Leonel Fernández

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Las meditaciones de Marco Aurelio

Marco Aurelio fue un emperador romano, recordado por ser el último de los Cinco Buenos Emperadores que tuvo el Imperio, entre los cuales figuran Nerva, Trajano, Adriano y Antonino Pío.

Escribió un texto, Meditaciones, que constituye una recopilación de 12 libros, los cuales, aunque no se trata de una crónica, reflejan distintos momentos de la vida de su autor.

Al nacer, nadie consideró que Marco Aurelio habría de alcanzar la condición de emperador de Roma. Aunque de familia perteneciente a la nobleza, ya que tanto su abuelo materno como su padre habían integrado la curia del Senado, no se encontraba, sin embargo, en la línea sucesoral.

El cómo llegó a tal situación fue resultado de condiciones imprevistas.

El emperador Adriano, conocido entre nosotros por sus afamadas Memorias, al no tener descendientes, designó como heredero al trono a Lucio Ceionio Cómodo.

Pero este no llegó a ejercer la función de emperador, ya que, de manera inesperada, murió antes que Adriano, su promotor. Ante ese hecho, Adriano, entonces, decidió nombrar como heredero del imperio a Antonino Pío, con la condición de que adoptara a Marco Aurelio y a Lucio Vero, hijo del fallecido Lucio Ceionio Cómodo.

Antonino Pío reinó durante más de 20 años, y al morir, Marco Aurelio aceptó el trono con la condición de que Lucio Vero fuera nombrado conjuntamente con él.

La idea de un imperio compartido recordaba de alguna manera el sistema que había predominado durante la época de la República romana, en el que estaba prohibido a cualquier persona ostentar por sí mismo el poder supremo.

Fue el emperador Diocleciano, a finales del siglo III, el que reactivó el concepto de gobierno conjunto o compartido, mediante el establecimiento de la tetrarquía, o gobierno dirigido por cuatro miembros.

Aunque más joven, Lucio Vero falleció primero que Marco Aurelio, razón por la cual éste pudo durante cerca de una década asumir él solo la condición de emperador de Roma.

Durante su periodo, Marco Aurelio impulsó medidas favorables para los esclavos, las viudas y los menores de edad. Se enfrentó, de manera airosa, a revueltas militares, guerras, conspiraciones y plagas que llegaron a representar grandes desafíos a la estabilidad del Imperio.

Derrotó a sus adversarios en el frente oriental, y asestó golpes demoledores a las tribus bárbaras y pueblos germánicos que realizaban incursiones por la parte de lo que hoy es Francia y Alemania.

Al igual que Julio César, Marco Antonio, Adriano y otros emperadores romanos, Marco Aurelio fue amado por su pueblo, por haber sido un gobernante patriota, justo y sabio.

Meditaciones Pero la importancia histórica de Marco Aurelio va más allá de su rol como gobernante, guerrero y reverenciado emperador romano.

También es recordado por su libro, Meditaciones, al que hemos hecho referencia, concebido como una guía espiritual para su propia actuación.

Escrito de manera sencilla y directa, en forma de máximas o aforismos, Meditaciones está considerada como una obra maestra. Ha trascendido la barrera de los tiempos y ha servido de fuente de inspiración para estadistas, pensadores y artistas.

El gran tema que aborda es el del sentido o significado de la vida.

En tal virtud considera que para disfrutarla a plenitud, se requiere abordar cinco aspectos fundamentales: la verdad, la justicia, el valor o coraje, la moderación y la sabiduría.

Para Marco Aurelio, la verdad contiene un valor absoluto, lo cual quiere decir que es la misma en todos los tiempos y en cualquier lugar. Así ocurre con la identificación de todos los elementos de la naturaleza, que deben ser los mismos en todo momento y en todas partes.

La justicia, por su lado, consiste en tratar a los demás como uno desea ser tratado; el valor o coraje, en luchar por la realización de la justicia.

Al hacer referencia a la moderación, señala que ésta consiste en no incurrir en excesos. A su vez, al precisar su concepto de sabiduría, indica que ésta requiere conocer qué es la justicia; cuándo el valor es requerido; y hacer siempre lo que es correcto.

Al abordar estos temas, el autor hace énfasis especial en aspectos relativos a la vida, la muerte, la ética, el honor, el cumplimiento del deber, el ejercicio de la responsabilidad y la realización del bien común.

En su obra, Marco Aurelio pone de manifiesto la influencia que había recibido, por vía de su maestro, Marco Cornelio Frontón, de los máximos representantes de la corriente de la filosofía del estoicismo.

Entre los más destacados exponentes de esta escuela de pensamiento se encontraban figuras como las de su fundador, Zenón de Citio (que no es el mismo que Zenón de Elea); Epicteto, antiguo esclavo, cuya doctrina se basaba en la ética como la mejor manera de vivir; Séneca, de origen español, maestro de Nerón, quien escribió sobre la brevedad de la vida y la serenidad del alma; y Cicerón, notable orador y estadista romano.

Para los filósofos estoicos, como para todas las escuelas post-aristotélicas, la búsqueda del conocimiento no constituye un fin en sí mismo. El objetivo de toda investigación es procurar un modo de vida caracterizado por la tranquilidad de espíritu y la certeza del valor moral.

El estoicismo, como corriente de pensamiento filosófico, tuvo su origen en la Antigua Grecia, unos 300 años antes del nacimiento de Jesucristo, se extendió luego a Roma, así como a varios de los territorios bajo dominio del Imperio, influyendo en todo lo relacionado al Derecho, la Teología y la Ética.

Bajo el influjo de esas ideas y conceptos fue que Marco Aurelio concibió su obra, de alcance universal, Meditaciones, que luego de más de 2000 años conserva la vigencia y la frescura de cuando se escribió.

Reflexiones para la vida En el libro primero de Meditaciones, el autor empieza por reconocer su deuda intelectual con quienes afirma haber recibido lecciones importantes para su vida.

De su abuelo, Vero, afirma que aprendió la necesidad de tener un carácter bondadoso y sereno; de su padre, discreción y virilidad; de su madre, el no obrar mal y ni siquiera pensarlo, además de una vida sencilla alejada de los lujos habituales.

De su padre adoptivo, el emperador Antonino Pío, dice haber heredado la firmeza inquebrantable en las decisiones examinadas a fondo; la indiferencia a los honores aparentes; y ser siempre el mismo con aquellos que circunstancialmente, por algún compromiso, le habían abandonado.

De Marco Cornelio Frontón, su maestro, alega haber aprendido cómo darse cuenta de la envidia, la duplicidad e hipocresía de los tiranos.

Del estoico Claudio Máximo, la idea de tener la confianza de todos, porque decía lo que pensaba y sus actos no tenían mala intención; ni asombrarse ni inquietarse, ni precipitarse ni eternizarse.

De su preceptor, saber vivir con poco… y hacer oídos sordos a las calumnias.

En los libros subsiguientes, al reflexionar sobre las percepciones, consideró que todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho; y todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad.

En idéntico sentido, dijo: Tienes poder en tu mente, no afuera. Se consciente de esto y encontrarás la fuerza. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos crean.

Sobre la vida y la muerte elaboró frases lapidarias. Sostuvo, por ejemplo, que la perfección del carácter es vivir cada día como si fuese el último, sin apresurarse, sin apatías, sin pretensiones. La vida no es buena ni mala, sino un lugar para el bien y el mal.

Segundo, que un hombre no debería tener miedo a la muerte, sino de nunca empezar a vivir.

Tercero, no actuar como si se fuera a vivir por diez mil años. La muerte acecha. Mientras se viva, mientras sea posible, ser bueno.

Al considerar la conducta ética, pontificó: No consideres interesante lo que un día te llevará a violar tu palabra, a perder el pudor, a odiar, sospechar, maldecir a alguien, a utilizar malas artes, a ansiar lo que hay que tapar.

Sobre el mismo tema, enfatizó: Acostúmbrate a pensar cosas que nadie se avergonzaría de expresar en voz alta. Cosas que indiquen tu sencillez, benevolencia y sociabilidad, y no fantasías voluptuosas.

Pensamientos exentos de rivalidad, envidia, recelo o cualquier otra vergonzosa pasión.

Finalmente, aseveró: La mejor venganza es ser diferente a quien causó el daño.

Las Meditaciones de Marco Aurelio han logrado inmortalizarse en razón de que expresan con claridad lo único que hasta ahora ha resultado inmutable en la naturaleza: la condición humana.

A lo largo de los siglos, los seres humanos han librado una lucha entre la luz y las tinieblas; entre la bondad y la vileza; entre la generosidad y el egoísmo; entre la virtud y la malevolencia.

Ante todo esto, para Marco Aurelio, de manera inalterable, la respuesta siempre fue la verdad, la razón, la justicia y la sabiduría.

