Leonel Fernández

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Un día decisivo para la democracia

En el día de hoy, la fortaleza de la democracia dominicana será puesta a prueba, al conocer la Cámara de Diputados de la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Eso está precedido por la adopción, el pasado jueves, 2 de agosto, del informe emanado de la Comisión Especial, creada por la cámara baja, a los fines de procurar su aprobación por la vía del consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

Luego de 18 reuniones de dicha comisión y tres adicionales de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en las que se produjeron acuerdos en diferentes aspectos del referido proyecto de ley, hubo uno, el relativo a lo consignado en los artículos 37 y 42, concernientes a la modalidad de escogencia de los candidatos a cargos de elección popular, en los cuales no fue posible arribar a un consenso.

En la subcomisión formada para la búsqueda de una redacción pactada de los artículos 37 y 42, el consenso pereció, al producirse un sorpresivo cambio, de último momento, por parte de la representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que resultó en una decisión precaria de tres votos a favor y dos en contra.

La Comisión Especial, por su parte, al reunirse el pasado jueves, 2 de agosto, se manifestó en la misma polarización que la anterior, con una estrecha votación de siete a favor y seis en contra.

En círculos legislativos se esparce el rumor de que la variación reformista se debió a presiones provenientes de fuerzas externas que podían poner en peligro hasta su propia supervivencia como organización política.

En la aprobación, por parte del Senado, del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se había establecido que los candidatos a cargos de elección popular serían escogidos, de manera única, mediante la celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas, organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral.

Esa decisión del Senado se encontró con el rechazo generalizado de las autoridades de la Junta Central Electoral; de 24 partidos políticos; de las organizaciones empresariales; de las iglesias católica y evangélica; de las organizaciones de la sociedad civil; y de los principales medios de comunicación.

Ante esa situación, el Presidente de la República envió una carta a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, en la que, al reconocer que no contaría en la cámara baja con el respaldo de las dos terceras partes de los votos requeridos para su aprobación, solicitaba que, mediante la búsqueda del consenso, se explorasen opciones alternativas a las de primarias abiertas y simultáneas.

Naufragio del consenso y de la opción alternativa

Ante la misiva del Presidente de la República, se suscitó una expectativa de posibilidades de acuerdo entre todos los sectores representados en el Congreso Nacional; y de inmediato se activó un mecanismo de diálogo bicameral, encabezado por los presidentes de ambas cámaras.

Ese diálogo, lamentablemente, culminó en el fracaso. Eso así, debido a que se intentaba imponer, como opción o por vía indirecta la misma fórmula, de primarias abiertas y simultáneas, que no fue posible sustentar por la vía directa, como había aprobado el Senado.

Posteriormente, en el marco de la Comisión Especial, los 11 partidos que integran el bloque opositor, sometieron una propuesta que calificaron como “Propuesta desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, también conocida popularmente como “la propuesta del librito”.

En dicho texto, el bloque de partidos de oposición, al referirse al tema de las primarias, alegó que: “cada partido debería decidir el método de elección de sus candidaturas internas o a cargos de elección popular de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo con la ley”.

También, que “las primarias, o cualquier método escogido por los partidos, deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes, con el padrón de cada partido y ser supervisadas y con apoyo logístico de la Junta Central Electoral…”.

A pesar de divergencias en algún punto específico de esa propuesta, en general dicho planteamiento facilitaba la búsqueda del consenso en el marco de respeto a la Constitución, ya que, de alguna manera, también recogía el espíritu de la propuesta inicial de la Junta Central Electoral.

Sin embargo, en forma extraña, el PRM, que se había convertido en garante frente al bloque de partidos opositores de sustentar dichas propuestas, se alejó de las mismas; y adoptó una presunta flexibilización, que consistía en permitir que cada partido decidiera el método, modalidad y padrón a ser utilizado por cada organización política en sus elecciones primarias.

Con esa nueva actitud, de que cada partido escogiese el tipo de padrón, el PRM no solo se distanciaba del bloque opositor, sino que se convertía en el actor principal en la introducción, por vía indirecta, del mecanismo que se procuraba evitar mediante la búsqueda de alternativas, como es el de las primarias abiertas y simultáneas, ahora dejada como opción de cada partido.

¿Por qué cambiaba de postura, de manera tan abrupta, el PRM? ¿Cuáles fuerzas, internas y/o externas, estaban incidiendo para ese cambio de actitud?.

Hasta ahora, no resulta del todo claro. Pero lo cierto es que al introducir ese nuevo elemento, el PRM sembró la semilla de la discordia y la implantación del germen de naturaleza inconstitucional sobre lo cual, en el día de hoy, tendrá que discernir la Cámara de Diputados.

A la variación de la posición del PRM, se le añadió, también en forma desconcertante, la ruptura del PRSC con el consenso opositor plasmado en “el librito”.

En la nueva postura, el partido del gallo colorao contribuyó a reactivar un elemento del debate que hasta entonces no había encontrado respaldo; y es el de que fuesen los organismos superiores de cada partido y no la totalidad de sus miembros, como constitucionalmente debe ser, los que decidiesen la modalidad de elección y el padrón a utilizar por cada organización política en la elección de sus candidatos a cargos de elección popular.

La aritmética de la democracia

Desde la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, el día D se ha considerado como un día decisivo. Hoy es un día D para la democracia dominicana.

Es un día decisivo en razón de que los escogidos como representantes del pueblo tendrán que decidir entre los intereses particulares de algunos miembros de las cúpulas de los partidos (de eso que Robert Mitchels calificó como la oligarquía de hierro de los partidos); y el interés nacional, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Frente a ese dilema, en principio, la actual correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados impediría que las primarias abiertas y simultáneas, introducidas como opción o por vía indirecta, sean aprobadas.

La razón de eso se debe a que los sectores que propugnan por este propósito no cuentan con las dos terceras partes de los votos requeridos por el artículo 112 de la Constitución para aprobar las leyes orgánicas como es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Con la reciente suma de los 11 votos del partido reformista, los promotores de la opción de primarias abiertas y simultáneas contarían con 101 votos. Todavía les faltarían 26 para obtener los 127 votos requeridos para aprobar la referida ley de partidos políticos.

Sin embargo, en el Congreso Nacional circula con fuerza la especie de que se produciría una fragmentación en la votación de los 50 diputados del PRM. Por un lado, hay 17 diputados que corresponden a la tendencia minoritaria de esa agrupación política que votarían a favor de las primarias abiertas y simultáneas como opción de los partidos para la escogencia de sus candidatos a cargo de elección popular.

Por otro lado, se susurra por los pasillos que hay otro grupo de diputados, que forman parte de la otra tendencia perremeísta, que presuntamente ya habrían sido “persuadidos” por fuerzas externas, a los fines de obtener la aprobación de la opción de primarias abiertas y simultáneas.

Más aún, es de dominio público, que dentro de las negociaciones llevadas a cabo, se ha acordado que un grupo de diputados del PRM se ausente de la histórica sesión de este martes, para, de esa manera, reducir la cantidad de las dos terceras partes de los presentes que se requiere para la aprobación de la ley de partidos.

La opinión pública deberá estar atenta a la pizarra de votación de la Cámara de Diputados y a las ausencias injustificadas que eventualmente pudiesen tener lugar. Así, podrá verificarse quiénes, realmente, estarán a la altura de sus sagrados compromisos con la defensa de la Constitución.

Ante la necesidad de contar con una Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que estuviese en armonía con nuestra Carta Magna y sirviese de instrumento para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, lo ideal es que la misma hubiese podido ser aprobada con el consenso de todos los sectores involucrados.

Desafortunadamente, no será así. Pero aún confiamos que los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán suficiente capacidad de discernimiento para impedir que intereses ocultos, de corto plazo, provoquen la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo.

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Haití: Estallido social y FMI

El gobierno haitiano procuró aprovecharse de la distracción que generaría en la población la celebración del juego entre Bélgica y Brasil en la Copa Mundial de Futbol. Se calculaba que un eventual triunfo del equipo brasileño suscitaría, en Haití, tal nivel de euforia, que podría deslizarse, en forma inadvertida, un alza prevista en los precios de los combustibles.

La tragedia fue, sin embargo, que el equipo carioca resultó vencido en la contienda; y a la amargura de la derrota se le sumó la ira de la indignación, al sentirse los ciudadanos burlados por las inesperadas medidas gubernamentales.

Las protestas empezaron el viernes, 6 de julio, en Puerto Príncipe, Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave, para luego extenderse a otras localidades. Durante las próximas 24 horas Haití, prácticamente, ardería en llamas.

Varias personas resultaron muertas y decenas fueron heridas. Hoteles, restaurantes y vehículos fueron reducidos a cenizas. Decenas de negocios fueron saqueados; caminos y carreteras, bloqueados.

Para algunos, esas manifestaciones de violencia, por su extensión territorial, así como por su simultaneidad, fueron organizadas por grupos radicales de oposición que tenían como objetivo hacer saltar por los aires al gobierno del presidente Jovenel Moise, un productor de banana, llegado al poder hace un año y cinco meses.

Para otros, sin embargo, esas protestas no fueron más que expresiones espontáneas de descontento social, resultado de una economía estancada por muchos años; altos niveles de pobreza; y falta de empleos.

Frente a ese panorama desolador, desde hacía tiempo la sociedad haitiana había alzado su voz, y se encontraba en lucha permanente por hacer revertir las causas de su infortunio. Entre sus más recientes demandas se encontraba el aumento del salario mínimo, en un país en que el 60 por ciento de los trabajadores sólo recibe dos dólares al día.

Habría que comprender el nivel de frustración de una población que al tiempo que luchaba por obtener condiciones humanas más dignas, recibía como respuesta un incremento en el precio de los combustibles, que implicaba, al mismo tiempo, un aumento en el precio de los alimentos, del transporte y del consumo de electricidad.

En pocas palabras, el agravamiento de su ya precaria situación.

El estallido social que durante varios días azotó a Haití terminó desatando una crisis política que culminó el 18 de julio con la renuncia forzada del primer ministro, Jack Guy Lafontant, acusado de incompetente por haber manejado, de forma inadecuada, la espiral de violencia.

El retorno del FMI

La decisión del gobierno haitiano de aumentar los precios de la gasolina, en un 38 por ciento; del diésel, en un 47 por ciento; y del kerosene, en un 51 por ciento, fue como consecuencia del acuerdo que desde febrero de este año se había llegado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En virtud de ese acuerdo, monitoreado por el personal técnico, el gobierno haitiano se comprometió, desde marzo a agosto de este año, en cinco meses, a la realización de reformas económicas y estructurales.

Ese plan de reformas implicaría el recorte del gasto público; el incremento y mayor eficiencia en la recaudación de impuestos; la eliminación de los subsidios en el área de los combustibles; y el aumento de la tarifa del consumo eléctrico.

Desde luego, la aplicación en tan poco tiempo de medidas tan drásticas, como las sugeridas por el FMI, en el país considerado como el más pobre del hemisferio, sin ningún tipo de compensación social inmediata, constituía un acto temerario, arriesgado e imprudente.

No cabe poner en dudas que un país afectado por una situación de inestabilidad macroeconómica, requiere de reformas y cambios estructurales. Es el caso de Haití, donde actualmente predomina una situación de bajo crecimiento económico, déficit fiscal creciente, desbalance de la cuenta corriente y alta inflación.

Sin embargo, como se ha demostrado a través del tiempo, en las distintas etapas en las que ha intervenido el Fondo Monetario Internacional, las reformas, para que sean válidas y provechosas, al mismo tiempo que racionales desde el punto de vista económico, deben ser socialmente incluyentes y políticamente viables.

Si la aplicación de los programas de ajuste o de reformas estructurales no disponen de esas tres condiciones, lo más probable es que se produzca una crisis, ya sea en forma de estallidos sociales o de gobernabilidad democrática.

Eso fue lo que ocurrió aquí, en la República Dominicana en 1984, durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, en el que mediante la política de shock sugerida por el FMI, los precios de los principales artículos de consumo se dispararon en forma dramática.

La respuesta a esa política fue un levantamiento popular, que el profesor Juan Bosch bautizó como “poblada”, y que ocasionó la muerte a más de un centenar de personas en varios días de enfrentamientos con las fuerzas del orden público.

Pero también aconteció en Venezuela, al inicio del segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando se produjo el llamado “caracazo”, que fue un acto de rebeldía popular en reacción a las medidas de ajuste estructural impuestas por el organismo crediticio internacional.

