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David contra Goliat: Un combate que trasciende los tiempos

Después de conquistar la tierra prometida, durante la época de Josué, Israel se sumió en la idolatría. Se dice que el pueblo pecaba contra el Señor; y que frente a eso, Jehová creaba un enemigo para que el pueblo se arrepintiera y volviese a Él.

Naturalmente, el pueblo se arrepentía y clamaba al Señor, por lo cual este lo liberaba por medio de un juez, que Él levantaba. Un versículo del libro de Jueces describe ese periodo, en estos términos: “En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía”.

Samuel fue el último de los jueces del pueblo hebreo. Saúl su primer rey; y la vida de David, que de pastor de ovejas, poeta y músico, pasó a ser la de guerrero y sucesor de Saúl, puede interpretarse como la historia de la transición de Israel de una teocracia a una monarquía.

Durante ese periodo de transición, el pueblo israelí vivía uno de sus periodos más sombríos desde que Moisés lo liberó de la esclavitud de los egipcios. Durante varios años había estado en una situación de guerra permanente con sus vecinos, especialmente con los filisteos, un pueblo de origen indoeuropeo, antisemita, con gran capacidad militar. La situación de confrontación bélica del pueblo elegido de Dios con los habitantes de Filistea, hoy la zona de Gaza, en Palestina, había llegado a un punto tal, que en una sola batalla llegó a perder a 30 mil hombres.

De acuerdo con los estudiosos de las Sagradas Escrituras, esa batalla fue decisiva en la vida del pueblo hebreo. Fue el momento más tormentoso en que había caído, ya que, como consecuencia de esa batalla, los filisteos se habían quedado con el Arca de la Alianza, vínculo sagrado del pueblo con Dios.

En las sucesivas batallas, Israel continuaba perdiendo soldados. La situación iba de mal en peor. El desmoronamiento parecía inminente. El pueblo perdía toda esperanza.

Respuesta a un desafío

Así fue como los filisteos organizaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en una colina. También los israelíes acamparon en una colina; y ambos ejércitos se encontraron uno frente al otro en lados opuestos del valle de Ela.

De acuerdo con el relato bíblico, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, proveniente de la ciudad de Gat. Era conocido como un gran combatiente, posiblemente un mercenario.

Resaltaba por su gran estatura. Medía “seis codos y un palmo”, lo que equivale a 9 pies y 9 pulgadas, o casi 3 metros de altura.

Su cabeza estaba cubierta con un casco de bronce y llevaba una armadura de 5 mil siclos de peso, es decir, de 154 libras. A sus pies traía botas de bronce y en la espalda un escudo, también de bronce.

El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y su punta, de hierro, pesaba 600 siclos, o 18 libras. Llevaba un escudero delante de él.

Goliat desafió a Israel proponiendo que saliera uno de sus hombres a enfrentarlo en combate, y que si él perecía entonces los filisteos quedarían sujetos a Israel. Pero, por el contrario, si el vencedor era él, entonces los israelíes quedarían sometidos a la condición de siervos de sus adversarios.

Conforme con la narración de los textos sagrados, Goliat dijo: “Hoy yo he desafiado al campamento de Israel; dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo”.

Esa situación se produciría durante 40 días, cuando Goliat salía, ya no solo a desafiar a los israelíes, sino a proferir contra su Dios. Se burlaba de ellos, los ridiculizaba y les hacía sentir impotentes ante su reclamo de pelear con uno de los combatientes de las filas israelíes.

He aquí, sin embargo, que en medio de esas circunstancias, surge la figura de David. Este había sido enviado a la zona de combate por su padre, para llevar alimento a sus tres hermanos mayores, quienes estaban al servicio de las tropas del rey Saúl.

Hasta ese momento, a David no se le conocían condiciones de guerrero. Solo se había dedicado al pastoreo de ovejas y a tañer el arpa. Al ser cuestionado por Saúl acerca de sus posibilidades de enfrentarse con el gigante de Gat, respondió que en su labor pastoril, se había enfrentado, en múltiples ocasiones con las bestias que amenazaban su ganado, resultando siempre triunfante.

David no pudo resistir el peso de la armadura que el rey le pidió utilizar. Se deshizo del casco de bronce que portaba sobre su cabeza; de la coraza y de la espada, porque según sus palabras, “yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué”.

Combate para la historia

En su lugar, David tomó una honda y cinco piedras y salió al campo de batalla donde lo esperaba, en forma arrogante y en actitud de menosprecio, el gigante Goliat.

Al observar que David carecía de armadura, Goliat se burló de él diciendo: “Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.”

Entonces dijo David al filisteo: “Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel”.

A esto, añadió: “Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza; porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos”.

Así fue que cuando el filisteo se levantó y fue al encuentro de David, este corrió a la línea de batalla. Lanzó con su honda una piedra que clavó en la frente del gigante, el cual cayó sobre su rostro en tierra.

De esa manera venció David a Goliat, con honda y piedra, sin tener espada en su mano. Corrió David y se puso sobre su adversario. Le tomó la espada y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron.

Para la generalidad de las personas, en todo conflicto, el poderoso ha de vencer al débil; el grande al pequeño; el rico al pobre. Sin embargo, no siempre es así.

A veces, incluso, ocurre al revés. Es el débil quien derrota al poderoso; el pequeño hace sucumbir al grande; y el pobre se impone sobre el rico.

Esto así, cuando una idea, una causa justa o un sentimiento de indignación se apoderan del alma de un pueblo que ya no resiste el abuso, la intolerancia o la arrogancia del poder.

Es entonces, en esas circunstancias, que se producen las batallas y combates que trascienden los tiempos, como cuando David derrotó a Goliat.

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Quién forma, Quién educa

Vivimos una época única en la historia de la humanidad, donde el intercambio masivo de conocimientos y el flujo constante de talento nos imponen la necesidad impostergable de mejorar constantemente el sistema educativo, al tiempo que reivindicamos el rol de la familia en la educación de los hijos.

En sus cátedras de la Universidad de Königsberg, Immanuel Kant proclamó que la educación comprendía la disciplina y la instrucción, y que los seres humanos no solo debían ser hábiles y cultos, sino que habían de tener un criterio con arreglo al cual “solo escoja los buenos fines”.

Es el criterio que han mantenido durante siglos las instituciones a cargo de moldear a los ciudadanos en su comportamiento en la sociedad, que son el Estado y la Iglesia, a través del sistema educativo, y la familia en el ejercicio de sus atribuciones dentro del hogar. Sin embargo, hoy se habla mucho de que los centros educativos están para educar mientras que la familia está para formar, ignorando que ambas tareas son totalmente inseparables e indisolubles.

Es una disyuntiva válida que sirve para moldear de una manera correcta las políticas públicas educativas, ya que preparar a los ciudadanos para vivir en sociedad es una tarea compartida por toda la población, especialmente por quienes administran el sistema educativo y por la familia.

 

Comprender correctamente cual es el rol esperado por parte de cada uno de los actores, permite que la tarea de educar y la tarea de formar, se realicen con mayor eficiencia y con un uso correcto de los recursos puestos a disposición del sistema educativo, que ya sabemos que han sido aumentados de acuerdo con las expectativas de la población.

Hoy en día, tanto los profesores como los padres y tutores deben ser facilitadores del conocimiento y la información, pero a la vez deben ser formadores, a través de su comportamiento, sus reacciones y la imagen exterior que proyectan.  Esto así porque en la raíz misma de la palabra educación encontramos un verbo latino que significa “guiar” o “conducir”, que es lo mismo que formar.

