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Trump, República Dominicana y Nacionalidad

En ocasión de las elecciones de medio término de los Estados Unidos celebradas el pasado 6 de noviembre, el presidente Donald Trump afirmó que pondría término, mediante Orden Ejecutiva, a la concesión del derecho de nacionalidad norteamericana por el solo hecho de una persona haber nacido en su territorio.

En los Estados Unidos, desde que se introdujo la decimocuarta enmienda a la Constitución de ese país, en el año 1868, la figura del jus soli, esto es, la que confiere el derecho de nacionalidad o ciudadanía en función del lugar de nacimiento, ha sido la norma prevaleciente.

Al reaccionar frente a las declaraciones del presidente Trump, la periodista y especialista en asuntos culturales, Taylor Hoskin, en un artículo publicado a través de la internet, sostuvo, refiriéndose a la República Dominicana, que cuando nuestro país “le puso fin al derecho de nacionalidad en virtud del nacimiento (jus soli), terminó en un desastre, creando una catástrofe humanitaria”.

Comprendemos las legítimas motivaciones que la periodista Taylor Hoskin pueda tener para manifestar su clara y vehemente oposición a las pretensiones del presidente Donald Trump de suprimir el derecho a la nacionalidad norteamericana por la vía del jus soli.

Ese, sin embargo, a pesar de toda la narrativa que se ha construido en su contra, no es el caso dominicano. En la República Dominicana, a lo largo de toda su historia constitucional, el derecho a la nacionalidad se confiere por el jus sanguini, o derecho de sangre; el jus soli, de manera condicionada; y por vía de la naturalización.

Así pues, en nuestro país, a diferencia de los Estados Unidos, el derecho a la nacionalidad nunca fue otorgado, de manera absoluta o incondicional, en razón del vinculo territorial, lo que significa que no es un buen ejemplo para ser comparado con el caso norteamericano.

En la patria de Abraham Lincoln, la concesión de la nacionalidad por el lugar del nacimiento surgió como consecuencia de las luchas que los afro descendientes tuvieron que librar durante los cinco años posteriores a la culminación de la Guerra Civil o de Secesión, entre 1865 y 1870, a través de las Enmiendas de Reconstrucción.

Esas denominadas Enmiendas son la decimotercera, que abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria; la decimocuarta, que abordó los derechos de ciudadanía y de igualdad de las personas ante la ley; y, la decimoquinta, que prohibió la discriminación en los derechos de voto de los ciudadanos por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre.

Nacionalidad por derecho de nacer

Como resultado de ese proceso, el primer texto legal que ofreció una definición sobre la nacionalidad en los Estados Unidos fue la ley de Derechos Civiles de 1866, que estableció:

“Todas las personas nacidas en los Estados Unidos, y que no están sujetas a ningún poder extranjero, excluyendo a los indios no gravados con el pago de impuestos, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos”.

Esa exclusión de los derechos de ciudadanía se vio reforzada por la famosa sentencia de la Corte de Justicia Norteamericana, en el caso Dred Scott vs. Sandford, en la que se estableció que los afroamericanos, incluso los libertos o liberados de la esclavitud, no eran ciudadanos de los Estados Unidos.

La figura del jus soli no se contempló en el Derecho Constitucional de los Estados Unidos sino hasta 1868, cuando se introdujo, como hemos dicho, a través de la decimocuarta enmienda, en el marco de las llamadas “Enmiendas de la Reconstrucción”.

Esto así, debido a que los redactores originales de la Constitución de los Estados Unidos, aunque hicieron referencia a la nacionalidad o ciudadanía, no definieron su contenido o alcance.

En ausencia de una declaración en la Constitución o en los estatutos federales, la nacionalidad estadounidense se regía por el derecho consuetudinario inglés que, en el caso del Reino Unido concedió, hasta el 1981, la adquisición de la nacionalidad inglesa a los que nacían en su territorio.

El clima de exclusión del derecho a la nacionalidad que aun predominaba en los Estados Unidos durante la segunda mitad del Siglo XIX, fue alimentado por otras disposiciones legales, como los “Códigos Negros” que promulgaron algunos Estados de la nación norteamericana, en los que se coartaban aún más los derechos civiles de los afroamericanos.

La continuación infatigable de las luchas de los negros norteamericanos por alcanzar la plena libertad y el reconocimiento a su condición de ciudadanos de los Estados Unidos, fue lo que determinó que se introdujera en el 1868, la decimocuarta enmienda a la Constitución norteamericana.

Esa disposición legal otorgó a los afro descendientes, como se ha afirmado, el derecho a la nacionalidad o derecho de ciudadanía, por el solo hecho de haber nacido en suelo estadounidense.

Fue así, pues, como en la gran nación fundada por George Washington se estableció, por vía constitucional, el derecho a la nacionalidad o de ciudadanía, sin condición alguna, por el hecho de haber nacido en su territorio.

El jus soli en el derecho comparado

La propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de modificar mediante Orden Ejecutiva el mecanismo de concesión de la ciudadanía o nacionalidad norteamericana por la vía del jus soli incondicional, es decir, por haber nacido en territorio estadounidense, abrió un fuerte debate con impacto a nivel global.

Las reacciones a dicho planteamiento han provocado diversas comparaciones entre el modo de adquisición de la nacionalidad por nacimiento habilitado en la norma vigente en dicho país y la forma en que distintos países, incluida la República Dominicana, la otorgan.

El jus soli absoluto vigente en los Estados Unidos es minoritario en el mundo. De conformidad con el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés), únicamente 30 países de los 193 que integran el sistema de las Naciones Unidas comparten dicho modelo de concesión de la nacionalidad por el lugar de nacimiento. Esto se corresponde, con a penas, el 16 % del total de países.

Según los datos del Centro de Estudios de la Migración de los Estados Unidos (CIS por sus siglas en inglés), de los países desarrollados, solamente Canadá y Estados Unidos mantienen el jus soli incondicional.

La misma entidad norteamericana plantea que, en Europa, por su parte, ya no queda ningún país que otorgue la nacionalidad basándose en el criterio del lugar de nacimiento sin ninguna otra condición.

Irlanda ha sido el último de los países europeos en abandonar esta tendencia, mediante el referéndum constitucional del año 2005, que concitó el apoyo del 79% de los votantes.