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El Pacto Mundial de Migración

La semana pasada fue aprobado en Marrakech (Marruecos), el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ese Pacto procura, entre otros objetivos, el de mejorar la cooperación sobre la migración internacional; el de crear una concepción común, responsabilidades compartidas y unidad de propósito en todo lo concerniente al fenómeno migratorio, que es uno de los temas globales de mayor trascendencia en los inicios del siglo XXI.

Sin embargo, a pesar de esa realidad, obtuvo un débil apoyo por parte de los Estados Miembros, en el marco de lo que normalmente ocurre en el debate sobre ese tipo de acuerdos globales.

De 193 países, solo 164 lo suscribieron, lo que equivale a decir que 29 no lo hicieron, entre los cuales se encuentra, afortunadamente, la República Dominicana.

Ese fenómeno, sin embargo, resulta extraño. Esto así en razón de que desde julio de este mismo año, luego de 18 meses de negociaciones intergubernamentales, con la única excepción de los Estados Unidos, todos los países habían aprobado el documento que serviría de base para la aprobación en Marruecos del referido Pacto Migratorio.

El interés de promover un pacto global para establecer principios y valores en relación a la migración internacional surgió como consecuencia de la grave crisis migratoria que sacudió a varios países europeos en el 2015. Ese año, el número de migrantes irregulares que arribó a las costas del viejo continente superó a las 645 mil personas.

Por supuesto, ese fenómeno era el resultado del impacto ocasionado por la crisis financiera global que se desató a partir del 2008; y que aún continua en la actualidad sin una solución definitiva.

En adición a esa crisis financiera, una inmensa ola migratoria se produjo hacia Europa como fruto de las devastaciones ocasionadas por el impacto de la Primavera Árabe, especialmente en países como Siria y Libia.

El número de personas que huía despavorida de la cruenta guerra civil era inmensa. Miles cruzaban hacia Grecia, Turquía e Italia. En un acto generoso y solidario que le ocasionó un alto costo político, la canciller de Alemania, Angela Merkel, abrió las puertas de su país a más de 1 millón 400 mil refugiados.

Del África Subsahariana arribaban al Mar Mediterráneo frágiles embarcaciones con decenas de miles de jóvenes abatidos por la pobreza y el desconcierto. Su único objetivo era buscar nuevos horizontes que proporcionasen sentido a sus vidas. En la travesía, sin embargo, algunos se encontraron con la muerte.

Como consecuencia de esa grave crisis migratoria en Europa, se decidió establecer un diálogo intergubernamental que pudiera crear los lineamientos y directrices para una migración que fuese ordenada, segura y regular.

Eso fue lo que dio lugar a que, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 2016, se aprobase la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes. Eso sirvió de marco para las negociaciones intergubernamentales que culminaron, la semana pasada, con la aprobación en Marruecos del Pacto Mundial sobre Migración.

Rumbo a Marruecos

A pesar de que, como hemos dicho, 192 Estados Miembros de Naciones Unidas habían aprobado, en julio de este año, el texto sobre el Pacto Migratorio, resultó que al final en Marruecos, solo 164 países lo suscribieron.

¿Por qué ocurrió así? ¿Por cuáles motivos, a pesar de que el pacto no tiene carácter vinculante ni sus disposiciones sentido obligatorio, países que habían votado a favor del documento en julio, desaprobaron su adopción en diciembre?

Para algunos países, la razón se debió al hecho de que la aplicación de normas y políticas migratorias es de la incumbencia exclusiva de los Estados nacionales. Por consiguiente, la suscripción del pacto, conforme a ese criterio, conllevaba para cada Estado una disminución del pleno ejercicio de su soberanía.

Pero, en realidad, en el pacto se sostiene el derecho soberano de los Estados a establecer sus normas y políticas migratorias. En forma expresa lo dice así: “Los Estados tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional”.

Por lo tanto, lo que condujo a algunos países a considerar el concepto de soberanía, no es tanto el que no figurase en el texto del pacto mundial. Fue, más bien, debido a la ambigüedad o ambivalencia que se deriva del lenguaje utilizado en otras partes del mismo documento. En ese contexto se establecen compromisos políticos y morales que sí limitarían el derecho soberano de los Estados.

Para los Estados Unidos, por ejemplo, el pacto migratorio es inconsistente e incompatible con su política de migración y de refugiados; viola la libertad de expresión y el estándar de detención de migrantes, lo que promueve un acceso irrealista a los servicios sociales.

Para Australia, el pacto no distingue adecuadamente entre las personas que puedan ingresar al país legalmente y las que puedan llegar por vía irregular.

Todo eso coincide con lo que también se esgrime en Eslovaquia, donde además se sostiene que no han sido tomados en consideración los efectos económicos y riesgos de seguridad de la inmigración ilegal.

En Israel, el gobierno entendió que el pacto disminuye la capacidad de proteger sus fronteras contra los infiltrados ilegales.

En Austria, se considera que el pacto afecta su soberanía y la capacidad de decidir sus políticas migratorias.

Para Bulgaria, que se encuentra en una de las principales rutas migratorias desde Oriente Medio a Europa Occidental, el pacto migratorio no protege los intereses del país ni de sus ciudadanos.

En el caso de Chile, el gobierno ha planteado que la migración no constituye un derecho humano; y que los países tienen, por el contrario, el derecho a determinar los requisitos de entrada para los ciudadanos extranjeros.

El caso dominicano

La República Dominicana, por su parte, no quedó ajena a ese debate. Por el contrario, unos días antes de la conferencia intergubernamental en Marruecos, el gobierno dominicano, luego de la rendición de un informe por parte de una comisión interinstitucional, en sintonía con las reacciones adversas de distintos sectores de la vida nacional, decidió que el país se retirase de la conferencia y no aprobase el Pacto Migratorio Global.

Entre las razones dadas por el gobierno dominicano para asumir su postura frente al pacto de Naciones Unidas, se hizo referencia a los desafíos que representa la condición única de nuestro país, al compartir la isla con otra nación con significativas diferencias económicas, sociales, medioambientales y de seguridad.

En adición, el posible debilitamiento de la capacidad del Estado para hacer valer sus normas e implementar con eficacia sus políticas migratorias.

Igualmente, expresó que el pacto crearía compromisos que limitarían la capacidad de nuestro Estado para responder a situaciones que pudiesen presentarse en su frontera terrestre.

Pero, al margen de lo expresado por el gobierno dominicano, aunque el pacto dispone de cláusulas que reconocen principios universalmente aceptados de protección de derechos humanos, contiene, sin embargo, otras disposiciones que resultarían lesivas al interés nacional.

Es el caso, en primer lugar, de aquellas que extienden a los migrantes, independientemente de su estatus migratorio, el acceso a todos los servicios básicos.

Eso, por supuesto, implicaría aceptar obligaciones no previstas actualmente en el ámbito del Derecho Internacional. Pero, además, asumir gastos que excederían nuestra capacidad financiera; y, por lo tanto, incumplir con tareas que sí corresponden realizar al Estado dominicano en beneficio de sus nacionales y migrantes regulares.

En segundo lugar, el pacto migratorio prevé la detención de los migrantes irregulares como último recurso, lo que haría imposible la aplicación de la norma interna y su eventual deportación a sus países de origen.

En tercer lugar, el “facilitar el acceso de los migrantes irregulares a una evaluación individual que permita su evaluación, caso por caso…”; lo cual equivaldría a una especie de plan de regularización permanente.

En cuarto lugar, el acuerdo de Naciones Unidas propone “elaborar o aprovechar prácticas nacionales y regionales que permitan la admisión y una estancia de duración apropiada por motivos humanitarios o de otra índole para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país de origen debido a desastres naturales repentinos y otras situaciones precarias”.

En base a ese criterio, es evidente que se diluye la diferencia entre el refugiado, el migrante humanitario y el que abandona su país por razones económicas, lo que implicaría una asimilación no diferenciada de todo tipo de migrantes.

Por otro lado, preocupan las implicaciones para la imagen del país que podrían derivarse del proceso de seguimiento y examen que el pacto sugiere hacer de forma periódica.

En fin, aunque el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, recientemente aprobado en Marrakech, fue concebido con la intención de regular un fenómeno global de gran trascendencia, no menos cierto es que no previó las diferentes realidades que se presentan en distintos países o lugares del mundo.

Es el caso de la República Dominicana que, a pesar de comprender la importancia de una regulación global del fenómeno migratorio, no podía aceptar algunos de sus principios, debido a que resultan perjudiciales al interés nacional.

Por esa razón resultó acertada la decisión del gobierno dominicano de no sumarse al Pacto Mundial de Migración.

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México: ¿Una cuarta transformación?

El pasado sábado 1º de diciembre fue juramentado Andrés Manuel López Obrador como presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el período 2018-2024. Su compromiso fundamental es que la nación azteca experimentará un cambio histórico a través de lo que él ha denominado como cuarta transformación.

