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Lo económico también se juega en lo social

En el marco del Foro Social que organizamos la semana pasada en Punta Cana, un hito de gran trascendencia para la región, conversamos sobre los retos de los países que conforman el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), a los fines de garantizar desarrollo sostenible con equidad e innovación.

La interesante discusión, moderada por el Representante del BID en la República Dominicana, Miguel Coronado, tocó uno de los temas más urgentes para toda América Latina, que se acentúa gravemente en los países centroamericanos y en la República Dominicana.

Hoy en día, 4 de cada 10 empresas de la región tienen problemas para encontrar el personal calificado que requieren sus negocios, lo que convierte a toda América Latina en la región con la mayor brecha de capacidades en el mundo. Como punto de comparación, a nivel mundial, el promedio establece que esto suceda en 2 de cada 10 empresas.

Esto es así a pesar de que en conjunto los países latinoamericanos dedican más del 5% del producto interno bruto a programas de educación y capacitación técnica, según confirma el Banco Interamericano de Desarrollo en un reciente informe.

El tema también fue objeto de discusiones profundas, en el marco del Foro Económico Mundial que se celebró en Sao Paulo el pasado mes, advirtiendo que es un tema que inicia en la educación primaria y secundaria, dado que “los estudiantes de América Latina y el Caribe poseen más de un año de retraso respecto de lo esperable para el nivel de desarrollo económico de la región”.

Las mejores prácticas demuestran que un modelo exitoso de educación y capacitación tiene tres características claves: facilidades para hacer la transición entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación; la integración estrecha de los sistemas de educación y capacitación con el mercado laboral y; el alineamiento entre las estrategias de crecimiento económico y el desarrollo de destrezas para la productividad.

Durante la discusión en el Foro de SICA, coincidimos en que debemos ver con una mirada más crítica los esfuerzos que realizan los Gobiernos para impulsar la adquisición efectiva de conocimientos, que resulten en inserción laboral y mayor productividad para las economías de la región.

Es esencial, por igual, que se aproveche la plataforma que ofrecen los programas de capacitación, para transmitir conocimientos complementarios para la convivencia y la confraternidad.

Lo más urgente es abordar las principales desconexiones entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo. Existen lagunas entre las instituciones educativas y los empleadores.

Para ello, los organismos recomiendan una nueva mentalidad empresarial que impulse un nuevo enfoque de la educación y la capacitación en el desarrollo de la fuerza de trabajo de la industria, lo que Michael Porter ha llamado la estrategia del valor compartido.

Lo mismo se requiere de los Gobiernos. Sus acciones son la clave para formar empleados capaces de lidiar con desafíos futuros. En la región SICA debemos tener claridad con este gran reto, que es esencial para que alcancemos un nuevo nivel en el desarrollo.

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¡Celebraciones de abril!

Hoy 16 de abril del corriente año 2018, estamos celebrando dos fechas históricas de gran importancia en la vida del pueblo dominicano: veinte años del restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, que se habían cumplido para el momento que fueron normalizadas en abril de 1998, treinta y siete años del ajusticiamiento de Rafael Trujillo Molina.

Esa decisión tomada por el gobierno del PLD, que presidía Leonel Fernández Reyna, vino a darle cumplimiento a una disposición que se había tomado, obedeciendo el mandato del profesor Juan Bosch, el gran maestro político dominicano y de América, que había residido en Cuba por muchos años y que allí había fundado con Juan Isidro Jiménez Grullón, el Partido Revolucionario Dominicano, para combatir la dictadura de Trujillo.

La otra fecha que conmemoramos, es el levantamiento militar constitucionalista iniciado el 24 de abril de 1965, al que el autor de esta columna ha llamado la “Epopeya incompleta”.

Fidel Castro Ruz, el gran líder político y militar, fundador del Movimiento Revolucionario 26 de Julio, asumió la jefatura política del pueblo cubano, el 1ro.

de enero de 1959, cuando bajo su mandato fue derrocada la dictadura de Fulgencio Batista, servidora esclava de los intereses políticos del imperialismo norteamericano; Fidel dijo, en una de sus intervenciones, hace muchos años, hablando de los cubanos y dominicanos que “nada ha podido entibiar jamás los sentimientos de admiración, fraternidad y simpatía que ha existido entre nuestros dos pueblos”.

Y el autor de esta columna está en la obligación de agregar, que ha sido mucha la sangre que se ha ofrendado en las luchas por la independencia y libertad de estos pueblos. Presente hoy y ahora, y estará siempre, esa unidad de solidaridad y simpatía, de la República de Cuba y la República Dominicana.

La otra fecha como hemos señalado es el 24 de abril, cuando se inició ese episodio que primero conmovió a los pueblos americanos y más tarde después del 28 de abril de 1965, conmovió y admiró a la inmensa mayoría de los pueblos del mundo, cuando esta pequeña nación ubicada en las tres cuarta parte de la isla de Santo Domingo, enfrentó con el valor, arrojo y la firmeza de sus experiencias bélicas pasadas, las tropas estadounidenses que por mandato del presidente de la nación más poderosa del mundo, desembarcaron en tierra dominicana, convencidos, los que ordenaron ese atropello, que el pueblo dominicano iba a rendirse y entregar las armas, acobardados por el poder de destrucción del ejército invasor. ¡Qué sorpresa se apoderó de los invasores con la decisión de los dominicanos!.

Encabezados por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, el capitán de navío Manuel Ramón Montes Arache, y un numeroso grupo de oficiales superiores y subalternos del Ejército Nacional, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional, nuestro pueblo se organizó en “comandos revolucionarios” para defender su soberanía e integridad como república independiente.

Recibimos el apoyo y solidaridad pública e inmediata de Fidel Castro Ruz, primer ministro y jefe del gobierno revolucionario de Cuba; el general Charles de Gaulle, presidente de Francia y de gigantescos movimientos populares de los pueblos indignados por el abuso y atropello del gobierno de Estados Unidos de América, con la complicidad de la mal llamada Organización de Estados Americanos (OEA). No podemos olvidar jamás estas fechas de dignidad y patriotismo.

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PLD: Democracia y Desarrollo

Desde que se proclamó la independencia de la República, en febrero de 1844, la aspiración del pueblo dominicano siempre fue el de poder constituirse en una sociedad democrática, desarrollada, próspera y con garantías de bienestar social para el grueso de su población.

