La Corte Interamericana tendría razón si su decisión hubiese estado fundamentada en incontrovertibles consideraciones de derecho. Pero no ha sido así.

Por el contrario, en su Resolución, el alto tribunal interamericano no ha hecho más que reiterar una constante y arbitraria práctica de pretender vulnerar nuestra soberanía nacional imponiéndonos el otorgamiento de la nacionalidad, por la vía del ius solis incondicional.

Eso, por supuesto, además de un nuevo atropello a nuestra soberanía nacional, no constituye más que un absurdo jurídico, frente a una obligación inexistente que el Estado dominicano no está compelido a cumplir.

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Netanyahu y el fin a la solución de los dos estados

Durante el periodo de campaña electoral predominó la incertidumbre de si podía salir victorioso una vez más. Benny Gantz, un ex general de tres estrellas, quien en varias ocasiones comandó tropas israelíes frente a insurgentes palestinos en Gaza, emergía como una inesperada amenaza. Varias acusaciones de corrupción parecían un muro infranqueable.

Sin embargo, por quinta vez y cuarta en forma consecutiva, Benjamín Netanyahu, se alzaba con el respaldo de la mayoría del electorado israelí. De esa manera, reafirmaba la hegemonía de los grupos de centro-derecha en la política de Israel, quienes han gobernado 30 de los últimos 41 años.

El triunfo de Netanyahu, esta vez, se ha debido a que durante sus 13 años de gobierno ha podido garantizarle al pueblo israelí prosperidad económica y seguridad, que son los dos factores fundamentales que mueven al electorado de ese país.

Ha logrado convertir a Israel en una nación con gran nivel de desarrollo tecnológico e innovación. Ha resuelto los problemas de acceso al agua potable; ha promovido la llamada agricultura de precisión; y ha estimulado el crecimiento, entre otras, de las industrias de aeronáutica, software, biotecnología, nanotecnología y ciberseguridad.

Pero además, Netanyahu, desde la perspectiva de la seguridad, construyó un muro para separar a las comunidades palestinas; instaló numerosos puntos de control; y sobre la base de la división de los palestinos, entre los grupos Fatah y Hamas, ha impedido que estos hayan avanzado en su petición de recuperar los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días de 1967.

A pesar de que en los últimos años se habían producido ataques de palestinos en Gaza a ciudadanos israelíes, con el uso de armas blancas, eso palidecía frente a la violencia previa desatada en la Primera Intifada o insurrección, que se extendió por más de cuatro años, entre 1987 y 1991.

A esa primera insurrección palestina, siguió una Segunda Intifada, a partir del 2000, que se inició por la visita de Ariel Sharon, quien llegaría a ser primer ministro de Israel, a la parte oriental de Jerusalén, considerada por los palestinos como su capital.

Del conflicto a la búsqueda de la paz

El conflicto entre Israel y Palestina, además de ser uno de los más prolongados, de carácter geopolítico, entre pueblos o naciones, resulta ser el más complejo. Esto así, porque se trata, al mismo tiempo de un conflicto de tipo territorial, de identidad nacional y existencial o de supervivencia.

Mientras que los palestinos proclaman que lo que es hoy el territorio ocupado por Israel, había sido, durante siglos, la tierra de sus ancestros, los israelíes, o más precisamente, los judíos, por su parte, alegan que desde los tiempos bíblicos, Jehová reveló a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que Israel era la tierra prometida por Dios por toda la eternidad para el pueblo judío.

En principio, el conflicto entre los judíos y los palestinos parece limitarse al control de un determinado territorio, al asentamiento de una determinada población y al establecimiento de unos principios de autodeterminación.

Sin embargo, no es así. El conflicto también tiene otras dimensiones. Está el factor, aparentemente subjetivo, de identidad de cada pueblo; y junto a esa identidad, un factor religioso, ya que mientras los judíos creen en el viejo testamento; los palestinos, en su inmensa mayoría, tienen su creencia fijada en el Islam.