La generalidad de los países de América Latina y el Caribe comparten el modelo norteamericano de reconocimiento de la nacionalidad, siendo la única región del planeta en la que predomina el jus soli incondicional o absoluto.

Sin embargo, esta realidad compartida entre Estados Unidos y otras naciones de nuestra región, en las que se presume que todo el que nace en su territorio es su nacional, ha provocado que algunas personas, de manera equivocada, consideren que lo mismo ocurre en nuestro país.

Sin embargo, no es así. En la República Dominicana, conforme a la Constitución del año 2010, no podrán disfrutar de la nacionalidad dominicana aquellos que a pesar de haber nacido en territorio nacional son descendientes de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, así como de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente.

Así pues, la nacionalidad, por derecho de suelo o jus solis, no tiene lugar de manera automática en la República Dominicana. Para que sea posible, se requiere, además, la condición de que los padres de la criatura sean dominicanos o residan legalmente en territorio dominicano.

Esa confusión sobre el modelo de otorgamiento de la nacionalidad en la República Dominicana ha ocasionado que nuestro país sea acusado de racista, xenofóbico y de haber desnacionalizado a ciudadanos.

Pero nada de eso es cierto. Esa misma confusión es la que ha tenido la periodista y especialista en asuntos culturales, Taylor Hoskin. Ella ha cuestionado, de manera válida, la pretensión del presidente Trump de dejar sin efecto, en su país, el derecho de nacionalidad en base al jus soli incondicional.

Sin embargo, resulta inaceptable que al hacerlo sostenga el argumento de que la República Dominicana, al no asumir el jus soli absoluto o incondicional, “creó la mayor población apátrida en el hemisferio occidental”.

Eso, por supuesto, es falso. En la República Dominicana no hay apátridas. Los descendientes de extranjeros con estatus migratorio irregular pueden declarar a sus criaturas en las oficinas consulares de sus países respectivos.

No había razón para acusar a la República Dominicana de emplear una ideología racista y tomarla como referencia para oponerse a las pretensiones del presidente Trump, de suprimir, en los Estados Unidos, el derecho de nacionalidad o ciudadanía por el jus soli incondicional, cuando hay otros 163 países que comparten nuestro mismo modo de reconocimiento de nacionalidad.

Al igual que esos otros países, la República Dominicana tiene el derecho soberano de decidir quiénes son sus nacionales.

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¿Desconocen los jóvenes su poder?

Las estadísticas en los EU sitúan a los latinos en 55.2 millones al 2017, el 17% de la población total de ese país. Para el 2016 habían 24.4 millones registrados para votar. Suficientes para decidir aquellas elecciones.

Pero a los emigrantes les sucede que se atrapan en el síndrome de Estocolmo. Se le llama así por aquello ocurrido en Estocolmo donde unos asaltantes y secuestradores retuvieron a las victimas y una de ella, joven y bella mujer hija de un magnate, se enamoró y luego se casó con uno de los secuestradores.

El emigrante trata de asumir la cultura del país a donde emigró, su forma de hablar y costumbres, como quien busca esconderse para no ser discriminado. Hubo un segmento de latinos que votó por Trum, incluyendo mexicanos a pesar del muro y sus reiteradas declaraciones xenófobas y racistas.

En nuestro país los jóvenes de menos de 35 años son el 40.3% de la población electoral, por lo que deciden si votarán en bloque. Aún más, si los llevamos hasta los 40 años, estaríamos hablando de que se obtendría 50.2%, ganando en primera vuelta.

Pero jovenes influidos por la cultura predominante, se adaptan a ella como aquellos migrantes que buscan ser aceptados. Otros se inclinan por saberse mayoría y se lanzan a vender su sola condición personal de jóven.

Los jóvenes son jóvenes cuando asumen su papel de innovador y actor digital para ser un influenciador; obra por el interés general y por grandes cambios sociales.

De ahí que ser joven de edad no es suficiente, como no lo es en EU con ser latino; tampoco lo es con ser sólo mujer, para ser beneficiada con el apoyo de la mujer.

Sin embargo, si el 50.2% de los electores para el 2020, conforme a datos ofrecidos por la JCE a septiembre del 2018, son menores de 40 años o que de esos el 40.3% son menores de 35 años, coloca a los partidos en un desafío de innovación y modernidad.

La población electoral se sitúa en 7.3 millones de electores; para el 2020 la JCE proyecto en 7.5 a 7.6 millones. De esa población dice Indotel está comunicada, desde el 2017 más que los electores, 6 millones 726 mil 728 líneas de telefonía prepago y 2 millones un mil 10 líneas pospago. Eso hace un total de 8 millones 727 mil 738 teléfonos móviles.

El pais no escapa al proceso mundial; la globalización presiona al país. Se tienen características que responden a un capitalismo más tardío que a las características en países desarrollados. Digamos que el Estado y sus instituciones son más consolidadas que las del Estado dominicano.

Pero en áreas espcificas el pais se va modernizando; por ejemplo, 40 años atrás se usaba telégrafo y emisoras radiales populares que avisaban sobre problemas que afectaba a la familia, y decían: fulano “sal seguido y trae dinero que tal familiar está mal”; o ver al cartero en su bicicleta llevando casa por casa las cartas.

Ahora se vive la revolución digital. Asumir este proceso de trascendencia histórica, es la fortaleza de los jóvenes. Esta es su oportunidad porque nadie como ellos para vivirlo y ponerse a cargo de la adecuación de la sociedad y del Estado a los cambios que se requieren.

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¡Exitos, Presidente! (I)

Hace ya mucho tiempo 52 años, en realidad, el autor de esta columna estuvo obligado a residir fuera del país, por decisión del Presidente de la República que era entonces el Doctor Héctor García Godoy, impuesto en esas funciones por el gobierno de los Estados Unidos de América, presidido por Lyndon B. Johnson, quien había ordenado a partir del 28 de abril de 1965 la Segunda Intervención Militar en territorio dominicano. Esa decisión, disfrazada después como Fuerza Interamericana de Paz (FIP), por una decisión aprobada ilegalmente por la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), tenía como objetivo fundamental aplastar el levantamiento Militar Constitucionalista que se había iniciado el 24 de ese mes para restablecer el gobierno Constitucional presidido por Juan Bosch, que había triunfado en las elecciones nacionales celebradas el 20 de diciembre de 1962.