 

Educar es transmitir conocimientos, formar es preparar para la vida. Para que funcione correctamente el sistema educativo, la escuela no se puede limitar solo a transmitir conocimientos, mientras que el hogar aporte los valores y las herramientas de vida. ¿El involucramiento de los padres en la formación de sus hijos no incluye el intercambio de información pertinente para la vida del estudiante? ¿El aprendizaje no incluye la enseñanza de valores morales? ¿No se adoptan posturas éticas en la escuela y en el hogar? ¿La influencia de padres y maestros no genera en el estudiante una ideología política, económica y social para su futuro?

La reflexión sobre estas y otras preguntas confirman que educar y formar son tareas compartidas entre el sistema educativo, el hogar y, en general, toda la sociedad, responsable de las normas sociales, que hoy en día están en el limbo. No hay una delimitación clara entre una y otra tarea y que, por demás, el mundo en que vivimos demanda que ambas tareas se aborden desde un punto de vista integrador, entendiendo que el aprendizaje envuelve un modo de actuar y genera opiniones sobre la vida, que marcarán el devenir de nuestros niños.

 

Pensar que la formación es un aspecto periférico de la persona es erróneo, lo mismo que afirmar que la acumulación de conocimientos es suficiente para tener buenos ciudadanos.

 

¿Cuál es la educación que necesitamos para la generación que está creciendo? Necesitamos formar ciudadanos capaces de discernir cuál es el valor de la información que reciben y cómo pueden ponerla al servicio del bienestar común.

 

Educar es dirigir, formar es moldear, son dos tareas con el mismo nivel de importancia, con el mismo impacto en la sociedad y de un valor fundamental para el futuro de la humanidad. No corresponden a nadie en particular, nos toca a todos ser parte de ambas.

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Ley de Partidos, Tribunal Constitucional y democracia

Hace tan solo un año, el 13 de agosto de 2018, fue promulgada la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. En tan breve tiempo, sin embargo, ha sido impugnada por medio de 10 recursos de acción directa en inconstitucionalidad.

Esos recursos han sido interpuestos por ciudadanos, organizaciones de la sociedad, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre seis de esos 10 recursos presentados.

En cuatro de ellos, el organismo encargado de garantizar la supremacía de la Constitución ha decidido a favor de los accionantes. Como consecuencia, ha expulsado de nuestro ordenamiento jurídico, un total de 10 disposiciones contenidas en la Ley 33-18.

Aún quedan pendientes otros cuatro recursos, que eventualmente pudieran también determinar otras incompatibilidades con nuestra Carta Sustantiva.

La adopción de ese conjunto de decisiones demuestra, de manera inequívoca, lo atinado que fue el Constituyente al crear, en la reforma constitucional del 2010, el Tribunal Constitucional.

A partir de ese momento, el respeto a la Constitución, que debe ser observado por todos los poderes del Estado, tiene su mayor guardián en esa Alta Corte. Por tanto, cuando uno de los órganos del Estado incumpla en acatar las disposiciones y principios contenidos en nuestra Carta Magna, corresponde al Tribunal Constitucional enmendar esa transgresión.

Esto así, para garantizar que aun cuando un partido o un grupo político cuente con una mayoría coyuntural en alguno de los estamentos de poder, no pueda valerse de esa mayoría para desconocer la Ley Sustantiva.

En la historia de la República Dominicana, desde la instauración del control concentrado de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, resulta difícil encontrar una norma, con apenas un año de haber sido promulgada, que haya sido objeto de tantos recursos directos de inconstitucionalidad, y que haya recibido tantas sentencias confirmando esa inconstitucionalidad.

Esto, sin duda, constituye algo sin precedentes. Pero, por eso, nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones ocultas que pudieron haberse tejido durante su proceso de discusión y aprobación.

Disposiciones inconstitucionales

A tan solo nueve meses de la promulgación de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el 21 de mayo de 2019, sobrevino la primera declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.

Por medio de su sentencia TC/0092/19, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 44, numeral 6 de dicha ley, que establecía la prohibición de la difusión de mensajes negativos que empañaran la imagen de los candidatos a través de las redes sociales.

Para el alto tribunal dominicano: “[…]el precepto impugnado no sólo viola el principio de legalidad, de seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión y el principio de razonabilidad, sino también el derecho a la información consagrado en el artículo 49 de la Constitución dominicana, porque obstaculiza la difusión de informaciones sobre las actividades de los candidatos a la función pública a través de tipos penales excesivos y ambiguos…®”

Posteriormente, dos meses después, el 22 de julio de este año, el alto tribunal, en su sentencia TC/00214/19 declaró la inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 45.

En ese sentido, reivindicó la democracia interna y el derecho de asociación de los partidos, mediante el restablecimiento de los estatutos como la fuente primaria del ordenamiento interno de las organizaciones políticas.

Al mes siguiente, el 21 de agosto de los corrientes, mediante sentencia TC-0332/19, ratificó el criterio de la sentencia anterior.

Finalmente, el pasado 28 de agosto, el Tribunal Constitucional, mediante el comunicado 39/19, publicó el dispositivo de una sentencia que declara la incompatibilidad con la Constitución de ocho disposiciones de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

En total, pues, fueron 10 las disposiciones de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional.

Estas se refieren a temas vinculados con la protección de derechos fundamentales, como son los relativos a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el derecho de asociación y a la democracia interna de los partidos políticos.

Autoritarismo y dislate

El texto aprobado de la ley de partidos sobre estos tópicos resultaba preocupante. En primer término, establecía prohibiciones con respecto a la transmisión de mensajes publicitarios transmitidos a través de la radio y la televisión.

En segundo lugar, consignaba limitaciones durante el periodo de la precampaña electoral con respecto a la participación de los candidatos y sus voceros; el lugar de celebración de reuniones; la producción y uso de materiales de propaganda; la divulgación de mensajes; y la fijación de horarios para el envío de mensajes a través de llamadas telefónicas.

En tercer lugar, la confusión respecto a la diferencia entre campañas negativas y campañas sucias; establecimiento de un régimen de censura previa, con sanciones penales de privación de libertad.

En cuarto lugar, la prohibición a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentasen; quinto, la indicación en cada organización política, de cuál es el organismo competente para decidir el tipo de registro de electores; sexto, la obligación legal de un tiempo de militancia para aspirar y ostentar una precandidatura en representación de una organización política; y séptimo, la determinación de causas para la renuncia automática de miembros a la afiliación partidaria, sin la observancia del debido proceso.

En resumen, una cadena de barbaridades. ¿Cómo podría considerarse, dentro de un sistema democrático que en el marco de una precampaña electoral, no se puedan transmitir mensajes a través de los medios de comunicación, realizar actividades públicas, colocar propaganda y hasta hacer llamadas telefónicas?

Sin que nos diésemos cuenta, la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estaba creando las bases para un régimen autoritario. Limitaba la libertad de expresión y difusión del pensamiento, dificultaba la emergencia de nuevos actores políticos, impedía la crítica; y cercenaba la democracia interna de los partidos.

La Ley 33-18 solo podía favorecer a quien ostentase el poder de turno. Mientras desde las esferas estatales se podía hacer propaganda permanente, esto se limitaba o prohibía con respecto a las demás fuerzas políticas. Había, pues, un sesgo o desequilibrio en el ejercicio de la participación política que resultaba un riesgo y hasta una amenaza al futuro de la democracia dominicana.

Pero, además del carácter anti-democrático e inconstitucional de las disposiciones anuladas por el Tribunal Constitucional, había otras tan incongruentes, inconsistentes e irracionales, que se prestan para figurar en una antología universal del dislate.