López Obrador llega al solio presidencial mexicano luego de una victoria electoral avasallante, en julio de este año, en la que, a través del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y sus aliados, conquistó más de 30 millones de votos y un 53% de los sufragantes.

Eso constituye el mayor nivel de legitimación en la política mexicana durante las últimas décadas.

No obstante, el proceso electoral estuvo precedido de mucha incertidumbre. Más de 130 actores políticos fueron asesinados, de los cuales cerca de 50 ostentaban la condición de candidatos para uno de los cargos de elección popular.

Semejante nivel de violencia política durante un proceso electoral nunca había tenido lugar en México u otra nación latinoamericana.

Las razones para la ocurrencia de esos hechos fueron diversas, pero en la generalidad de los casos se debió a la participación del crimen organizado, que disputaba a nivel local el control de territorios a través de la conquista de cargos públicos.

En términos electorales, las fuerzas políticas se organizaron en tres grandes coaliciones: la del oficialismo, Todos por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); el Partido Nueva Alianza (PANAL); y el Partido Verde Ecologista (PVEM), cuyo candidato era José Antonio Meade, un destacado economista sin ninguna militancia política.

Una segunda coalición, Por México al Frente, de centro-derecha, que llevó como candidato a Ricardo Anaya, un notable orador, estaba compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN); el Partido de la Revolución Democrática (PRD); y el Movimiento Ciudadano.

La tercera, Juntos Haremos Historia, de tendencia progresista, formada por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA); el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES).

Desde el primer momento, el tono de la campaña estuvo orientado hacia el cambio. Imperaba un sentimiento contrario al gobierno.

El nivel de apoyo del presidente Enrique Peña Nieto se había desplomado a uno de los más bajos de todos los tiempos.

La inseguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la corrupción desbordada de varios gobernadores, la persistencia de la pobreza, la falta de empleos, el estancamiento del salario, la improductividad de la producción agrícola, la falta de vivienda, la desigualdad social y la incapacidad de respuesta a las humillaciones inferidas por Donald Trump al sentimiento patriótico mexicano, hundieron al oficialismo en el pantano cenagoso del rechazo popular.

Ascenso de AMLO

A pesar de su triunfo arrollador, era la tercera vez, sin embargo, que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se postulaba para la presidencia de un país que tuvo una historia milenaria antes de la llegada de los conquistadores europeos.

La primera vez fue en el 2006, cuando se enfrentó al candidato del PAN, Felipe Calderón, quien lo venció, de un electorado de 42 millones de personas, por la magra diferencia de 250 mil votos, equivalentes a tan solo el 0.56% de los sufragios.

Eso generó una crisis dramática, la cual se prolongó por tiempo indefinido, provocando una desconfianza crónica en los procesos electorales mexicanos y un malestar social que solo se fue incrementando en el tiempo.

Paradójicamente, López Obrador provenía inicialmente de las filas del PRI, el cual dominó la escena política mexicana durante más de 70 años.

En oposición a la forma en que se escogían sus candidatos presidenciales, que era a través del llamado “dedazo”; y de la política neoliberal aplicada por el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, en 1988, formó junto a Cuauhtémoc Cárdenas (hijo del general Lázaro Cárdenas), Porfirio Muñoz Ledo y otros dirigentes, la Corriente Democrática.

Ese mismo año, la Corriente Democrática dio paso a la creación del Frente Democrático Nacional (FDN), una alianza de pequeños partidos de izquierda que apoyó las candidaturas de Cárdenas a la presidencia y de López Obrador a la gobernación de Tabasco.

Al año siguiente, en 1989, el FDN se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), de la que el actual presidente mexicano pasó a integrar su equipo de dirección.

López Obrador no tuvo éxito en su aspiración a la gobernación de Tabasco en el 1988. Tampoco lo tuvo en 1994 cuando, al igual que en la ocasión previa, alegó la comisión de fraude en su perjuicio, organizando caminatas y caravanas de protesta por distintas partes del territorio nacional.

En el 2000 fue que definitivamente el actual líder de MORENA conquistó la mayoría electoral para alcanzar la jefatura de gobierno en la Ciudad de México.

Su trabajo al frente de la capital del país fue de tal magnitud que, al término de su mandato, alcanzó el 85% de aprobación por parte de sus ciudadanos.

Desde luego, el 2000 sería un año clave en la historia política mexicana contemporánea. Después de 71 años de dominio hegemónico en el escenario político del país, como hemos indicado, finalmente se produjo la transición democrática con el triunfo electoral del candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox.

En el 2006 se presentó la crisis electoral en la que AMLO, como es popularmente conocido López Obrador en su país, fue vencido por Felipe Calderón, como hemos señalado.

Debido a las frustraciones dejadas por los dos gobiernos sucesivos del PAN, en el 2012, el PRI volvió a la conquista del poder, con la candidatura de Enrique Peña Nieto, que esta vez derrotó a López Obrador con un margen mayor que en el certamen anterior, cercano a los 4 millones de votantes.

La cuarta transformación Desde la ruptura en el PRI, en el 1988, hasta su reciente triunfo de este año, a Andrés Manuel López Obrador le tomó 30 años y tres intentos para conquistar la cima del poder político en México. Su éxito se explica, entre otras razones, por su tenacidad y obstinación, así como por el desencanto acumulado en la población del país, tanto de los gobiernos del PRI como del PAN, al no haber podido promover un crecimiento productivo con equidad, garantizar la seguridad y aplicar políticas orientadas hacia la justicia social.

Con su toma de posesión el pasado sábado 1º de diciembre, como nuevo presidente de los mexicanos, AMLO ha suscitado grandes expectativas. Durante sus largos cinco meses como presidente electo, ya ha adelantado algunas medidas que en cierta forma pueden trazar su perfil y estilo de gobierno.

Anunció que vendería el avión presidencial; que disminuiría su salario en un 60%,al igual que el de los altos funcionarios del gobierno; que eliminaría la pensión de los expresidentes; y que propondría la realización de consultas populares para la toma de importantes decisiones.

De hecho, ya realizó la primera de dichas consultas. En efecto, mediante la participación de algo más de un millón de votantes, equivalentes al 1.22% del universo electoral, se estableció la suspensión de la construcción de un aeropuerto en la ciudad de México que llevaba el 33% de su realización, con una inversión de más de 5 mil millones de dólares.

En la historia de esa gran nación, que son los Estados Unidos Mexicanos se ha pasado por lo que algunos historiadores llaman como “las tres grandes transformaciones”, las cuales se refieren, en primer lugar, a la independencia nacional, lograda en el 1810, bajo la inspiración de los curas Hidalgo y Morelos, que implicó la ruptura de un orden colonial impuesto por más de 300 años.

La segunda apunta hacia el derrocamiento de la dictadura de Santa Anna; la realización de la Reforma, mediante la Proclamación de la Constitución Liberal de 1857; la aplicación del Plan de Ayutla; la separación de Estado e Iglesia; y la instauración del gobierno de Benito Juárez.

La tercera transformación, desde luego, es la relacionada con la revolución del 1910, que echó por tierra los remanentes del Porfiriato; promovió la democracia de Francisco I. Madero e incentivó los movimientos agrarios radicales de Pancho Villa y Emiliano Zapata.

López Obrador aspira a encarnar lo que él denomina como la Cuarta Transformación en la Historia de México. Una transformación que deberá consistir, entre otros factores, en la consolidación de un Estado Social de Derecho, garante de la seguridad de los ciudadanos; el reforzamiento del sistema judicial; la transparencia en la administración de fondos públicos; el crecimiento económico; la distribución equitativa de la riqueza; y la implementación de políticas laborales y sociales favorables a los sectores tradicionalmente excluidos por las élites gobernantes.

Con su reciente triunfo electoral, apoyado en un partido creado hace tan solo 7 años, la democracia electoral se amplió en México y las esperanzas de cambio se han extendido a núcleos importantes de la sociedad.

A pesar de haber obtenido algo más del 53% de los votos, la sociedad mexicana, sin embargo, se encuentra hoy polarizada.

Por consiguiente, otro segmento importante de la población aún permanece escéptico y desconfiado.

En ese contexto, vale preguntar: ¿Representará Andrés Manuel López Obrador la Cuarta Transformación de la Historia Méxicana, como lo ha prometido? Esperamos que así sea, para beneficio de todos los mexicanos.

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Trump, República Dominicana y Nacionalidad

En ocasión de las elecciones de medio término de los Estados Unidos celebradas el pasado 6 de noviembre, el presidente Donald Trump afirmó que pondría término, mediante Orden Ejecutiva, a la concesión del derecho de nacionalidad norteamericana por el solo hecho de una persona haber nacido en su territorio.

En los Estados Unidos, desde que se introdujo la decimocuarta enmienda a la Constitución de ese país, en el año 1868, la figura del jus soli, esto es, la que confiere el derecho de nacionalidad o ciudadanía en función del lugar de nacimiento, ha sido la norma prevaleciente.