Pero además de ser una disputa territorial y de identidad, el conflicto árabe-israelí es también uno de tipo existencial; y por lo tanto, de supervivencia como pueblo, en el que uno cree que no puede sobrevivir por la presencia del otro.

Ese conflicto se exacerbó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo descubrió con horror todo el sufrimiento experimentado por el pueblo judío por parte de los nazis alemanes en el Holocausto.

De esa manera, en el 1947, las Naciones Unidas adoptó la resolución 181, en virtud de la cual estableció la partición del antiguo mandato de Gran Bretaña sobre Palestina en dos Estados: el judío y el árabe. Así mismo, indicó que la ciudad de Jerusalén se mantendría como una entidad separada, bajo control internacional y administración de las Naciones Unidas.

Esa decisión de partición de Palestina en dos Estados dio origen, inmediatamente, a las guerras de los árabes contra Israel de 1948; 1956; 1967, 1982; y las insurrecciones, o Intifadas de 1987 y 2000.

Frente a esos encuentros bélicos ha habido también diversos esfuerzos de paz, siendo los más relevantes la Conferencia de Ginebra, en 1973; la Conferencia de Madrid, en 1991; los Acuerdos de Oslo, en 1993; la Cumbre de Camp David, en 2000; la Iniciativa Árabe de Paz, en 2002; y finalmente la Iniciativa Kerry, del 2013.

Los desafíos del futuro

Si bien Benjamín Netanyahu ha logrado proveer cierto nivel de seguridad a Israel durante sus periodos de gobierno, no resulta tan claro, por las medidas adoptadas, cuan eficaz esto pueda resultar con miras al futuro.

En su libro, A Durable Peace: Israel and its Place Among the Nations (Una Paz Duradera: Israel y su Lugar entre las Naciones), el actual Primer Ministro israelí se manifestó en contra del proceso de paz de Oslo, el cual establecía las bases futuras para la conformación de dos Estados soberanos e independientes: Israel y Palestina.

En igual sentido, se expresó una resolución de las Naciones Unidas de 1974 que hacía un llamado a “la creación de dos Estados, Israel y Palestina, uno al lado del otro, dentro de fronteras seguras y reconocidas”.

Durante su trayectoria política, Netanyahu ha sido consistente con su postura. A pesar de que, en términos retóricos, no se opone a la solución del conflicto Israel-Palestina, mediante el reconocimiento de dos Estados, en los hechos, sin embargo, estimula los asentamientos de judíos en los territorios palestinos ocupados desde la Guerra de los Seis Días, en 1967.

Ahora, con el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, el primer ministro israelí ha encontrado un gran aliado para su causa. Primero, fue el traslado de la embajada estadounidense de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Luego, en simbólico apoyo a la candidatura de Netanyahu, el reconocimiento de Israel sobre el control de las Alturas de Golán, las cuales, en términos legales, corresponden a Siria.

Durante su reciente campaña electoral, Benjamín Netanyahu manifestó su disposición a proceder a la anexión de Cisjordania, es decir, de los territorios donde habitan 2 millones, 600 mil palestinos, pero bajo estricto control y vigilancia de Israel.

De ser así, la posibilidad de crear dos Estados, Israel y Palestina, se habrá evaporado. Sin embargo, no así los conflictos. Estos continuarán, en razón de que se hará prácticamente imposible combinar un Estado judío y una sociedad democrática, en la cual, la mayoría de la población será predominantemente palestina, pero sin derecho al voto o al ejercicio de otros derechos fundamentales.

Esa es la disyuntiva que no encuentra solución estratégica en las tácticas del ahora cinco veces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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Desarrollo en transición

El título del presente artículo hace alusión el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre las perspectivas económicas y la pertinencia de una nueva estrategia de desarrollo económico para la región.

El nuevo contexto latinoamericano ha generado importantes retos de desarrollo propios del aumento de los niveles de ingreso, lo que ya se conoce como “las nuevas trampas del desarrollo”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha identificado cuatro nuevas trampas del desarrollo, que son la vulnerabilidad social, la baja productividad laboral, la escasa confianza en las instituciones y las amenazas ambientales.