Recomponer el escenario

Unas cincuenta organizaciones sociales y académicas internacionales recientemente enviaron una carta a la Directora General del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en respuesta a una consulta abierta que ésta había promovido para obtener opiniones en torno a la revisión que la institución actualmente realiza sobre las condicionalidades y el diseño de los préstamos que otorga.

En uno de sus párrafos, la carta firmada por instituciones como Oxfam, el Centro Internacional Olof Palme y el Proyecto Bretton Woods, afirma: “Las políticas monetarias restrictivas que prescribe el Fondo Monetario Internacional, como condicionalidad de sus préstamos, reducen el espacio que tienen los gobiernos para la inversión pública y muy frecuentemente tienen consecuencias devastadoras, particularmente para los grupos marginados, y altos costos políticos”.

Ese juicio, externado por las prestigiosas organizaciones internacionales, respecto a la manera de funcionamiento del FMI, permiten comprender, en un contexto mayor, la razón de los disturbios recientes que convulsionaron a Haití.

Después del terremoto del 2010, que ocasionó la muerte de 250 mil personas, la comunidad internacional hizo compromisos, a través del Plan Estratégico de Desarrollo para Haití, de ayudar al país vecino a hacer crecer su economía entre 5 y 10 por ciento anualmente.

Eso sólo ocurrió durante el primero año, 2010-2011, en que la economía tuvo un crecimiento de 5.5 por ciento, debido al cúmulo de inversiones, en forma de ayuda, proveniente de la comunidad internacional.

Sin embargo, a partir de ese momento, el país no ha logrado alcanzar, durante los últimos siete años, la meta mínima del 5 por ciento de crecimiento anual. Para este año, 2018, la situación se ha tornado tan sombría, que la proyección de la tasa de crecimiento fue revisada hacia la baja, de un 3.9 por ciento a un débil 2 por ciento.

En el ámbito demográfico, en los últimos diez años, la población haitiana ha aumentado en más de un 10 por ciento, pasando de 9.9 a 11 millones de habitantes. La moneda haitiana, el gourde, se ha devaluado en un 50 por ciento durante los últimos cinco años; y la inflación se ha disparado a cerca de un 14 por ciento.

La salida, el pasado mes de octubre, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), no sólo en términos de seguridad, sino desde una perspectiva estrictamente económica, ha sido devastadora.

Con un presupuesto de 1 mil 200 millones de dólares al año, eso era equivalente al 50 por ciento de los gastos del gobierno haitiano; y al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual, ahora, se ha evaporado.

Por su parte, la disminución de ingresos por concepto de PetroCaribe, también ha representado otra pérdida sensible para el adecuado funcionamiento de la economía que se desarrolla al occidente del río Masacre.

Con un cuadro económico estructuralmente endeble; una situación social de extrema fragilidad; la ocurrencia de desastres naturales que han sido catastróficos; y la reducción impresionante de ingresos provenientes del exterior, las medidas de reforma sugeridas, en estos momentos, por el Fondo Monetario Internacional, no han sido, desde el punto de vista económico, las más adecuadas; ni las más equitativas desde el ángulo social; ni las más propicias desde el ámbito político.

Para evitar nuevas protestas masivas y estallidos sociales en Haití, el Fondo Monetario Internacional debe cambiar de rumbo, con la aplicación de medidas más justas, humanas y solidarias.

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Marx y Bosch

Tal como se expresa en el Manifiesto Comunista, para Karl Marx y su entrañable amigo, Federico Engels, “toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”.

Desde épocas tempranas de la historia, se encuentra por distintas partes una estratificación de las sociedades en estamentos diferentes.

Por eso, desde la antigua Roma, ciudadanos libres y esclavos; patricios y plebeyos; en la Edad Media, señores feudales y siervos de la iglesia; en fin, opresores y oprimidos estuvieron siempre envueltos en una pugna, que en todos los casos finalizaba con una transformación revolucionaria de la sociedad, o con la destrucción mutua de las clases en lucha.

El capitalismo moderno surgido de la decadencia de la sociedad feudal, no abolió los conflictos de clases. La época de la burguesía se caracteriza, sencillamente, por haber simplificado esos antagonismos sociales.

En la etapa capitalista, las sociedades se encuentran divididas en dos campos opuestos, en dos grandes clases irreconciliables entre sí: la burguesía y el proletariado.

Para Marx, “la burguesía ha jugado en la historia un papel predominantemente revolucionario. En apenas un siglo de existencia creó fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones pasadas juntas”.

Sometió las fuerzas de la naturaleza; aplicó la química a la industria y a la agricultura; desarrolló la navegación a vapor; el uso de los ferrocarriles; y el invento de los telégrafos eléctricos.

Pero ocurrió que el obrero moderno, el proletario, en lugar de mejorar sus condiciones de existencia, con el progreso de la industria, no hizo más que hundirse en una condición de indigencia extrema que crecía, inclusive, a mayor velocidad que la propia capacidad de la burguesía para generar riqueza.

Dentro del capitalismo del siglo XIX, se produjo una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, así como de las relaciones de propiedad, que eran las bases de sustentación de la burguesía y de su dominación.

Por eso, conforme a la teoría de Marx, las armas con las que la burguesía había abatido al Feudalismo se volvían entonces en su contra; aunque al hacerlo, no solo había forjado las armas que le darían muerte, sino que también había engendrado a los hombres destinados a manejarlas: los obreros modernos, los proletarios.

Esos obreros, obligados a venderse por piezas, eran considerados una mercancía, como cualquier otro artículo de comercio; y estaban sometidas, en consecuencia, a todos los avatares de la competencia y a todas las fluctuaciones del mercado.

Para expresar esa situación Karl Marx elaboró la idea de que como los proletarios no tenían nada que perder más que las cadenas que les ataban a una esclavitud asalariada, tenían que hacer saltar por los aires toda la superestructura de los estratos que conformaban la sociedad burguesa.

Sobre las ruinas del capitalismo y del dominio de la burguesía surgiría el socialismo, la dictadura del proletariado, en transición hacia el comunismo.

Bosch y clases sociales

En lo concerniente a Juan Bosch, puede observarse que en el conjunto de su obra de carácter económico, social, político y cultural predomina una tendencia recurrente a emplear conceptos relativos a la división de la sociedad en grupos o estratos sociales.

En su etapa anterior a la adopción del marxismo como método de análisis, cuando aún se encontraba bajo la influencia del pensamiento hostosiano, Bosch, en lugar de hacer referencia a una división en clases sociales en la República Dominicana, apeló, más bien, al concepto de división en castas.

En efecto, en su libro, Trujillo: Causas de una Tiranía sin Ejemplo, el destacado pensador y líder político nacional explicó que en la sociedad dominicana, fruto de una arritmia histórica que se había producido como resultado de una desviación de su evolución natural, se había instalado un régimen de castas.

Bajo ese régimen, a su vez, se produjo una división en la sociedad dominicana, entre “gente de primera” y “gente de segunda”.

Los de primera estaban integrados por las familias de mayor renombre y prestigio, por profesionales, hacendados y grandes comerciantes; mientras que los de segunda, por su lado, estaban compuestos por la gran masa de “gente sin apellido”, esto es, trabajadores del campo y la ciudad, maestros de escuela, guardias, policías, etc.

El caso es que al ser un régimen de castas, no había movilidad social. El que nacía de primera, transmitía su nivel social a sus herederos y moría de primera.

Pero el que nació de segunda, no importaba los esfuerzos que hiciese para progresar, siempre seguiría siendo, junto a sus descendientes, de segunda.

Al avanzar hacia el manejo teórico y metodológico del marxismo Bosch, en lugar de continuar haciendo referencia de castas, empezó a hacer énfasis en la existencia de un sistema de división de la sociedad en clases sociales.

Su texto clásico, Composición Social Dominicana, Historia e Interpretación, es un estudio de la sociedad dominicana desde la etapa precolombina hasta el siglo XX, que se apoya en la elaboración de la teoría de la lucha de clases.

Sin embargo, a diferencia de una corriente de simplificación y vulgarización del marxismo en base a publicaciones panfletarias, la investigación del maestro dominicano resultaba ser un análisis creativo y original de la realidad de un país que no había seguido el patrón clásico de desarrollo del capitalismo industrial.

Para Bosch, a diferencia de lo que había ocurrido en Europa, donde se produjo el tránsito del feudalismo al capitalismo, en América Latina, y por ende, en la República Dominicana, lo que hubo, por el contrario, fue la conformación de sociedades pre-capitalistas, esto es, sin ningún tipo de desarrollo capitalista industrial.

Ni burguesía ni proletariado

Al no haberse producido el desarrollo de la industria en las sociedades de América Latina, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, no hubo lugar tampoco para el nacimiento del capitalismo como sistema, tal como lo conoció y estudió Karl Marx.

Al no existir sociedades capitalistas en América Latina, desde los años de lucha por la independencia, a principios del siglo XIX, tampoco podía haber, desde luego, burguesías nacionales.

En el análisis que el profesor Juan Bosch realiza en su libro, Dictadura con Respaldo Popular, afirma que la burguesía como clase social fue sustituida en las débiles sociedades latinoamericanas por oligarquías.

Lo explica así: “En la mayoría de los países de la América Latina, las fuerzas sociales determinantes a principios de este siglo (siglo XX) eran las oligarquías terratenientes, comerciales y bancarias; en los más retrasados eran el comercio exportador e importador, que se hallaba en muchos casos en manos extranjeras, y a él se aliaban la alta y la mediana pequeña burguesía y los grupos latifundistas”.

Pero así como la burguesía, en la explicación de Bosch, no era el sector social dominante en los países de América Latina a principios del siglo XX, tampoco existía un proletariado fuerte, a consecuencia de la escasa industrialización.

En ausencia de un sector obrero o proletariado con gran fuerza social, el sector que venía a desempeñar un rol importante en la estratificación social era la pequeña burguesía, que según el escritor y político dominicano, se descomponía en tres: la alta, la mediana y la baja, subdividiéndose esta última en pobre y muy pobre.

Al no haber desarrollo capitalista; y al no ser la burguesía y el proletariado las clases antagónicas en las sociedades latinoamericanas del siglo XX, Bosch concluye que la revolución latinoamericana no podía ser una revolución socialista, anti-burguesa, que condujese a una dictadura del proletariado.

Para el destacado historiador y sociólogo dominicano, la revolución latinoamericana tenía que ser, más bien, anti-oligárquica, porque había sido ese sector, en alianza con intereses extranjeros, especialmente el imperio-pentagonismo, el que, por razón de competencia por el control de mercados, había frustrado el desarrollo capitalista de los pueblos latinoamericanos.

En oposición a la dictadura del proletariado, que en su tiempo propuso Marx, Bosch elaboró la tesis de la dictadura con respaldo popular, régimen, según él necesario, debido al freno que las oligarquías habían impuesto al desarrollo económico capitalista y al funcionamiento del sistema político de la democracia representativa.

Para muchos marxistas dominicanos de sus años, el fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con sus ideas, parecía, más bien, antimarxista.

Pero, en verdad, era todo lo contrario. Con imaginación, inteligencia y creatividad, Bosch, utilizando el instrumento conceptual marxista, demostró que en la República Dominicana, como en el resto de América Latina, la lucha no era entre burguesía y proletariado, sino entre oligarquía y sectores populares.

Con eso hizo una enorme contribución al avance de las ideas políticas, y un significativo aporte a las luchas revolucionarias de su época.

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Las primarias abiertas y simultáneas siguen siendo inconstitucionales

En el artículo 42 del proyecto de ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aprobado por el Senado de la República el pasado mes de abril, se estableció como método único de elección de los candidatos a cargos de elección popular la realización de elecciones primarias abiertas y simultáneas.

Ese procedimiento, obviamente, estaba en contraposición a lo estipulado en el anteproyecto sometido por la Junta Central Electoral, cuyo artículo 34 reza de la siguiente manera: “Los partidos y agrupaciones políticas escogerán los candidatos a cargos de elección popular atendiendo a los mecanismos que establece la presente Ley y sus estatutos”.

Al plantearlo así, la Junta Central Electoral daba cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 que declaró nula la ley 286-04, que establecía la celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas como método único de escogencia de candidatos a cargos de elección popular.

Más aun, en el año 2015, el PLD, PRM, PRD y PRSC, a través de la mediación de la Junta Central Electoral, de Monseñor Agripino Núñez Collado y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, acordaron proponer, de manera consensuada, una ley de partidos y agrupaciones políticas que recogiese el interés colectivo de la sociedad y estableciese mayores garantías para hacer más equitativos, transparentes y equilibrados los procesos electorales.