¿Cómo podría autorizarse la participación de precandidatos y sus voceros en programas de radio y televisión, al tiempo de prohibirse, de manera rotunda, la transmisión de mensajes a través de esos mismos medios?

A decir verdad, nada más absurdo.

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En Argentina, Fernández ganó las Primarias

En las recientes elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas en Argentina, la agrupación política, Frente de Todos, con su candidato presidencial, Alberto Fernández; y vicepresidencial, Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo una abrumadora victoria sobre la alianza Juntos por el Cambio, encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El Frente de Todos, de filiación peronista, obtuvo más del 47 por ciento de los votos contra el 32 por ciento, de la coalición gubernamental.

A pesar de que en esos resultados el grupo opositor dispone de una ventaja de 15 puntos porcentuales, eso no es definitivo, ya que las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre. En caso de segunda vuelta, serían el 24 de noviembre.

La importancia, por consiguiente, de las elecciones primarias en Argentina radica en que constituyen una especie de sondeo nacional de lo que probablemente podría acontecer en las elecciones generales.

A decir verdad, las elecciones primarias argentinas resultan extrañas. A pesar de haber sido concebidas para generar competencia en los partidos, los candidatos no tienen rivales. Ya han sido previamente seleccionados a través de acuerdos internos de sus propias organizaciones políticas.

Al no tener los candidatos competidores al interior de sus partidos, lo que hacen, en realidad, es rivalizar con los aspirantes de las demás fuerzas políticas. De esa manera, a través de las primarias, muestran sus fuerzas y exhiben su musculatura antes de la celebración de los comicios generales. Los que no obtengan el 1.5 por ciento de los votos quedan descartados para su participación ulterior. Durante los últimos ocho años, 150 partidos políticos han quedado eliminados.

En las recientes elecciones primarias argentinas votó el 75 por ciento de los electores, lo que equivale a algo más de 25 millones de votantes. Eso, por supuesto, tiene una gran significación para los comicios generales a ser celebrados dentro de dos meses.

Causa de una derrota

En principio, no estaba previsto que el presidente Mauricio Macri experimentase una humillación política de la magnitud escenificada. Había llegado al poder cuatro años atrás, en el 2015, con una agenda política contraria a la de su predecesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más inclinada a promover un rol protagónico del Estado en la aplicación de políticas de desarrollo.

El presidente Macri llegó al gobierno con un plan económico de predominio del mercado. En base a ese plan puso fin a las limitaciones para compra de moneda extranjera; dejó sin efecto los impuestos de exportación; resolvió los desacuerdos con tenedores de bonos (fondos buitres) para restablecer el acceso al capital internacional; y prometió eliminar la inflación y evitar la devaluación de la moneda nacional.

Esa agenda de reformas fue respaldada por los mercados financieros internacionales. Pero, al mismo tiempo que procedía con su aplicación, ordenó un conjunto de medidas que tuvieron un efecto social catastrófico sobre la clase media y los sectores más pobres de la población argentina, generando una gran desilusión y un enorme descontento social.

Entre esas medidas estaban la disminución de los subsidios a las empresas de servicios públicos; el aumento en las tarifas de electricidad y gas, así como de agua y del sistema de transporte público, que se incrementaron, en algunos casos, en más de mil por ciento.

La inflación, en lugar de ser eliminada, se incrementó, de cerca de un 24 por ciento que tuvo en el gobierno anterior, a un 40 por ciento en tan solo el primer año de Macri.

El endeudamiento externo se disparó. En año y medio, del 2015 al 2017, creció en un 27 por ciento. El peso argentino se devaluó drásticamente frente al dólar norteamericano. El desempleo aumentó; y la pobreza alcanzó a más del tercio de la población.

El aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, agravó la situación. El costo del endeudamiento externo se encareció. Para evitar una cesación de pagos o default, el gobierno del presidente Macri suscribió un acuerdo stand by de tres años con el Fondo Monetario Internacional, por una cifra sin antecedentes en la historia del organismo internacional, de 57 mil millones de dólares.

La firma de ese acuerdo con el FMI desató una ola de protestas sociales; y el gobierno añadió combustible al fuego de la ira popular, aplicando severas medidas de austeridad, como congelamiento de salarios, de pensiones y jubilaciones; despido de empleados del sector público; y el restablecimiento del impuesto a las exportaciones.

Retorno del peronismo

A pesar de haber obtenido una victoria en las elecciones de medio término del 2017, es evidente que con la aplicación de medidas ortodoxas de mercado, la inconformidad social que se esparcía por distintos sectores de la sociedad argentina se convertiría en un muro de contención para el proyecto de reelección del presidente Mauricio Macri.

En efecto, así fue. Los resultados de las recientes elecciones primarias así lo revelan. La diferencia de 15 puntos con respecto a la coalición opositora, Frente de Todos, hace prácticamente imposible que la alianza, Juntos por el Cambio, del presidente Macri, pueda revertir esos resultados y salir airosa en las elecciones generales de octubre.

Al señalar algunas encuestas, publicadas antes de las recientes primarias en Argentina, que la coalición del presidente Macri presuntamente aventajaba a la oposición, los mercados reaccionaron con júbilo, incrementando el valor de las acciones, de los bonos y de otros instrumentos financieros.

Pero al ocurrir lo contrario en las urnas, los mercados, en solo dos horas reaccionaron provocando una caída de un 20 por ciento en el valor del peso; de un 50 por ciento en las acciones; de un 15 por ciento en los bonos; y de un aumento de la tasa de interés, a la alucinante cifra de 74 por ciento, la más alta del mundo.

En fin, un desplome total. Frente a eso se ha presentado un vacío de poder. El presidente Macri, debilitado en su autoridad, ha tenido que sostener conversaciones con Alberto Fernández, el candidato opositor, a los fines de evitar una caída mayor en la economía argentina.

De perder las elecciones generales en octubre, no es descartable que el primer mandatario argentino se vea forzado a abandonar el poder antes del traspaso de mando en diciembre de este año.

Eso ya había ocurrido, con anterioridad, con los gobiernos no peronistas de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, que no pudieron completar sus mandatos, debido al impacto de crisis económicas y sociales.

En todo caso, lo que indican las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, es que los Fernández, Alberto y Cristina, han salido victoriosos y ahora están preparando sus vestimentas para un retorno a la Casa Rosada.

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El vínculo entre ciudadanía y autoridad

En la raíz de muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana encontramos el socavamiento del vínculo que debe existir entre las autoridades, representadas por el Gobierno en sus distintas denominaciones, y la ciudadanía. La práctica ciudadana del siglo XXI se sustenta en la expectativa de que las autoridades compartirán el proceso de toma de decisión con los ciudadanos y, en consecuencia, rendirán cuentas de sus actos de una manera eficiente y transparente.

En el devenir de este ejercicio es donde se fortalece la democracia, puesto que la legitimidad es el componente de la autoridad que se construye cuando existe confianza por parte de la ciudadanía, lo que permite que el poder y ‘la función pública tengan la validez que demanda la sociedad.

John Rawls decía que “el poder político es legítimo solo cuando se ejerce en concordancia con una constitución (escrita o no escrita), cuyos aspectos fundamentales, cuando son razonables y racionales, son respaldados por los ciudadanos a la luz del razonamiento humano”. El cuestionamiento constante de los ciudadanos a muchas de las actividades del poder político, nos obliga a reflexionar sobre si existe esa concordancia de la que habla Rawls.