Sin embargo, en casi dos siglos de existencia como nación, esa combinación de democracia con desarrollo, no había sido conquistada más que durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

A decir verdad, al nacer, la República Dominicana surgió en ruinas. La guerra contra Haití para conquistar la independencia dejó al gobierno naciente con total carencia de recursos. Para enfrentar esa situación, el gobierno del general Pedro Santana inició una práctica que habría de llevarse a cabo durante muchos años: la emisión de papel moneda sin respaldo en la producción.

Los tres gobiernos de Santana, que se extienden, con intervalos, desde 1844 hasta 1861, cuando se produjo, por su iniciativa, la Anexión a España, fueron autoritarios, desde el punto de vista político, e ineficaces, desde la perspectiva económica.

Igual ocurrió con su rival político de la época: Buenaventura Báez. En las cinco ocasiones en que desempeñó la máxima magistratura del Estado, fomentó el caos político; ofreció en concesión la soberanía nacional a cualquier potencia extranjera; y suscitó la ruina económica y el desasosiego social, en medio de un estilo de gobierno de naturaleza autoritaria.

No obstante, durante el siglo XIX, hubo destacadas figuras políticas, de carácter democrático-liberal, como fueron los casos de Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat y Francisco Gregorio Billini, todos los cuales llegaron a dirigir los destinos de la vida nacional, pero por la brevedad en que lo hicieron, no alcanzaron a realizar una obra importante de desarrollo.

Con posterioridad a la guerra de la Restauración (1863-1865), el único punto luminoso de la historia nacional se encuentra con la llegada al poder del Partido Azul, a través de la figura del general Gregorio Luperón, en 1879.

A través de seis presidentes de la República, el Partido Azul ejerció el poder durante 20 años. En principio, lo hizo en forma democrática. Aspiraba a convertir en realidad el sueño de Juan Pablo Duarte y de los independentistas de una nación libre, democrática, soberana y de progreso para todos sus habitantes. Sin embargo, por la corta duración de los mandatos de los presidentes de carácter democrático, estos no pudieron impulsar el desarrollo económico y social del país. A quien le correspondió llevar esto último a cabo, fue, paradójicamente, a quien no ejerció el mando en base a los principios democrático-liberales: el general Ulises Heureaux (Lilís).

Lilís, Mon, Trujillo y Balaguer

Durante la época de Lilís fue que empezó a desarrollarse la industria azucarera moderna, así como el incremento de la producción de tabaco, café y cacao. Igualmente, fue durante su período que se construyeron los ferrocarriles que iban de Sánchez a La Vega; y de Santiago a Puerto Plata.

Con Lilís, hubo, pues, desarrollo material en la República Dominicana, pero con total ausencia de valores democráticos en el ejercicio del poder político. Al tiempo que aumentaba la riqueza material del país, Lilís se dedicaba a eliminar a sus adversarios políticos; y eso hizo que se convirtiera en un sanguinario dictador.

Luego de la turbulencia política que se produjo con motivo de la muerte del general Lilís, emergieron como figuras del momento, el comerciante de la Línea Noroeste, Juan Isidro Jimenes; y el general Horacio Vásquez.

Pero el personaje que más se destacó durante los primeros años del siglo XX fue el mocano Ramón Cáceres (Mon), quien gobernó entre 1905 y 1911; y durante esos seis años realizó una notable labor de recuperación y expansión de la economía nacional.

Pero, igual que varios de sus antecesores, gobernó con mano tan dura, que todavía hoy se le recuerda bajo el apelativo de “preso por la guardia de Mon”.

Aunque no en orden cronológico, la figura que sucede al general Mon Cáceres en el poder, en términos de transformación económica y social, es Rafael Leónidas Trujillo.

Al llegar a convertirse en la máxima autoridad del gobierno en 1930, Trujillo encontró a una República Dominicana limitada en alcance económico, prácticamente convertida en una aldea, con una predominante población rural.

En sus más de 30 años de ejercicio gubernamental, el hombre fuerte de San Cristóbal contribuyó a transformar, desde el punto de vista económico y social a nuestro país. Construyó carreteras, puentes, escuelas, hospitales, acueductos e importantes edificaciones públicas.

Fue el creador de la moneda nacional; el constructor del Banco Central de la República; y quien redujo la deuda pública externa, con la firma del tratado Trujillo-Hull.

Pero, si eso logró Trujillo en el plano material, sus hazañas en el aspecto político lo condenaron ante la historia. Además de haber acumulado una gran fortuna personal, en base al manejo ilícito de fondos públicos, se convirtió en un cruel dictador, que no solo apresaba a sus enemigos, sino que los sometía a persecución, torturas y muerte.

Su poder fue omnímodo. Nadie escapaba a sus actos de violencia, fueran dominicanos o extranjeros; hombres o mujeres; ciudadanos simples o personalidades encumbradas. En fin, un hombre dispuesto a realizar todo lo que considerase necesario para mantener las riendas del poder.

Por su parte, los siete gobiernos que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, una figura de leyenda, fueron diferentes a los de Trujillo. Circunstancias difíciles de la vida nacional, en el proceso de transición a la democracia, lo condujeron a aplicar, en determinados momentos, fuertes medidas de coerción, con la finalidad de garantizar lo que él consideraba como necesaria estabilidad política de la nación.

Sin embargo, su obra material es indiscutible. Durante sus periodos de gobierno hubo, generalmente, significativos niveles de crecimiento de la economía; y fuertes inversiones en obras públicas que se extendieron por todo el ámbito del territorio nacional.

Pero si bien alcanzó esos logros e hizo importantes aportes para alcanzar la convivencia pacífica entre los dominicanos, por los momentos de represión política durante el periodo de los 12 años, y el cuestionamiento a algunos de sus triunfos electorales, ciertos sectores de la opinión pública nacional consideran que no dispone de los méritos requeridos para figurar entre los paladines de la democracia dominicana.

Blancos y morados

Al llegar don Antonio Guzmán al poder, en el 1978, se produjo una gran ilusión en el pueblo dominicano de que al fin el país entraría en una nueva etapa de consolidación de sus instituciones democráticas, de prosperidad y justicia social.