El gobierno de Juan Bosch que se juramentó el 27 de febrero de 1963, había ganado esas elecciones con el 60 % de los votos depositados en las urnas electorales. Pero el Gobierno estadounidense, la oligarquía criolla y las autoridades más importantes de la Iglesia Católica, no querían a Juan Bosch como presidente de la Republica. Juan Bosch no solo era el escritor dominicano de mayor proyección internacional, reconocido particularmente en hispanoamérica, como el más notable escritor de cuentos y de otros géneros. La elección de Juan Bosch era la apertura del camino hacia un régimen patriótico, democrático, responsable, que haría que los dominicanos, en el escenario político avanzaran notablemente, pero los yanquis y la oligarquía criolla derribaron ese gobierno el 25 de septiembre de 1963, acusando a Juan Bosch de ser comunista y de anunciar que los bienes de la inmensa fortuna que Rafael Trujillo Molina acumuló a expensas del trabajo y sacrificio del pueblo, sería utilizada para beneficio exclusivo de los dominicanos.

Un gobierno entreguista y corrompido llamado Triunvirato, sucedió a Juan Bosch, y ese gobierno fue derrocado el 24 de abril de 1965, por un sector mayoritario de oficiales de las Fuerzas Armadas, apoyado militantemente por el pueblo. Fue después de siete meses de enfrentamiento contra las tropas invasoras que el pueblo, bajo la dirección del gobierno Constitucional de la República en Armas, presidido por el Coronel Francisco A. Caamaño Deñó, que el autor de esta columna participó en la delegación dominicana en la primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, llamada la Tricontinental, celebrada en la Habana, capital de Cuba, dirigida por el Gobierno Revolucionario encabezado por Fidel Castro Ruz. Esa Conferencia aglutinaba a los pueblos de los tres continentes, que tenían fuerzas revolucionarias, dispuestas a luchar contra el imperialismo yanqui, como lo estaba haciendo Vietnam, y como lo había hecho el pueblo dominicano, al que Fidel Castro Ruz, saludo como “Pueblo Legendario, Veterano de la Historia y David del Caribe.

Obligado a vivir en el exterior, el autor de esta columna viajó hacia otros paises del mundo, entre los cuales estaba, la República Popular China, esa importante nación asiática. En los finales del mes de mayo de 1966, volvimos a Paris, después de haber permanecido en China por período de un mes y veinte días. Hace 52 años de aquel momento tan importante en nuestra vida y de la visita a la República Popular China de la que hablaremos en la próxima columna.

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Maestro del derecho

Con el fallecimiento del doctor Juan Manuel Pellerano Gómez, se ha ido uno de los grandes maestros del derecho dominicano, referente obligado para todos los que estudiamos la carrera de la toga, el birrete y las normas jurídicas. No fue solo uno de los padres del derecho constitucional en nuestro país, sino también el gran impulsor de la institucionalidad en el sector justicia.

Sobre esto último hay que resaltar su empeño y dedicación hacia la Escuela Nacional de la Judicatura, de la cual fue su primer Director, de manera honorífica, según cuenta Jorge Subero Isa en un reciente artículo, donde relata la génesis de una de las instituciones que más aportan al desarrollo del sector justicia en nuestro país. Hasta el 2011, el doctor Pellerano Gómez, primero como Director honorífico y luego como Miembro del Consejo Directivo, aportó a la formación de un amplio grupo de profesionales que hoy pueblan los tribunales y las cortes de nuestro país.

El doctor Pellerano Gómez llevó a la Escuela Nacional de la Judicatura mucho de lo que ya desarrollaba en su ejercicio privado. Su reconocido bufete es también una escuela por la que han pasado cientos, sino miles, de abogados y abogadas, que luego de su paso por allí, se han dedicado a las distintas ramas del derecho.

Los 60 años de experiencia del doctor Pellerano Gómez merecen el reconocimiento unánime de la sociedad dominicana, puesto que ha sido uno de los educadores que más ha influenciado al país, tanto en el ámbito de la ley, como también en su autoría de una amplia diversidad de libros y obras bibliográficas.

El reconocido “abogado de los abogados”, quizás el más completo del país, también realizó grandes aportes a la deontología jurídica, que humanizaron el desempeño profesional del derecho en la República Dominicana. Sus aportes al Colegio de Abogados y a lo que constituye el Código de Ética del abogado dominicano, son invaluables, al igual que la introducción del recurso de amparo, la promoción de la seguridad jurídica para inversiones en el país y la justicia constitucional en el país.

Muchos fueron los puestos públicos y privados que le fueron ofrecidos, pero el doctor Pellerano Gómez tenía la certeza de que sus mejores aportes eran desde su firma privada, con el ejemplo y sirviendo de inspiración a las generaciones que le sucedieron. No hay un abogado o abogada que si se le pregunta quienes figuran en la lista de los mejores abogados del país, no menciona a Juan Pellerano Gómez.

Los jóvenes futuros abogados y abogadas que llenan las aulas de nuestras universidades, deberían acudir con mayor frecuencia al estilo y ejemplo de una figura de la estatura profesional y moral del doctor Pellerano Gómez, puesto que el ejercicio del derecho en la República Dominicana, necesita de más personas como el, que encuentran el equilibrio entre un ejercicio privado próspero y el compromiso social con la mejora de la sociedad.

La influencia que ha ejercido en el devenir de su fecunda carrera profesional marcará por años el ejercicio del derecho de manera positiva. Nos queda su agradable recuerdo, su caballerosidad y gentileza, su amplio conocimiento del derecho y ejemplo a seguir.

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Juego inteligente en política y arte femenino

La incorporación de las mujeres a todas las actividades en la sociedad, va acompañada con el auge del proceso democrático mundial. Es que las necesidades del crecimiento del libre mercado y los diversos requerimientos, las han sacado de los hogares.

Ellas son un valioso aporte a ese crecimiento, a pesar de los obstáculos para ganarse sus espacios. La resistencia creada en la cultura milenaria con predominio del hombre y compitiendo entre ellas, no les han impedido participar.

Es que por sus características intrínsecas saben aplicar la inteligencia en todo el quehacer. En la actividad política su fortaleza es ese arte e inteligencia, no la fuerza. Lo hacen de manera natural.

El escenario político requiere de mucha observación y de ese arte e inteligencia que ellas tienen; es no uso de la fuerza. El hombre tiende a hablar alto, enseñar musculatura, exhibir armas de fuerza y hasta entender que el poder es más votos que su oponente en un organismo.