La legitimidad de un gobierno se obtiene, según Dworkin, mediante la confianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones, pero sobre todo, por medio a las acciones públicas implementadas por las autoridades para procurar la plena dignidad de sus ciudadanos.

Y aunque es cierto que la legitimidad de las acciones de un gobierno es sensible a la época y al lugar, así como a las ideas predominantemente aceptadas por la sociedad; no menos cierto es que aun tomando en cuenta estos aspectos “culturalmente aceptados”, es evidente que las acciones públicas que niegan los principios de protección a la dignidad de las personas, siempre serán objeto del repudio público y de la condenación general de la sociedad.

Las situaciones de injusticias y de abuso de autoridades obliga a la ciudadanía a buscar alternativas para organizarse y hacer valer sus derechos, demandando la acción honesta y oportuna de sus gobernantes. En consecuencia, enfrentamos un gran reto para rescatar la credibilidad de la autoridad en general. Los servidores públicos tienen el reto y la obligación de reconstruir la confianza ciudadana, es decir, volver a legitimar su actuación.

Recuperar el vínculo de confianza entre los ciudadanos y las autoridades, especialmente con aquellas que tienen a su cargo la seguridad física de las personas, requiere el escrupuloso respeto a un cuerpo jurídico constitucional, constituido por unas reglas de juego por todos decididas y a todos aplicable. En esencia, se trata de que tengamos menos poder fáctico y más legitimidad y autoridad moral ante los ciudadanos.

No podemos constatar la legitimidad de poder sin antes conocer previamente cuál es la concepción predominante en la sociedad sobre la que se asienta el ejercicio de la autoridad.

Las acciones públicas, como manifestación de poder, deben ajustarse al sistema predominante de creencias de la sociedad y ejercerse desde un cauce institucionalizado que pueda establecer las responsabilidades cuando se actúa fuera de lo que es legítimo. Tan sólo conociendo previamente lo que piensa una sociedad acerca de su poder es cómo podremos conocer si éste es legítimo o no. La ciudadanía de hoy está enseñando a la autoridad, poco a poco, que ha adoptado un nuevo concepto del poder. Vamos a prestarle más atención

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Puerto Rico: La fragilidad del poder

Hace tan solo un mes nadie habría imaginado que Ricardo Rosselló, quien se estaba preparando para su reelección en el 2020, dejaría de ser el Gobernador de Puerto Rico.

Desde el sábado pasado lo es Pedro Pierluisa, ex comisionado residente en Washington, D.C., extraído del ostracismo para ocupar el cargo.

Pero la controversia jurídica que se ha suscitado en torno a su designación, pone de relieve la magnitud de la crisis política que, en estos momentos, sacude a la isla borinqueña.

En principio, no le correspondía a Pedro Pierluisa ser el sucesor de Rosselló. Eso, conforme a la Constitución de Puerto Rico, le corresponde al Secretario de Estado.

Ocurrió, sin embargo, que el secretario de Estado, Luis Rivera Marín, presentó su renuncia al cargo, con anterioridad, inclusive, al propio gobernador Rosselló.

A falta de secretario de Estado, eso dejaba, entonces, en la línea sucesoral a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Pero esta, en razón de cuestionamientos que se hacen a su desempeño en la función, en un caso típico de tragicomedia, expresó su desinterés por el apetecido cargo.

El tercero en línea para poder acceder a la más alta función de la administración pública puertorriqueña es el secretario de Hacienda, Francisco Parés.

Sin embargo, con este ocurrió lo inesperado: no tiene edad para desempeñar el cargo. La Constitución establece como requisito tener al menos 35 años de edad. El secretario Parés solo tiene 31. Fue eso, en consecuencia, lo que catapultó al escenario a Pedro Pierluisa, quien, para juramentarse como Gobernador, ha debido ser previamente investido como secretario de Estado.

Así se hizo. El gobernador Rosselló lo designó en tal posición. La Cámara de Representantes lo confirmó. No así el Senado, que había declarado que para hoy, lunes, evaluaría su nombramiento y lo llevaría a votación.

Eso, por supuesto, abre la controversia jurídica de si un secretario de Estado, sin confirmar por ambas cámaras, tiene la capacidad legal de ser designado Gobernador, a los fines de reemplazar a Ricardo Rosselló.

En fin, que, Puerto Rico inicia la semana con un Gobernador en su laberinto.

El chat que estremeció a Borinquen

El terremoto político que durante cerca de dos semanas conmovió a la sociedad puertorriqueña tuvo un origen inesperado. Un exsecretario, según se rumora, ofendido por su imprevista destitución, filtró casi 900 páginas de conversaciones transmitidas a través de la aplicación de mensajería Telegram.

En esas conversaciones participaban el gobernador Rosselló, varios miembros de su gabinete, asesores y relacionados. Se emitieron expresiones peyorativas y se ridiculizaron líderes políticos, artistas, dirigentes comunitarios, personas con discapacidad y hasta víctimas de los desastres naturales que hace dos años habían impactado al país.

Nadie escapó a la burla, el sarcasmo y el insulto. Como consecuencia se produjo una indignación generalizada. Literalmente, casi todo el pueblo de Puerto Rico se manifestó en contra. Decenas de miles de personas se lanzaron a las calles bajo una sola consigna: “Ricky renuncia ya”.

Destacadas figuras del arte como René Pérez (Residente), Bad Bunny, Ricky Martin, Daddy Yankee, y Wisin, emplearon a fondo su poder de convocatoria para movilizar a amplios sectores de la sociedad. Lo hacían a ritmo de reggaetón, entonando una pieza contagiosa, adecuada para el momento: Afilando Cuchillo. A pesar del tumulto que se repetía cada noche, de las oleadas de multitudes que se lanzaban a las calles, el gobernador Rosselló, en principio, se resistió al reclamo de los protestantes.

Manifestó que no renunciaría. Pero, ante la continuación de las presiones, decidió declarar que no se presentaría como candidato a la reelección en los comicios del año venidero, 2020.

No obstante, el clima político se ensombrecía cada vez más. Tuvo que presentar renuncia a su condición de presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP); y un proceso de impeachment o juicio político empezaba a incubarse, por parte de sus adversarios, internos y externos, en la Cámara de Representantes.

Al final, el gobernador Rosselló no pudo continuar resistiendo el asedio a que era implacablemente sometido. Comprendió que el poder tiene sus límites; que en tiempos actuales, resulta muy frágil; que aún las bromas pueden provocar indignación y hacer demoler las estructuras de poder; y que, en definitiva, quien siempre manda, es el pueblo.

Así pues, renunció.

Razones de fondo

Naturalmente, no fue tan solo el episodio de la filtración de los mensajes contenidos en el chat lo que provocó la ira de la sociedad puertorriqueña. Dos semanas antes de ese episodio, varios exfuncionarios fueron arrestados por el FBI, para fines de investigación, por supuestos actos irregulares cometidos en el ejercicio de sus funciones.

A esa situación de falta de transparencia por parte de funcionarios, se le añade el hecho de la angustia y el sufrimiento padecido por numerosas personas, como consecuencia del paso de los huracanes Irma y María hace dos años.

Esos desastres naturales pusieron en evidencia las carencias y debilidades estructurales de la sociedad puertorriqueña. A pesar de que las autoridades, en principio, solo declararon la muerte de 64 personas, un estudio posterior de la Universidad de Harvard comprobó que este había sido superior al de las 4 mil víctimas.

Eso, obviamente, generó cólera e irritación en la sociedad puertorriqueña. Sacó a relucir la incompetencia, insensibilidad y hasta falta de solidaridad del gobierno, que conforme a la percepción de la ciudadanía, no guardaba respeto ni siquiera por sus muertos.