El presidente Guzmán logró hacer avanzar la democracia en el país. Los presos políticos fueron puestos en libertad, y se produjo el retorno de los exiliados. Reinaba un ambiente de optimismo y se miraba hacia el futuro con gran esperanza.

Sin embargo, no fue así desde el punto de vista económico y social. La República Dominicana no pudo lograr sus metas en esos ámbitos como se esperaba. Los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tanto la gestión del presidente Guzmán, como las de sus sucesores, no pudieron ponerse a la altura de las expectativas nacionales con respecto a las necesidades de cambio que el país requería.

De esa manera, al finalizar el siglo XX, alcanzó a subir las escalinatas del Palacio Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una agenda de reforma y modernización del Estado, así como de transformaciones en las distintas áreas de la economía y de la sociedad.

Al acercarse a casi 20 años de poder, el partido fundado por Juan Bosch, aun en medio de obstáculos y dificultades, de carácter nacional e internacional, puede, sin embargo, exhibir un conjunto de obras y de proyectos, tanto en lo político-institucional, como en lo relativo al progreso material, como no se había conocido antes en la historia de la República.

Durante los hasta ahora cinco periodos de gobierno peledeísta, la economía dominicana ha crecido a niveles impresionantes. La capacidad de generación de riquezas se ha más que cuadruplicado. La pobreza extrema ha prácticamente desaparecido. Se ha alcanzado la seguridad alimentaria. Se ha impulsado la producción agropecuaria. La clase media se ha expandido. Las principales enfermedades infecto-contagiosas han sido controladas. La mortalidad materna e infantil han disminuido. Las expectativas de vida han aumentado.

Las instituciones públicas han modernizado sus servicios. Las carreteras y las vías de comunicación se han extendido por todo el territorio nacional. Se han construido puentes, elevados, túneles y circunvalaciones. Se instaló un moderno sistema de transporte, a través del Metro de Santo Domingo. Se ha incrementado el turismo. Ha habido un aumento de la inversión extranjera. Las zonas francas han crecido; y nunca antes como ahora la presencia internacional de la República Dominicana había sido tan notable.

En fin, ha sido durante los periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que nuestro país ha podido, por vez primera, combinar sus anhelos de paz y armonía, dentro del marco de la democracia, y unos determinados niveles de prosperidad, bienestar y desarrollo, como resultado de una expansión sostenida de nuestra capacidad de producción y distribución de riquezas.

Se reconoce que la labor realizada durante los gobiernos del PLD no constituye una obra perfecta. Pero no cabe dudas de que ha sido, hasta ahora, lo que más se ha aproximado a las aspiraciones y sueños albergados por el pueblo dominicano de combinar la democracia con el desarrollo.

Ese es un legado histórico tan importante que de seguro haría orgulloso al profesor Juan Bosch; y por eso mismo, su preservación, en estos momentos, se convierte en la tarea más importante de la familia peledeísta.

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¡Luchas y sangre por nuestra constitución!

Dicen que la historia la escriben los vencedores. Lo hacen a su imagen e interés, para dejar una improntanta de hegemonía. La historia dominicana está cargada de lo que han dicho los vencedores, aún sin ser cierto.

Es poco sabido que Los Trinitarios, encabezados por Duarte, fueron sacados de la Junta Central Gubernativa. El 3 de julio de 1844 la Junta sustituye a Pedro santana, por licencia médica, por el coronel Esteban Roca, ante la imposibilidad inmediata de hacerlo Sánchez.

Santana y un oficial de su confianza, coronel Manuel Mora, estando las tropas formadas en orden de parada en la plaza de armas en Azua, rechazó esa disposición, junto a otros oficiales. Aunque el coronel Matias Moreno se negó a sumarse y expresó: “Este hecho hiere de muerte al poder supremo de la República. El verdadero gobierno es el que hace su voluntad, en este caso lo está haciendo el ejército con esta insubordinación” (José Gabriel García, p.254).

El 13 de julio esa parte insubordinada del ejército entraba a la ciudad de Santo Domingo y al día siguiente Pedro Santana se abrogó el derecho de presidir la Junta Central Gubernativa. Reunió en el Palacio de gobierno, supuestamente para reorganizarla, pero proclamó que por el poder que el pueblo y el ejército le confería se reservaba todas las facultades “para mantener el orden público”.

Ordenó de inmediato la encarcelación de Sánchez, Pina, Juan Isidro Perez, Manuel María Valverde, José Díez, Vicente Celestino Duarte, Buenaventura Freites, José Ramon Ortiz y varios más incluyendo oficiales. Hizo extensiva la orden a Duarte, Mella y otros que en ese momento se encontraban en el Cibao. Obviamente, Los Trinitarios participaron en el gobierno cuatro meses y 14 días.

Desde ese momento gobernó Pedro Santana, enviando al exilio a Los Trinitarios, prohibiéndoles el retorno bajo pena de fusilamiento. Puso en vigencia, el 6 de noviembre, una constitución totalmente diferente a la sugerida por Duarte y Los Trinitarios.

Este próximo 29 de abril se conmemora el 55 aniversario de la proclamación de la Constitución de 1963, con la intervención gestora del profesor Juan Bosch. Pero, Juan Bosch fue derrocado a los siete meses de gobierno.

El gobierno de Los Trinitarios fue cuatrimesino y el de Bosch sietemesino. Pero ambos han hecho historia por sus propósitos democráticos y progresistas. Están, además, relacionados por cuanto el de Bosch tuvo como emulación completar lo que Duarte y Los Trinitarios habían iniciado. Precisamente lo decía en un discurso de agosto de 1963, en el centenario de la Restauración.

El golpe de Estado a Bosch trajo como consecuencia que un año y 7 meses después el pueblo se tiró a las calles acompañado de militares en una insurrección para la vuelta a la constitucionalidad, que sólo pudo ser frenada por una intervención militar norteamericana.

Después de la insurrección frustrada, Bosch funda, en mi hogar, el PLD para darle continuidad al proceso y cumplir la obra de Duarte.

El PLD ha llegado al poder y puso en vigencia la Constitución actual del 2010. Ella es el marco jurídico para modernizar el Estado y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, que en ella son los de última generación.