En adición, la región ha alcanzado niveles de producto interno bruto (PIB) per cápita, en los que “el ingreso pierde relevancia como componente del bienestar”. Es una realidad que estamos viviendo en la República Dominicana, donde queda claro que el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para enfrentar las graves brechas que conforman la deuda social.

Esta realidad nos obliga a hacer conciencia sobre los límites que existen en los modelos de desarrollo, que no solo están creando una insatisfacción desde el punto de vista de sus resultados, sino también, desde el punto de vista del apoyo de los ciudadanos a las acciones de interés público.

Otro componente que se suma a los retos para el desarrollo de la región es la complejidad del contexto internacional, que deja claro que las políticas públicas tradicionales no son suficientes para generar desarrollo incluyente y sostenible.

Si bien es cierto que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un amplio consenso en torno al modelo de desarrollo que debe imperar para lo que resta de la década, no menos cierto es que la región enfrenta retos cambiantes que son fundamentales para definir el curso de las acciones del Estado y el resto de la sociedad y que, a la vez, demandan nuevos esquemas de cooperación. Estos nuevos esquemas buscan contrarrestar las brechas fiscales, de ahorro y de inversión, las brechas de acceso a mercado de capitales y las dificultades para atraer inversión extranjera directa.

En resumen, son tres grandes retos: la presión generada por el aumento en el nivel de ingreso; las trampas que genera la pérdida de relevancia del ingreso como factor de bienestar y el complejo contexto internacional. Estas tres realidades deberán guiar el debate político de los años venideros, para que podamos avanzar en decisiones clave como la mejora en la elaboración de políticas públicas y la obtención de financiamiento para el desarrollo.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha dicho que la idea detrás del concepto “desarrollo en transición”, surge de la insatisfacción con la medición del PIB per cápita, que ha generado que un país, luego de alcanzar cierto nivel económico, no es apto para recibir ayuda oficial al desarrollo, ni acceso a fondos concesionales, ni un tratamiento diferenciado en materia comercial.

En distintos foros internacionales nos ha tocado denunciar esa situación, que afecta fuertemente a la República Dominicana, por considerar que un mayor nivel de ingreso no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza y de la desigualdad social. Ante estas realidades y las presiones que se generan: ¿Deberíamos estar trabajando en un nuevo concepto de contrato social? Apostemos a un contrato que no se enfoque en el ingreso, sino que se enfoque en el compromiso de los ciudadanos con sus obligaciones sociales.

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¡Las alianzas y sus consecuencias!

Juan Bosch insistía en la necesidad de medir las consecuencias, al celebrar alianzas. Iniciando con posterioridad a la muerte deTrujillo, sostuvo que el PRD debía de cuidar su perfil y evitar que al aliarse el pueblo confundiera su identidad.

Cuando se fundó el PLD, protegió las características que lo perfilaban. Sostenía, además, que en una alianza la organización más fuerte es la dominante y su peso inclina la conducción política en su interés.

En 1962 el PRD logra perfil propio con sus planteamientos de que el debate político no era Trujillismo y anti Trujillismo, sino social entre tutumpote e hijos de machepa. Esas denominaciones parecían creadas por él, aunque explicó que se usaba en algunas zonas rurales. Hoy la Real Academia de la Lengua Española las ha incorporado, definiendo como tutumpote a un mandamás y al hijo de machepa como hijo de madre pobre.

Con la fundación del PLD, se diferenció su perfil, no a aliándose. Más bien, incluyó dirigentes salientes de otros partidos en la estructura dirigencial del PLD.

La alianza más notoria la celebró el PLD con el Dr. Balaguer, para la segunda vuelta en el proceso electoral de 1996, yendo primera vez al poder con el Dr. Fernández. Esa alianza fue buscada porque el Dr. Balaguer necesitaba que perdiera el PRD, para evitarse persecuciones; desde el interés del PLD para favorecer ganar.