Durante cerca de un año, numerosos hogares carecían de servicio eléctrico, acceso al agua potable y otros servicios básicos. Varias carreteras permanecían sin ser reparadas; puentes sin ser restituidos; planteles escolares sin ser rehabilitados; y hospitales sin servicios adecuados.

Pero, en realidad, desde hace cerca de 15 años, Puerto Rico atraviesa por una situación permanente de crisis económica. Ante una deuda pública que superó los 70 mil millones de dólares, Puerto Rico cayó en default, o en estado de cesación de pagos.

Frente a eso, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en el 2015 la llamada Ley Promesa, en virtud de la cual se designó una Junta de Supervisión Fiscal, la cual prácticamente tiene el control absoluto de todo el sistema administrativo-financiero del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Determina su presupuesto; ordena aplicar políticas de austeridad; decide la reducción de las pensiones de los más de 500 mil jubilados del servicio público; elimina el bono de Navidad; y ordena el despido de más de 50 mil empleados del gobierno.

Desde entonces, la economía puertorriqueña se encuentra estancada. El desempleo aumenta y su población disminuye cada año. Millares de personas han abandonado la isla en la última década. El éxodo continúa imparable. Frente a los 3 millones, 200 mil ciudadanos que viven en Puerto Rico, hay 5 millones, 500 mil que residen en los Estados Unidos.

La crisis, por consiguiente, viene de lejos. Pero faltaba la chispa que encendiera la pradera. Esas fueron las bromas de mal gusto que irritaron un pueblo, pusieron fin a un gobierno e hicieron traslucir la fragilidad del poder.

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Política de la distensión

La época de la pos-guerra estuvo marcada por el enfrentamiento de las súper-potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. El poderío militar y la influencia geopolítica de ambos bloques generaban un estado constante de alerta ante una posible guerra, que siempre fue considerada como una debacle para la humanidad como la conocemos. La Guerra fría, el período entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del bloque soviético, estuvo marcada por fuertes tensiones que tuvieron su punto más álgido durante la crisis de los misiles de 1962, donde la propia República Dominicana hubiese sido también gravemente impactada.

El mundo vivió en ascuas, en una oscuridad que parecía que nunca acabaría, hasta que comenzó lo que se conoció como el período de distensión, como se conoce al período entre 1962 y hasta 1979, que es cuando la retórica gubernamental cambió en ambos ejes de poder; la coexistencia y el policentrismo se convirtieron en la estructura básica de todas las teorías y doctrinas que permearon los espacios políticos y comunicacionales.

Esa distensión fue la condición previa que permitió abordar los asuntos más difíciles y espinosos, y permitió a su vez encontrar soluciones factibles que de otra manera no se habrían aplicado. Puede que la distensión no haya servido para solucionar todos los asuntos, pero sí los que eran más urgentes; fue así como la humanidad se fue acercando más a la paz y distanciándose de la posibilidad de una guerra nuclear devastadora.

La coexistencia pacífica de criterios políticos divergentes depende de muchos factores, pero hay algunos en particular que aplican en toda lucha política: hay que renunciar a las acciones extremas como medio de solución de conflictos, hay que reconocer los derechos inalienables que benefician a una y otra parte, generar espacios de comprensión mutua y confianza entre los actores y el estricto respeto en lo personal y familiar.

El ejemplo de Estados Unidos y la Unión Soviética nos enseña que la distensión fortalece la política cuando las inconformidades se canalizan de forma institucional, civilizada y ética; pero también cuando desde el ejercicio del poder se postula por un clima de mínimo entendimiento entre las facciones enfrentadas.

Distender no significa abandonar los principios ni las posiciones políticas que se busca defender; significa reconstruir la convivencia, deponer las inquinas y actitudes pasionales, acabar con los rumores, las falsas noticias y versiones insidiosas, volver a la serenidad del debate político serio y constructivo, que busca solución a los problemas sociales y políticos que gravitan sobre un país y su gente.

La conflictividad política solo lleva a la inestabilidad, esta lleva a su vez a la destrucción de la economía y a decisiones equivocadas que sumergen a los países en espirales insondables de atraso.
Tal y como sucedió durante la Guerra Fría, la voluntad sincera de la distensión es beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas en cualquier escenario político; es el camino correcto para recuperar las instituciones y permitirles cumplir con su propósito fundamental y, a la vez, es la ruta indicada para consolidar la paz y la prosperidad.

Cualquier vía política para rebajar la tensión es una oportunidad que los actores políticos no podemos desaprovechar. Y hoy República Dominicana debe verse en ese espejo.

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El debate sobre la reforma constitucional

Para algunos, las discrepancias que actualmente prevalecen dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no son más que expresiones de una lucha de poder. Para otros, conflictos entre distintas corrientes o facciones partidarias; y hay quienes no dejan de sostener que se refiere, simplemente, a una pugna de egos o mera rivalidad entre sus líderes.

Nada de eso es cierto. Para empezar, las llamadas tensiones políticas no son exclusivamente del PLD.

Son, en realidad, de toda la sociedad dominicana; y esto así, en razón de que lo que constituye la esencia de las divergencias está en relación con los valores y principios contenidos en la Constitución de la República.

En el debate actual, lo que se plantea es una segunda reforma, en cuatro años, de la Carta Sustantiva de la nación para hacer posible un tercer periodo presidencial consecutivo.

En el 2015 se hizo una reforma a la Constitución con el propósito de modificar el modelo de mandato presidencial previsto en el texto constitucional aprobado en el 2010.

AHORA, SIN EMBARGO, EN EL DEBATE ACTUAL, LA NOVEDAD CONSISTIRÍA EN ESTABLECER UN TERCER PERIODO CONSECUTIVO.

Ese mandato presidencial, previsto en el 2010, establecía que el Presidente de la República sería electo por un periodo de cuatro años, no pudiendo postularse para un segundo periodo consecutivo.

Inicialmente, ese concepto se planteó en la reforma constitucional del 1994, luego de la crisis post electoral, entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que dejaba sin efecto el modelo de reelección presidencial indefinida, prevista en la Constitución de 1966.

La reforma de 1994 fue modificada, a su vez, en el 2002, durante el gobierno del PRD, para hacer posible dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más.

Así, de esa manera, durante los últimos 25 años, en la República Dominicana, por medio de tres reformas constitucionales, se han adoptado dos modalidades de mandato presidencial.

El primero de ellos, en 1994, basado en la no reelección consecutiva. Este, abolido en el 2002, para hacer posible dos periodos consecutivos.

Luego, modificado en el 2010 para volver al sistema de 1994; y posteriormente, sustituido, a su vez, en el 2015, para restablecer el mecanismo del 2002.

Todo eso, por supuesto, tiende a producir vértigo. Durante un cuarto de siglo, la Constitución dominicana ha estado sometida a una situación de inestabilidad crónica, que la hace aparentar como una especie de columpio que se mueve hacia arriba con dos periodos presidenciales consecutivos; y hacia abajo, con periodos presidenciales no consecutivos.

Ahora, sin embargo, en el debate actual, la novedad consistiría en establecer un tercer periodo consecutivo, una modalidad desconocida en nuestra historia constitucional, que dejaría en la incertidumbre el funcionamiento del modelo a futuro.

El Tercer Periodo

En virtud del decreto 410-01, del 21 de marzo de 2001, el entonces Presidente de la República creó una comisión especial, bajo la coordinación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a los fines de proponer, luego de un amplio consenso, las modificaciones que deberían introducirse a nuestra Carta Sustantiva.