Así se hizo; y en abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el referido proyecto, cuyo artículo 31 dictaba que “los partidos y agrupaciones políticas escogerán los candidatos a cargos de elección popular atendiendo a los mecanismos de selección que establezcan sus estatutos, sean asambleas de electores, convenciones, congresos o elecciones primarias internas”.

Más recientemente, en el año 2017, una comisión bicameral (constituida por Senadores y Diputados), acordó en el artículo 34 del proyecto en discusión, respaldar la propuesta de la Junta Central Electoral.

Por esos motivos, a la aprobación del proyecto de ley del Senado, que establecía la celebración, por parte de los partidos políticos, de primarias abiertas y simultáneas, le siguió una oleada de reacciones desfavorables provenientes de distintos sectores de la vida nacional.

Reacción adversa y carta presidencial

Entre esos sectores figuran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que hizo público su criterio en favor de que fuesen los propios partidos políticos los que decidiesen el método a aplicar para la elección de sus candidatos, a los cual se sumó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Las iglesias, por su parte, no permanecieron en silencio. En principio, surgieron voces aisladas, pero luego, de manera oficial, tanto la Iglesia Católica como la Evangélica hicieron sentir su oposición a la pretensión de imponer la celebración de primarias abiertas y simultáneas como única forma de los partidos políticos escoger a los candidatos a cargos de elección popular.

Diversas instituciones de la sociedad civil también expresaron su desacuerdo con el proyecto de ley aprobado por el Senado; y los más importantes periódicos del país, fijaron sus posturas contrarias en enérgicos editoriales, al tiempo de hacerse eco de la generalizada opinión desfavorable.

Un grupo importante de 22 partidos políticos pertenecientes al Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), expresó su desacuerdo con el proyecto de ley aprobado por el Senado; y 11 organizaciones políticas, agrupadas en un bloque de oposición, rechazó de igual manera, la imposición legal de las primarias abiertas y simultáneas.

Como alternativa, dicho bloque opositor propuso que la elección de candidatos se hiciese de acuerdo a los estatutos y normas internas de cada partido; y en caso de elegir voluntariamente las primarias como método, que estas fuesen simultáneas, con el padrón interno de cada partido y la supervisión de la Junta Central Electoral.

En vista de la extendida opinión contraria que tuvo a nivel nacional el proyecto de ley aprobado por los senadores, el presidente Danilo Medina, acertadamente, propuso a las cámaras legislativas abrir un espacio de diálogo entre las fuerzas políticas a los fines de explorar opciones alternativas a la decisión adoptada por el Senado.

Nuestra reacción inmediata, ante la petición del Presidente de la República, fue la de apoyarla plenamente. Esto así, debido a que estamos de acuerdo en la necesidad, en todo momento, de colocar el interés nacional por encima de cualquier aspiración de carácter personal o grupal dentro de los partidos.

Con posterioridad a la carta del presidente Medina, se han realizado diversos encuentros entre los representantes de las distintas fuerzas políticas, lideradas por los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, con la finalidad de encontrar las opciones alternativas sugeridas al proyecto de ley aprobado por el Senado.

Fruto de esos encuentros, el debate sobre la ley de partidos ha evolucionado de forma significativa. Se ha pasado del proyecto de ley aprobado por el Senado, que impone las primarias abiertas y simultáneas como único método, al criterio del derecho que corresponde a cada partido político de escoger el mecanismo que entienda mejor para la selección de candidatos, conforme a lo establecido en sus estatutos.

No obstante, a partir de esa última consideración, emergen a la superficie nuevas posiciones para determinar el alcance de esa libertad de elección que tendrían los partidos.

Las opciones posibles

Conforme a la aceptación del nuevo criterio del derecho de los partidos a escoger su método de elección, se esgrime el argumento de que las primarias abiertas y simultáneas dejarían de ser inconstitucionales, en razón de que ya no serían el método único aplicable a los partidos políticos, sino que formarían parte del conjunto de opciones al que los partidos políticos tendrían derecho.

La verdad es que a pesar de que en esa nueva propuesta las primarias abiertas y simultáneas no serían el método único, continuarían, sin embargo, siendo inconstitucionales.

En un artículo publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, titulado, El Derecho de Asociación de los Partidos Políticos y la Regulación Legal de las Elecciones Primarias, el destacado jurista David Giménez Gluck, al abordar el tema, afirma: “A la hora de determinar la constitucionalidad de que la ley imponga al conjunto de las fuerzas políticas la elección de sus representantes en primarias hay que diferenciar muy claramente entre primarias abiertas y primarias cerradas, por la distinta naturaleza de cada una de ellas”.

Las primarias abiertas, conforme al referido tratadista, “al transferir una decisión capital del partido al conjunto de la ciudadanía, supone una renuncia tan importante a la auto organización asociativa, que una imposición legal de la misma seguramente implicaría una afectación inconstitucional del derecho de asociación”.

Sin embargo, al hacer referencia a las primarias cerradas, sostiene, por el contrario, que “la inconstitucionalidad no es, ni mucho menos, tan evidente, pues respecto al derecho de auto organización del partido juega el límite del principio de democracia interna y la defensa de los derechos de los afiliados que forman parte del contenido esencial del derecho de asociación de los partidos políticos”.

Es preciso aclarar que en el caso dominicano, el derecho de asociación y el de democracia interna de los partidos políticos, está previsto en los artículos 47 y 216 de nuestra Constitución.

En adición a sugerirse que las primarias abiertas y simultáneas puedan ser parte de las opciones de los partidos políticos a escoger sus candidatos, en el diálogo de las fuerzas políticas, se ha sostenido que los organismos superiores competentes de las organizaciones políticas puedan promover la modificación de los estatutos, para hacer viable la aplicación de esa modalidad.

Obviamente, los únicos organismos superiores competentes para modificar los estatutos de una organización política son aquellos que representan la totalidad de sus miembros o afiliados, esto es, sus asambleas o congresos partidarios.

En vista de lo anterior, los partidos políticos tendrían ciertamente derecho a escoger el método que estimen de lugar para la selección de sus candidatos. Pero ese método, sin embargo, para ser legítimo y válido tiene que estar en sintonía con el precepto constitucional que garantiza el derecho de sus afiliados y el ejercicio de su democracia interna.

Las primarias cerradas cumplen con esas condiciones. Eso significa que pueden ser parte de las opciones de que dispondrían los partidos para la escogencia de sus candidatos.

No así las primarias abiertas, en razón de que implican una renuncia del derecho de los miembros o afiliados, a favor de la ciudadanía en general, para que sea ésta la que escoja a los candidatos de los partidos.

Por consiguiente, las primarias abiertas, simultáneas o no, como método único o como opción de los partidos políticos, resultan inconstitucionales e inaceptables.

Así es; y nada más.

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Un mundo en desconcierto

En estos días, los Estados Unidos y la República Popular China, de manera sorpresiva, acordaron un cese al fuego en su guerra comercial. Esa guerra comenzó con el aumento del pago de los aranceles a las importaciones de electrodomésticos chinos al mercado norteamericano, a lo cual se agregaron, posteriormente, el acero y el aluminio.

China respondió con una amenaza de aumentar, de igual forma, el pago de aranceles a las importaciones de más de mil productos norteamericanos a su mercado.

La guerra comercial entre las dos principales potencias económicas del mundo estaba generando incertidumbre y nerviosismo en distintos ámbitos de la economía mundial. Su tregua ha generado alivio momentáneo.

Sin embargo, no era la primera vez que el actual incumbente de la Casa Blanca emprendía acciones tan arriesgadas, unilaterales y agresivas, que provocaban desconcierto y perplejidad en diversos núcleos de poder y distintas regiones del mundo.

Por ejemplo, al poco tiempo de asumir su mandato, el presidente Donald Trump dejó sin efecto las negociaciones que los Estados Unidos estaban realizando para integrarse, junto a varios países asiáticos, al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica.

De manera casi simultánea, el nuevo ejecutivo norteamericano cuestionó el beneficio obtenido por los Estados Unidos del acuerdo de libre comercio con México y Canadá, e impulsó una renegociación de sus términos.

Lo que ha ocurrido en lo relativo al comercio internacional, se ha visto reproducido en el retiro de los Estados Unidos de los acuerdos ambientales de París; en la reconsideración del tratado sobre proliferación nuclear con Irán; en el rol de la OTAN como garante de la estabilidad política y de seguridad en Europa; y en el traslado de la embajada de los Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, en Israel.

En todos esos casos, lo que se cuestiona por parte de los países europeos, amigos de los Estados Unidos, es si la llamada Alianza Transatlántica, creada desde fines de la Segunda Guerra Mundial para la protección de los valores del mundo occidental, ha llegado a su fin.

La duda radica en la relación que los Estados miembros de la Unión Europea han desarrollado con el presidente Trump. Frente a los radicales cambios de política y comercio exterior que en distintos aspectos aspira introducir, sus homólogos del Viejo Mundo procuran, en principio, cortejarlo e inducirlo a modificar su opinión.

Sin embargo, ese método ha resultado fallido. En todas las ocasiones en que lo han intentado, el jefe de Estado norteamericano, en principio, les siembra la ilusión de que tal vez podría acoger sus consejos, para finalmente desairarlos.

Del mundo bipolar a la nueva política de contención

Al término de la segunda gran conflagración mundial, la humanidad entró en una etapa de Guerra Fría, que la dividió en dos grandes bloques: el capitalista, liderado por los Estados Unidos; y el socialista, bajo la dirección de la Unión Soviética.

Con la caída del Muro de Berlín; el desmoronamiento de las democracias populares de Europa del Este; y el desplome de la Unión Soviética, el mundo bipolar de la post Segunda Guerra Mundial se esfumó, dando origen, inicialmente, a una nueva realidad global, de naturaleza hegemónica, en favor de los Estados Unidos.

No obstante, uno de los fenómenos más novedosos de esa nueva etapa de post-Guerra Fría ha sido la emergencia de nuevas potencias, las cuales han desafiado el carácter inicialmente unipolar del sistema internacional, para convertirlo, en el aspecto económico y social, en un mundo multipolar. Entre esas potencias emergentes se encuentran los llamados BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), pero, en realidad, los que en la actualidad tienen mayor incidencia en la dinámica de las relaciones internacionales son, naturalmente, la República Popular China y la Federación Rusa.

Así se ha reconocido en el documento sobre la Estrategia Nacional de Defensa de los Estados Unidos, publicado en enero de este año, en el que se indica que la nación del gran dragón representa un desafío por su forma de operar en el Mar del Sur de China, en el que ha desarrollado conflictos con varios vecinos de la región, como Japón, Corea del Sur, Filipinas y Vietnam.

En adición, hay en los círculos de poder de los Estados Unidos, una preocupación por lo que pueda representar en el tiempo la llamada Ruta de la Seda, con la que China aspira a construir unas líneas de comunicación que conecten al continente asiático con los puertos del Medio Oriente, Europa y África.

Por su lado, en lo que respecta a Rusia, el temor estadounidense consiste en las incursiones que ese país realiza en los territorios de las naciones vecinas, así como por las restricciones que les impone para que no puedan integrarse a la Unión Europea, como tampoco a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Al identificar en su Estrategia Nacional de Defensa a la República Popular China y a Rusia como los dos principales rivales que los Estados Unidos tendrán durante los próximos años, es evidente que la política exterior norteamericana estará orientada hacia la contención de esas dos potencias emergentes.

Pero, a diferencia de la época de la Guerra Fría, en la que la política norteamericana de contención estaba diseñada por razones ideológicas, a los fines de evitar la expansión del comunismo, en la actualidad, está motivada, más bien, por criterios de carácter geopolítico.

Esto así, debido a que el interés estratégico de los Estados Unidos es evitar hacer realidad el propósito de China y Rusia de controlar la región de Eurasia, ya que según la vieja concepción geopolítica, quien domine Eurasia, controla el mundo.

¿Hacia dónde vamos?

La decisión norteamericana de trasladar su embajada en Israel, desde la ciudad de Tel Aviv, hacia Jerusalén, ha desafiado la ira de los palestinos. Durante la ceremonia realizada a esos fines, se produjo un alzamiento en Gaza, que generó la mayor cantidad de muertos y heridos en esa zona en los últimos tiempos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas había aprobado una resolución que contó con el apoyo de 128 países, 35 abstenciones y solo 9 votos en contra, condenando la medida del gobierno norteamericano, que desconocía una decisión previa del alto organismo mundial. Esa resolución declaraba a Jerusalén como una ciudad internacional, cuyo estatus definitivo estaría sujeto a las negociaciones entre Israel y Palestina.