Ese proceso lo iba a ganar el PRD, y hasta se decía que era una formalidad porque el Dr. Peña Gómez ganaría. No fue así, el PLD definió una estrategia sabiendas de que los balagueristas nunca votarían por un candidato que amenazaba en meter preso al Dr. Balaguer y a sus funcionarios y dirigentes. El PLD logró segunda vuelta y ganó con los votos balagueristas.

El Dr. Balaguer y sus dirigentes fueron tratados con mucho respeto por el Dr. Leonel Fernández. Esa alianza traía implícitos esos resultados. Desde entonces el PLD ha celebrado alianzas con docena de organizaciones emergentes, siendo la fuerza hegemónica; condición que no debe inobservarse.

Las alianzas, aún internas, son acuerdos entre expresiones económicas y sociales, muchas veces no identificadas expresamente; o bien pueden ser identificada como, por ejemplo, la alianza entre los integrantes de La Trinitaria, dirigidos por Duarte, y los hateros encabezados por Pedro Santana.

Los trinitarios, expresión de una débil clase media requirió de los hateros, sector retrógrado, pero con influencia entre los campesinos, para lograr la separación de Haití y proclamar la independencia nacional. Estos objetivos se lograron, pero los trinitarios, más débil que aquellos, perdieron el poder y no pudo dársele pasó a un estado democrático.

Internamente al partido debe medirse por igual las consecuencias. Bosch cita lo ocurrido con Lilis. Fue…”llevado al poder por una corriente económica y social avanzada..(Pero) usó los resortes del poder para crear una fuerza retardataria que le permitiera perpetuarse en el gobierno, desvió la corriente progresista dominicana y la lanzó al vacío”. Párrafo anterior Bosch comenta: “…el deseo de mantenerse en el poder llevó a Heureaux a favorecer los planes de un núcleo latifundistas retardatarios, formado por hombres de su confianza…” (Trujillo Causa de una Tirania sin Ejemplo, pág. 108 y 109, edición 2005)

El riesgo hoy es que sectores improductivos, de intermediación económica, sigan alejando al PLD del gobierno suyo.

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Bosch y Lilís

Una de las tesis más originales elaborada por el profesor Juan Bosch sobre la historia dominicana radica en su interpretación del papel de Ulises Heureaux (Lilís), en el devenir de nuestra nación.

Como consecuencia del desarrollo de la industria azucarera a partir de la década de los 70 del siglo XIX, debido fundamentalmente a la migración de cubanos a Puerto Plata, para Bosch, Lilís representó un esfuerzo por construir una sociedad capitalista o burguesa, aunque sin tomar en consideración el ideal liberal de esa forma de organización económica y política.

A decir verdad, Ulises Heureaux fue un personaje singular de la historia dominicana. Nacido un año después de la proclamación de la independencia de la República, en 1845, era hijo de una madre proveniente de las Islas Vírgenes y de un padre de origen haitiano. A pesar de sus inicios humildes, fue avanzando, rápidamente, a través de la carrera militar.

Participó en la Guerra de la Restauración, en la que demostró gran valentía y capacidad de mando. Actuó bajo las órdenes, primero, del general Gaspar Polanco; y posteriormente, del general Gregorio Luperón.

Luego de haberse reconquistado la soberanía nacional, el general Ulises Heureaux acompañó al general Luperón en varias de las batallas que tuvieron que librarse en contra de los gobiernos de Buenaventura Báez y de otros líderes del Partido Rojo y del Partido Verde.

Fue herido en distintas ocasiones. Recibió varios impactos de bala y perdió el movimiento de su brazo derecho.

A pesar de eso, estuvo de jefe militar en las luchas contra Cesáreo Guillermo e Ignacio María González, hasta que en 1879, el Partido Azul llegó al poder para establecer su hegemonía política durante los próximos 20 años.