El manejo de la inteligencia es el arma más poderosa en la actividad política. Se exhibió en torno a la reunión del CC del PLD; no sucedió lo que se quiso construir partiendo de una cultura política violenta.

El contexto actual crea un comportamiento social, que es arrastrado por una revolución digital que marca distancia con todo lo anterior; las nuevas generaciones están colocadas a distancia de una parte de las generaciones del Siglo XX por éstas estar atrás. No viven en este tiempo.

Con esa parte generacional se ha quedado el maquiavelismo malicioso. “El Príncipe”, la conocida obra de Nicolás Maquiavelo, libro prohibido por la Iglesia porque ataca la doctrina de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que unían política y ética, ha sido el libro de cabecera usado por muchos gobernantes. Lo tenían de cabecera por aquello de que el príncipe debe de parecer magnánimo, virtuoso, honesto, religioso, ético; pero hipócritamente sólo parecerlo.

Este tiempo está contrapuesto al que han manejado los hombres, siguiendo las lecciones de Maquiavelo. Ahora parece que va tomando cuerpo el arte femenino de persuadir con la verdad, insinuar, responder con gestos amables a sus oponentes y con voluntad de construir lo nuevo. Ese arte es negación a lo que Nicolás Maquiavelo aconsejó.

Carlos Fuentes, escritor mexicano fallecido en mayo del 2012, lo explica con un ejemplo, en un artículo titulado “Maquiavelo en Palacio” a propósito de varios presidentes mexicanos que se dejaron aconsejar, 500 años después, por Nicolás Maquiavelo. Lo hace para México, pero también es válido para todos, al comentar el libro “La herencia. Arqueología de la sucesión presidencial en México (1999)” del también escritor mejicano, Jorge G. Castañeda:

“A mayor poder, mayor ceguera: el libro de Castañeda es un llamado explícito a una política democrática de equilibrio de poderes y fiscalización del Ejecutivo. Pues las virtudes del viejo sistema ya cumplieron su función y el costo de perpetuar la maraña de artificios, intrigas e insidias, de engaños y complicidades la perversidad ya intrínseca al sistema, es hoy un estorbo y una regresión. Si el sistema fue maquiavélico, dejó de serlo porque dejó de combinar Virtud, Necesidad y Fortuna políticas con un proyecto mayor de construir al país, de conservar al Estado y de gobernar con la fuerza imparcial de la ley”.

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Construir unidad en el partido

Aquellos que redoblaron por varias semanas los tambores de la división peledeista, vieron acallados una vez más sus clamores, con una demostración contundente de disciplina partidaria y unidad del liderazgo político, con el balance que otorga la apertura a la diferencia de criterios y la validación de las decisiones en los organismos de mayor representatividad de la base, una muestra de respeto hacia los demás miembros del Partido de la Liberación Dominicana, lo que pocas veces se ve en la política.

Schattschneider, quizás el más importante estudioso de los partidos políticos en los Estados Unidos antes de la II Guerra Mundial, afirmó que “los partidos políticos crearon la democracia” y que la democracia moderna es impensable en otros términos que en los de los partidos. Este ha sido el consenso de las democracias y ha quedado demostrado en diversos procesos sociales y electorales que hemos podido observar alrededor del mundo.

Siendo así, toca al liderazgo de los partidos políticos construir la democracia hacia lo externo y hacia lo interno, sin dejar de lado el ejercicio de la autoridad que le confiere la norma jurídica y la delegación de poderes en el Partido.

Ahora bien, una pregunta interesante que se hacía Schattschneider en su obra “Party Governments” o “El Gobierno de los Partidos” era en torno a los procesos internos de los partidos, que en aquella época, – y quizás ahora también – no llamaban la atención de la opinión pública ni de los ciudadanos, mucho menos en los círculos académicos o de estudios, ni en quienes generan opinión.

Los partidos políticos crecen o mueren en torno a los torneos electorales. Por ende, la antesala lógica a los certámenes electorales, que son, sin dudas, las primarias de cada partido, deben constituir espacios de debate participativo sobre quiénes deben representar a la institución política ante los electores.

Lo que muy pocos comprenden es que alrededor de las decisiones del certamen electoral, como es el caso de la discusión sobre las primarias, también se discute sobre cómo se ejerce el poder dentro de la organización política. La forma como se relacionan las instancias centralizadas del poder político con las descentralizadas y locales, son reflejos de la salud de las relaciones internas del Partido y de cómo se manejan los procesos internos de una institución política.

Por eso, en un tiempo en que se premia la transparencia y la capacidad de rendición de cuentas, propiciar la participación y el consenso dentro de una institución tan grande como lo es el PLD, es un ejercicio de aplicación de los principios de la democracia, fortaleciendo las bases sobre las que se ha construido el ideal peledeísta.

James Madison, en sus famosos papeles federalistas, decía que “mientras la razón del hombre continúe siendo falible, y el hombre esté en libertad de ejercitarla, se formarán siempre distintas opiniones“, un recuerdo de que la diversidad de criterios es inevitable en todas las instituciones conformadas por hombres y mujeres.

Tocqueville, por su parte, insistió en que “a pesar de que las agrupaciones políticas, por definición, aspiran a imponer sus puntos de vista en la comunidad, en la práctica la interacción entre ellas ha contribuido al surgimiento de normas de tolerancia y de institucionalización de los derechos democráticos”.

En definitiva, ¿en torno a qué disputan los partidos? En torno a ideología e intereses. Lo que no podemos, al decir de Tocqueville, es aferrarnos “a los principios antes que a las consecuencias”. Estar listos para evolucionar y adaptarnos a una sociedad que ha cambiado y que tiene sus reclamos, requiere del balance entre el consenso y el disenso. El PLD está listo para el equilibrio.

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¡Recuerdos en mi Memoria!