Esta Constitución vigente fue escrita teniendo aquellas de referencia. Vulnerarla es desconocer esa historia de lucha y sangre.

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Llamando al Diablo

El autor de esta columna ha conocido profundamente, la valentía, inteligencia y malicia del pueblo dominicano, y cuando hablamos de pueblo, hablamos en orden genérico; el pueblo dominicano está integrado por mujeres y hombres, de quienes hemos aprendido, desde hace más de sesenta años, cuando fuimos alfabetizados totalmente, que aprendimos a escribir, porque sabíamos leer antes de cumplir los siete años de edad.

Hecho que, ocurrido en la ciudad de El Seibo, en los finales del año 1942, cuando nuestro padre Euclides Gutiérrez Abreu, Capitán del Ejército Nacional, comandaba la provincia de El Seibo, cuando en ese entonces, Higüey y La Romana, no eran provincias sino municipios de El Seibo.

Haber vivido en esa región y luego en otras provincias y lugares del país como en Loma de Cabrera, municipio de Dajabón, en la frontera domínico-haitiana, Santo Domingo, en aquel momento Cuidad Trujillo, San Francisco de Macorís y a partir de 1946 en San Fernando de Montecristi, en su municipio cabecera, una de las poblaciones, por no decir ciudades, de tradición admirable en la historia dominicana.

El autor de esta columna nació en Santo Domingo en el corazón de Gazcue, pero vivió en Montecristi y en las fincas bananeras de la División Berlanga, de la Grenada Company, desde antes de cumplir los once años de edad; haber recorrido todas esas localidades urbanas de la república, nos enseñó, como expresión de la inteligencia y malicia de los dominicanos, los refranes que, en nuestra lengua o idioma, que es el español, son reconocidos como “sentencias populares”.

Uno de esos refranes dice y repetimos “Una Cosa es Llamar al Diablo y Otra es Verlo Llegar” y eso ahora está sucediendo con los haitianos, impulsados por una gama de organizaciones internacionales basuras, como la llamada Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo supuestamente independiente, ligada íntimamente a la otra basura internacional que se llama Organización de Estados Americanos, (OEA), auspiciada y económicamente financiada por los Estados Unidos de América, Canadá y Francia.

Juan Bosch el Gran Maestro Político dominicano y de América, con la responsabilidad intelectual, política e histórica que le corresponde, afirmó hace mucho tiempo, que Haití no era república, ni Estado organizado sino pura y simplemente un conglomerado humano; y ese conglomerado humano que es el 90% de quienes lo integran, no sabe leer ni escribir, y desconoce la realidad de su historia.

Olvidan que en la Batalla de Azua de 1844, en la de Santiago de 1844 también, y en las de Santomé y Sabana Larga, diez años después, el pueblo dominicano, “Legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe”, les dio una pela, en el orden militar en el escenario del territorio de nuestro pueblo, sin violar nunca la Frontera de Aranjuez. Con su conducta agresiva e irrespetuosa contra nuestro pueblo, los haitianos “Están Llamando al Diablo”.

Y ahora recordando la inteligencia y la malicia de los dominicanos, podemos agregar que una cosa es llamarlo “Y Otra es Verlo Llegar”. Que no jueguen apoyados por la basura de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la otra basura de la Organización de Estados Americanos OEA, que la historia de los pueblos hispanoamericanos, quienes la adornan como nación independiente, soberana y libre, es el pueblo dominicano, que no ha tenido miedo nunca, con quienes han tratado de pisotear la dignidad nacional, comenzando por España, Inglaterra, Francia, el conglomerado humano llamado Haití y los Estado Unidos de América.

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Una política social para SICA

Como parte del compromiso de la Presidencia Pro Témpore del Sistema de Integración Social Centroamericana (SICA), asumida por la República Dominicana el pasado mes de enero, se ha hecho un gran esfuerzo para avanzar en una de las áreas donde más rezago se evidencia en la región, que es en las políticas sociales.

En un contexto de crecimiento económico relativamente estable, la región Centroamericana y la República Dominicana, tenemos la oportunidad de ir saldando la deuda social que tenemos con nuestros ciudadanos, que se refleja en los indicadores de educación, salud, acceso a las tecnologías, calidad de vida, acceso al agua, entre otros más.

A eso se suma la imperiosa necesidad de adecuar nuestra matriz productiva a nuevas formas de empleo y formar al personal capacitado que requieren las empresas y la industria, para continuar generando empleos de calidad. Como muestra, recientes encuestas confirman que 4 de cada 10 empresas en la región enfrentan dificultades para encontrar el personal calificado que requieren, un dato que confirma que América Latina es la región con la mayor brecha de capacidades en el mundo.

Más aún, al discutir las políticas sociales en los países que conforman la región SICA, nos tenemos que preguntar cómo abordar la alta tasa de informalidad de los mercados laborales, la desigualdad de género, la discriminación a grupos vulnerables, el envejecimiento de la población, las lagunas existentes en la institucionalidad y, de manera transversal, las deficiencias del sistema democrático.

Todo lo que sucede en la sociedad tiene un reflejo en lo social. Por eso resulta tan importante analizar y abordar los problemas de nuestros países desde una óptica más amplia, que incluya a lo social como un eje transversal de la colaboración entre los países de Centroamérica y la República Dominicana.

En ese sentido, Punta Cana es la sede de un hito histórico para SICA, puesto que por primera vez se prioriza lo social entre los ejes de intervención de la Presidencia Pro Témpore de dicho organismo. De igual manera, es una primicia para el Sistema que se conforme un equipo de coordinación de las labores y acciones del conjunto de Ministros de los distintos consejos de SICA, que guardan relación con el área social.

Es decir, las sesiones que se llevan a cabo esta semana en Punta Cana, tocan lo social desde la educación, la salud, la cultura, la agricultura, la pesca, la prevención de desastres naturales, la vivienda, la alimentación y la nutrición.

El resultado de este encuentro será una agenda social que “pone en el centro a las personas, familias y colectividades; y reconoce la importancia de proteger su bienestar, frente a diferentes riesgos que impliquen una pérdida de ingreso o de poder adquisitivo, como una estrategia no solo para reducir la pobreza, sino para construir una región más inclusiva, equitativa, resiliente, competitiva, productiva, democrática, estable y feliz”.