Al gobierno provisional del general Gregorio Luperón, en 1879, que solo duró un año, le siguieron, en forma sucesiva tres gobiernos.

Fueron los de Fernando Arturo de Meriño, de 1880 a 1882; el del propio Ulises Heureaux, de 1882 a 1884; y el de Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil, que se prolongó hasta 1886. Las primeras señales de que Lilís se había convertido en un diestro maestro de la manipulación política, se observaron a partir del fin de su primer periodo de gobierno, al suscitarse dentro de las filas del Partido Azul una disputa en torno a quién debería ser su sucesor.

Lilís organizó un fraude al colocar 15,000 votos en las urnas a favor de las candidaturas de Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil, quienes, en realidad, habían perdido frente a Segundo Imbert y Casimiro de Moya, favoritos de Luperón.

Desprecio por la democracia

Con esa acción inició Lilís una nueva etapa de su vida política, consolidando su poder. Esta se caracterizaría por el engaño, el disimulo y la doblez, hasta lograr imponer la primera real dictadura que conoció la República Dominicana.

La imposición de Billini como presidente de la República por parte de Lilís, dividió para siempre al Partido Azul. De manera concomitante, Lilís procuró también obtener el apoyo de los antiguos partidarios de Buenaventura Báez, quienes se quedaron desprotegidos con la muerte de su líder.

Estos, a su vez, le transmitieron a Lilís la sensación de que podía romper sus viejas relaciones con el general Gregorio Luperón y alzarse con todo el liderazgo del Partido Azul.

Así ocurrió. El general Luperón, que había perdido fuerza en las filas de los azules, al negarse en varias ocasiones a asumir la candidatura presidencial, tuvo que marcharse al exilio.

El ala liberal del Partido Azul nunca aceptó la maniobra fraudulenta que condujo a Billini al poder. Al final, las presiones le obligaron a renunciar a su cargo, sustituyéndole el vicepresidente, Alejandro Woss y Gil.

Pero este último era incondicional de Lilís. Por esa razón se entendía que este era el verdadero poder detrás del trono en la época en que Woss y Gil se encontraba al frente de los destinos nacionales.

Todos estos acontecimientos debilitaron la unidad interna del Partido Azul. Los rojos habían logrado dividirlo, convirtiendo a Heureaux en una figura opuesta a los principios tradicionales del Partido Azul.

En las elecciones de 1886, en las que Lilís volvió a ser candidato, nuevamente cometió fraude, usurpándole el triunfo, en esta ocasión a su antiguo vicepresidente, Casimiro de Moya.

De esa forma se inició, de manera formal, la dictadura de Ulises Heureaux, que terminaría 13 años después, cuando las calles de Moca fueron teñidas con su sangre.

La tesis de Bosch

En su clásico texto, Composición Social Dominicana, el profesor Juan Bosch hace un análisis de la personalidad política de Lilís en el contexto de su época. Para el destacado escritor y político, el avance económico y social de la República Dominicana en las últimas tres décadas el siglo XIX, se debió, como hemos dicho, a la migración cubana, promotora de la industria azucarera y de la ganadería.

Pero, desde el punto de vista político, la estabilidad alcanzada por el país, luego de tantas rivalidades y conflictos bélicos entre los distintos caudillos, se debió a Ulises Heureaux, quien llegó a ser calificado como “el Pacificador”.

Desde el punto de vista social, los líderes del Partido Azul, según Bosch, tenían una contradicción. Este estaba integrado por personas de la alta y mediana pequeña burguesía, que aspiraban a hacer de la República Dominicana un país con desarrollo capitalista o burgués.

Pero no había, por aquella época, condiciones para que se desarrollase una sociedad burguesa. La mayor parte de la población dominicana, inclusive, estaba compuesta por personas pertenecientes a la baja pequeña burguesía, pobre y muy pobre. Faltaba de todo. No había ejércitos regulares; administración pública organizada; estadísticas nacionales; ni infraestructuras que transmitieran una sensación de progreso.