Dedicamos nuestra columna de hoy, antes de finalizar el mes de octubre, a dos acontecimientos de gran importancia en el transcurso de nuestra vida: el primero de ellos fue nuestra graduación de Doctor en Derecho el 28 de este mes, de 1960, en la Universidad de Santo Domingo, Primada de América, que tenia inscritos en aquel entonces, cerca de 4,500 estudiantes de diferentes disciplinas, de las cuales eran las más distinguidas: Ciencias Medicas, Ingeniería y Arquitectura, Derecho, Filosofía y luego Ciencias Económicas, en la cuales impartían docencia los profesionales de más alto nivel y jerarquía de la nación dominicana. Nuestras compañeras y compañeros de promoción que nos graduamos en aquel entonces, si el registro de nuestra memoria no falla, llegamos a 178, aunque cuando ingresamos a la universidad en el primer año de la Facultad de Derecho, éramos algo más de 200.

De ese número, estamos de pie, con vida, según cálculos e informaciones de algunos compañeros y colegas, la cantidad no asciende a más de 35, algunos de ellos, mujeres y hombres, residen fuera de nuestro país, particularmente en los Estados Unidos de América. Cuando ingresamos a la Universidad, el rector de esa casa de estudio, era uno de los intelectuales, con más extraordinario prestigio dentro y fuera del país: Virgilio Díaz Ordoñez, abogado, escritor y poeta, que tenia reconocimiento en otros países de hispanoamérica, galardonado con una mención de honor en Venezuela, por una hermosa poesía dedicada a Simón Bolívar. De nosotros fueron profesores una pléyade de maestros intelectuales de nuestro país que recordamos, con inolvidable admiración y respeto: Hipólito Herrera Billini, Carlos Sánchez y Sánchez, Damián Báez alias Pachy, Manuel Amiama, alias Cundo, Leoncio Ramos, Manuel Ramón Ruiz Tejada, Joaquín Balaguer y Julio Cesar Castaños Espaillat.

Esa promoción de profesionales, ha sido la que mayor cantidad de funcionarios públicos, aporto a la República Dominicana, particularmente después del ajusticiamiento de Rafael Trujillo Molina, quien la construyo en los primeros años de la década iniciada en 1940, e inaugurada en 1944 en el año de la celebración del Centenario del Nacimiento de la República. El proyecto de esa universidad, era realmente Extraordinario porque llegaba en su extensión hasta la avenida que tiene hoy el nombre de Abraham Lincoln que en aquel entonces, llevaba el nombre de Presidente Fabre Nicolas Geffrard, en homenaje al primer ejecutivo de Haití que había colaborado con el pueblo dominicano en 1863 dando apoyo a los Próceres de la Restauración que se opusieron con la valentía propia de nuestro pueblo, a La Anexión a España, acto de traición imperdonable que ejecutó Pedro Santana.

Octubre es un mes de profundos recuerdos familiares, porque el segundo de esos acontecimientos de importancia en nuestra vida, es el natalicio de nuestras dos hermanas, recordadas inolvidablemente, Mercedes Virginia y Martha Teresa, a quienes el autor de esta columna, recuerda con verdadero cariño y gratitud, porque desde nuestra más tierna infancia, profesaron hacia nosotros, como a nuestros hermanos Cesar y José Gabriel, una conducta fraternal, que nos ayudó notablemente en el desenvolvimiento de nuestras vidas. Octubre se fue, pero además de los recuerdos familiares, también tenemos presente porque de los mexicanos aprendimos en la voz de Pedro Infante que “La luna más hermosa es la de octubre”, una de las canciones favoritas de Clemencia Genoveva, nuestra madre.

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¿Estrategia del PRM a decisión del PLD?

El PRM ha colocado su estrategia en la búsqueda de que el PLD se divida. Lo dijeron cuando asumieron a última hora la aprobación de la coletilla de la Ley de Partidos, para que fueran los altos organismos partidarios los que decidieran el tipo de padrón para elegir sus candidatos.

Entendían, por no saber leer ni oír, que Leonel no quería primarias abiertas. La posición de Leonel ha sido que no acepta una violacion constitucional, la cual está localizada en la Ley de Partidos cuando su norma dispone que sean los altos organismos (el CC del PLD) que decida el tipo de padrón a ser utilizado para escoger sus candidatos, y no como está dicho en sus estatutos.

Aceptar una violación constitucional es romper las reglas del juego, lo que ocasionaría permitir hacer lo que se quiera desde el Poder. En ese contexto desordenado y sin reglas constitucionales, se facilitaría ilimitar la actuación desde el Poder, incluyendo permanecer en él introduciendo la reelección.

La sorpresa ha sido que en el CC ha habido acuerdos, se aprueban las primarias abiertas, sujeto a la consulta a la Plenaria del Congreso partidario. Esa consulta fue propuesta de Leonel, para salvar la inconstitucionalidad de la ley.

El PRM creyó que Leonel no quería las primarias abiertas. No los leían ni los escuchaban de viva voz. Leonel precisaba que no se trataba de primarias abiertas o cerradas, sino que las abiertas despojan a los afiliados de sus derechos a elegir, si no son éstos los que aprueban su aplicación; a esos fines el CP está autorizado a formar una comisión para adecuar los Estatutos a la Ley y refrendarse en el Pleno de dirigentes.

Con ese acuerdo en el CC del PLD se superó esa limitante inconstitucional de violacion a la libre asociación.

Un perremeísta puede alegar que aún queda otra escaramuza entre los peledeístas, a propósito del asomo reeleccionista. A ellos se les debe decir que ese no es un tema sólo del PLD, sino de todo el país; interesa a las organizaciones económicas, empresariales, religiosas y de la sociedad civil. Se trata de un manejo de la seguridad jurídica y la gobernabilidad.

En el partido de gobierno eso no se desconoce, mucho más cuando en cada publicación de encuesta se repite que en más de un 70% de la población no quiere reforma constitucional.

La estrategia del PRM ha descansado en lo que decida el PLD, siendo su error porque en la actividad política no debe descansar la estrategia propia en lo que el otro pueda hacer; lo contrario es poner sus huevos en canasta ajena.

Ese partido y otros sectores deben reflexionar en lo que ha sucedido entorno a la aprobación y aplicación de la susodicha ley. Cuando el CP dejó en libertad a sus legisladores, la defensa a la Constitución parecía pasar a manos del PRM, por tener los votos para impedirlo en la Cámara de Diputados; se equivocó y el vacío lo llenó Leonel.

Fue una formidable oportunidad para ese partido, Podía exhibirse como defensor de la constitucionalidad. Pero su falta de visión de Estado, lo llevó a dejársela a Leonel quien demostró la firmeza necesaria, para que el PLD llegue a un gran acuerdo unitario que le era necesario.