Así se procedió. Esa comisión especial hizo entrega de su trabajo, mediante un informe, fechado 13 de agosto de 2001, que contemplaba una reforma integral de la Constitución de la República.

En el artículo 58 de la misma se preveía que el presidente sería elegido por un periodo de cuatro años, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente.

En vista de su desacuerdo con el modelo de periodo presidencial esbozado en el informe, el entonces primer mandatario de la nación, en forma atropellante y escandalosa, impuso una reforma a nuestra Carta Magna con la única finalidad de garantizar su continuación en el poder, que establecía dos periodos consecutivos y nunca más.

Eso quedó enmendado en la reforma integral que se hizo a la Constitución de la República en el 2010. En la misma, como hemos dicho, se volvió al modelo de 1994, de periodos presidenciales no consecutivos. Esto así, a petición de nuestro interlocutor en dicha reforma, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En el 2015 se retornó al modelo del 2002, de dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más. En esa última ocasión, al artículo 124 de la Constitución de la República, que es el que consigna los dos periodos consecutivos, se le añadió un transitorio, que dice así: “En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la Vicepresidencia de la República.” Ese artículo transitorio es el que cierra las puertas para un tercer periodo presidencial consecutivo, y el cual se aspira, en estos momentos, reformar. Esto así, a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría de la población (en distintas encuestas, 7 de cada 10 dominicanos se opone a la misma), de las distintas fuerzas políticas y sin consultar a los distintos sectores de la sociedad civil.

Para garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 2015 se suscribió un acuerdo o pacto entre los miembros del Comité Político del partido fundado por el profesor Juan Bosch.

Ese pacto, hizo posible la votación unánime del bloque parlamentario peledeista en favor de la reforma constitucional de ese año; y por consiguiente, la reelección del Presidente de la República para un segundo periodo consecutivo.

La necesidad del consenso

En el ordinal segundo del referido pacto suscrito por los miembros del Comité Político del PLD, se estipula lo que sigue: “Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente a través de la representación legislativa de nuestro Partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro.” Ese acuerdo del Comité Político del PLD fue de singular importancia. Quería indicar que aunque se procedió en el 2015 a modificar nuestra Carta Magna, hacia el futuro se quería contar con unos denominados “candados” a la Constitución, que consistirían en establecer una superior mayoría calificada para una reforma a nuestra ley de leyes.

Esa parte del acuerdo del Comité Político del PLD aún no se ha cumplido; y sería, por consiguiente, una incongruencia que se procediese a una nueva reforma constitucional que eliminase el transitorio al artículo 124, y no se cumpliese con la necesidad, reconocida por todos, de dotar de mayor permanencia y estabilidad a nuestra Carta Magna. Al referirse, precisamente, acerca de los límites de los mandatos presidenciales, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un informe al organismo sobre elecciones y democracia, ha sostenido: “En determinadas circunstancias la modificación de los límites de la duración del mandato (presidencial) puede socavar la confianza necesaria para que el sistema político funcione bien. La posibilidad de que la modificación de un marco jurídico socave la confianza es mayor cuando…se realiza poco antes de las elecciones o si el proceso no se basa en un consenso nacional amplio.” Por su parte, al referirse a este tema, la Comisión de Venecia lo hace con claridad meridiana, al señalar: “Un amplio consenso…es crucial para mantener una democracia fuerte y la confianza en las instituciones y los procesos electorales.” Así es. El consenso es imprescindible.

Lo contrario sería conducir hacia la muerte de la democracia.

PARA GARANTIZAR LA UNIDAD DEL PLD, EN EL 2015 SE SUSCRIBIÓ UN ACUERDO O PACTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ POLÍTICO.

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El peso de la responsabilidad

Leer a Tony Judt siempre ha sido un festín para quienes aspiramos a nutrirnos de la historia, de la filosofía y la sabiduría de los personajes que han intervenido a viva voz en el debate público. La sagacidad y el tino con que reconstruyó hechos históricos para extraer enseñanzas aplicables a todos los contextos constituyen grandes atributos de este gran autor, quien es un referente insondable al momento de hablar de política.

Una de esas obras que aplican hoy más que antes es El peso de la responsabilidad, en la que analiza la importancia de la responsabilidad pública, un concepto que cada vez se cultiva menos en nuestro país y en toda la región, a pesar de que se disponen de más medios y herramientas para exigirlo con rigurosidad.

En base a las vidas de Albert Camus, Léon Blum y Raymond Aron, recorremos la importancia y el sentido de la responsabilidad de quienes ocupan un puesto relevante en la opinión pública, no desde el punto de vista de un político o de un funcionario público, sino desde la posición de quienes gozan del prestigio que la sociedad otorga a aquellos que representan fielmente el interés de la mayoría.

La pasión intelectual francesa de la época de estos tres grandes autores, unida al extremismo político de la época, constituye un interesante paralelismo aplicable hoy en día, que nos lleva a cuestionarnos qué tan necesario es el rigor intelectual en momentos de turbulencia política.

Sanguinetti alguna vez escribió que el intelectual no es simplemente un escritor, un pintor, un historiador, un sociólogo o un filósofo; «es cualquiera de ellos pero en actitud de opinado -y juez- universal». Se trata de una persona con el reconocimiento suficiente para sentarse en la pantalla de la televisión -y ahora del celular- tanto o más que muchos políticos, aunque sin su compromiso.

Son personas que tienen el derecho y el deber de cuestionar el sistema, intervenir constantemente en el debate público y convertirse en agudos detractores que arrojan luz en la arena pública, para aportar, desde la filosofía, la sociología y otras disciplinas, las soluciones a los problemas estructurales y sempiternos que agobian a las sociedades.

A ellos les corresponde analizar y cuestionar los cambios que se suceden velozmente en las ideologías y en los partidos, en la democracia y en el sistema electoral. Les concierne el deber de luchar contra los excesos de poder en la sociedad y el agravamiento de las desigualdades sociales. Los intelectuales deben ser los primeros en enfrentar el conformismo ideológico y propugnar por un sistema de pesos y contrapesos, que sirva a la institucionalidad en la medida en que amplía el abanico de oportunidades y opiniones que ayudan a construir el consenso público.

El país se enfrenta a momentos definitorios en lo económico, en lo político y en lo social, que demandan cambios imprescindibles en los cuales debe implicarse toda la sociedad. La política -y lo que sucede en esta- no puede ser ajena al común de la sociedad y, mucho menos, a los que ejercen el rigor intelectual. Estos últimos deben comprometerse y encontrar espacios de común acuerdo con los partidos y los políticos, para emprender la tarea hercúlea del fortalecimiento de la democracia en nuestro país.

Sería una gran lástima que el vértigo de la actualidad política nos impida reflexionar sobre el futuro de la sociedad dominicana con seriedad y que no podamos discutir a profundidad el rechazo de los ciudadanos a la política y a los partidos.

La responsabilidad de exigir ese importante debate recae sobre quienes, sin ser de la política, ocupan esos puestos relevantes en el imaginario público. A ellos les corresponde servir de contrapeso y guiarnos para que en lugar de solo “reflejar las fisuras políticas y culturales de su entorno”, puedan “contribuir a enderezar la atención nacional hacia otras sendas más prometedoras”.

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Una Feria para la historia

Para su 78ª edición, la Feria del Libro de Madrid decidió honrar a la República Dominicana, dedicándo al país el lugar más privilegiado de los 17 días de actividades literarias y culturales que reúnen a más de 300 expositores de toda España, que se agrupan en la Asociación de Librerías de Madrid y la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones.