Faltaban también las formas políticas del Estado burgués. No había respeto por las normas establecidas y hasta se ignoraba todo lo concerniente a un Estado democrático de Derecho.

Ulises Heureaux compartía con los demás líderes del Partido Azul la aspiración de convertir a la República Dominicana en un Estado burgués. Pero se distinguía de los demás líderes de su partido en lo relativo a los procedimientos.

Según Bosch, “la diferencia entre Lilís y sus compañeros del equipo director de los azules se resolvía en la aceptación de una palabra. Los otros querían que Santo Domingo fuera un Estado burgués liberal; a Lilís le bastaba con que fuera un Estado burgués, sin llegar a liberal.”

Al referirse al aspecto constitucional de la época, el fundador y líder histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo:

“La Constitución política se cambiaba con cada gobierno y a veces más de una vez durante un gobierno, si bien, aun con esos cambios, era normal que se violara.” Eso, obviamente, era en la época de Lilís.

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Una tarjeta institucional

Cuando comienzan a agitarse los ánimos electorales en el país, surgen críticas que son cíclicas en el argot político dominicano, unas que han obsesionado por décadas a los principales actores de la opinión públicas, otras que verdaderamente aportan al debate público y, en consecuencia, a un avance político-institucional en el país.

Uno de esos temas que “obsesionan” es el de la filtración partidista y el sesgo político en el otorgamiento de los beneficios sociales, especialmente la tarjeta “Progresando con Solidaridad”. Ha sido parte de esos mensajes clave que diseñan estrategas de la comunicación para los políticos, con el fin de fijar una idea que parece sacada de las tácticas que describe George Lakoff en sus obras.

Lo peor de todo es que destacados expertos del área de la investigación social en el país, se equivocan en cuestiones básicas, como números, porcentajes, requisitos, focalización, resultados e impactos. Sus comentarios se convierten en posiciones clasistas que denigran las necesidades de las poblaciones más vulnerables e ignoran el efecto que tienen los programas que implementa el Estado dominicano para la cohesión social.

Desde el ejercicio de las funciones públicas, hemos apostado a la institucionalidad de la tarjeta Progresando con Solidaridad y a la transparencia de los colmados y demás negocios que conforman la Red de Abastecimiento Social, incluso en contra de intereses políticos y partidarios. No han sido una ni dos las veces que hemos recibido solicitudes de actores políticos para que se levanten sanciones impuestas a personas inescrupulosas, que han utilizado la tarjeta en detrimento de sus beneficiarios, que son las personas más pobres del país.

En adición, enfrentamos una confusión constante sobre el uso de la tarjeta, que nos llevó a tener dos colores distintos de la misma: el color verde para los casos en que se otorgan subsidios focalizados (como Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar y Bonogas Hogar) y el color gris para los casos donde la tarjeta sirve para canalizar el apoyo de una institución a sus miembros (como es el caso de la Policía Preventiva y los Alistados de la Marina de Guerra).

Nuestra insistencia en la institucionalización ha sido tan rígida, que se disponen de requisitos para la entrada y salida al programa, definidos en conjunto con varios organismos internacionales y supervisados por estos. Existe una base de datos auditada y certificada con normas de calidad ISO. Ampliamos el número de compromisos que cada familia debe cumplir para continuar recibiendo los beneficios y diseñamos herramientas tecnológicas que auditan constantemente el cumplimiento de los objetivos.

Lamentablemente, las transferencias monetarias condicionadas están impregnadas de creencias y percepciones públicas paradójicas. Sin embargo, sólo quienes tienen la necesidad de este apoyo estatal comprenden que tan importante es para su estabilidad familiar y económica. Los detractores de las políticas sociales cometen el grave error de pensar que los pobres son responsables de su situación y que, por ende, deberían renunciar a los reclamos para mejorarla. Para ello, aducen que estos programas no funcionan, que son político-partidistas y paternalistas. Nada menos cierto. El Estado está obligado a mejorar la situación de quienes viven en pobreza porque la equidad y la cohesión social se convierte en desarrollo, un desarrollo cuyos mayores beneficiarios son los que hoy critican estos programas.