En estos momentos, la situación en el Medio Oriente resulta volátil. Algunos consideran que con decisiones como las adoptadas por el presidente Trump sobre Jerusalén, el ambiente se torna aún más explosivo; y que la pradera podría incendiarse en cualquier momento con los conflictos ya existentes entre Israel, Irán y Arabia Saudita.

Mientras, el gobierno de Benjamín Netanyahu hace causa común con los Estados Unidos para desconocer el tratado acordado con Irán sobre proliferación nuclear, poniendo de manifiesto que su principal temor en la región proviene del apoyo iraní a los grupos de Hamas y Hezbollah, considerados por Israel como organizaciones terroristas.

Al tiempo que esos acontecimientos tienen lugar en el Medio Oriente, en la región asiática se había estado acariciando la esperanza de que entre el gobierno norteamericano y el de Corea del Norte se llegaría a algún tipo de acuerdo para lograr la desnuclearización del país gobernado por Kim Jong Un.

De una agresiva confrontación verbal inicial, se había pasado, de manera sorprendente, a una retórica de conciliación. Hasta se había puesto fecha para la realización de la cumbre entre los mandatarios de Estados Unidos y de la parte norte de la Península de Corea.

De repente, todo se estancó. La fecha y el lugar originalmente acordados para el encuentro entre los dos mandatarios quedaron sin efecto. La ilusión inicialmente creada ante la posibilidad de ponerle fin al conflicto en la Península de Corea, se desvanecía.

He aquí, sin embargo, que cuando ya se habían esfumado todas las esperanzas, el presidente Trump informó al mundo que el encuentro nuevamente se había activado.

Ojalá así sea. No obstante, no sorprendería que una vez más vuelva a suspenderse; y que luego, otra vez más, vuelva a reanudarse; y así sucesivamente, como Sísifo, subiendo la piedra continuamente hasta lo alto de la colina, para verla permanentemente caer; o como Penélope, que deshacía cada noche lo que tejía durante el día.

En términos estratégicos, lo que resulta claro es que el orden global que se ha intentado construir en la post Guerra Fría, bajo el liderazgo de los Estados Unidos, parece ahora encontrarse en una fase de mutación, en el que de un proyecto original de carácter liberal y multilateral, ha pasado a ser uno de tipo proteccionista y de corte unilateral.

Pero, ante una situación internacional tan desdibujada por la falta de racionalidad de sus principales actores, no resulta descabellado afirmar que en estos momentos el mundo se encuentra desorientado; y los conflictos, innecesariamente, tienden a multiplicarse.

No obstante, para evitar una nueva contienda bélica, de carácter mundial, persiste el anhelo de que en algún momento vuelva a imperar la sensatez, el buen juicio y la razón.

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En el bicentenario de Karl Marx

Está considerado uno de los autores más leídos de todos los tiempos. Salvo los grandes líderes religiosos, es la figura que mayor influencia ha ejercido en la humanidad. Bajo su inspiración se han realizado diversas revoluciones en distintos continentes; y conforme a su pensamiento, se han organizado varios Estados en el mundo.

Su nombre: Karl Marx.

Nació hace 200 años, el 5 de mayo de 1818, en la ciudad de Tréveris, la cual contaba en ese momento con cerca de 12 mil habitantes. Se encontraba en la porción suroeste del reino de Prusia, que conjuntamente con Austria, formaba parte de los 39 Estados de la Confederación Alemana.

Su padre, Enrique Marx, era un prestigioso abogado, de origen judío. Para poder seguir ejerciendo su profesión, en medio de las severas restricciones de la monarquía prusiana, tuvo que convertirse al luteranismo, la principal denominación protestante. Igualmente, fue un hombre de la Ilustración, un liberal clásico, interesado en las ideas de filósofos como Immanuel Kant y Voltaire.

La madre de Karl Marx, Henriette Pressburg, provenía de una próspera familia holandesa, también de origen judío, que entre uno de sus negocios llegó a fundar Philips, la muy conocida compañía electrónica.

Poco se sabe de la niñez de Marx. Era el tercero de nueve hijos, de los cuales cinco murieron de tuberculosis a temprana edad. En principio, fue educado directamente por su padre, hasta que al llegar a los 12 años de edad ingresó al bachillerato.

En 1835, a los 17 años de edad, Karl Marx se matriculó en la Universidad de Bonn para estudiar jurisprudencia y ser abogado, al igual que su padre. No obstante, no se sintió identificado con los estudios de derecho; y al año siguiente, en 1836, se trasladó a la Universidad de Berlín, donde rápidamente se sintió atraído por las ideas de Hegel, el reconocido filósofo alemán.

De la filosofía hegeliana al materialismo dialéctico

La Universidad de Berlín, fundada por Guillermo von Humboldt, era considerada por aquellos años como el mejor centro de educación superior del mundo. Había un espectacular ambiente cultural y artístico y una efervescencia intelectual que provocó la fascinación del joven Marx.

Para esa época se encontraban en boga las ideas filosóficas de Federico Hegel, quien promovió el concepto de racionalidad. A través de la amistad de dos jóvenes profesores de filosofía, Bruno Bauer y Ludwig Feuerbach, Karl Marx ingresó al Círculo de los Jóvenes Hegelianos, que elaboraron una concepción radical de la filosofía hegeliana, que los condujo de la metafísica a la dialéctica.

De acuerdo con sus propias palabras, lo que Marx hizo con la filosofía de Hegel fue colocarla “patas arriba”. Es decir, mientras Hegel creía en una visión en la que la conciencia engendra el ser, Marx, por el contrario, partía de la premisa de que es el ser, lo material, lo que da origen a la conciencia, o lo espiritual.

De esa concepción surgió la base de lo que sería el materialismo dialéctico, en oposición a la dialéctica idealista. Sobre este particular, sin embargo, sus ideas quedaron más claramente establecidas en su onceava tesis sobre Feuerbach, en las que afirmó: “Hasta ahora, los filósofos que nos han precedido no han hecho más que contemplar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo.

Al término de sus estudios superiores, el joven filósofo aspiraba a la cátedra académica. Sin embargo, no le fue posible. Sus ideas radicales se encontraban en conflicto con el carácter autoritario del Estado prusiano.

Por eso, al trasladarse a la ciudad de Colonia, en Alemania, junto a su esposa, Jenny de Westfalia, con quien había contraído nupcias recientemente, inició una carrera que le iba a servir a lo largo de los años, para expresar con eficacia sus ideas a un amplio público: el periodismo.

Empezó escribiendo, a partir de 1842, en el periódico La Gaceta Renana. Posteriormente, desde París, en los Anales Franco-Alemanes. Luego, en una publicación de efímera existencia, Adelante; y finalmente, donde realizó su labor más extensa, en el periódico New York Daily Tribune.

De sus trabajos en la prensa fueron publicados los libros, Sobre la Cuestión Judía; El 18 Brumario de Luis Bonaparte; La Guerra Civil en Francia; La Guerra Civil en los Estados Unidos; y La Lucha de Clases en Francia.

Entre sus obras académicas se cuentan, Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel; Ludwig Feuerbach y el Fin de la Filosofía Clásica Alemana; Manuscritos Económicos y Filosóficos; La Sagrada Familia; La Ideología Alemana; Miseria de la Filosofía; El Manifiesto del Partido Comunista; Grundrisse; Contribución a la Crítica de la Economía Política; y su obra fundamental, El Capital, en tres volúmenes.

En 1844 inició una amistad con Federico Engels, que lo conduciría a realizar varias obras en conjunto, a ampliar su visión filosófica hacia los campos de la economía, la sociología, la política, la antropología y la historia, así como a intervenir, en el plano práctico, en la organización del movimiento obrero europeo.

De la revolución proletria al siglo XXI

Aunque Marx vio en el sistema capitalista una continuación de la historia como expresión de la lucha de clases, en este caso entre la burguesía y el proletariado, reconoció, sin embargo, su carácter revolucionario.

Así lo hizo junto a Federico Engels en El Manifiesto Comunista, al escribir estas palabras: “La burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un papel verdaderamente revolucionario. En el siglo corto que lleva de existencia, como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones juntas. Basta pensar en la aplicación de la química a la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico”.

Frente a eso concluye con la siguiente predicción: “El desarrollo de la gran industria socava bajo los pies de la burguesía las bases sobre la que esta produce y se apropia de lo producido. La burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros. Su hundimiento y la victoria del proletariado son igualmente inevitables”.

Es del alto nivel de desarrollo alcanzado por el capitalismo de donde Marx y Engels derivan la idea de su inevitable desaparición. El socialismo, como etapa de transición hacia el comunismo, solo podría llevarse a cabo como resultado de la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el estancamiento de los modos de producción.

El triunfo de la Revolución bolchevique en 1917, colocó el nombre de Karl Marx en el epicentro de las grandes transformaciones mundiales. Luego de la Revolución rusa se suscitaron varias otras oleadas revolucionarias. Se produjeron insurrecciones socialistas en China y otros países asiáticos; en Europa del Este; en África y América Latina.

Con el desmoronamiento de la Unión Soviética y de otros países socialistas, se consideró que no solo el socialismo, como manera de organización social, sino también el marxismo, como escuela de pensamiento, entraron en crisis.

Para una amplia corriente de opinión, sin embargo, no fue el marxismo lo que se vio afectado con el derrumbe del modelo socialista en varios países. Esto así, en razón de que las denominadas revoluciones socialistas no se produjeron en países capitalistas con alto nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas, sino todo lo contrario.

Sin declararse propiamente marxista, un destacado analista político y económico norteamericano, Jeremy Rifkin, en su más reciente libro, La Sociedad de Coste Marginal Cero, hace una profecía que parece emanada de la pluma de Marx.

Dice así: “Como paradigma económico, el capitalismo ha tenido mucho éxito. Aunque su trayectoria ha sido relativamente breve en comparación con otros paradigmas económicos de la historia, es de justicia reconocer que su impacto, tanto positivo como negativo, en la aventura humana quizás haya sido más profundo y más amplio que el de ninguna otra era económica.

Lo único es que el declive del capitalismo no se debe a ninguna fuerza hostil. Frente al edificio capitalista no se agolpan hordas dispuestas a echar sus puestas abajo. Todo lo contrario. Lo que está socavando al sistema capitalista es el éxito enorme de los supuestos operativos que lo rigen. En el núcleo del capitalismo, en el mecanismo que lo impulsa, anida una contradicción que lo ha elevado hasta lo más alto y que ahora lo avoca a su fin.”

El capitalismo de la era digital; del internet de las cosas; de la inteligencia artificial; de la realidad virtual aumentada; de las impresiones 3D; de la robótica; del vehículo sin conductor; del fin del trabajo; y de la transhumanización, parecen ser los sepultureros en el siglo XXI de un sistema que, aunque ha sido reconocido por el propio Marx como el más revolucionario de la historia, encuentra, sin embargo, en la concentración de la riqueza y en la desigualdad social, la fuente permanente de su razón de ser.

A 200 años de su natalicio, Karl Marx, desde su tumba, nos envía ese recordatorio.

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PLD: Democracia y Desarrollo

Desde que se proclamó la independencia de la República, en febrero de 1844, la aspiración del pueblo dominicano siempre fue el de poder constituirse en una sociedad democrática, desarrollada, próspera y con garantías de bienestar social para el grueso de su población.

Sin embargo, en casi dos siglos de existencia como nación, esa combinación de democracia con desarrollo, no había sido conquistada más que durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana.

A decir verdad, al nacer, la República Dominicana surgió en ruinas. La guerra contra Haití para conquistar la independencia dejó al gobierno naciente con total carencia de recursos. Para enfrentar esa situación, el gobierno del general Pedro Santana inició una práctica que habría de llevarse a cabo durante muchos años: la emisión de papel moneda sin respaldo en la producción.

Los tres gobiernos de Santana, que se extienden, con intervalos, desde 1844 hasta 1861, cuando se produjo, por su iniciativa, la Anexión a España, fueron autoritarios, desde el punto de vista político, e ineficaces, desde la perspectiva económica.

Igual ocurrió con su rival político de la época: Buenaventura Báez. En las cinco ocasiones en que desempeñó la máxima magistratura del Estado, fomentó el caos político; ofreció en concesión la soberanía nacional a cualquier potencia extranjera; y suscitó la ruina económica y el desasosiego social, en medio de un estilo de gobierno de naturaleza autoritaria.

No obstante, durante el siglo XIX, hubo destacadas figuras políticas, de carácter democrático-liberal, como fueron los casos de Benigno Filomeno de Rojas, Ulises Francisco Espaillat y Francisco Gregorio Billini, todos los cuales llegaron a dirigir los destinos de la vida nacional, pero por la brevedad en que lo hicieron, no alcanzaron a realizar una obra importante de desarrollo.