La cita cultural data de 1933, cuando se realizó por primera vez en el Paseo de Recoletos como parte de los actos de la Semana Cervantina, un festejo que guardan varias ciudades y municipios de España en honor a Miguel de Cervantes. Vendría la Guerra Civil española a abrir un triste paréntesis que se mantuvo hasta el 1944, fecha en la que retornó bajo la denominación de Feria Nacional del Libro en el mismo lugar, hasta el 1967, año este en que se mudó a su actual residencia, los Jardines del Parque de El Retiro.

Desde entonces, ha sido una cita obligatoria para todo los amantes del libro y la lectura; para escritores, divulgadores, editoras, y en fin, a todo el que cree fervientemente en el libro como el eje del consumo cultural de los seres humanos.

Entre esos creyentes consagrados está el Embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, destacado abogado y especialista en derecho administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, quién con menos de dos años de su llegada a Madrid a cumplir su misión oficial, ha revolucionado por completo el rol esperado de las misiones diplomáticas, especialmente en el ámbito cultural.

Exquisito amante de la lectura, promotor del conocimiento y curioso de la historia, el Embajador y amigo Olivo Rodríguez ha convertido en realidad un sueño de todos los gestores y animadores culturales y, en particular, de los dominicanos y dominicanas asiduos del mundo de la lectura, al elaborar un programa de actividades que ha englobado libro, arte, pintura, música y fotografía

Con un maestro liderazgo en la coordinación y creatividad; al igual que con su singular humildad y empatía, puso a prueba la capacidad de cohesión ciudadana en torno a un tema vital para el desarrollo: la Cultura. El extenso y diverso programa de actividades llevadas a cabo en la Feria convirtieron el pabellón de la República Dominicana en un desfile de personalidades de la vida púbica y privada de nuestro país, que han presentado ante la sociedad española y la comunidad dominicana en Madrid, las bondades culturales que engalanan nuestra sociedad.

Una columna de 600 palabras como esta no es suficiente para resaltar la calidad académica y el patriotismo de los cientos de dominicanos del país y de la diáspora que protagonizaron las casi 130 actividades organizadas por el Embajador y su equipo de la Embajada en Madrid, una pléyade de jóvenes diplomáticos y colaboradores que asumieron el reto de dar un nuevo impulso a la imagen del país, presentando su faceta cultural.
Mi presencia en la Feria del Libro de Madrid me recordó la importancia de que un país cuente con “intelectuales comprometidos”, verdaderos cultores del saber que intervengan en el debate público, reinvindicando la autonomía de pensamiento, el rol de la historia en nuestras decisiones y la responsabilidad moral.

Creo firmemente que el gran aporte del Embajador Olivo Rodríguez con la grata experiencia de esta Feria, ha sido compendiar en un mismo espacio la esencia histórica de la República Dominicana, la relevancia de nuestras relaciones con España y la calidad de los intelectuales, escritores y analistas dominicanos. En consecuencia, se ha escrito un nuevo capítulo de las relaciones dominico-españolas, sobre las bases de la amistad que ha unido por siglos a escritores y escritoras, a lectores y lectoras de ambos países. ¡Enhorabuena mi apreciado Olivo!

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Comisión de Venecia: Constitución, Democracia y Reelección Presidencial

Tomando en consideración algunas experiencias que han estado teniendo lugar en América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, un órgano consultivo del Consejo de Europa, responder a varias inquietudes en relación a los límites constitucionales a la reelección presidencial.

La OEA sometió a la Comisión Europea cuatro preguntas, relacionadas con la idea de si existe un derecho humano a la reelección; si la restricción a los límites de la reelección merma los derechos humanos y políticos de los candidatos y de los electores; y cuál sería la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado constitucional.

La comisión, creada en 1990 tras la caída del muro de Berlín, es mejor conocida como Comisión de Venecia, en razón de que sus integrantes, expertos en Derecho Constitucional, se reúnen cuatro veces al año en esa bella ciudad italiana. Asiste y aconseja a los países en materia constitucional, para mejorar el desarrollo de la democracia y los derechos humanos.

Al responder a las inquietudes del secretario general de la OEA, lo hizo en un documento conocido como Informe sobre los Límites a la Reelección.

Ese informe, que parte de un estudio comparativo de las disposiciones constitucionales sobre los límites a la reelección presidencial en diversos Estados del mundo, llegó a la conclusión de que existen en la actualidad cinco tipos o modelos de limitaciones a la reelección presidencial, que van desde no tener ningún límite hasta su prohibición total.

Pero, en el análisis de las distintas modalidades sobre la limitación de los mandatos, la comisión concluyó en el sentido de que en la mayoría de los casos, las constituciones de la generalidad de los países contienen disposiciones que limitan el tiempo del mandato del presidente del país, otorgando, nada más, el derecho a una reelección.

Límites a la reelección

Conforme al criterio de los integrantes de la Comisión de Venecia, los límites a la reelección presidencial se aplican debido “al peligro de abuso de poder por parte de los mandatarios que se proponen prolongar su permanencia”.

En efecto, el problema consiste en que en los regímenes presidenciales, el jefe de Estado concentra un conjunto de poderes que lo colocan en una posición de ventaja en relación a los demás candidatos; y es que la Presidencia de la República, en cualquier lugar del mundo, equivale a una campaña permanente.

Debido a su posición preponderante, el gobernante de turno dispone de una serie de recursos económicos, comunicacionales, de relaciones sociales y de influencia, en sentido general, que utilizado de manera permanente e indefinida, conducen a lo que en el lenguaje de los miembros de la Comisión sería “el de tener un monarca republicano”.

En sus hallazgos, los comisionados indican que casi todos los Estados que han adoptado un sistema presidencial “imponen limitaciones constitucionales sobre el número de periodos de mandato del presidente a fin de preservar un sistema de controles y equilibrios constitucionales”.

Al hacer referencia sobre la realidad de América Latina, tanto la actual como la ocurrida desde la etapa postcolonial, señala que la historia y el contexto social han tenido un efecto directo en las constituciones nacionales sobre la reelección y sus límites.

Sin duda, así es. Debido al escaso desarrollo económico y social de la generalidad de los países de América Latina después del periodo de la independencia en el siglo XIX, en lugar de un sistema democrático auténtico y vigoroso, surgieron dictaduras y regímenes caudillistas, que predominaron hasta las últimas décadas del siglo pasado.

Para la Comisión de Venecia, “los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto”. En adición, consideran que dichos límites pueden fortalecer a una sociedad democrática, debido a que imponen la alternancia política en los distintos procesos electorales.

De igual forma, alientan la esperanza de los partidos de oposición de que, a través del proceso de elecciones periódicas pueden alcanzar el poder, sin necesidad de tener que recurrir a mecanismos de fuerza, como serían el golpe de Estado militar o revoluciones violentas.

Al concluir sobre este aspecto, la Comisión de Venecia indica que los límites a la reelección que la mayoría de las democracias representativas imponen al derecho del presidente titular, representan un límite razonable al derecho de ser elegido porque impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del presidente.

Añade que el presidente tiene la obligación de hacer valer la Constitución, no puede exigir sus derechos políticos en contra de la Constitución; y los límites impuestos a la reelección no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos.

Reelección y Constitución

En el mundo político y académico predomina el criterio de que una Constitución debe tener cierto sentido de perdurabilidad.

Aunque es así, no es menos cierto que, periódicamente, tiene que irse adaptando a los cambios que la sociedad va experimentando.