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Ley de Partidos, Estatuto y Constitución

Para mañana sábado, 27 de octubre, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido convocado con el propósito de definir la modalidad y el tipo de padrón a utilizar en la selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

En determinados círculos de opinión se considera que lo que está en debate es una lucha de poder entre dos sectores de la organización. Para otros, una pugna para determinar si las primarias se dirimen con el padrón del partido (primarias cerradas), o si, por el contrario, con el padrón de la Junta Central Electoral (padrón abierto), debido a conveniencia de las partes.

No hay quienes falten en apreciar que se trata de un asunto de orgullo, de quienes no quieren dejar que le “tumben el brazo”, de una especie de egos en conflicto, que, en el fondo, no responde más que a cuestiones baladíes o bizantinas.

Sin embargo, nada de eso es cierto. Lo que está en juego es la prevalencia o no de la supremacía de la Constitución y la existencia de un Estado de Derecho como forma de organización de una sociedad democrática y moderna.

Eso se expresa en la diversidad y pluralidad de formas en que se manifiesta la convivencia civilizada entre los seres humanos. Una de esas formas, por ejemplo, es la que tiene que ver con la organización y funcionamiento de los partidos políticos.

En el año 2004, en la República Dominicana se promulgó la Ley 286-04, en la que se establecía un “sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto”.

Independientemente de si ese era el mejor o el peor sistema para la selección de candidatos dentro de un partido, lo cierto es que al año siguiente, en el 2005, la Suprema Corte de Justicia declaró la nulidad de dicha ley en razón de que violaba dos principios fundamentales de nuestra Carta Magna: la libertad de organización y la libertad de asociación.

Más aún, dos años antes de esa sentencia, en el 2003, el máximo organismo judicial de nuestro país había emitido la resolución 1920-03, en la que hacía consignar que “las sentencias dictadas en ejercicio del control concentrado de constitucionalidad forman parte del bloque de constitucionalidad”.

De lo anterior se desprende que dichas sentencias resultaban vinculantes a todos los órganos del Estado, lo cual quedó posteriormente incorporado en el artículo 184 de la actual Constitución de la República.

Eso equivale a decir que, tanto por la vía judicial, como por la vía legislativa, el concepto de primarias abiertas y simultáneas, como método de selección de candidatos por parte de los partidos políticos, no sólo había perecido, sino que había recibido cristiana sepultura.

Muerte y resurrección

A pesar de que el sistema de primarias abiertas y simultáneas había sido declarado nulo por inconstitucional, eso no fue obstáculo, sin embargo, para que se reintrodujera, mediante un nuevo proyecto de ley, por ante el Senado de la República.

Luego de aprobado en ese hemiciclo, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados. Pero ahí, la opinión pública nacional y los poderes fácticos se erigieron en un muro de contención, lo que obligó a procurar una fórmula alternativa al plan original de primarias abiertas y simultáneas.

Lo que resultó de esa presunta búsqueda alternativa fue que en lugar de primarias abiertas y simultáneas como única opción de selección de candidatos para todos los partidos, quedara tan solo como una entre varias posibilidades dentro de un abanico de opciones a considerar.

Ese debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos se ha extendido a su aplicación. Actualmente, el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de ocho recursos de inconstitucionalidad depositados por varios partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.

Esos recursos cuestionan más de 12 artículos de la ley que se entiende contravienen preceptos constitucionales, tales como: la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico (art. 6); el derecho de asociación (art.47); la forma y alcance de la reglamentación de los derechos fundamentales (art. 74.2); la finalidad de las asambleas electorales (arts. 208 y 209); la democracia interna (art.216); el precedente vinculante (arts. 277 y 184); entre otros.

Ahora bien, las primarias abiertas como opción, dentro de un conjunto de posibilidades, se derivan de los tres párrafos del artículo 45 de la Ley de Partidos, al señalarse que: primero, “las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos… escogen sus candidatos”; segundo, que “cada partido tiene derecho a decidir la modalidad, método y tipo de registro de electores o padrón para la selección de candidatos”; y tercero, que “el organismo competente en cada partido… para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos son: el Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos…”.

¿Por qué razón, si el legislador sabía que las primarias simultáneas con padrón abierto habían sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, las reintrodujo como opción a considerar por los partidos como mecanismo de selección de candidatos? ¿Imbuido de cuáles poderes fue capaz de realizar semejante hazaña?

La respuesta a esas preguntas sólo puede encontrarse en el hecho de que intereses de corto plazo pugnan por imponerse a una visión democrática de largo plazo.

El caso del PLD

En el artículo 23 de la Ley de Partidos, se afirma que son derechos de las organizaciones políticas “ejercer plena autonomía y libertad para la determinación de sus estatutos y lineamientos partidarios…

En su artículo 26, la misma ley consigna que las organizaciones políticas “redactarán sus estatutos de conformidad con la Constitución, la presente ley, la Ley Electoral, sin perjuicio de otras leyes que regulen aspectos específicos relacionados”.

Más adelante, en el párrafo II del mismo artículo, dice: “Los estatutos constituyen la norma fundamental de los partidos… y establecen los poderes, derechos y obligaciones partidarias a las que sus autoridades y afiliados ajustarán sus actuaciones”.

Si los estatutos, como se indica en la ley, “establecen los poderes, derechos y obligaciones de los partidos”, ¿por qué, entonces, el legislador procedió a privarlos de esa facultad en la misma ley? Pero además, si los partidos han redactado sus estatutos de conformidad con la Constitución, ¿por qué otorgó competencia para escoger el tipo de padrón a organismos partidarios que no representan la máxima autoridad de la organización?

En realidad, todo eso no constituye más que un gran misterio.

Eso es lo que ha ocurrido en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. De conformidad con el artículo 10 de sus Estatutos, “el Congreso Nacional es el más alto organismo de dirección del partido y está integrado por: todos los miembros del Comité Central; los presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios y de Circunscripciones Electorales del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo y de las Seccionales”.

En el inciso c del artículo 12, se indica que “son atribuciones del Congreso Nacional aprobar o modificar los Estatutos del partido”.

A su vez, el artículo 40 afirma que “la escogencia de los candidatos del partido para las elecciones nacionales, congresionales y municipales, se harán mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto…”.