Con posterioridad a la guerra de la Restauración (1863-1865), el único punto luminoso de la historia nacional se encuentra con la llegada al poder del Partido Azul, a través de la figura del general Gregorio Luperón, en 1879.

A través de seis presidentes de la República, el Partido Azul ejerció el poder durante 20 años. En principio, lo hizo en forma democrática. Aspiraba a convertir en realidad el sueño de Juan Pablo Duarte y de los independentistas de una nación libre, democrática, soberana y de progreso para todos sus habitantes. Sin embargo, por la corta duración de los mandatos de los presidentes de carácter democrático, estos no pudieron impulsar el desarrollo económico y social del país. A quien le correspondió llevar esto último a cabo, fue, paradójicamente, a quien no ejerció el mando en base a los principios democrático-liberales: el general Ulises Heureaux (Lilís).

Lilís, Mon, Trujillo y Balaguer

Durante la época de Lilís fue que empezó a desarrollarse la industria azucarera moderna, así como el incremento de la producción de tabaco, café y cacao. Igualmente, fue durante su período que se construyeron los ferrocarriles que iban de Sánchez a La Vega; y de Santiago a Puerto Plata.

Con Lilís, hubo, pues, desarrollo material en la República Dominicana, pero con total ausencia de valores democráticos en el ejercicio del poder político. Al tiempo que aumentaba la riqueza material del país, Lilís se dedicaba a eliminar a sus adversarios políticos; y eso hizo que se convirtiera en un sanguinario dictador.

Luego de la turbulencia política que se produjo con motivo de la muerte del general Lilís, emergieron como figuras del momento, el comerciante de la Línea Noroeste, Juan Isidro Jimenes; y el general Horacio Vásquez.

Pero el personaje que más se destacó durante los primeros años del siglo XX fue el mocano Ramón Cáceres (Mon), quien gobernó entre 1905 y 1911; y durante esos seis años realizó una notable labor de recuperación y expansión de la economía nacional.

Pero, igual que varios de sus antecesores, gobernó con mano tan dura, que todavía hoy se le recuerda bajo el apelativo de “preso por la guardia de Mon”.

Aunque no en orden cronológico, la figura que sucede al general Mon Cáceres en el poder, en términos de transformación económica y social, es Rafael Leónidas Trujillo.

Al llegar a convertirse en la máxima autoridad del gobierno en 1930, Trujillo encontró a una República Dominicana limitada en alcance económico, prácticamente convertida en una aldea, con una predominante población rural.

En sus más de 30 años de ejercicio gubernamental, el hombre fuerte de San Cristóbal contribuyó a transformar, desde el punto de vista económico y social a nuestro país. Construyó carreteras, puentes, escuelas, hospitales, acueductos e importantes edificaciones públicas.

Fue el creador de la moneda nacional; el constructor del Banco Central de la República; y quien redujo la deuda pública externa, con la firma del tratado Trujillo-Hull.

Pero, si eso logró Trujillo en el plano material, sus hazañas en el aspecto político lo condenaron ante la historia. Además de haber acumulado una gran fortuna personal, en base al manejo ilícito de fondos públicos, se convirtió en un cruel dictador, que no solo apresaba a sus enemigos, sino que los sometía a persecución, torturas y muerte.

Su poder fue omnímodo. Nadie escapaba a sus actos de violencia, fueran dominicanos o extranjeros; hombres o mujeres; ciudadanos simples o personalidades encumbradas. En fin, un hombre dispuesto a realizar todo lo que considerase necesario para mantener las riendas del poder.

Por su parte, los siete gobiernos que encabezó el doctor Joaquín Balaguer, una figura de leyenda, fueron diferentes a los de Trujillo. Circunstancias difíciles de la vida nacional, en el proceso de transición a la democracia, lo condujeron a aplicar, en determinados momentos, fuertes medidas de coerción, con la finalidad de garantizar lo que él consideraba como necesaria estabilidad política de la nación.

Sin embargo, su obra material es indiscutible. Durante sus periodos de gobierno hubo, generalmente, significativos niveles de crecimiento de la economía; y fuertes inversiones en obras públicas que se extendieron por todo el ámbito del territorio nacional.

Pero si bien alcanzó esos logros e hizo importantes aportes para alcanzar la convivencia pacífica entre los dominicanos, por los momentos de represión política durante el periodo de los 12 años, y el cuestionamiento a algunos de sus triunfos electorales, ciertos sectores de la opinión pública nacional consideran que no dispone de los méritos requeridos para figurar entre los paladines de la democracia dominicana.

Blancos y morados

Al llegar don Antonio Guzmán al poder, en el 1978, se produjo una gran ilusión en el pueblo dominicano de que al fin el país entraría en una nueva etapa de consolidación de sus instituciones democráticas, de prosperidad y justicia social.

El presidente Guzmán logró hacer avanzar la democracia en el país. Los presos políticos fueron puestos en libertad, y se produjo el retorno de los exiliados. Reinaba un ambiente de optimismo y se miraba hacia el futuro con gran esperanza.

Sin embargo, no fue así desde el punto de vista económico y social. La República Dominicana no pudo lograr sus metas en esos ámbitos como se esperaba. Los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), tanto la gestión del presidente Guzmán, como las de sus sucesores, no pudieron ponerse a la altura de las expectativas nacionales con respecto a las necesidades de cambio que el país requería.

De esa manera, al finalizar el siglo XX, alcanzó a subir las escalinatas del Palacio Nacional, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con una agenda de reforma y modernización del Estado, así como de transformaciones en las distintas áreas de la economía y de la sociedad.

Al acercarse a casi 20 años de poder, el partido fundado por Juan Bosch, aun en medio de obstáculos y dificultades, de carácter nacional e internacional, puede, sin embargo, exhibir un conjunto de obras y de proyectos, tanto en lo político-institucional, como en lo relativo al progreso material, como no se había conocido antes en la historia de la República.

Durante los hasta ahora cinco periodos de gobierno peledeísta, la economía dominicana ha crecido a niveles impresionantes. La capacidad de generación de riquezas se ha más que cuadruplicado. La pobreza extrema ha prácticamente desaparecido. Se ha alcanzado la seguridad alimentaria. Se ha impulsado la producción agropecuaria. La clase media se ha expandido. Las principales enfermedades infecto-contagiosas han sido controladas. La mortalidad materna e infantil han disminuido. Las expectativas de vida han aumentado.

Las instituciones públicas han modernizado sus servicios. Las carreteras y las vías de comunicación se han extendido por todo el territorio nacional. Se han construido puentes, elevados, túneles y circunvalaciones. Se instaló un moderno sistema de transporte, a través del Metro de Santo Domingo. Se ha incrementado el turismo. Ha habido un aumento de la inversión extranjera. Las zonas francas han crecido; y nunca antes como ahora la presencia internacional de la República Dominicana había sido tan notable.

En fin, ha sido durante los periodos de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana que nuestro país ha podido, por vez primera, combinar sus anhelos de paz y armonía, dentro del marco de la democracia, y unos determinados niveles de prosperidad, bienestar y desarrollo, como resultado de una expansión sostenida de nuestra capacidad de producción y distribución de riquezas.

Se reconoce que la labor realizada durante los gobiernos del PLD no constituye una obra perfecta. Pero no cabe dudas de que ha sido, hasta ahora, lo que más se ha aproximado a las aspiraciones y sueños albergados por el pueblo dominicano de combinar la democracia con el desarrollo.

Ese es un legado histórico tan importante que de seguro haría orgulloso al profesor Juan Bosch; y por eso mismo, su preservación, en estos momentos, se convierte en la tarea más importante de la familia peledeísta.

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Primarias Internas y Post-verdad

Cuando se dicta una sentencia, en materia constitucional, con carácter de lo irrevocablemente juzgado, se considera que el proceso judicial ha concluido; y que esa decisión, por consiguiente, tiene carácter obligatorio y resulta vinculante para todos los órganos del Estado.

Eso es así en cualquier lugar del mundo, salvo, al parecer, en la República Dominicana.

En nuestro país puede haberse dictado una sentencia, como efectivamente ocurrió, por parte de la Suprema Corte de Justicia, en funciones constitucionales, y estimarse que la misma no resulta obligatoria en su cumplimiento para otras instituciones del Estado.

Por ejemplo, la sentencia de fecha 16 de marzo de 2005 consideró que la ley número 286-54, que imponía a los partidos políticos la celebración de elecciones primarias para la escogencia de candidatos a cargos de elección popular, de manera abierta y simultánea, era nula por ser contraria a la Constitución de la República.

En una interpretación del artículo 277 de nuestra Carga Magna, hay quienes han argumentado que a lo único que se está obligado en virtud de esa sentencia es a que ningún otro tribunal pueda realizar una revisión de la misma.

Eso significaría que como lo que se procura no es una nueva revisión judicial del tema, sino la introducción de un nuevo proyecto de ley que establezca lo mismo que ya había sido previamente anulado, no habría inconveniente en que pudiese ser conocido por las cámaras legislativas.

Aquí, como puede observarse, no se niega la existencia de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia que declaró la nulidad de la medida de ordenar a los partidos la celebración de primarias internas abiertas y simultáneas. Se intenta, más bien, mediante un mecanismo de interpretación equívoca, limitar el alcance de la referida decisión judicial a que no pueda someterse a una nueva revisión por parte de otro órgano jurisdiccional.

Se procura establecer que la misma no sea vinculante a los demás órganos del Estado; y se estima, que lo que fue considerado nulo por inconstitucional, puede ser obviado y reintroducido por ante las cámaras legislativas, porque, al fin y al cabo, no se le está pidiendo la revisión a un nuevo tribunal, sino, simplemente, conociendo de nuevo lo que ya había sido anulado.

A esa desnaturalización o subversión de la realidad, es a lo que los especialistas de la teoría de la comunicación y de los estudios de semiótica consideran como un acto de post-verdad.

Naturaleza jurídica de los partidos

Hay quienes resultan más sofisticados en la argumentación. Reconocen, efectivamente, que la sentencia dictada por la Suprema Corte de Justicia, en funciones constitucionales, que anuló la ley 286-04 del 2004 sobre las primarias abiertas y simultáneas en los partidos políticos, no solo impide que pueda ser objeto de revisión por otro tribunal, sino que también aceptan el carácter vinculante de la misma a todas las instituciones del Estado dominicano.

Admiten, como debe ser, que ese carácter vinculante se deriva, primero, de la resolución número 1920-03, dictada por el más alto tribunal del país, que incorporó el concepto de bloque de constitucionalidad a nuestro orden jurídico, en virtud del cual tienen fuerza de ley para el Estado dominicano, las decisiones constitucionales emanadas de nuestros órganos jurisdiccionales.

Reconocen, en segundo lugar, que luego de la proclamación de la Constitución del 2010, ese carácter vinculante de las decisiones, en materia constitucional, de nuestros tribunales, se encuentra establecido en el artículo 184 de nuestro texto sustantivo.

En adición a admitir la argumentación previamente presentada, han sostenido que los partidos políticos son instituciones de derecho privado, protegidos por el artículo 216 de la Constitución de la República, que les confiere el derecho al ejercicio de la democracia interna.

En virtud de esas consideraciones, alegan que, en efecto, ninguna ley puede obligar a los partidos o movimientos políticos a crear un método único, abierto o cerrado, simultáneo o independiente, para la escogencia de sus candidatos a cargos de elección popular. Que eso es de la incumbencia exclusiva y libertad de cada organización o movimiento político.

Hasta ahí, impecable. Pero, según esa línea de razonamiento, ha sido el Tribunal Constitucional, el cual en su sentencia 192/15, consideró que los partidos políticos no son instituciones de derecho privado, sino “instituciones públicas, de naturaleza no estatal, con base asociativa”.

Y, por supuesto, como ha sido el Tribunal Constitucional el que ha considerado que los partidos son instituciones públicas, aunque en sus tesis originales consideraban que ninguna ley podía obligar a los partidos a tener primarias abiertas y simultáneas, ahora, debido a esa decisión adoptada por el órgano constitucional, no les quedaba otra alternativa que no fuese aceptar esa nueva realidad, aunque estuviese en conflicto con sus argumentos iniciales.

No cabe dudas de que quienes esgrimen esos planteamientos tienen un gran sentido del humor. Ante la imposibilidad de ocultar sus puntos de vista originales, los modifican, realizando una interpretación antojadiza de lo considerado por el Tribunal Constitucional.