En tal sentido, una Constitución es susceptible de ser reformada. La facilidad o dificultad con que pueda realizarse determina en el hecho de si la Carta Sustantiva resulta ser flexible o rígida.

En una Constitución flexible basta la aprobación de una ley ordinaria. Una rígida es más compleja, pues además de requerir una mayoría calificada, podría estar sujeta a otras condiciones.

Los integrantes de la Comisión de Venecia consideran que si bien los límites a la reelección restringen los derechos del presidente, debido a que ese derecho es concedido por el pueblo, que tiene un poder soberano, ese mismo pueblo “tiene el poder de decidir el periodo y la posibilidad de reelección del Presidente”.

Por consiguiente, conforme al criterio de los comisionados, se requiere “una enmienda constitucional para modificar los límites a la reelección”.

Ahora bien, continuando con la línea de razonamiento de los comisionados, “cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los jefes de Estado, la motivación debería ser mejorar la maquinaria del gobierno como tal, no el poder y los intereses del titular”.

A esto añade: “Un principio sólido y una buena norma general con la cual medir las implicaciones democráticas de las enmiendas sería que estas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo”.

En síntesis, los límites a la reelección presidencial representan un medio para disminuir el peligro del abuso de poder por el jefe de Estado de turno. De esa manera, persiguen los fines legítimos de proteger la democracia y el Estado de Derecho.

Así pues, para la Comisión de Venecia, “abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos”.

Para la OEA, el informe de dicha comisión adopta una guía de orientación y un valor jurídico contra la reelección.

@leonelfernandez

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La Constitución del 2010: Una reforma integral

Al fragor del debate político actual, suele deslizarse la idea de que la reforma constitucional realizada en el 2010 se corresponde con los mismos propósitos u objetivos de otras realizadas a nuestra Carta Sustantiva durante las últimas dos décadas.

Nada más incierto. De las cuatro reformas efectuadas en nuestro país desde la década de los 90, solo la del año 2010 tuvo un carácter verdaderamente integral. Las demás (1994, 2002 y 2015) se correspondieron con la solución de una crisis o con hacer posible la reelección presidencial.

Por ejemplo, la reforma de 1994 se concibió como solución al conflicto post-electoral entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Planteaba, entre otros aspectos, la reducción del periodo presidencial en dos años; la eliminación de la reelección consecutiva; y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los magistrados integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, con la llegada al poder del PRD para el periodo 2000-2004, se puso en ejecución otra reforma a nuestra Carta Sustantiva, en el año 2002, con la finalidad de facilitar la reelección, al permitirse un segundo mandato consecutivo.

Eso suscitó grandes controversias en el ámbito político nacional. Se produjo un amplio rechazo en la opinión pública. Se generó una escisión interna en el partido de gobierno. Se expandió una crisis de confianza en el sistema de partidos; y en medio de la crisis económica y social provocada por la quiebra de varios bancos, la ilusión reeleccionista terminó por desvanecerse con el voto castigo expresado en las urnas.

Con el naufragio experimentado por el gobierno del partido blanco, retornó al poder en el 2004 un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ese gobierno estableció como prioridad superar la crisis económica heredada de la pasada gestión y aplicar políticas orientadas hacia la recuperación de la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía.

Proceso de reforma

La situación de inestabilidad de la economía dominicana quedó rápidamente superada. Se logró recuperar la confianza de los inversionistas; y se retornó a niveles de crecimiento promedio anual de un 7% del PIB.

Alcanzados esos objetivos, el gobierno peledeista pasó a concentrarse, a partir de la renovación de su mandato en el 2008, a establecer en su agenda la materialización de importantes reformas institucionales, entre las cuales destaca, como elemento fundamental, una reforma a la Constitución de la República.

Para introducir esa reforma a nuestra Ley de Leyes, se puso en práctica un método inédito, totalmente desconocido en la historia de nuestro país. Se hizo una consulta popular, que aun sin estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, permitió una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional en el gran debate acerca de los contenidos que debían incorporarse al nuevo texto de la Constitución.

Se integraron al proceso de discusión sobre la reforma constitucional, entre otros, los partidos políticos; los medios de comunicación; los clubes culturales; las iglesias; las universidades; los gremios profesionales; los sectores empresariales; las organizaciones campesinas; los ecologistas; y el movimiento feminista.

Fue un proceso verdaderamente histórico, ejemplar. Con gran entusiasmo, los sectores más representativos de la vida nacional se integraron para aportar ideas, conceptos, valores y principios, a la norma jurídica por excelencia que serviría de norte para la consolidación de la democracia, la libertad, la justicia social y el progreso en la República Dominicana.

Conjuntamente con esa consulta popular, se creó una comisión de juristas, compuesta por destacados profesionales del ámbito del Derecho Constitucional. Estos, a su vez, procuraban darle sentido técnico-jurídico a las diversas propuestas, que en forma espontánea emergían del sentimiento, la imaginación y la creatividad del pueblo dominicano.

Estado democrático y social de Derecho

La reforma constitucional dominicana del 2010 estaba en consonancia con el conjunto de reformas a la Carta Sustantiva que se venían realizando en el mundo iberoamericano desde que España llevó a cabo la suya en 1978.

El proceso de transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos que logró materializarse en América Latina durante los años 80 y 90, motivó que durante esos mismos años, 15 países de la región procedieran a realizar verdaderas reformas integrales a sus respectivas constituciones.

Fue una época excepcional de la historia democrática de América Latina. Se procuraba consolidar el Estado democrático y social de Derecho en nuestra región. Para alcanzarlo, desde el punto de vista institucional, se procedió a lo que ya se conoce como la era del neo-constitucionalismo latinoamericano.

La República Dominicana estaba necesitada de una reforma integral parecida. La Constitución de 1966, que se corresponde con el inicio de la era de Balaguer, duró 28 años. Pero ese texto constitucional carecía de una indicación de valores y principios; adolecía de lagunas y gazapos; y estaba afectada de inconsistencias y desatinos.

La reforma de 1994, emanada de la crisis post-electoral, no contribuyó a su superación. Mucho menos la del 2002, que se limitó, única y exclusivamente, a hacer posible un proyecto de reelección presidencial, que al final se desplomó en forma estrepitosa.

Fue, en realidad, la reforma integral del 2010, la que vino a ponerse a tono con, y hasta a superar, conforme al criterio de varios especialistas internacionales de Derecho Constitucional, el moderno sistema de reforma constitucional de América Latina.

La reforma constitucional del 2010 estableció con criterios claros e inobjetables el concepto de nacionalidad dominicana. Consagró el principio de Estado democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Esa reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico.

De igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular; promovió la equidad de género; creó las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Vista en conjunto, tanto por su carácter procedimental como por su aspecto sustantivo, la Constitución del 2010, conjuntamente con la de 1963, representa la más profunda, participativa y democrática de todas las constituciones elaboradas en la República Dominicana desde su fundación en el 1844.

Hay quienes, desde un principio, quisieron trivializarla y reducirla al aspecto relativo a los periodos presidenciales. Con eso se intentaba equipararla a las reformas del 2002 y del 2015, las cuales se circunscribían, simple y llanamente, a hacer posible la reelección presidencial de los incumbentes.

Pero no es el caso de la reforma del 2010. Esta fue más allá. Como ha podido observarse, la reforma del 2010 tuvo visión de futuro al dar origen a un verdadero código para la consolidación de la democracia, la justicia y las garantías de los derechos ciudadanos en nuestro país.

En fin, una Constitución para la historia.

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