Al reaccionar frente a las declaraciones del presidente Trump, la periodista y especialista en asuntos culturales, Taylor Hoskin, en un artículo publicado a través de la internet, sostuvo, refiriéndose a la República Dominicana, que cuando nuestro país “le puso fin al derecho de nacionalidad en virtud del nacimiento (jus soli), terminó en un desastre, creando una catástrofe humanitaria”.

Comprendemos las legítimas motivaciones que la periodista Taylor Hoskin pueda tener para manifestar su clara y vehemente oposición a las pretensiones del presidente Donald Trump de suprimir el derecho a la nacionalidad norteamericana por la vía del jus soli.

Ese, sin embargo, a pesar de toda la narrativa que se ha construido en su contra, no es el caso dominicano. En la República Dominicana, a lo largo de toda su historia constitucional, el derecho a la nacionalidad se confiere por el jus sanguini, o derecho de sangre; el jus soli, de manera condicionada; y por vía de la naturalización.

Así pues, en nuestro país, a diferencia de los Estados Unidos, el derecho a la nacionalidad nunca fue otorgado, de manera absoluta o incondicional, en razón del vinculo territorial, lo que significa que no es un buen ejemplo para ser comparado con el caso norteamericano.

En la patria de Abraham Lincoln, la concesión de la nacionalidad por el lugar del nacimiento surgió como consecuencia de las luchas que los afro descendientes tuvieron que librar durante los cinco años posteriores a la culminación de la Guerra Civil o de Secesión, entre 1865 y 1870, a través de las Enmiendas de Reconstrucción.

Esas denominadas Enmiendas son la decimotercera, que abolió la esclavitud y la servidumbre involuntaria; la decimocuarta, que abordó los derechos de ciudadanía y de igualdad de las personas ante la ley; y, la decimoquinta, que prohibió la discriminación en los derechos de voto de los ciudadanos por motivos de raza, color o condición previa de servidumbre.

Nacionalidad por derecho de nacer

Como resultado de ese proceso, el primer texto legal que ofreció una definición sobre la nacionalidad en los Estados Unidos fue la ley de Derechos Civiles de 1866, que estableció:

“Todas las personas nacidas en los Estados Unidos, y que no están sujetas a ningún poder extranjero, excluyendo a los indios no gravados con el pago de impuestos, se declaran ciudadanos de los Estados Unidos”.

Esa exclusión de los derechos de ciudadanía se vio reforzada por la famosa sentencia de la Corte de Justicia Norteamericana, en el caso Dred Scott vs. Sandford, en la que se estableció que los afroamericanos, incluso los libertos o liberados de la esclavitud, no eran ciudadanos de los Estados Unidos.

La figura del jus soli no se contempló en el Derecho Constitucional de los Estados Unidos sino hasta 1868, cuando se introdujo, como hemos dicho, a través de la decimocuarta enmienda, en el marco de las llamadas “Enmiendas de la Reconstrucción”.

Esto así, debido a que los redactores originales de la Constitución de los Estados Unidos, aunque hicieron referencia a la nacionalidad o ciudadanía, no definieron su contenido o alcance.

En ausencia de una declaración en la Constitución o en los estatutos federales, la nacionalidad estadounidense se regía por el derecho consuetudinario inglés que, en el caso del Reino Unido concedió, hasta el 1981, la adquisición de la nacionalidad inglesa a los que nacían en su territorio.

El clima de exclusión del derecho a la nacionalidad que aun predominaba en los Estados Unidos durante la segunda mitad del Siglo XIX, fue alimentado por otras disposiciones legales, como los “Códigos Negros” que promulgaron algunos Estados de la nación norteamericana, en los que se coartaban aún más los derechos civiles de los afroamericanos.

La continuación infatigable de las luchas de los negros norteamericanos por alcanzar la plena libertad y el reconocimiento a su condición de ciudadanos de los Estados Unidos, fue lo que determinó que se introdujera en el 1868, la decimocuarta enmienda a la Constitución norteamericana.

Esa disposición legal otorgó a los afro descendientes, como se ha afirmado, el derecho a la nacionalidad o derecho de ciudadanía, por el solo hecho de haber nacido en suelo estadounidense.

Fue así, pues, como en la gran nación fundada por George Washington se estableció, por vía constitucional, el derecho a la nacionalidad o de ciudadanía, sin condición alguna, por el hecho de haber nacido en su territorio.

El jus soli en el derecho comparado

La propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de modificar mediante Orden Ejecutiva el mecanismo de concesión de la ciudadanía o nacionalidad norteamericana por la vía del jus soli incondicional, es decir, por haber nacido en territorio estadounidense, abrió un fuerte debate con impacto a nivel global.

Las reacciones a dicho planteamiento han provocado diversas comparaciones entre el modo de adquisición de la nacionalidad por nacimiento habilitado en la norma vigente en dicho país y la forma en que distintos países, incluida la República Dominicana, la otorgan.

El jus soli absoluto vigente en los Estados Unidos es minoritario en el mundo. De conformidad con el World Factbook de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés), únicamente 30 países de los 193 que integran el sistema de las Naciones Unidas comparten dicho modelo de concesión de la nacionalidad por el lugar de nacimiento. Esto se corresponde, con a penas, el 16 % del total de países.

Según los datos del Centro de Estudios de la Migración de los Estados Unidos (CIS por sus siglas en inglés), de los países desarrollados, solamente Canadá y Estados Unidos mantienen el jus soli incondicional.

La misma entidad norteamericana plantea que, en Europa, por su parte, ya no queda ningún país que otorgue la nacionalidad basándose en el criterio del lugar de nacimiento sin ninguna otra condición.

Irlanda ha sido el último de los países europeos en abandonar esta tendencia, mediante el referéndum constitucional del año 2005, que concitó el apoyo del 79% de los votantes.

La generalidad de los países de América Latina y el Caribe comparten el modelo norteamericano de reconocimiento de la nacionalidad, siendo la única región del planeta en la que predomina el jus soli incondicional o absoluto.

Sin embargo, esta realidad compartida entre Estados Unidos y otras naciones de nuestra región, en las que se presume que todo el que nace en su territorio es su nacional, ha provocado que algunas personas, de manera equivocada, consideren que lo mismo ocurre en nuestro país.

Sin embargo, no es así. En la República Dominicana, conforme a la Constitución del año 2010, no podrán disfrutar de la nacionalidad dominicana aquellos que a pesar de haber nacido en territorio nacional son descendientes de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, así como de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente.

Así pues, la nacionalidad, por derecho de suelo o jus solis, no tiene lugar de manera automática en la República Dominicana. Para que sea posible, se requiere, además, la condición de que los padres de la criatura sean dominicanos o residan legalmente en territorio dominicano.

Esa confusión sobre el modelo de otorgamiento de la nacionalidad en la República Dominicana ha ocasionado que nuestro país sea acusado de racista, xenofóbico y de haber desnacionalizado a ciudadanos.

Pero nada de eso es cierto. Esa misma confusión es la que ha tenido la periodista y especialista en asuntos culturales, Taylor Hoskin. Ella ha cuestionado, de manera válida, la pretensión del presidente Trump de dejar sin efecto, en su país, el derecho de nacionalidad en base al jus soli incondicional.

Sin embargo, resulta inaceptable que al hacerlo sostenga el argumento de que la República Dominicana, al no asumir el jus soli absoluto o incondicional, “creó la mayor población apátrida en el hemisferio occidental”.

Eso, por supuesto, es falso. En la República Dominicana no hay apátridas. Los descendientes de extranjeros con estatus migratorio irregular pueden declarar a sus criaturas en las oficinas consulares de sus países respectivos.

No había razón para acusar a la República Dominicana de emplear una ideología racista y tomarla como referencia para oponerse a las pretensiones del presidente Trump, de suprimir, en los Estados Unidos, el derecho de nacionalidad o ciudadanía por el jus soli incondicional, cuando hay otros 163 países que comparten nuestro mismo modo de reconocimiento de nacionalidad.

Al igual que esos otros países, la República Dominicana tiene el derecho soberano de decidir quiénes son sus nacionales.

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Ley de Partidos, Estatuto y Constitución

Para mañana sábado, 27 de octubre, el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha sido convocado con el propósito de definir la modalidad y el tipo de padrón a utilizar en la selección de sus candidatos a cargos de elección popular.

En determinados círculos de opinión se considera que lo que está en debate es una lucha de poder entre dos sectores de la organización. Para otros, una pugna para determinar si las primarias se dirimen con el padrón del partido (primarias cerradas), o si, por el contrario, con el padrón de la Junta Central Electoral (padrón abierto), debido a conveniencia de las partes.