Nuestra jurisdicción constitucional, al tiempo de decir que los partidos políticos son instituciones públicas, aclara inmediatamente, que lo son de naturaleza asociativa, no estatal.

Al decir que eran de naturaleza asociativa, no estatal, ¿no estaba señalando el Tribunal Constitucional que los partidos políticos son, por vía de consecuencia, de naturaleza privada? ¿Conocemos en la República Dominicana instituciones públicas, que al mismo tiempo no sean instituciones del Estado? ¿Es posible que haya algo público que tenga un carácter no estatal? Por el contrario, ¿puede haber, a su vez, alguna institución del Estado que al mismo tiempo tenga carácter asociativo?

Es evidente que por esa vía de razonamiento no se llega más que al desvarío intelectual, al dislate, y nuevamente, a una adulteración de la realidad, que al perseguir fines políticos, constituye parte de eso que se ha denominado como la post-verdad.

Precedentes vinculantes

Una tercera forma de abordar la sentencia de la Suprema Corte que anuló la ley 286-04, sobre elecciones primarias abiertas y simultáneas en los partidos políticos, parte del reconocimiento de que, en realidad, primero, la referida sentencia tiene carácter vinculante a todos los órganos del Estado; y segundo, de que, en efecto, los partidos políticos son instituciones de derecho privado.

Eso dejaría sin mucha fuerza las dos corrientes de opinión previamente esbozadas. En esencia, si la decisión de la Suprema Corte se impone a las cámaras legislativas y los partidos no son instituciones del Estado, entonces es evidente que no puede introducirse un nuevo proyecto de ley a los mismos fines de la ley que ya había sido objeto de nulidad.

Sin embargo, lo que se plantea en esta nueva línea de argumentación, es que las decisiones definitivas e irrevocables que establecen precedentes vinculantes a todos los órganos del Estado no tienen, sin embargo, la categoría de cláusulas pétreas, esto es, de algo indefinidamente invariable, sino que podrían ser objeto de modificaciones en el futuro.

El razonamiento resulta válido. Es verdad, los precedentes vinculantes no tienen naturaleza infinita; no tienen que ser decisiones invariables en el tiempo. Pero tampoco pueden ser modificados en forma caprichosa o arbitraria, sujetos a la voluntad subjetiva de quien habría de dirimir el conflicto.

Por el contrario, para modificar una decisión constitucional que tiene carácter vinculante para todas las instituciones públicas, se requiere que surjan situaciones o circunstancias, de hecho y de derecho, diferentes a las que dieron lugar a la primera decisión.

Más aún, los jueces que conocen de esa instancia tendrían que motivar, de manera rigurosa, los fundamentos de su decisión, ya que estarían variando un precedente constitucional, que se estima fue debidamente sustanciado por magistrados con la probidad y autoridad judicial competente para hacerlo.

Por consiguiente, si bien es cierto que un precedente constitucional vinculante puede ser modificado en el tiempo, por la ocurrencia de acontecimientos distintos a los que precedieron la decisión anterior, no es menos cierto que hasta que esa modificación pudiese tener lugar, lo que predomina en el ordenamiento jurídico y prevalece como parte del bloque de constitucionalidad, es la sentencia que declaró la nulidad de la ley objeto de consideración.

Hasta ahora, lo que resulta como verdad irrefutable es que la ley 286-04, que consagraba las elecciones primarias de los partidos políticos, como abiertas y simultáneas, fue considerada como contraria a la Constitución, y por vía de consecuencia, nula.

Todos los argumentos esgrimidos con la finalidad de desconocer esa realidad, desvirtuarla, distorsionarla o subvertirla, ocupan un lugar especial en el reino de la post-verdad.

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La política en la era de la post-verdad

De conformidad con el diccionario Oxford, post-verdad fue el término más empleado en el 2016. Tuvo un incremento de más del 2000% con respecto a su empleo o utilización en el 2015.

Ese aumento se debió, fundamentalmente, a dos acontecimientos políticos que empezaron a gestarse durante esos años: el Brexit en Gran Bretaña, que marcó su salida de la Unión Europea; y la campaña electoral norteamericana que culminó con la elección presidencial de Donald Trump.

En ambos casos empezó a emplearse una técnica de comunicación que resultaba novedosa. Se intentaba apelar a las emociones de los electores, más que a su racionalidad, con la finalidad de inducirles a adoptar actitudes y comportamientos que entraban en conflicto con la auténtica realidad de la que formaban parte.

En el empleo de la post-verdad como técnica de comunicación, había, por vez primera en la historia, la utilización de un mecanismo que tenía como objetivo subordinar la verdad al interés del proyecto político que se estaba fomentando.

Podría considerarse que con la aplicación de esa técnica no se estaba haciendo nada nuevo. Al fin y al cabo, podría argumentarse, en eso precisamente ha consistido la mentira y la propaganda: en desinformar y manipular como forma de distorsión de la realidad.

Sin embargo, aunque tiene un parecido con la propaganda y la mentira, no es enteramente así, pues la post-verdad tiene un elemento singular que le caracteriza. Ese elemento consiste en que no solamente representa un desafío a la posibilidad de conocer la realidad, sino que, más bien, procura desconocer o negar su existencia como tal.

Eso, aunque tiene profundas raíces en la historia del pensamiento, nunca se había presentado como fenómeno social. Ha sido en tiempos recientes que ha empezado a tener incidencia e impacto en las nuevas formas de comunicación en el ámbito de la política.

Los que empezaron a acuñar el término de post-verdad lo hicieron imbuidos del buen propósito de poner de manifiesto la existencia de ese nuevo fenómeno, que consideraban como un grave peligro para el debido funcionamiento de la democracia.

Ahora bien, lo que resulta polémico o discutible, respecto del término de post-verdad, es su propio sentido semántico. Por el uso del prefijo post, podría considerarse que se trata de algo que viene después de la verdad. Pero, si puede haber un después, se supone que debe haber un antes. Por consiguiente, podría hablarse de una pre-verdad; y como a la verdad, se le opone la mentira, entonces podría decirse que hay una pre-mentira, una mentira y una post-mentira, todo lo cual, obviamente, resultaría en un solemne dislate.

Verdad y objetividad

La búsqueda de la verdad ha sido una preocupación constante en la historia de la filosofía y de la ciencia, lo cual hunde sus raíces en la Antigua Grecia. Sobre el particular había hecho referencia Platón, al señalar que Sócrates advertía sobre el peligro del falso saber.

Aristóteles fue aún más incisivo.

En su trabajo sobre la metafísica, llegó a señalar la verdad y la mentira en los siguientes términos: “Lo que es y se dice que es; y lo que no es y se dice que no es, es verdad.

Pero lo que es y se dice que no es; y lo que no es y se dice que es, es mentira”.

Así definió, de manera sencilla, aunque parezca complicado, el sabio estagirita, la noción de verdad y de mentira.

Sin embargo, ha habido corrientes de pensamiento que han negado la posibilidad de que la verdad pueda ser plenamente conocida. Se sostiene que puede haber una aproximación a la verdad, una verdad relativa, pero nunca una verdad absoluta, como lo sostienen en tiempos actuales, los partidarios del post-modernismo.

Iguales criterios prevalecen en relación al concepto de objetividad.

Se considera, sobre todo en el terreno de la comunicación, que se debe transmitir un mensaje que sea susceptible de reflejar la realidad, esto es, que no se encuentre afectado por los valores, criterios y creencias de quien lo transmite.

Esa noción de objetividad ha sido el ideal o marco de referencia al que siempre ha aspirado el periodismo profesional. Desde mediados del siglo XIX, en que se desarrolla la gran prensa de masas, se partió del criterio de que la información tenía que transmitirse con espíritu de imparcialidad o neutralidad.

Para hacer eso posible, se hizo énfasis en que el periodista profesional tenía que transmitir los hechos, lo ocurrido, en base a los datos emanados de los acontecimientos; y se procedió hasta indicar los elementos que tenían que ser tomados en consideración para la elaboración de la noticia, así como la técnica específica de redacción, que fue el de la pirámide invertida.

Durante años, esas normas de búsqueda y redacción de las noticias constituyeron el evangelio del periodismo profesional. Se entendía que se había logrado la objetividad, imparcialidad y neutralidad en la presentación de la información o noticia.

Sin embargo, con el tiempo se llegó a comprender que la presentación del hecho noticioso no resultaba en sí tan objetiva, puesto que requería de una serie de procedimientos, que incluían la selección de la información; una presentación de los hechos, no en forma cronológica, sino en un orden descendente de importancia; una contextualización; y la decisión del lugar de publicación en las páginas del periódico.

Todo eso implicaba que aun deseando ser imparcial y objetivo, el método de elaboración de la información requería de un conjunto de valores y criterios subjetivos por parte de quien elaborase la noticia, que inevitablemente producían un sesgo informativo.

El peligro de la post-verdad

Así pues, a lo largo de la historia, ha habido escuelas o corrientes de pensamiento que han considerado que la verdad y la objetividad no pueden ser plenamente alcanzadas, debido a prejuicios preexistentes y a un sesgo cognitivo que impiden que pueda lograrse la imparcialidad y la neutralidad frente a los fenómenos de la vida social.

Para esos sectores, la realidad como tal, no existe. Lo que existe es una construcción social de la realidad, la cual, por supuesto, está contaminada con los valores, las creencias y la ideología de quien la construye.

La diferencia entre los que no creen que la verdad absoluta o la objetividad plena existan, y los que hacen referencia al fenómeno de la post-verdad, radica en que para estos últimos de lo que se trata no es de si la verdad puede o no ser conocida, sino de cómo poder subvertirla o modificarla, a los fines de ponerla al servicio de un proyecto de dominación política.

Mientras la mentira engaña; la propaganda manipula y distorsiona; el periodismo de opinión orienta en una determinada dirección; la publicidad intenta convencer a los consumidores de la bondad de sus productos; la post-verdad, por su parte, altera la realidad, crea una realidad nueva, una “realidad no real”, inexistente, ficticia, con el objetivo de hacer predominar unos determinados valores o criterios, que permitan subordinar la “realidad real” a las emociones; y por vía de consecuencia, arrastrar a determinados sectores de la población, en forma irreflexiva, hacia unas determinadas acciones políticas.

Como se ha demostrado en los casos del Brexit y de las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas, la post-verdad constituye uno de los mayores peligros con los que se enfrenta la democracia moderna.

En la era política de la post-verdad, las personas son inducidas a creer en algo que no es real, a partir de la presentación de lo que se ha denominado como “datos alternativos”, generando nuevos conceptos y valores que sirven de referencia para la creación de percepciones, actitudes y comportamientos.

En su clásica novela, 1984, el autor británico, George Orwell, hizo referencia a un mundo de penumbra, de pesadilla, de absoluta dominación política, en el que las palabras, en un diccionario de neolengua, expresaban exactamente lo contrario de lo que se quería decir.

De esa manera, el amor equivalía al odio; la paz era la guerra; la vida era la muerte; y la verdad, sinónimo de mentira. Nunca pensó Orwell que al llegar el siglo XXI, en sistemas democráticos avanzados se emplearían técnicas de subversión de la realidad tan peligrosas como las que él, en su mundo imaginario y de ficción, había considerado que sólo podían existir en regímenes totalitarios.

Desafortunadamente, sin embargo, así es. En la era política de la post-verdad, todo es nada; y nada es todo. La verdad no importa.

Todo es posible. Solo basta la voluntad.

Nada tiene límites.

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Constitución, Ley y Elecciones Primarias

Nueve partidos que integran el llamado Bloque Opositor presentaron en estos días un conjunto de propuestas en relación a los proyectos de ley de partidos políticos y reforma a la ley electoral. Entre las propuestas sugeridas están las relativas a publicidad y propaganda; financiación pública, cuotas de género y rendición de cuentas.

Ahora bien, al referirse a la celebración de primarias internas de los partidos políticos para la selección de candidatos a cargos públicos, el Bloque Opositor ha sugerido que dichas primarias sean cerradas y simultáneas, esto es, que sean con el padrón de cada partido y efectuadas el mismo día por todas las organizaciones políticas.

Al alegar que sean cerradas y simultáneas, es evidente que se oponen a que puedan efectuarse en forma abierta y simultánea, esto es, con el registro de electores de la Junta Central Electoral.

Desde luego, ese será uno de los grandes temas a debatirse, tan pronto se inicie la nueva legislatura el próximo 27 de febrero. Esto así, en razón de que el proyecto de ley de partidos políticos que estaba siendo conocido en el Congreso Nacional, no pudo ser aprobado por las cámaras legislativas en el plazo previsto en la Constitución.