Por décadas, se ha utilizado el erario público en beneficio de quienes no necesitan ayuda. En algunos casos como costos fiscales, en otros como privilegios, en algunos como ayudas sociales sin focalización ni evaluación previa. La institucionalidad de la tarjeta que hoy exhibimos responde a esas quejas de antaño con eficiencia, demostrando que podemos disponer de políticas públicas serias y de calidad.

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¡Por la verdad historica! I

El 19 de marzo pasado se cumplieron 175 años de la batalla, llamada incorrectamente del “19 de Marzo”, cuando el nombre de las batallas, en términos históricos, reciben el nombre de los lugares urbanos o rurales donde se han librado. “La Batalla de Azua”, como debemos llamarla es una de las tres batallas más importantes en las que el pueblo dominicano, consciente en su sentimiento patriótico, consolidó la Independencia y la Soberanía de la República, fundada a partir del 27 de febrero por el “Movimiento Trinitario”, encabezado por Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mella. Las otras dos batallas libradas muchos años después fueron las de “Santomé, el 22 de Diciembre de 1855” y la última y tercera la de “Sabana Larga”, el 24 de enero de 1856, en terrenos que corresponden en la Línea Noroeste, a la provincia Dajabón.

Estamos profundamente sorprendidos, e indignados, de que entre los que dirigieron la Batalla de Azua el 19 de marzo de 1844, contra las tropas de Charles Herard, presidente de la República de Haití, se incluya el nombre de Pedro Santana, que es la figura del traidor más detestable de nuestra historia. Esa batalla, fue dirigida y actuó en ella, Antonio Duvergé y entre otros después de Duvergé, el más destacado fue Vicente Noble. La importancia histórica de esa batalla, está fundamentada en que le hizo saber a Charles Herard, que los dominicanos eran un pueblo valiente, agresivo, coherente y firme, en la defensa de lo que era el lugar en el cual se había confirmado la génesis, del extraordinario proceso, doloroso, lleno de vicisitudes, de la nación dominicana. El encuentro contra las tropas de vanguardia de los haitianos, fue sorpresivo para ellas, porque el momento decisivo de la misma, llegó cuando los dominicanos pudieron hacer uso de las armas blancas, sables y machetes, las mismas que habían sido usadas en la “Batalla de Palo Hincado” contra las tropas francesas del General Ferránd en 1808, donde se ejecutó la primera “Carga al Machete”.

Respetamos profundamente la opinión de nuestro amigo estimado, de hace más de 50 años, Ubi Rivas Nouel, que no está de acuerdo con que califiquemos y llamemos de manera constante a los dominicanos, “Pueblo Legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe”, elogio merecido, muy merecido, externado por ese líder inmortal de hispanoamérica  que se llamó Fidel Castro Ruz. Ratificado por el comandante en Jefe de la Revolución Cubana en la mayoría de las veces que hacía referencia, a lo que era un pueblo, que como ratifica el autor de esta columna,  único en América que para salvar su identidad como nación, ha tenido que luchar en su territorio, contra el dominio español, cuando en la génesis de la nación, el fundador de la “Escuela Militar Dominicana”, Enriquillo, no pudo ser derrotado;  y más tarde contra ingleses, franceses, haitianos, españoles otra vez y estadounidenses o norteamericanos dos veces.

Que no se hable jamás, como escuchamos en Azua, el pasado martes 19 de este mes, de Pedro Santana que en la realidad de la verdad histórica, fue un “Capitán Araña” que nunca participó personalmente en ninguna batalla o combate, ni cuando era jefe de los ejércitos del Sur, a partir del 27 de febrero de 1844 y cuando más tarde, servía a la monarquía española, después de haber llevado a cabo y realizado, a partir de 1861,  la Anexión a España: ¡Fuera Pedro Santana del Panteón Nacional, homenaje póstumo que no se merece!. Continuaremos…

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