No hay quienes falten en apreciar que se trata de un asunto de orgullo, de quienes no quieren dejar que le “tumben el brazo”, de una especie de egos en conflicto, que, en el fondo, no responde más que a cuestiones baladíes o bizantinas.

Sin embargo, nada de eso es cierto. Lo que está en juego es la prevalencia o no de la supremacía de la Constitución y la existencia de un Estado de Derecho como forma de organización de una sociedad democrática y moderna.

Eso se expresa en la diversidad y pluralidad de formas en que se manifiesta la convivencia civilizada entre los seres humanos. Una de esas formas, por ejemplo, es la que tiene que ver con la organización y funcionamiento de los partidos políticos.

En el año 2004, en la República Dominicana se promulgó la Ley 286-04, en la que se establecía un “sistema de elecciones primarias mediante el voto universal, directo y secreto”.

Independientemente de si ese era el mejor o el peor sistema para la selección de candidatos dentro de un partido, lo cierto es que al año siguiente, en el 2005, la Suprema Corte de Justicia declaró la nulidad de dicha ley en razón de que violaba dos principios fundamentales de nuestra Carta Magna: la libertad de organización y la libertad de asociación.

Más aún, dos años antes de esa sentencia, en el 2003, el máximo organismo judicial de nuestro país había emitido la resolución 1920-03, en la que hacía consignar que “las sentencias dictadas en ejercicio del control concentrado de constitucionalidad forman parte del bloque de constitucionalidad”.

De lo anterior se desprende que dichas sentencias resultaban vinculantes a todos los órganos del Estado, lo cual quedó posteriormente incorporado en el artículo 184 de la actual Constitución de la República.

Eso equivale a decir que, tanto por la vía judicial, como por la vía legislativa, el concepto de primarias abiertas y simultáneas, como método de selección de candidatos por parte de los partidos políticos, no sólo había perecido, sino que había recibido cristiana sepultura.

Muerte y resurrección

A pesar de que el sistema de primarias abiertas y simultáneas había sido declarado nulo por inconstitucional, eso no fue obstáculo, sin embargo, para que se reintrodujera, mediante un nuevo proyecto de ley, por ante el Senado de la República.

Luego de aprobado en ese hemiciclo, el proyecto pasó a la Cámara de Diputados. Pero ahí, la opinión pública nacional y los poderes fácticos se erigieron en un muro de contención, lo que obligó a procurar una fórmula alternativa al plan original de primarias abiertas y simultáneas.

Lo que resultó de esa presunta búsqueda alternativa fue que en lugar de primarias abiertas y simultáneas como única opción de selección de candidatos para todos los partidos, quedara tan solo como una entre varias posibilidades dentro de un abanico de opciones a considerar.

Ese debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Partidos Políticos se ha extendido a su aplicación. Actualmente, el Tribunal Constitucional se encuentra apoderado de ocho recursos de inconstitucionalidad depositados por varios partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos.

Esos recursos cuestionan más de 12 artículos de la ley que se entiende contravienen preceptos constitucionales, tales como: la supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico (art. 6); el derecho de asociación (art.47); la forma y alcance de la reglamentación de los derechos fundamentales (art. 74.2); la finalidad de las asambleas electorales (arts. 208 y 209); la democracia interna (art.216); el precedente vinculante (arts. 277 y 184); entre otros.

Ahora bien, las primarias abiertas como opción, dentro de un conjunto de posibilidades, se derivan de los tres párrafos del artículo 45 de la Ley de Partidos, al señalarse que: primero, “las primarias, convenciones de delegados, de militantes, de dirigentes y encuestas son las modalidades mediante las cuales los partidos… escogen sus candidatos”; segundo, que “cada partido tiene derecho a decidir la modalidad, método y tipo de registro de electores o padrón para la selección de candidatos”; y tercero, que “el organismo competente en cada partido… para decidir el tipo de registro de electores o el padrón a utilizar en el proceso de selección de candidatos son: el Comité Central, Comisión Ejecutiva, Comisión Política, Comité Nacional o el equivalente a uno de estos…”.

¿Por qué razón, si el legislador sabía que las primarias simultáneas con padrón abierto habían sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia, las reintrodujo como opción a considerar por los partidos como mecanismo de selección de candidatos? ¿Imbuido de cuáles poderes fue capaz de realizar semejante hazaña?

La respuesta a esas preguntas sólo puede encontrarse en el hecho de que intereses de corto plazo pugnan por imponerse a una visión democrática de largo plazo.

El caso del PLD

En el artículo 23 de la Ley de Partidos, se afirma que son derechos de las organizaciones políticas “ejercer plena autonomía y libertad para la determinación de sus estatutos y lineamientos partidarios…

En su artículo 26, la misma ley consigna que las organizaciones políticas “redactarán sus estatutos de conformidad con la Constitución, la presente ley, la Ley Electoral, sin perjuicio de otras leyes que regulen aspectos específicos relacionados”.

Más adelante, en el párrafo II del mismo artículo, dice: “Los estatutos constituyen la norma fundamental de los partidos… y establecen los poderes, derechos y obligaciones partidarias a las que sus autoridades y afiliados ajustarán sus actuaciones”.

Si los estatutos, como se indica en la ley, “establecen los poderes, derechos y obligaciones de los partidos”, ¿por qué, entonces, el legislador procedió a privarlos de esa facultad en la misma ley? Pero además, si los partidos han redactado sus estatutos de conformidad con la Constitución, ¿por qué otorgó competencia para escoger el tipo de padrón a organismos partidarios que no representan la máxima autoridad de la organización?

En realidad, todo eso no constituye más que un gran misterio.

Eso es lo que ha ocurrido en el caso del Partido de la Liberación Dominicana. De conformidad con el artículo 10 de sus Estatutos, “el Congreso Nacional es el más alto organismo de dirección del partido y está integrado por: todos los miembros del Comité Central; los presidentes de los Comités Provinciales, Municipales, Intermedios y de Circunscripciones Electorales del Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo y de las Seccionales”.

En el inciso c del artículo 12, se indica que “son atribuciones del Congreso Nacional aprobar o modificar los Estatutos del partido”.

A su vez, el artículo 40 afirma que “la escogencia de los candidatos del partido para las elecciones nacionales, congresionales y municipales, se harán mediante primarias internas, conforme al reglamento dictado al efecto…”.

Si todo eso es así, dentro de las normas estatutarias del partido fundado por el profesor Juan Bosch, ¿por qué motivo la ley de partidos le otorga facultad al Comité Central de escoger el tipo de padrón a ser utilizado para la escogencia de candidatos, cuando ese no es el máximo organismo de dirección del partido?

Al despojar al Congreso Nacional del partido de ese derecho y concedérselo al Comité Central, la ley le estaba concediendo a este último una facultad que no le corresponde: la de modificar los estatutos de la organización.

Al proceder de esa manera, el legislador estaba vulnerando la democracia interna del partido, prevista en el artículo 210 de la Constitución; el derecho fundamental de los afiliados a la libertad de asociación; y la plena autonomía y libertad del partido a decidir como reformar sus estatutos, y determinar la modalidad de selección de candidatos y el tipo de padrón a utilizar.

En lugar de disponer, como era la intención original, de un sistema de primarias abiertas y simultáneas, lo que la Ley de Partidos ha consignado es un sistema único, atípico, desconocido en el mundo, donde se aplican, de manera simultánea, diversas modalidades de escogencia de candidatos.

Eso es lo que ha llevado a la aprobación de una ley incongruente e inconsistente, en discordancia consigo misma; en vulneración a los estatutos del partido; en privación del derecho de las bases de la organización a participar en los mecanismos de toma de decisión; y en contradicción con la Constitución de la República. Resolver ese enigma es el gran desafío que tiene por delante el Partido de la Liberación Dominicana, en su reunión de mañana sábado, 27 de octubre.

Que Dios nos ilumine, para que la razón impere y sirva de fundamento a la unidad.

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La crisis financiera global: Una década después

Hace una década, en el 2008, con la caída del Banco de Inversiones Lehman Brothers, se desató la más profunda y severa crisis del sistema económico mundial desde la Gran Depresión de los años 30.

Esa crisis financiera, que luego se convirtió en una recesión económica global y en una crisis de la deuda en Europa, se inició en forma extraña. Fue provocada por la explosión de la burbuja creada en relación al mercado inmobiliario e hipotecario de los Estados Unidos.

Con ocasión de las crisis financieras de los años 90 en México, Brasil, Rusia y Asia, grandes flujos de capitales empezaron a ser trasladados al sistema financiero de los Estados Unidos. Eso, a su vez, permitió la creación de una situación de liquidez que los bancos utilizaron, con el estímulo del gobierno federal norteamericano, para la concesión de préstamos de alto riesgo a familias de bajos ingresos.

Esa política, por supuesto, en principio parecía aceptable. Al fin y al cabo, eso es lo que hacen los gobiernos: facilitar medidas para que los ciudadanos puedan acceder a la satisfacción de sus necesidades básicas, como resulta ser la adquisición de una vivienda.