De esta manera, daremos cumplimiento a uno de los más importantes objetivos de SICA, que es lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica y social para los pueblos centroamericanos y la República Dominicana.

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¡Los bloques no son los que deciden!

Se está convocando al Bloque de senadores del PLD para el martes, para adoptar una posición sobre la Ley de Partidos a ser conocida, presumiblemente, el miércoles en la sesión del Senado.

Ninguno de los dos bloques, senadores o diputados, tienen en este caso atribución para decidir. El Comité Político dejó en libertad a los legisladores de ambas cámaras. En esta oportunidad excepcional cada legislador decide.

En el PLD los bloques reciben las líneas políticas partidarias para ir como bloque con una posición a la sesión de la cámara correspondiente. Como bloques, en todos los casos, llevan en su nombre el partido al que pertenecen y cuentan con su vocero. En el PLD es el Comité Político el responsable de las posiciones a asumir frente a los temas legislativos.

En consecuencia, si el Comité Político ha dejado en libertad a los legisladores para decidir sobre ese controversial proyecto de Ley de Partidos Políticos, no son los bloques que deciden, son los legisladores libremente.

Por tanto, esa convocatoria del Bloque de Senadores del PLD está al margen de lo decidido por el CP. Los senadores que se reúnan este martes lo harán como “grupo”, sin obligación ni para los que estén y mucho menos para los que no vayan a esa reunión.

El punto más crítico del proyecto en cuestión es el carácter inconstitucional de las primarias abiertas. Aquellos que “entiendan” que no tiene ese carácter de inconstitucionalidad, cerrarán los ojos para votar por su aprobación.

Los legisladores son los integrantes de uno de los tres poderes del Estado, precisamente el que tiene la atribución, conforme a la misma Carta Magna, a proclamarla y modificarla. La Constitución dice que las decisiones ante recursos de inconstitucionalidad las toma el Tribunal Constitucional (TC) o quien tenía esa atribución antes de ser creado el TC. Se es categórico en normar que esas decisiones son vinculantes a todos los poderes del Estado.

En la Constitución se establece, como norma, que los partidos políticos deben someterse a la democracia interna; es decir, que su membresía decida democráticamente, no que otros lo hagan.

Protege como un derecho fundamental la libertad de asociación. Eso quiere decir que los ciudadanos tienen el derecho de asociarse en partidos para actividades lícitas. Sobre este punto el TC ha precisado la naturaleza asociativa de los partidos políticos; que si bien son organizaciones públicas, no son estatales.

El valor de esta última explicación viene a cuentas porque se les quiere regatear su condición de organizaciones privadas, para pretender otorgarle la condición de pertenecer al Estado. ¿Cuál es el valor de este punto de discusión? Si se definieran como organizaciones estatales podría el Estado, por tanto el Congreso, decirles cómo deben celebrar sus eventos para elegir candidatos de elección popular. Pero el mandato constitucional es que como grupos organizados deben celebrar sus eventos respetando la democracia interna.

Además, en marzo del 2005 la SCJ, en atribuciones de tribunal para conocer recursos de inconstitucionalidad, acogió la inconstitucionalidad de una ley que disponía sobre primarias abiertas. El Art. 277 de la Constitución vigente prohíbe su revisión, dándoles, en éste y otros casos, carácter pétreo, como piedras.

Los legisladores que voten favorablemente serán personalmente responsables; no pueden guarecerse en los bloques. Éstos no son los que decidirán.

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La posindignación

En los reportes de la más reciente edición del Foro Económico Mundial sobre América Latina, realizada en Sao Paulo, Brasil, el mes pasado, resalta con mucha claridad el llamado de la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, en torno a la importancia de que la sociedad “entre en la fase de la posindignación, que no es solo salir a la calle, sino dirigir esa energía a crear canales de participación”.

En la última década, diversos sucesos alrededor del mundo, no solo en América Latina, han puesto en entredicho la calidad de las democracias y las reglas que sustentan la institucionalidad, lo que ha llevado a ciudadanos de distintas latitudes, a elevar sus protestas, legítimas o no, para reclamar cambios en el orden existente.

Nació así la “indignación” como respuesta a la injusta realidad imperante, que no es más que la considerable desigualdad social que aún afecta el mundo en que vivimos. Pensamos equivocadamente que la tendencia perversa de acumulación inexplicable de riqueza había cambiado a partir de la crisis económica y financiera de finales de la década pasada, pero ha sido todo lo contrario.

Según la Reserva Federal de los Estados Unidos, el 1% de las familias más ricas controla el 38,6% de la riqueza norteamericana, una cifra récord, mientras que el 90% de las familias de menos ingresos se dividen el 22,8% de la riqueza. Es un patrón que se repite en casi todos los países, desnudando la realidad de que cada vez somos más desiguales.

Un contexto así nos lleva a cuestionar cuál es el poder de los sin poder, recordando la obra homónima de Vaclav Havel, ex presidente de la República Checa. Y aunque la obra de Havel es una reflexión en torno a la función de la ideología, no deja de darnos pistas importantes en torno a las características de un movimiento de protesta, que a fin de cuentas también tiene su cimiente en la indignación como “respuesta emocional ante una realidad que se considera injusta”.

La situación política, social y económica de un país, cuando va a la deriva, se manifiesta en una crisis de la democracia, que genera respuestas en los ciudadanos. La cuestión es cómo podemos pasar de la respuesta efímera a la generación de vías efectivas de participación ciudadana, que nos permitan avanzar por igual, tanto en tiempos turbulentos como en los momentos de estabilidad social.

Las vías de participación a las que debemos aspirar, deberían resultar en un diálogo franco y abierto, en un intercambio de experiencias e ideas, en torno a los problemas actuales y futuros que enfrentamos desde el sistema político.

En el diseño democrático que impera, el espacio idóneo para que suceda este importante intercambio, es mediante la partidocracia. Como decía Tocqueville al analizar la democracia americana, “los partidos, las facciones o las asociaciones son absolutamente esenciales para el bienestar de la sociedad democrática”.

Al final de cuentas, la posindignación pasa por asumir la tarea fundamental de participar en los asuntos públicos y con el ejercicio racional de la ciudadanía. Pero para ello, deben existir los canales de participación idóneos, los cuales, en todo escenario, deben generarse desde el ámbito de lo político. Por eso es tan importante, hoy más que ayer, atender con urgencia los cambios que necesita la política y la partidocracia, comenzando por la legislación sobre partidos que aún descansa en el Congreso Nacional.