Para reactivar el debate, el Partido Reformista Social Cristiano, recientemente lo reintrodujo por ante la Cámara de Diputados; y con posterioridad, la propia Junta Central Electoral hizo lo mismo, por lo cual, en estos momentos, tanto el Senado como la Cámara de Diputados se encuentran apoderados del referido proyecto legislativo.

En lo relativo a la celebración de elecciones primarias en las organizaciones políticas para la selección de candidatos a cargo de elección popular, tanto en el proyecto del Partido Reformista como en el de la Junta Central Electoral se establece lo mismo.

En ambos se indica que es responsabilidad de los partidos y agrupaciones políticas decidir la modalidad de la organización de las primarias internas a celebrarse en fecha determinada por el organismo competente del partido o agrupación política.

Esa redacción concerniente a la forma de celebrarse las elecciones internas de los partidos, así como la fecha en que las mismas han de tener lugar, resulta correcta.

Eso significa que el proyecto de ley de partidos políticos no puede imponer a los partidos u organizaciones políticas, que las primarias internas de dichas instituciones sean abiertas o cerradas. En ambos casos, se estaría desconociendo varios principios de carácter constitucional, como son la libertad de los partidos políticos, la democracia interna y el derecho de asociación. En lo que concierne a la celebración de primarias internas abiertas y simultáneas, ya la Suprema Corte de Justicia, actuando en función de Corte Constitucional, como hemos señalado en otra ocasión, decidió en su sentencia de fecha 16 de marzo de 2005, que la ley 286-04 era nula, por ser contraria a la Constitución, en razón de que le imponía, de manera obligatoria, a los partidos políticos, un mecanismo de elecciones primarias abiertas y simultáneas.

Esa decisión de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 tiene carácter definitivo y la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; y en su artículo 277, la Constitución proclamada en el 2010, establece el destino de ese tipo de decisión judicial, al sostener que:

“Todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, especialmente las dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia, hasta el momento de la proclamación de la presente Constitución, no podrán ser examinadas por el Tribunal Constitucional”.

Al tener la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y no poder ser examinadas por el Tribunal Constitucional, esas decisiones están sometidas a lo consignado en el artículo 184 de nuestra Carta Sustantiva, que establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado.

Precedente vinculante

¿Qué quiere hacer significar el texto constitucional cuando afirma que las decisiones del Tribunal Constitucional constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado?

Quiere indicar que las decisiones constitucionales, definitivas e irrevocables, no solo están impedidas de ser revisadas por otro tribunal de la República, sino que también tienen carácter de obligatoriedad respecto a todos los órganos del Estado, como serían el Senado, la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo.

El Senado de la República o la Cámara de Diputados no pueden aprobar en el proyecto de ley de partidos políticos ninguna disposición que sea contraria a lo decidido por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia de 2005, bajo el riesgo de incurrir en un acto de violación a la Constitución de la República.

En su ensayo acerca de cómo vincula la jurisprudencia constitucional a los legisladores, la catedrática española, María A. Ahumada Ruiz, alega que “los poderes públicos no están simplemente obligados a cumplir lo que el Tribunal Constitucional resuelva sino además, habrán de conformar en el futuro su actuación a las pautas marcadas por la doctrina del Tribunal”.

En el Perú, una sentencia del Tribunal Constitucional, del 10 de octubre de 2005, consideró que “El precedente constitucional tiene por su condición de tales efectos similares a una ley. Es decir, alcanza a todos los justiciables y es oponible frente a los poderes públicos”.

En Chile, el artículo 94 de la Constitución sostiene que “las disposiciones que el Tribunal declare inconstitucionales no podrán convertirse en ley”.

Por su parte, al referirse a este tema, el profesor de Derecho Constitucional, Eduardo Jorge Prats, en su texto Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, afirma:

“Queda claro que la sentencia constitucional tiene capacidad para vincular y obligar a los poderes públicos. Si no fuera así, no tendría sentido establecer el control concentrado de constitucionalidad. Esta vinculación significa que la sentencia constitucional tiene fuerza de ley”.

¿Qué consecuencias tiene para el legislador el que la sentencia constitucional tenga fuerza de ley y capacidad para vincular y obligar a los poderes públicos?

Conforme al propio profesor Jorge Prats, “ello implica que el legislador no puede reincorporar al ordenamiento, preceptos declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

Más aun, como habíamos indicado en un trabajo previo, así lo consagró también el Tribunal Constitucional dominicano en su sentencia número 84 del año 2013, en el que indica que los precedentes constitucionales “constituyen fuente directa de derecho con carácter vinculante para todos los poderes públicos, dentro de los que se encuentra la Cámara de Diputados, órgano que integra el Poder Legislativo”.

Los límites de la ley

La incapacidad de los órganos legislativos para, mediante la ley, obligar a los partidos políticos a organizar primarias abiertas y simultáneas, no solamente proviene del hecho de que ha habido una sentencia, de carácter constitucional, con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, sino, además, del hecho mismo de la naturaleza jurídica de las organizaciones políticas.

Pero así como no es posible que la ley establezca que las primarias internas de los partidos puedan ser abiertas y simultáneas, tampoco puede señalar, como ha sugerido el Bloque Opositor, que sean cerradas y simultáneas.

Desde el punto de vista legal, los partidos políticos son instituciones de derecho privado, lo que quiere decir que no son corporaciones de derecho público; que no son de naturaleza estatal. Constituyen, más bien, organizaciones integradas voluntariamente por ciudadanos, en pleno ejercicio del derecho a la libertad de asociación, a los cuales debe garantizarse la facultad de participar en los mecanismos de decisión interna de la agrupación.

El artículo 216 de la Constitución Dominicana prevé lo relativo a la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos; y en esa disposición constitucional se consagran dos elementos de carácter esencial. El primero, que existe plena libertad para la organización de partidos políticos; y el segundo, que dichas instituciones, en su conformación y funcionamiento, deben sustentarse en la democracia interna.

Ahora bien, al conformarse y funcionar en base a la democracia interna, eso equivale a decir que tienen la capacidad para auto organizarse, esto es, de operar de acuerdo con el criterio acordado entre sus miembros.

Esa forma de operar estará establecida, no por ley alguna, que implicaría una injerencia de la esfera pública en la órbita de lo privado, sino a través de los estatutos de los partidos, así como por otras normas internas adoptadas en congresos u otras instancias institucionales.

En lo relativo a las elecciones primarias para la selección de candidatos, el criterio abrumadoramente predominante a escala mundial, es que eso es algo que se decide en base a la determinación de los afiliados de la organización política.

De esa manera, es un derecho indiscutible de los partidos políticos el escoger sus candidatos a cargos de elección popular de conformidad con la modalidad que ellos adopten, tal como ha señalado la Junta Central Electoral en los proyectos de ley que ha enviado al Congreso Nacional, a los fines de su regulación.

Por consiguiente, ninguna ley podrá imponer a los partidos políticos una forma única de selección de sus candidatos y una fecha común para todos de celebración de sus convenciones. No puede haber, por disposición de ley alguna, primarias abiertas y simultáneas, o primarias cerradas y simultáneas. Eso sería inconstitucional, ilegal e injusto.

Son los partidos los que deciden, en base al ejercicio legítimo de su libertad, a su democracia interna y al derecho de asociación de sus afiliados, los únicos que tienen derecho a establecer, mediante sus normas internas, si sus elecciones primarias deben ser abiertas o cerradas; por aclamación o encuestas; por cooptación o designación; o por cualquier otra fórmula que consideren.

En su propuesta sobre las primarias internas de los partidos, la Junta Central Electoral tiene la razón. Los militantes de los partidos tienen la última palabra.

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Vladimir Guerrero: De Don Gregorio a Cooperstown

En medio de la fase final de una intensa y apasionada competencia, no apta para cardiacos, entre las Águilas Cibaeñas y los Tigres del Licey, de repente circuló la noticia esperada con gran ansiedad: Vladirmir Guerrero había sido exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown.

Ante esa información, el pueblo dominicano estalló en júbilo. Reinaba la alegría por todas partes. Se anhelaba su retorno al país con mucha ilusión. Por un instante, hasta la rivalidad entre las cuyayas y los felinos parecía disiparse. Había como una especie de cese al fuego en reconocimiento al último símbolo del orgullo nacional.

Su llegada fue todo un acontecimiento. En un gesto humilde, como el que siempre le caracteriza, hizo saber que toda su hazaña no fue más que para poner en alto la bandera dominicana.

La música, el entusiasmo, la algarabía le esperaron en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. Continuó en todo el trayecto hacia la ciudad. Se hizo sentir en el Malecón de la Capital y llegó hasta el corazón mismo de su pueblo natal, don Gregorio, en Nizao, provincia Peravia.

Realmente el pueblo dominicano disfrutó a plenitud el ingreso de Vladimir Guerrero, una de nuestras más grandes estrellas del béisbol de todos los tiempos, al núcleo exclusivo de los inmortales de ese deporte.

Fue hace tan solo tres años, en el 2015, que un compañero suyo de equipo, en los Expos de Montreal, Pedro Martínez, mejor identificado como Pedro, el Grande, resultó ser seleccionado como el segundo jugador dominicano en ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Sin embargo, durante 32 años, desde que fue seleccionado en 1983, Juan Marichal, el Monstruo de Laguna Verde, reinó solo en esa categoría especial, reservada para los más destacados atletas del bate, el guante y la pelota. Curiosamente, el nativo de Monte Cristi terminó su carrera profesional en el 1975, el mismo año en que nació Vladimir Guerrero, la Tormenta de Don Gregorio, como lo bautizó el cronista deportivo Bienvenido Rojas.

Pero, para mayor coincidencia, Vladimir siempre utilizó el número 27 en el uniforme de los cuatro equipos para los cuales desplegó su talento; igual al número de Marichal con los Gigantes de San Francisco.

Origen humilde

Nacido en plena Guerra Fría, en un país influido por ideas de izquierda, parece comprensible que sus padres declararan a su hijo, futura estrella de las Grandes Ligas, con el nombre legendario del líder de la Revolución bolchevique: Vladimir, conocido como Lenin.

Pero, en la actualidad, el presidente Putin de Rusia, también lleva el mismo nombre: Vladimir.

En el ámbito del deporte, Vladimir Guerrero no estuvo por debajo de sus tocayos rusos. Él fue también una potencia hegemónica en el diamante, por el poder de su bate, la velocidad de sus piernas y la fuerza de su brazo.

Vladimir Guerrero, sin embargo, nació en un hogar muy humilde, de origen campesino. Su madre se dedicaba a la venta de alimentos en la calle y su padre a la ganadería, en una pequeña finca alquilada.

Junto a sus siete hermanos, vivía apretujado en condiciones sumamente precarias, en una casa de dos habitaciones, de madera y techo de zinc, el cual fue desprendido con el paso de un huracán en la década de los 90.

Pero junto a Eliezer y Winston, sus dos hermanos mayores, encontró a corta edad el motivo de la pasión de su vida: el béisbol. Desde los 11 años empezó a practicarlo, en la misma comunidad que ha visto formarse a otros grandes jugadores, como Miguel Tejada, recordado paracorto de los Atléticos de Oakland y los Orioles de Baltimore.

En principio, Eliezer fue considerado para el entrenamiento del equipo de los Dodgers de Los Angeles. Poco tiempo después, sin embargo, fue desestimado. Por el contrario, su otro hermano, Winston, fue firmado por este equipo, para el cual llegó a jugar en Grandes Ligas.

Vladimir fue también observado por dicha agrupación deportiva. La suerte, sin embargo, no le acompañó. Al iniciar sus entrenamientos, experimentó una lesión, lo que le hizo abandonar sus sueños de usar la franela del equipo de Jackie Robinson.

Esa lesión pudo haber sido el fin de la carrera deportiva del oriundo de Nizao. Pero su disciplina, capacidad de sacrificio y perseverancia, le permitieron superar ese y otros escollos; y fue así, que a la edad de 21 años de edad, en el 1996, inició su carrera profesional de Grandes Ligas con los Expos de Montreal.

Con los Expos, Guerrero tuvo la fortuna de encontrarse como dirigente del equipo a una de las figuras luminarias del béisbol dominicano: Felipe Rojas Alou. Bajo su dirección, durante los próximos seis años, se fue consolidando como un gran bateador de promedio y de poder.

El banilejo inmortal

En el 2002, Vladimir pasó a usar el uniforme de los Angelinos de Anaheim, organización con la cual permaneció durante ocho años, para luego culminar su carrera con los Rangers de Texas y los Orioles de Baltimore.