La situación, sin embargo, se complicó debido al surgimiento de nuevas prácticas bancarias, que los expertos han denominado como innovaciones financieras. Entre esas innovaciones estaba la conversión de las garantías hipotecarias de las viviendas en activos financieros que se colocaban en venta en bancos internacionales.

¿Por qué esos bancos se arriesgaban a adquirir como activos financieros, garantías hipotecarias de familias carentes de capacidad de pago? Porque dentro de las denominadas innovaciones financieras estaba la supuesta garantía de esas operaciones a través de presuntos mecanismos de seguros, que no eran tales, como las llamadas permutas de incumplimiento crediticio (credit default swaps); o las obligaciones colaterales de deuda (collateralized debt obligations).

Todo ese conjunto de instrumentos eran parte de un sistema mayor de bancos en la sombra (shadow banking), de los que eran parte integral los bancos de inversiones y los fondos de apalancamiento (hedge funds).

El aumento de la demanda de nuevas viviendas generó un alza de sus precios en los mercados inmobiliarios.

En virtud de eso, los usuarios, colocando sus viviendas en garantía para segundas y terceras hipotecas, obtenían nuevos préstamos.

Al estar afectados con varias deudas al mismo tiempo; y siendo, de origen, deudores de alto riesgo, al incumplir con sus obligaciones de pago hacia los bancos, estos procedieron a la ejecución de embargos inmobiliarios, despojando a más de 9 millones de personas de sus viviendas.

Con esas ejecuciones, a pesar de una baja en los precios de los inmuebles, se produjo una disminución de la adquisición de nuevas viviendas. Eso provocó que el sistema bancario se viese afectado por una falta de liquidez, lo cual, a su vez, generó una crisis en la concesión de nuevos préstamos, afectando al conjunto de la economía.

De la crisis hipotecaria a la crisis financiera

Esa falta de liquidez y la contracción en la concesión de nuevos préstamos se trasladó a los bancos europeos que habían hecho transacciones financieras con sus homólogos norteamericanos. Al ocurrir así, la crisis inicial, hipotecaria e inmobiliaria de los Estados Unidos, se convirtió en una crisis bancaria a escala global.

El efecto inmediato de la nueva crisis financiera fue generar una disminución en el crecimiento de la economía mundial y una caída en el comercio internacional. Las recaudaciones fiscales por parte de los gobiernos experimentaron un desplome; y por vía de consecuencia, una baja sensible en las inversiones públicas.

La paralización de la economía suscitó intensas protestas sociales en distintos lugares del mundo.

Por todas partes, se esparcía el descontento, la insatisfacción y la ira popular.

En el ámbito político, había una profunda inconformidad con los gobiernos. En distintos procesos electorales, en diversas partes del mundo, los partidos en el gobierno eran severamente castigados en las urnas. Parecía una sublevación frente al poder establecido.

Si estaban los social-demócratas, venían los demócratas-cristianos; y viceversa. Pero, además, fue el momento en que se incubaron los grupos de extrema derecha, racistas, xenófobos y contrarios a la migración, que encontraron en el descontento social generado por la crisis financiera, la causa o motivo de su radicalización.

La aparición de nuevas fuerzas políticas, como Podemos y Ciudadanos, en España; o Syriza, en Grecia, ocurrieron al calor de las luchas sociales suscitadas por la crisis financiera global.

La Primavera Árabe, que se diseminó como pólvora por toda la región del Medio Oriente, desde Túnez, Egipto, Bahréin, Omán, Libia y Siria, también fue un resultado directo del impacto de la crisis financiera global.

Para enfrentar los efectos de la crisis financiera global, los gobiernos, en lo inmediato, procedieron a emplear miles de millones de dólares en una operación de rescate de los bancos, a los fines de dotarlos nuevamente de liquidez y proveer crédito a los distintos sectores de la economía.

Asimismo, se diseñaron nuevas medidas de regulación financiera, de recapitalización de las instituciones crediticias, de supervisión bancaria y de rendición de cuentas.

Con estas medidas se tenía como propósito volver a la estabilidad y a la confianza de los agentes económicos, para de esa manera, reactivar el crecimiento de la economía, estimular la inversión y disminuir el desempleo.

Los resultados fueron ambivalentes.

En los Estados Unidos, con la aplicación de una política monetaria expansiva durante la época del presidente Barack Obama, se logró ponerle el torniquete a la hemorragia. La economía se estabilizó, se produjo un moderado crecimiento económico y el desempleo bajó.

No así en Europa. En esa región del mundo, al aplicarse, por el contrario, políticas de control del gasto o de austeridad, la falta de crecimiento económico se prolongó durante 8 años consecutivos; el desempleo no descendió al ritmo requerido; y el descontento social no logró disiparse.

Una década después

Al cabo de diez años del estallido de la más grave crisis de la economía mundial de los últimos 90 años, los principales indicadores económicos y sociales señalan que en la actualidad hay un fortalecimiento del sistema bancario, más niveles de supervisión, mayor índice de capitalización y de reducción de concesión de préstamos a deudores de alto riesgo.

Las proyecciones indican que la economía de los Estados Unidos podría tener este año, 2018, un nivel de crecimiento cercano al 3%, lo cual no ha ocurrido durante más de una década. El desempleo ha disminuido a niveles tales que se considera que hay una situación de pleno empleo; y predomina una situación de baja inflación.

Se ha producido un aumento de salarios; una mejoría en la confianza de los consumidores; y en los mercados bursátiles, se registra un incremento del valor de las acciones, de aumento de las inversiones y de fortalecimiento del dólar.

Así pues, al término de diez años de haberse desatado la Gran Recesión Global, ha habido un lento proceso de recuperación; y con los actuales niveles de estabilidad que se han ido alcanzando, prevalece en la economía global un ánimo de optimismo.

Sin embargo, hay algunos nubarrones que aún se ciernen sobre el horizonte. Un factor que actualmente genera gran preocupación es el incremento de la deuda de las principales economías desarrolladas del mundo.

Desde el 2008 a la actualidad, la deuda pública y privada a nivel global se ha incrementado en más de 70 trillones de dólares, prácticamente equivalente a lo que es el producto interno bruto mundial.

Otro elemento tiene que ver con la desregulación financiera que ha empezado a aplicarse, como presunto mecanismo para facilitar las transacciones financieras, cuando fue precisamente la falta de regulación uno de los elementos que mayor incidencia tuvo en el colapso de la banca mundial.

Para algunos analistas, la política del presidente Donald Trump de disminuir el pago de los impuestos a las empresas, representa un factor positivo de corto plazo para estimular el incremento de las inversiones. No obstante, a mediano y largo plazo contribuye a aumentar la deuda, generando una ampliación del déficit fiscal, sobre todo, cuando ya la Reserva Federal ha empezado a subir las tasas de interés, colocando al sistema financiero, una vez más, en una posición de fragilidad.

De continuar esa trayectoria, según un reciente artículo en The New York Times, el solo pago de los intereses de la deuda, por parte del gobierno federal estadounidense, sería equivalente a 900 mil millones de dólares al año, una cifra mayor a los 700 mil millones que actualmente se destinan al gasto militar.

La actual guerra comercial que se ha desatado entre Estados Unidos y China, que implica un incremento del pago de aranceles a los productos de exportación e importación, de prolongarse en el tiempo, conduciría, inevitablemente, a una baja en el comercio mundial.

En fin, a 10 años de la crisis financiera global, el nivel de recuperación alcanzado en base a un incremento exorbitante de la deuda, no debe dar lugar a una reiteración de los mismos errores que, en realidad, motivaron su estallido.

De no atenderse a esas lecciones de la historia, como ha señalado el reconocido filósofo español, George Santayana, se estará condenado a repetirlas.

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Los ciclos políticos de América Latina

Desde el 2013, hace exactamente cinco años, América Latina ha estado oscilando como un péndulo en los ciclos políticos electorales. Las más destacadas figuras del escenario político regional, durante la primera década del siglo XXI, se han desvanecido.

Primero, fue el fallecimiento del presidente venezolano Hugo Chávez. Luego, la destitución de la presidenta Dilma Roussef en Brasil; el fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, así como la acusación y apresamiento del ex presidente e histórico líder sindical, Luiz Inácio (Lula) da Silva.

Igualmente, ha sido parte de ese proceso la persecución judicial en contra del ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa; la derrota electoral de la coalición Nueva Mayoría, en Chile, y la culminación del mandato de Michelle Bachelet; y la situación de inestabilidad política en la Nicaragua de Daniel Ortega.

¿Cómo han podido suceder estos acontecimientos en el breve plazo de tan solo cinco años? ¿Qué fuerzas o factores han intervenido para que así haya sido?