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¡Abril 2018!

Ha llegado el mes de abril, en el cual se da inicio la primavera que para la mayoría de las personas, es la estación más bella del año, pero abril para los dominicanos, particularmente para el autor de esta columna, tiene en la historia de nuestro pueblo una importancia extraordinaria y afirmamos, categóricamente, esta verdad porque el levantamiento militar, apoyado por el pueblo, que se inició el 24 de abril de 1965, generó un episodio que ha quedado como ejemplo de dignidad, independencia, heroísmo y patriotismo en la historia contemporánea de todos los pueblos hispanoamericanos y también de todos los pueblos del mundo.

Fue a la 1:30 p.m. a través de los micrófonos de Radio Comercial, que el doctor José Francisco Peña Gómez, al iniciar el programa Tribuna Democrática, anunció que le había informado telefónicamente el capitán del Ejército Mario Peña Taveras, que el jefe de Estado Mayor y otros oficiales superiores de esa institución militar, habían sido apresados y que se había dado inicio al movimiento constitucionalista que apoyaba el retorno de Juan Bosch, gobernante legítimo de nuestro pueblo, a la presidencia de la república.

El anuncio del doctor Peña Gómez, fue acompañado de manera inmediata por el himno nacional de Francia “La Marsellesa”, que era un estímulo para que el pueblo apoyara la decisión del grupo de militares constitucionalistas, que bajo la jefatura del coronel Hernando Ramírez habían apresado a la oficialidad superior del Estado Mayor del Ejército.

Ese movimiento militar clandestino había sido fundado en los primeros meses de 1963, por el coronel Rafael Fernández Domínguez, con la autorización expresa del profesor Juan Bosch, que desempeñaba en aquel entonces las funciones de Presidente de la República.

Nuestro pueblo, valiente, responsable, viril y decidido, se lanzó a las calles, primero que nada, de la ciudad capital para que se cumpliera el objetivo real de esa acción, que era el retorno a la vigencia de la Constitución de 1963.

Cuatro días después, el gobierno de Estados Unidos de América, encabezado por la arrogante figura de Lyndon Johnson, se opuso a nuestra decisión y ordenó el desembarco de tropas de la infantería estadounidenses en tierra dominicana.

La presencia de las tropas estadounidenses en territorio nacional, indignó a los militares constitucionalistas que habían derrotado a las tropas del Centro de Enseñanza de las Fuerzas Armadas (CEFA), en el escenario del Puente Duarte, sobre el Río Ozama, donde entregaron sus vidas más de dos mil dominicanos entre militares y civiles, patriotas y militares del CEFA, profundamente equivocados, y faltando a la obligación que tenían como guardianes de la democracia y la soberanía e independencia de la nación.

Esa victoria popular atemorizó al presidente del gobierno y demás miembros de la nación más poderosa del mundo, que equivocados también, creyeron que la presencia de las tropas estadounidenses en territorio dominicano, el pueblo acobardado, abandonaría las armas y se rendiría ante los soldados invasores. Que equivocación más grosera la de los norteamericanos y que lección de dignidad y de valor les dio el pueblo.

En este mes de abril conmemoramos el 53 aniversario de ese episodio, eterno e inmortal de nuestra historia y celebraremos también el 16 de abril, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el hermano pueblo cubano que bajo la dirección de Fidel Castro Ruz, brindó su apoyo militante al pueblo que por el líder de la revolución cubana ha sido llamado “pueblo legendario, veterano de la historia y David del Caribe”.

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Primarias Internas y Post-verdad

Cuando se dicta una sentencia, en materia constitucional, con carácter de lo irrevocablemente juzgado, se considera que el proceso judicial ha concluido; y que esa decisión, por consiguiente, tiene carácter obligatorio y resulta vinculante para todos los órganos del Estado.

Eso es así en cualquier lugar del mundo, salvo, al parecer, en la República Dominicana.

En nuestro país puede haberse dictado una sentencia, como efectivamente ocurrió, por parte de la Suprema Corte de Justicia, en funciones constitucionales, y estimarse que la misma no resulta obligatoria en su cumplimiento para otras instituciones del Estado.

Por ejemplo, la sentencia de fecha 16 de marzo de 2005 consideró que la ley número 286-54, que imponía a los partidos políticos la celebración de elecciones primarias para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, de manera abierta y simultánea, era nula por ser contraria a la Constitución de la República.

En una interpretación del artículo 277 de nuestra Carga Magna, hay quienes han argumentado que a lo único que se está obligado en virtud de esa sentencia es a que ningún otro tribunal pueda realizar una revisión de la misma.

Eso significaría que como lo que se procura no es una nueva revisión judicial del tema, sino la introducción de un nuevo proyecto de ley que establezca lo mismo que ya había sido previamente anulado, no habría inconveniente en que pudiese ser conocido por las cámaras legislativas.

Aquí, como puede observarse, no se niega la existencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la nulidad de la medida de ordenar a los partidos la celebración de primarias internas abiertas y simultáneas. Se intenta, más bien, mediante un mecanismo de interpretación equívoca, limitar el alcance de la referida decisión judicial a que no pueda someterse a una nueva revisión por parte de otro órgano jurisdiccional.

Se procura establecer que la misma no sea vinculante a los demás órganos del Estado; y se estima, que lo que fue considerado nulo por inconstitucional, puede ser obviado y reintroducido por ante las cámaras legislativas, porque, al fin y al cabo, no se le está pidiendo la revisión a un nuevo tribunal, sino, simplemente, conociendo de nuevo lo que ya había sido anulado.

A esa desnaturalización o subversión de la realidad, es a lo que los especialistas de la teoría de la comunicación y de los estudios de semiótica consideran como un acto de post-verdad.

Naturaleza jurídica de los partidos

Hay quienes resultan más sofisticados en la argumentación. Reconocen, efectivamente, que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, en funciones constitucionales, que anuló la ley 286-04 del 2004 sobre las primarias abiertas y simultáneas en los partidos políticos, no solo impide que pueda ser objeto de revisión por otro tribunal, sino que también aceptan el carácter vinculante de la misma a todas las instituciones del Estado dominicano.