Durante sus años en las Grandes Ligas empezó a tejerse un mito. De que, a diferencia de la generalidad de los jugadores, no usaba guantillas para batear, y de que era un bateador de bolas malas.

Se recuerda, inclusive, que en una ocasión le hizo swing a una pelota que picó antes de llegar al plato, bateándola de hit. Su brazo, desde el jardín derecho, era soberbio. Nadie se atrevía a desafiarlo corriendo las bases. Cualquier intento era casi un out seguro.

En el 2004, año en que su equipo, los Angelinos de Anaheim alcanzó el campeonato, fue galardonado con el título de Jugador Más Valioso de la Liga Americana. Con motivo de ese reconocimiento hizo una visita, junto a sus padres, al Palacio Nacional, donde me correspondió la honra de recibirle, para en nombre del gobierno, externarle las merecidas felicitaciones.

Intrigado sobre las causas que le motivaban a perseguir las bolas fuera de la zona de strike, recuerdo que le hice la siguiente pregunta: “Vladirmir, ¿cómo es que puedes batear cualquier tipo de lanzamiento? ¿Es qué existe una técnica especial para eso?”.

Me respondió, diciendo: “Es que cuando era niño jugaba vitilla en la calle con los muchachos. Me hice experto dándole a la vitilla, que además de ser pequeña de tamaño, tiene una trayectoria zigzagueante. Entonces, si aprendí a batear vitillas, la pelota se me hacía más fácil.”

Su disciplina en la caja de bateo, su enfoque y su perseverancia en alcanzar, cada vez más y mejores resultados, lo llevaron a terminar su carrera de 16 años en las Grandes Ligas con un porcentaje de bateo de por vida de .318. Eso, por supuesto, lo colocó entre los siete jugadores más destacados de la historia del deporte. Igualmente, conectó 2,590 hits, entre ellos 477 dobles. Disparó 449 jonrones. Remolcó 1,496 carreras; y anotó 1,328 veces. Ganó ocho bates de plata. En nueve ocasiones participó en el Juego de Estrellas. Registró 12 temporadas de 20 o más cuadrangulares. En ocho terminó con promedio de bateo por encima de de .300; y en las dos únicas ocasiones en que no logró alcanzar esos porcentajes, estuvo en .290 y .295.

Vladimir Guerrero, el banilejo inmortal de Cooperstown, es uno de solo dos jugadores en la historia de las Grandes Ligas, junto a Joe Dimaggio, en lograr tres temporadas consecutivas con un promedio de bateo de .300; 30 cuadrangulares; 100 remolcadas; 100 anotadas; y un porcentaje de slugging (cuantas veces batea de hit en relación a turnos al bate) de 500 antes de cumplir los 25 Además, se encuentra entre los cinco jugadores que en la historia del béisbol ha logrado conectar de hit en 30 partidos consecutivos. Algo sencillamente espectacular.

Al haber llegado a la cúspide de su carrera y haber sido incluido en el grupo selecto de miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Vladimir Guerrero, al igual que Juan Marichal y Pedro Martínez, se ha convertido, para orgullo de todos, en un ícono, en una figura emblemática del pueblo dominicano, que trasciende al ámbito global.

Ahora hay otros que se encuentran en el circulo de espera para tambien incorporarse a los inmortales del béisbol. Entre ellos, por supuesto, David Ortíz, el Big Papi, el hombre que acabó con la maldición del Bambino y llevó a los Medias Rojas a más de un campeonato mundial; Albert Pujols; Adrián Beltré; Robinson Canó; y Nelson Cruz.

Tal vez, algún día, también podamos ver a Vladimir Guerrero hijo, un joven talentoso, tercera base de la organización de los Azulejos de Toronto, alcanzar la cima de la fama, siguiendo las huellas de su padre.

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El Libro que estremeció a la Casa Blanca

Desde la época en que J. K. Rowling, la célebre escritora británica, publicase una serie de novelas fantásticas sobre la vida de Harry Potter, el niño aprendiz de magia y hechicería, nada parecido había ocurrido en el mundo editorial.

Sólo bastó que el pasado 3 de enero, la revista New York publicase un extracto del libro del reconocido periodista norteamericano Michael Wolff, Fire and Fury: Inside the Trump White House (Fuego y Furia en la Casa Blanca de Trump), para que inmediatamente las solicitudes de compra lo convirtiesen en el principal bestseller del momento.

El solo anuncio de su publicación irritó tanto a la Casa Blanca, que la vocera oficial del gobierno, Sarah Huckabee Sanders, rápidamente lo descalificó como una “basura de ficción”; y que Charles Harder, abogado del presidente Donald Trump le enviase una carta al autor y a la casa editora, indicándoles que desistieran de su publicación, bajo la amenaza de proceder con una demanda por difamación e injuria.

La reacción, sin embargo, fue contraria a la esperada. En lugar de acoger la petición de suspensión de la publicación, la casa editora adelantó la fecha de salida del libro. En menos de 48 horas ya había vendido un millón de ejemplares.

Según el autor, su objetivo al escribirlo era, en primer término, poner de relieve que “con la toma de posesión de Donald Trump el 20 de enero del 2017, los Estados Unidos entraron en el ojo de la más extraordinaria tormenta política desde Watergate”; segundo, exponer acerca de los conflictos internos, o luchas de poder, suscitados entre altos funcionarios de la Casa Blanca; y tercero, referirse a las expresiones denigrantes realizadas por Steve Bannon, quien fuera jefe de estrategia del gobierno estadounidense, en relación a los miembros de la familia presidencial.

No pensaban ganar

Lo primero que empieza por exponer en su controversial libro, Michael Wolff, quien además es un destacado columnista de las revistas Vanity Fair y The Hollywood Repoter, así como autor de varios libros, es que nadie esperaba en el equipo de campaña electoral del candidato del Partido Republicano, ganar las elecciones.

De acuerdo con los comentarios recogidos, ni siquiera el propio Donald Trump creía que se podía alcanzar el triunfo electoral. En vista de eso, para el magnate de las propiedades inmobiliarias, lo más importante, entonces, era “ser el hombre más famoso del mundo”. De esa manera, saldría del proceso electoral con su marca más fortalecida e innumerables nuevas oportunidades de negocios.

Como prueba de que no se podría triunfar, había el hecho de quejas permanentes, hasta del propio candidato con el funcionamiento de su equipo de campaña electoral. Para Donald Trump, todos sus integrantes no eran más que unos ineptos. Nadie servía para nada.

De hecho, a tan solo cinco meses de la celebración del torneo electoral, en junio del 2016, despidió a su primer jefe de campaña, Corey Lawandowski, a quien calificó de torpe e incompetente.

Luego vino Paul Manafort, en estos momentos bajo investigación judicial, quien sólo pudo permanecer dos meses como encargado de la campaña, hasta agosto, cuando solo faltaban menos de 90 días para que los ciudadanos acudieran a los centros de votación.

A esa altura del certamen electoral, Hillary Clinton, la candidata del Partido Demócrata, llevaba una ventaja entre 12 y 17 puntos por encima del candidato republicano. Entonces se creía que sólo un milagro podía revertir esa tendencia.

Fue en ese momento de penumbras que se presentaron ante el candidato Donald Trump, Robert Mercer, un billonario de extrema derecha, y su hija, Rebekah, quienes decidieron, junto a otros asociados, también multimillonarios, financiar y hacerse cargo del resto de la campaña de Trump.

La primera reacción del candidato republicano, según refiere Michael Wolff, fue de asombro. No podía comprender como alguien podría comprometer sus recursos en favor de una causa que se encontraba por completo perdida.

La única condición, sin embargo, sugerida por Robert Mercer y su hija, y aceptada por Donald Trump, fue que se integrasen a la dirección de la campaña dos figuras claves de su emporio: Steve Bannon y Kellyanne Conway.

Conway, al asumir la dirección de la campaña, no advirtió posibilidades de triunfo. Por el contrario, estaba convencida de que Donald Trump perdería las elecciones.

No así Steve Bannon, quien provenía de la dirección de la publicación digital de la extrema derecha, Breitbart News. Este mantuvo el criterio de que a pesar de las dificultades y la falta de organización que la campaña había experimentado, Trump saldría airoso de su combate electoral.

Las dramáticas revelaciones sobre el trato impropio de Trump con las mujeres parecían haber sepultado definitivamente las aspiraciones electorales del exitoso empresario de la construcción.

Sin embargo, logró sobrevivir; y de manera casual la campaña empezó a dar un giro radical en su favor cuando el director del FBI, James Comey, informó que se reabría la investigación en relación a los correos electrónicos en contra de la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Todavía, el mismo día de las elecciones, 8 de noviembre, al iniciarse el conteo de los votos, no había un ambiente triunfal entre los partidarios del candidato republicano.

La victoria fue tan inesperada que se cuenta que Donald Trump hijo le comentó a un amigo que su padre, Donald Trump, estaba tan sorprendido con su triunfo que parecía “como si hubiese visto un fantasma”.

Conflictos e intrigas

Steve Bannon hablaba con tanta certeza acerca de un seguro triunfo de Trump en las urnas, que éste llegó a considerar que tal vez su promotor de campaña tuviese poderes místicos, lo cual lo hacía prácticamente indispensable para el gobierno que se iniciaba.

Pero no era así. Bannon no sólo no tenía poderes místicos, sino que hasta carecía de experiencia política. Nunca había dirigido una campaña electoral ni había ejercido función pública alguna. Lo único que ofrecía era una visión apocalíptica que se sustentaba en la convicción de que la sociedad norteamericana estaba escindida en dos sectores irreconciliables: globalistas liberales y nacionalistas populistas conservadores.

El problema es que según los testimonios recogidos por Michael Wolff en su libro, la selección de Steve Bannon como jefe de Estrategia y asesor presidencial fue, tal vez, la peor que pudo haber hecho Donald Trump.

Bannon, para quienes le conocían en sus múltiples facetas, si bien es un hombre culto e inteligente, resultaba, al mismo tiempo, dogmático, petulante y hasta antisocial.

Su actitud fanatizada y explosiva llegó a niveles tales, que se le considera como una especie de granada humana; y se afirma que si hay fuego en algún lugar, lo más probable es que le encuentren los fósforos en las manos.

Con una personalidad tan alucinante en una función de tanta autoridad, era lógico suponer que el gobierno del presidente Donald Trump encontraría serios conflictos internos.

Al mismo tiempo, según refiere Wolff, había mucho pesimismo entre el personal de la Casa Blanca, acerca del buen funcionamiento del gobierno. Para darse ánimo, se decían entre sí: “Haremos que esto funcione”. “Esto va a funcionar”.

La razón de esa inquietud se debía a que desde los días inmediatos al triunfo electoral, se había estado tejiendo la especie de una posible interferencia de Rusia en los resultados del certamen.

Pero, en adición, estaba la percepción que de manera generalizada se había ido creando en torno a la personalidad del nuevo presidente. Se le veía como emotivo e impulsivo. De que no tenía hábito de lectura. De que su nivel de concentración era bajo; y de que no escuchaba ni prestaba atención.

En medio de ese vacío, Steve Bannon quiso apoderarse e imponer la agenda presidencial, lo cual le generó, desde un principio, serias dificultades con el jefe de gabinete, Reince Priebus, quien había sido colocado en esa función para servir de enlace con los líderes republicanos del Congreso.

Más aún, Bannon entró en conflicto con Jared Kushner e Ivanka Trump, yerno e hija del presidente Donald Trump, lo cual, por supuesto, por el vínculo familiar, tenía otra connotación.

Para dirimir esos conflictos, cada una de las partes aspiraba a derribar a la otra filtrando información a los medios de comunicación que estimaba podrían perjudicarles.

Como resultado de esas pugnas, el jefe de gabinete fue despedido. El vocero de gobierno renunció. Un nuevo jefe de comunicación duró tan solo una semana en su cargo; y la Casa Blanca se sumía, como nunca antes, en medio del caos y el desorden.

Para debilitar a sus rivales internos y continuar imponiendo su agenda de división y confrontación, Steve Bannon continuó en su campaña de proveer, en forma secreta, información a los medios de comunicación.

Pero fue tan obstinado en sus propósitos y tan siniestro en sus planes, que traspasó los límites de la prudencia y de la lealtad; y por esa razón, inevitablemente, fue separado, en agosto del año pasado, de las funciones gubernamentales que se les habían conferido.

Ahora, ya fuera de funciones, aparecen nuevas declaraciones suyas, recogidas en el libro de Michael Wolff. Esas declaraciones, ciertas o falsas, son tan escalofriantes y comprometedoras que han estremecido a la Casa Blanca.

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