Aunque son diversos los factores que siempre influyen en los procesos políticos, no cabe duda que hay un elemento central que sirve de hilo conductor para comprender lo que ha estado ocurriendo en la región, principalmente en América del Sur; y ese factor es el de la conclusión del periodo especial de alto precio de los productos básicos o commodities en los mercados internacionales.

Durante una década, desde el 2003 hasta el 2013, América Latina vivió lo que algunos analistas han dado en llamar como “la década de oro”. Eso consistió en que, efectivamente, impulsado por el alto crecimiento de la economía de la República Popular China, la demanda de productos como el petróleo, gas natural, hierro, cobre y hasta alimentos, se disparó.

Desde luego, al ocurrir este aumento de la demanda china de productos exportados, entre otros por países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela y Bolivia, los precios fueron incrementándose hasta alcanzar niveles nunca antes conocidos en la historia económica de la región.

Como resultado de los altos ingresos recibidos por los gobiernos de esos países latinoamericanos, se aplicaron, por medio de medidas asumidas directamente por los Estados, políticas sociales que contribuyeron a una drástica reducción de los niveles de pobreza; y por consiguiente, de una notable expansión de la clase media.

A eso se añadió la fuerte inversión en obras de infraestructuras, tales como acueductos, plantas eléctricas, puentes, carreteras, hospitales, escuelas, viviendas y modernos sistemas de transporte público, que contribuyeron a crear un renovado desarrollo urbano en las principales ciudades de la región.

Los inocultables niveles de progreso, prosperidad, bienestar y transformación de los países donde esos cambios lograban materializarse, contribuyeron al otorgamiento de un gran nivel de apoyo popular a las gestiones de gobierno prevalecientes, lo que ocasionó que, en la generalidad de los casos, resultasen reelectos.

Sin embargo, durante los últimos cinco años, todo eso se ha desplomado. La crisis financiera global del 2008, que tuvo su origen en los grandes centros financieros del mundo desarrollado, estremeció de tal manera el sistema económico mundial, que ha sido la causa principal de una reconfiguración de la política a escala internacional, de la cual América Latina no ha podido escapar.

Ascenso progresista

Paradójicamente, así como una crisis económica, de alcance global, ha sido la razón fundamental por la cual varios gobiernos progresistas de la región se han visto obligados a abandonar la escena política, su ascenso al poder se vio determinado también por una crisis que terminó por afectar a sus antecesores conservadores.

La década de los 80 es considerada en América Latina como la época de la transición de regímenes autoritarios a la democracia. Pero también, en sentido económico, es el periodo de la década perdida, debido a la crisis de la deuda regional, que se inició con la cesación de pagos por parte de México, y que luego se extendió a otros países del continente.

Para resolver esa crisis de la deuda, el Fondo Monetario Internacional intervino con la aplicación de programas de ajuste estructural. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para mitigar el impacto de la situación, adoptó, a su vez, la aplicación de políticas financieras como las de emisión de los llamados bonos Brady.

En adición, para introducir un nuevo modelo de desarrollo económico, contrario al de corte estatista de industrialización para sustitución de importaciones que había predominado durante cerca de tres décadas, se procedió al diseño y ejecución del denominado Consenso de Washington.

Esto consistió en un conjunto de medidas orientadas a lograr la preeminencia del mercado en el conjunto de la economía; la disciplina fiscal; la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio internacional; la liberalización de las tasas de interés; la promoción de la inversión extranjera directa; la privatización de empresas estatales; y la desregulación financiera.

Es a ese conjunto de medidas que en términos políticos se ha dado en conocer como neoliberalismo. En base a su ejecución se tenía como meta alcanzar mayores niveles de estabilización de la economía; más control en la ejecución presupuestaria; más altas tasas de crecimiento económico; mejor inserción en los mercados internacionales; y mayores niveles de competitividad. En la práctica, sin embargo, sus resultados fueron mediocres. Si durante la década de los 80, en plena crisis de la deuda, las economías de América Latina crecieron, en promedio, un 2% anual; en los años 90, que son los de la aplicación de las políticas neoliberales, solo crecieron un 3% anual, esto es, tan solo un punto adicional.

Pero, además, el Consenso de Washington no tomó en consideración, al momento de su puesta en práctica, elementos de la política social. Eso determinó que durante su periodo de apogeo, la pobreza, en lugar de disminuir, aumentó, al igual que la desigualdad, el desempleo y la concentración de la riqueza.

Con la crisis del peso mexicano, en la década de los 90; del real en Brasil; del rublo en Rusia; y el desplome de las economías asiáticas, las economías de América Latina entraron, durante un lustro, desde el 1998 al 2003, en una grave crisis económica y social, que sirvió de base, a partir del ascenso al poder de Hugo Chávez, en 1999, al surgimiento de gobiernos progresistas, nacionalistas y de corte estatista-desarrollista.

Un pédunlo en oscilación

A Chávez le siguieron en el poder, Lula, en Brasil, en el 2002; Néstor Kirchner, en Argentina, en 2003; Tabaré Vásquez, en Uruguay, en 2004; Evo Morales, en Bolivia, en 2006; Michelle Bachelet, en Chile, en 2006; Rafael Correa, en Ecuador, en 2006; y Daniel Ortega, en Nicaragua, en el 2007.

Durante 15 años, el movimiento progresista reinó en América Latina. Fue una época de bonanza; de profundas transformaciones sociales; de mayor independencia y soberanía; y de una vigorosa y notable presencia internacional.

No obstante, la causa fundamental que determinó esa época de apogeo en la historia reciente de América Latina se debió a un factor externo: el alto nivel de crecimiento de China, el cual llegó a niveles de más de un 12% promedio anual.

Con la crisis financiera global del 2008, la economía mundial empezó a perder su vitalidad y dinamismo. En los Estados Unidos, a pesar de que durante la administración del presidente Barack Obama se aplicaron políticas monetarias expansivas, a los fines de evitar la recesión, la economía solo tuvo una lenta y moderada recuperación.

En Europa, por el contrario, se aplicaron medidas de recorte al gasto público, es decir, políticas de austeridad, que frenaron completamente el crecimiento económico, desataron intensos conflictos sociales y propulsaron el surgimiento de nuevas corrientes políticas de extrema derecha, partidarias del proteccionismo, la xenofobia y el aislamiento internacional.

Fruto de la crisis económica global, se produjo una caída abrupta del comercio internacional. Debido a eso, la economía china se desaceleró hasta la mitad en sus niveles de crecimiento, llegando a reducirse hasta un 6% de expansión anual.

Con la desaceleración del crecimiento de la economía china se suscitó, naturalmente, una disminución de la demanda de productos básicos o commodities provenientes de los países sudamericanos.

Con la caída de esa demanda, se generó una contracción de las economías latinoamericanas, hasta el punto que de haber alcanzado, durante la década de oro, un promedio de crecimiento anual de 5,5%, se produjo un desplome que alcanzó tan solo el 0,5%.

No es de extrañar que como resultado de ese colapso de la economía, a partir del 2014 se iniciaran protestas sociales en Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y otros países de la región; y que de esa frustración social se pasara a un castigo en las urnas, reflejándose en forma de caída en fichas de dominó de los gobiernos progresistas que durante 14 años habían prevalecido en el escenario político regional.

De todo lo anterior se desprende que la interdependencia e interconexión globales han generado un fenómeno político hasta ahora desconocido en América Latina: el de cómo los cambios en los ciclos de la economía global inciden, a su vez, en los ciclos políticos electorales de la región.

Ese es un hecho novedoso, sin precedentes, que parece explicar el por qué de los cambios en los ciclos políticos recientes en América Latina.

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Kofi Annan Un Adalid de la Paz Mundial

A sus 80 años falleció recientemente, en forma inesperada, Kofi Annan, séptimo Secretario de las Naciones Unidas y uno de los líderes globales más visionario, carismático e influyente de los últimos tiempos.

Tuve la inmensa fortuna de haberle conocido y tratado desde nuestro primer período de gobierno, 1996-2000. A primera vista, me impresionó. Era afable, cordial y acogedor. Pero, al mismo tiempo, inteligente, culto y sensible frente a los problemas de la humanidad.

En el 2006 visitó la República Dominicana, convirtiéndose, de esa manera, en el primer Secretario General de las Naciones Unidas, en 61 años de existencia, en realizarlo. Lo hizo a solicitud del gobierno dominicano, el cual, mediante Decreto Número 324-06, le concedió la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en el grado de Gran Cruz de Plata.

Nacido en Ghana, un país africano, con una población de más 24 millones de habitantes, conocido durante su período colonial como Costa de Oro, Kofi Annan pertenecía a una familia aristocrática y tuvo una hermana melliza que murió 24 años primero que él.

Realizó estudios de relaciones internaciones en el prestigioso Graduate Institute of International and Development Studies, en Ginebra, Suiza; y después en la Escuela de Gerencia del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en Estados Unidos.