Admiten, como debe ser, que ese carácter vinculante se deriva, primero, de la resolución número 1920-03, dictada por el más alto tribunal del país, que incorporó el concepto de bloque de constitucionalidad a nuestro orden jurídico, en virtud del cual tienen fuerza de ley para el Estado dominicano, las decisiones constitucionales emanadas de nuestros órganos jurisdiccionales.

Reconocen, en segundo lugar, que luego de la proclamación de la Constitución del 2010, ese carácter vinculante de las decisiones, en materia constitucional, de nuestros tribunales, se encuentra establecido en el artículo 184 de nuestro texto sustantivo.

En adición a admitir la argumentación previamente presentada, han sostenido que los partidos políticos son instituciones de derecho privado, protegidos por el artículo 216 de la Constitución de la República, que les confiere el derecho al ejercicio de la democracia interna.

En virtud de esas consideraciones, alegan que, en efecto, ninguna ley puede obligar a los partidos o movimientos políticos a crear un método único, abierto o cerrado, simultáneo o independiente, para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular. Que eso es de la incumbencia exclusiva y libertad de cada organización o movimiento político.

Hasta ahí, impecable. Pero, según esa línea de razonamiento, ha sido el Tribunal Constitucional, el cual en su sentencia 192/15, consideró que los partidos políticos no son instituciones de derecho privado, sino “instituciones públicas, de naturaleza no estatal, con base asociativa”.

Y, por supuesto, como ha sido el Tribunal Constitucional el que ha considerado que los partidos son instituciones públicas, aunque en sus tesis originales consideraban que ninguna ley podía obligar a los partidos a tener primarias abiertas y simultáneas, ahora, debido a esa decisión adoptada por el órgano constitucional, no les quedaba otra alternativa que no fuese aceptar esa nueva realidad, aunque estuviese en conflicto con sus argumentos iniciales.

No cabe dudas de que quienes esgrimen esos planteamientos tienen un gran sentido del humor. Ante la imposibilidad de ocultar sus puntos de vista originales, los modifican, realizando una interpretación antojadiza de lo considerado por el Tribunal Constitucional.

Nuestra jurisdicción constitucional, al tiempo de decir que los partidos políticos son instituciones públicas, aclara inmediatamente, que lo son de naturaleza asociativa, no estatal.

Al decir que eran de naturaleza asociativa, no estatal, ¿no estaba señalando el Tribunal Constitucional que los partidos políticos son, por vía de consecuencia, de naturaleza privada? ¿Conocemos en la República Dominicana instituciones públicas, que al mismo tiempo no sean instituciones del Estado? ¿Es posible que haya algo público que tenga un carácter no estatal? Por el contrario, ¿puede haber, a su vez, alguna institución del Estado que al mismo tiempo tenga carácter asociativo?

Es evidente que por esa vía de razonamiento no se llega más que al desvarío intelectual, al dislate, y nuevamente, a una adulteración de la realidad, que al perseguir fines políticos, constituye parte de eso que se ha denominado como la post-verdad.

Precedentes vinculantes

Una tercera forma de abordar la sentencia de la Suprema Corte que anuló la ley 286-04, sobre elecciones primarias abiertas y simultáneas en los partidos políticos, parte del reconocimiento de que, en realidad, primero, la referida sentencia tiene carácter vinculante a todos los órganos del Estado; y segundo, de que, en efecto, los partidos políticos son instituciones de derecho privado.

Eso dejaría sin mucha fuerza las dos corrientes de opinión previamente esbozadas. En esencia, si la decisión de la Suprema Corte se impone a las cámaras legislativas y los partidos no son instituciones del Estado, entonces es evidente que no puede introducirse un nuevo proyecto de ley a los mismos fines de la ley que ya había sido objeto de nulidad.

Sin embargo, lo que se plantea en esta nueva línea de argumentación, es que las decisiones definitivas e irrevocables que establecen precedentes vinculantes a todos los órganos del Estado no tienen, sin embargo, la categoría de cláusulas pétreas, esto es, de algo indefinidamente invariable, sino que podrían ser objeto de modificaciones en el futuro.

El razonamiento resulta válido. Es verdad, los precedentes vinculantes no tienen naturaleza infinita; no tienen que ser decisiones invariables en el tiempo. Pero tampoco pueden ser modificados en forma caprichosa o arbitraria, sujetos a la voluntad subjetiva de quien habría de dirimir el conflicto.

Por el contrario, para modificar una decisión constitucional que tiene carácter vinculante para todas las instituciones públicas, se requiere que surjan situaciones o circunstancias, de hecho y de derecho, diferentes a las que dieron lugar a la primera decisión.

Más aún, los jueces que conocen de esa instancia tendrían que motivar, de manera rigurosa, los fundamentos de su decisión, ya que estarían variando un precedente constitucional, que se estima fue debidamente sustanciado por magistrados con la probidad y autoridad judicial competente para hacerlo.

Por consiguiente, si bien es cierto que un precedente constitucional vinculante puede ser modificado en el tiempo, por la ocurrencia de acontecimientos distintos a los que precedieron la decisión anterior, no es menos cierto que hasta que esa modificación pudiese tener lugar, lo que predomina en el ordenamiento jurídico y prevalece como parte del bloque de constitucionalidad, es la sentencia que declaró la nulidad de la ley objeto de consideración.

Hasta ahora, lo que resulta como verdad irrefutable es que la ley 286-04, que consagraba las elecciones primarias de los partidos políticos, como abiertas y simultáneas, fue considerada como contraria a la Constitución, y por vía de consecuencia, nula.

Todos los argumentos esgrimidos con la finalidad de desconocer esa realidad, desvirtuarla, distorsionarla o subvertirla, ocupan un lugar especial en el reino de la post-verdad.

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¿Qué se esconde con primarias abierta?

Se ha convertido en silenciosamente viral la pregunta ¿Qué se esconde con primarias abiertas? Bosch decía que las cosas no son como se ven, muchas veces lo que no se ve es más importante que lo que se ve.