Si todo eso es así, dentro de las normas estatutarias del partido fundado por el profesor Juan Bosch, ¿por qué motivo la ley de partidos le otorga facultad al Comité Central de escoger el tipo de padrón a ser utilizado para la escogencia de candidatos, cuando ese no es el máximo organismo de dirección del partido?

Al despojar al Congreso Nacional del partido de ese derecho y concedérselo al Comité Central, la ley le estaba concediendo a este último una facultad que no le corresponde: la de modificar los estatutos de la organización.

Al proceder de esa manera, el legislador estaba vulnerando la democracia interna del partido, prevista en el artículo 210 de la Constitución; el derecho fundamental de los afiliados a la libertad de asociación; y la plena autonomía y libertad del partido a decidir como reformar sus estatutos, y determinar la modalidad de selección de candidatos y el tipo de padrón a utilizar.

En lugar de disponer, como era la intención original, de un sistema de primarias abiertas y simultáneas, lo que la Ley de Partidos ha consignado es un sistema único, atípico, desconocido en el mundo, donde se aplican, de manera simultánea, diversas modalidades de escogencia de candidatos.

Eso es lo que ha llevado a la aprobación de una ley incongruente e inconsistente, en discordancia consigo misma; en vulneración a los estatutos del partido; en privación del derecho de las bases de la organización a participar en los mecanismos de toma de decisión; y en contradicción con la Constitución de la República. Resolver ese enigma es el gran desafío que tiene por delante el Partido de la Liberación Dominicana, en su reunión de mañana sábado, 27 de octubre.

Que Dios nos ilumine, para que la razón impere y sirva de fundamento a la unidad.

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Parece que así no es (II)

Los hechos que han ocurrido desde el lunes 15 de octubre, han terminado justificando el título de esta columna, en la cual decíamos la semana pasada entre otras cosas, que el camino que seguíamos, en el orden político, del gobierno que preside Danilo Medina Sánchez y el Partido que lo representa que es el PLD, no es el camino correcto. En múltiples ocasiones, y en más de veinte reuniones del Comité Político, hemos ratificado que el equipo de dirigentes, mujeres y hombres, que integran ese organismo de dirección peledeísta, es en el Caribe y Centroamérica, y más allá, el de mayor experiencia y conocimientos políticos que gobierna a estos países hispanoamericanos, con la excepción, tal vez, de la máxima dirección del Partido Comunista Cubano, que desde 1959, con la presencia de Fidel Castro, ha gobernado al hermano pueblo.

En diferentes días de la semana pasada, esa agresiva caballería de improvisados, aventureros y “veletas sin rumbo” que integran la mayoría de los minúsculos partidos de oposición, movimientos y grupos que en la realidad son pandillas, habían anunciado con la complicidad de comentaristas, columnistas y tejedores de aventuras, huelgas de vehículos de transporte público, autos, ómnibus y camiones, cuyo objetivo real y verdadero es desestabilizar el gobierno del PLD, para llevarlo a un escenario, financiado por gobiernos extranjeros y la llamada USAID y sus adláteres y marionetas, como la llamada marcha verde y ONG, que también son financiadas por esos gobiernos y agencias, que pagan en dólares, para mantener el plan que tiene como fin la desaparición de la República Dominicana y de su soberanía sobre la 3/4 partes de la isla de Santo Domingo.

Por suerte nuestro gobierno respondió a esas amenazas como tenía que responder: advirtió que iba a enfrentar el desorden y la anarquía y el irrespeto del tránsito en las vías públicas y ordenó a través del Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional, que sus integrantes salieran a las calles, armados, bien armados, y se instalaran en el escenario de la ciudad capital, en diferentes puntos importantes del tráfico vehicular. El Gobierno por la vía del ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul, Monchy, con la responsabilidad que le caracteriza, advirtió lo que podía suceder si salían a las calles a provocar desórdenes y a dañar propiedades del Estado y particulares.

Bueno, en nuestra columna anterior también hablábamos del dinero que se ha estado invirtiendo en territorio nacional para estimular y ejecutar la emigración de haitianos hacia diferentes regiones de país. Y señalábamos que entre ese dinero se ha hecho público que el gobierno o empresas comerciales de Canadá, están haciendo una inversión de US$4,900 millones de dólares al año, y el autor ha preguntado que dónde están esas inversiones en el escenario comercial, advirtiendo que tenemos conocimiento de los poblados y bateyes que se están construyendo en Puerto Plata para los emigrantes haitianos, y por esa información, entre otras cosas, fue que advertimos que “Parece que así no es”, el camino que está siguiendo nuestro gobierno y nuestro Partido. Este es un pueblo ejemplar, respetado y admirado por millones de personas, no solamente de hispanoamérica sino también de Europa, Asia y África, que hemos combatido desde la génesis de su nacimiento por la dignidad, libertad, independencia y soberanía. Y debemos recordar siempre, las palabras de nuestro Himno Nacional: “Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil”.

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¿Qué daño hace formar en valores?

La presencia de las Sagradas Escrituras en los planteles escolares de la República Dominicana es indiscutible. La Biblia está revestida de una singular importancia y pertinencia para forjar valores cristianos en los niños, niñas y adolescentes, que por siglos ha demostrado ser vital para las relaciones armoniosas en las sociedades.

Todos los que hemos conocido la importancia de su lectura, colegimos en que la Biblia es el Manual de Vida por excelencia, porque en ella se encuentran instrucciones precisas para ostentar el modelo integral de vida que los miembros de la familia, como el núcleo que conforma la sociedad, deben aprender para el alcance de una sociedad saludable, justa y equitativa; con un desarrollo humano digno.

Su lectura nos ilustra en los valores con los que debemos conducirnos para ser ejemplo de ciudadanos correctos en todos los entornos que ocupemos, incluyendo nuestras propias familias. Siempre he dicho y reiteró que si viviésemos conforme los diez Mandamientos no habría cárceles, ni desgracias ni guerras.

El denominado Libro de la Ley, la Palabra de Vida, la Espada del Espíritu, ha contribuido a forjar lo que consideramos hoy derechos inalienables del ser humano, porque en sus preceptos están contenidas reflexiones esenciales sobre la dignidad humana y la vocación del hombre a ser bueno y honrado.