La insistencia ahora anunciada por el Presidente de la Comisión del Senado que conoce el proyecto de la Ley de Partidos, en aprobarla en el mes de abril, hace seguir pensando en que hay algo que no se ve. Anteriormente, aprovechando un escenario solemne, el Presidente del Senado, motivó jurídicamente la aprobación de primarias simultáneas y abiertas, violando incluso, un protocolo de Estado.

El proyecto no se ha aprobado por la controversialidad de ese punto. Ha habido resistencia jurídica, política y de amplios sectores sociales y económicos, porque en ella debe consagrarse la libertad de los asociados a decidir, respetando la democracia interna.

Las razones jurídicas para rechazarlo, son por violaciones constitucionales. Se trata de que el Art. 277 de la Constitución petrificó decisiones de inconstitucionalidad anteriores a la Constitución vigente sobre ese y otros temas; además de que imponérsele a los partidos, siendo entidades privadas, acogidos al derecho fundamental de libre asociación, constituye por igual una violación Constitucional imponérselas.

Han habido sobradas motivaciones políticas atinentes a la funcionalidad y organización de los partidos. Se ha rechazado la propuesta de que en esa ley figure las primarias abiertas, porque se desconocería la membresía partidaria, razón de su existencia.

Se diferencia la posición de la mayoría de los senadores a la de la mayoría de los diputados. Aquellos se inclinan por aprobarla y éstos en rechazarla. Ojalá que esa diferencia fuera por razones ideológicas y valores políticos. Pero se sabe que no es así; más bien subyace el pálpito que una parte de los senadores ceden a presiones no explicadas. En cambio, no se espera que los diputados sean persuadidos.

Vale preguntarse ¿Por qué insistir en una propuesta inaceptable? Responderla es conocer qué es lo que no se ve. Cada lector supondrá de qué se trata y hay que dejar a cada cual hacer ese ejercicio. Llegar a tratar de saber lo que no se ve, termina siendo un ramillete de posibilidades.

Tenemos las nuestras, pero en política no es recomendable dar por cierta una situación no comprobada y mucho menos una especulación, porque puede inducir a error a un buen número de personas. Sin embargo, invitamos al lector a hacerse la pregunta.

No obstante, existe una percepción recurrente de que las primarias y la reelección van relacionadas. Si hay una, viene la otra. Se aprecia un forcejeo en el entorno del Presidente Medina, para inducirlo a reelegirse. Ante esto ha reiterado que no está en eso, sino en trabajar.

¿Por qué viene de integrantes del entorno? Las presiones sobre el Presidente deben ser estresantes. Suponen que levantar la reelección es una forma para que Danilo apoye a uno de ellos.

También suponen que las primarias abiertas, pueden ganarse con una campaña de muchos recursos. En cambio, temen al crecimiento indetenible de Leonel. Quieren que Danilo lo detenga

Pero Danilo conoce que la reelección y las primarias abiertas no serán posibles, por lo que espera un entendimiento de cohabitación.

¿Será esta explicación la respuesta sobre lo que no se ve?

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¡Reconocimiento!

El 21 de marzo del corriente mes, el ciudadano presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, reinauguró en la legendaria ciudad de Montecristi, que es la patria chica adoptiva del autor de esta columna, las instalaciones del hospital Padre Fantino, que, según las crónicas publicadas por los periódicos nacionales, beneficiará acerca de 15 mil personas de esa comunidad provincial, cuyo costo ascendió a la suma de RD$97,790,443.00.

Ese hospital fue construido en los primeros años de la década iniciada en 1950, durante el gobierno dictatorial de Rafael Trujillo Molina, y fue ratificado como director del mismo, un médico, eminente, de primera categoría, que se llamó Juan Enrique Kunhardt que era nativo de San Francisco de Macorís y que tenía muchos años prestando servicios en Montecristi, casado con una hermosa dama llamada Gilma Grullón Peralta.

No hemos olvidado nunca en el registro de nuestra memoria, aquel médico extraordinario, atento, y servicial con todos los sectores de la comunidad montecristeña.

Fantino era un sacerdote católico de origen italiano que vivió en Montecristi y que le sirvió, en el orden social, a muchas personas y que se merece el recuerdo y el respeto como otros sacerdotes que vivieron allí, pero el doctor Kunhardt fue una figura no solamente extraordinaria como profesional, sino legendaria por la manera espontánea, solidaria, y casi paternal, como le sirvió a los montecristeños.

En el lugar que el hospital se levantó, era el play municipal que llevaba el nombre de Pedro Alejando San, uno de los más grandes lanzadores de béisbol, que, en toda su historia, se han recordado.

Ese aporte del gobierno del PLD, que preside Danilo Medina, debe llevar el nombre del doctor Kunhardt y emplazamos a las autoridades de la provincia, gobernador, senador, diputados, alcalde y regidores a que hagan realidad ese reconocimiento al doctor Kunhardt, que además fue gobernador de la provincia de Montecristi por muchos años.

Cuatro médicos eminentes de primera categoría, vivieron en Montecristi y que los recuerda el autor de esta columna desde que éramos un niño de apenas nueves años de edad. Además de Kunhardt estaba Federico Max Sméster, cirujano eminente, graduado en la Universidad de París, en la Facultad de Ciencias Médicas de La Sorbona, hijo de Rosa Sméster, compañera de Ercilia Pepín y gloria del magisterio nacional.

Otro de los médicos era Julio Isidor Silva, médico general y cirujano, que trabajaba junto a Federico Sméster en la clínica propiedad de Federico, que eran también médicos atentos y solidarios con todos los sectores sociales.

El otro médico era el doctor Guitó, de nacionalidad haitiana, casado con una distinguida dama francesa, blanca, de pelo rubio, maestra de piano que daba clases y enseñó a tocar ese instrumento y hablar francés a muchas personas, entre ellas a dos hermanas, damas muy distinguidas, Australia e Idalia Grullón.

La primera es la madre de un médico reconocido de Montecristi que se llama Julio Manuel Rodríguez Grullón, ex- presidente del Colegio Médico Dominicano, compañero de infancia y amigo apreciado del autor de esta columna.

Que Montecristi le haga honor y reconocimiento a Juan Enrique Kunhardt, que con tanto cariño y solidaridad cuidó por la salud de los que habitaban esa población de nombre histórico, que desgraciadamente no ha recibido los honores y el cuidado a que es merecedora por siempre.

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