No es casualidad, entonces, que la Biblia haya sobrevivido guerras, cambios sustanciales de la sociedad, los vaivenes de la política y las grandes catástrofes de la humanidad. En consecuencia, tampoco es de extrañar que la Biblia, como Ley de Dios, haya inspirado a los seres humanos de todas las clases sociales, con sus escritos sagrados que son a la vez santos y autoritativos.

Si la naturaleza humana está ineludiblemente acompañada de sus creencias religiosas y espirituales, sean cuales sean, ¿no resulta evidente que el estudio del principal documento escrito que acompaña a la humanidad en su devenir espiritual sea parte integral de la formación humana?

Algunos advertirán que el Estado, como receptor y administrador de los fondos públicos no debería obligar a todos a aprender de tal o cual libro, pero la Ley 44-00, que modifica la Ley General de Educación, establece claramente el recurso del que disponen padres, madres y tutores para eximir a sus hijos, en el caso que quieran, del aprendizaje bíblico.

Lo lamentable de este debate público motivado por una Resolución que demanda el cumplimiento de dicha Ley que data del 2000, es que el Congreso Nacional, y en especial representantes de la oposición, exijan el cumplimiento de la Ley para la asignación de recursos económicos, pero no exijan lo mismo al momento de impulsar la formación religiosa de los estudiantes, que al final de cuenta es una formación ética, moral y basada en principios humanos que el concierto de países que habitan la Tierra, asumen como inalienables.

¿Qué hace más daño? Formar niños, niñas y adolescentes que no tengan temor a Dios, que no conozcan las enseñanzas de Jesús, que ignoren la importancia de respetar la dignidad de los demás; o por el contrario hace más daño que una ínfima minoría de ciudadanos que profesan una religión que no esté basada en la teología católica romana o la teología cristiana, no se vean reflejados del todo en el contenido de la formación humana y religiosa. Evidentemente, para estos últimos, siempre existirá la opción de estar exentos de la materia.

La Biblia es la misma para todos, con variantes sustentadas en la interpretación histórica, contextual e idiomática. Si bien es cierto que estas variantes son objeto de profundos debates teológicos, no menos cierto es que en el concurso de quienes siguen los preceptos de la Biblia, sea cual sea la denominación religiosa que profese, se aplican los principios de la democracia, la igualdad y la justicia social, que al fin y al cabo es de lo que estamos sedientos.

Y yo me pregunto: ¿Porque leamos o aprendamos del comunismo, nos convertiremos en comunistas? Profesar una religión o ninguna, ser comunista, demócrata o socialista, siempre es una decisión desde la razón del Ser humano, pero para tomar decisiones sensatas y coherentes hay que estar informados.

En un mundo complejo, que bombardea a nuestros hijos con informaciones incontrolables, que les desorientan y les llevan por el camino equivocado, los legisladores deberían tomar más de su tiempo para regular el inmensurable cúmulo de estímulos negativos que reciben nuestros hijos, en lugar de poner en cuestionamiento el libro que sustenta la fe de los dominicanos y dominicanas.

Ahora más que nunca se necesita enseñar respeto y amor. En esta era de lo absurdo y de la civilización del espectáculo, promover contenidos positivos parece ser una pequeña gota en un océano de barbaridades. Pero es la forma como podremos generar cambios positivos en las comunidades del país, para así guiarnos más por los valores bíblicos y menos por los antivalores que escuchamos y vemos en todas partes.

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Pretendiendo derrotarlo lo han hecho candidato

Lo aprobado en la Ley de Partidos en lo relativo a que el CC sea quien decida con cuál padrón celebrar las primarias para escoger candidatos, es una disposición inconstitucional. Para superar esa nulidad constitucional, el Dr. Leonel Fernández sugiere que se consulte al Partido; sea a su Congreso, a la Asamblea de Delegados o en un referéndum.

La pasión ha llevado a algunos competidores del Dr. Leonel Fernández a no entrar en razones. Dicen que lo van a derrotar en el CC, para la reunión del sábado 27 de octubre. Usando una mayoría mecánica contra él desde el poder, lo han llevado a un crecimiento indetenible en su posicionamiento.

Es sabido que el Dr. Fernández ha defendido un derecho de los afiliados en una asociación a que son ellos los que tienen derecho a decidir el padrón para hacer sus propuestas de candidaturas a puestos de elección popular.

Es que esa decisión no compete a los altos organismos, como lo establece la indicada Ley, en violación a la Constitución. De ahí que varios afiliados al PLD han interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra esa disposición en esa norma jurídica.

Pero la obcecación e irracionalidad de querer presentar al Dr. Leonel Fernández como un derrotado ha ido llevando a esos competidores internos a crearse una percepción de violadores de derechos y al Dr. Fernández como un defensor y guardián de esos derechos.

Especialmente, porque se ha visto en el líder del PLD una firmeza irrefutable y una disposición expresada en su proclamado “no hay marcha atrás” . Esa entereza ha hecho crecer su posicionamiento, porque amplios sectores nacionales han entendido por qué lo hace; se trata de una defensa a la integridad de la Constitución y un freno a la reelección y al desbordamiento de los límites del poder.

El poder ha inclinado al 70% de los integrantes del CC a favorecer la posición de Danilo y apenas el 30% a Leonel. Pero en los mandos intermedios y de base del Partido, Leonel tiene el 70% y Danilo el 30%. La tendencia es Leonel seguir creciendo y Danilo continuar descendiendo.

Sabemos que decir estas cosas molesta, pero resulta oportuno hacerlo debido a que es una torpeza creer que a Leonel lo derrotan votando contra sus posiciones. No, le están dando la oportunidad de mostrarse firme. Más aún, esa firmeza le hace ganar confianza en amplios sectores ante su disposición a frenar la reelección, con la fuerza política que gana de manera creciente.

A Leonel se le está ofreciendo esa oportunidad de crecer y que la misma candidatura presidencial caiga en sus manos. Es que la Carta Magna es regla para todos. Se dice que se está pretendiendo reformar la Constitución para juntar las dos elecciones (municipal que es en febrero y congressional y presidencial que son en mayo); reforma acompañada de suprimir el nunca jamás y el transitorio para de esa manera dar paso a una nueva reelección.

Lo apropiado es entender que Danilo no puede reelegirse y que si el PLD se inclina por retener el poder, el único que marca electoralmente es Leonel, por encima del resto de los candidatos. Es que han puesto en bandeja de plata la candidatura presidencial a Leonel, pretendiendo presentarlo como derrotado.

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