Con esa base académica inició su larga carrera dentro del sistema de Naciones Unidas. En 1962, con tan sólo 24 años de edad, ingresó en el Departamento de Presupuesto de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Posteriormente, en 1980, fue designado Director de Personal del Alto Comisionado para Refugiados. Tres años después, en 1983, Director Administrativo del Secretariado de Naciones Unidas, con sede en New York.

A finales de la década de los ochenta, Annan fue promovido a la categoría de Asistente del Secretario General de la institución, donde estuvo al frente, en distintos momentos, de los departamentos de Recursos Humanos y de Presupuesto y Finanzas.

A principios de los noventa ocupó la función de Director del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de Paz, una de las agencias de mayor responsabilidad dentro del organismo internacional, al tener que enviar fuerzas militares, los llamados cascos azules, a zonas de peligro.

Durante los años siguientes, dirigió la respuesta de las Naciones Unidas frente a la violencia desatada en Somalia, el genocidio de Ruanda y la masacre de Srebrenica, ocasionada por los serbios de Bosnia durante la guerra de los Balcanes.

Un año después había escalado a la posición más alta que se podía alcanzar como parte del personal de Naciones Unidas: la de Sub-Secretario General.

Época de cambios

Pero su fortuna no terminaría ahí. A finales de 1996, debido al veto de los Estados Unidos para que su antecesor, el egipcio Boutros-Boutros Ghali no pudiera repetir en el cargo, Kofi Annan resultó electo como el primer africano en ostentar el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Ejerció esas funciones durante diez años, entre 1997 y 2007, en dos períodos consecutivos.

Su llegada a la posición coincidió con una época de profundos cambios en la escena internacional. Hacía tan sólo un lustro que la Unión Soviética se había desmoronado, poniendo fin a la Guerra Fría, iniciada desde fines de la Segunda Guerra Mundial.

Con el eclipse de ese período de rivalidades entre las dos grandes superpotencias, los Estados Unidos emergieron como el centro hegemónico del poder mundial. Pero al mismo tiempo, fueron surgiendo nuevas realidades, como el de la expansión de la globalización, la revolución digital, el terrorismo global y la guerra en Irak.

Desde un primer momento, Kofi Annan comprendió que para ser eficaz y relevante en el ejercicio sus funciones, tenía que ir más allá de ser simplemente un gerente-administrador, o un operador político-diplomático. Tenía que ser, ante todo, y alcanzó a serlo, una voz moral que estremeciera la conciencia del mundo.

Para estar en sintonía con los cambios que se estaban produciendo en la escena global, Annan propuso un plan de renovación de las Naciones Unidas, que empezaba por empoderar al individuo y considerar a la gente como el centro de todo lo que debía hacer el organismo internacional.

Por eso, en el documento, Nosotros, los Pueblos, planteó la necesidad de brindarle participación dentro del sistema de Naciones Unidas, no sólo a los Estados miembros, como había sido desde su fundación en 1945, sino, también, a las organizaciones de la sociedad civil y al sector privado.

Creó el Pacto Global de Naciones Unidas (United Nations Global Compact), en virtud del cual procuraba involucrar a las principales corporaciones del mundo en el cumplimiento de una agenda mundial en favor de la paz, la seguridad y la protección del medio ambiente.

Incentivó la creación del Fondo Global para la salud y el combate al HIV/SIDA. Fomentó el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Tecnología, Información y Comunicación; y organizó dos cumbres mundiales sobre Sociedad de la Información.

Convocó a la celebración de la Cumbre del Milenio y logró la aprobación, en el marco de la Asamblea General, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, consistente en el compromiso de los 189 países representados en Naciones Unidas en luchar por la erradicación de la pobreza extrema y el hambre; lograr la enseñanza primaria y universal; promover la igualdad entre los géneros; reducir la mortalidad infantil; mejorar la salud materna; combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

Agenda de reformas

Kofi Annan pudo ejercer con eficacia un liderazgo internacional debido a que, como hemos dicho, siempre comprendió que las Naciones Unidas tenían que adaptarse a las nuevas necesidades y circunstancias del siglo XXI.

Entendía que frente a la situación de interdependencia mundial y de nuevas amenazas globales, los Estados miembros tenían que elaborar un nuevo consenso que identificase las prioridades y sirviese de fundamento para la acción colectiva.

Entre esas prioridades se encontraban la aprobación del Tratado de Kyoto como componente de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a los fines de poner un freno a la degradación del medio ambiente y al agotamiento de los recursos naturales.

También se encontraban entre las prioridades la vigilancia y control de enfermedades infecciosas y la reducción de desastres naturales; así como el compromiso en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo; el control y eliminación de las armas nucleares, biológicas y químicas, así como las de destrucción masiva.

Kofi Annan fue el artífice de la nueva doctrina, en el ámbito del Derecho Internacional, de la Responsabilidad de Proteger, en base a la cual la soberanía de los Estados no debe ser un obstáculo para una intervención humanitaria en beneficio de los pueblos en riesgo de ser víctimas de genocidio.

Promovió el cambio dentro de la Comisión de Derechos Humanos, completamente desgastada y desacreditada, por un Consejo de Derechos Humanos, que real y efectivamente pudiese velar por el respeto a la dignidad de los seres humanos, independientemente de sexo, raza o credo religioso.

Con respecto al Consejo de Seguridad, el organismo ejecutivo más importante del sistema de Naciones Unidas, sostuvo que su composición resultaba obsoleta. Esto así, debido a que era un reflejo, en pleno siglo XXI, de la realidad geopolítica y de las relaciones de poder emanadas de la Segunda Guerra Mundial.

Para dotar al organismo responsable de velar por la paz y la seguridad en el mundo de mayor legitimidad y credibilidad, el más destacado diplomático africano de todos los tiempos propuso que este debía modificar su composición para que fuese más representativo del conjunto de la comunidad internacional.

Sugirió que en lugar de los 15 miembros que actualmente integran al organismo, de los cuales cinco son permanentes y los 10 restantes rotativos por un período de dos años, se incrementase a 24; y de esos 24 miembros, seis se añadiesen al número de los permanentes, aunque sin derecho a veto; y tres se al de los no permanentes.

Su propuesta resultaba razonable, pero no encontró apoyo. Las grandes potenciales mundiales y desacuerdos regionales entre países para fines de representación, terminaron por sepultarla.

En múltiples ocasiones llegó a referir que el desequilibrio de poder en el mundo constituye una fuente de inestabilidad. En el 2001 Kofi Annan fue laureado con el Premio Nobel de la Paz.

Con su muerte, el mundo está de luto.

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Un día decisivo para la democracia

En el día de hoy, la fortaleza de la democracia dominicana será puesta a prueba, al conocer la Cámara de Diputados de la aprobación del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Eso está precedido por la adopción, el pasado jueves, 2 de agosto, del informe emanado de la Comisión Especial, creada por la cámara baja, a los fines de procurar su aprobación por la vía del consenso entre las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional.

Luego de 18 reuniones de dicha comisión y tres adicionales de los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, en las que se produjeron acuerdos en diferentes aspectos del referido proyecto de ley, hubo uno, el relativo a lo consignado en los artículos 37 y 42, concernientes a la modalidad de escogencia de los candidatos a cargos de elección popular, en los cuales no fue posible arribar a un consenso.

En la subcomisión formada para la búsqueda de una redacción pactada de los artículos 37 y 42, el consenso pereció, al producirse un sorpresivo cambio, de último momento, por parte de la representación del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que resultó en una decisión precaria de tres votos a favor y dos en contra.

La Comisión Especial, por su parte, al reunirse el pasado jueves, 2 de agosto, se manifestó en la misma polarización que la anterior, con una estrecha votación de siete a favor y seis en contra.

En círculos legislativos se esparce el rumor de que la variación reformista se debió a presiones provenientes de fuerzas externas que podían poner en peligro hasta su propia supervivencia como organización política.

En la aprobación, por parte del Senado, del Proyecto de Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, se había establecido que los candidatos a cargos de elección popular serían escogidos, de manera única, mediante la celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas, organizadas y supervisadas por la Junta Central Electoral.

Esa decisión del Senado se encontró con el rechazo generalizado de las autoridades de la Junta Central Electoral; de 24 partidos políticos; de las organizaciones empresariales; de las iglesias católica y evangélica; de las organizaciones de la sociedad civil; y de los principales medios de comunicación.

Ante esa situación, el Presidente de la República envió una carta a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional, en la que, al reconocer que no contaría en la cámara baja con el respaldo de las dos terceras partes de los votos requeridos para su aprobación, solicitaba que, mediante la búsqueda del consenso, se explorasen opciones alternativas a las de primarias abiertas y simultáneas.

Naufragio del consenso y de la opción alternativa

Ante la misiva del Presidente de la República, se suscitó una expectativa de posibilidades de acuerdo entre todos los sectores representados en el Congreso Nacional; y de inmediato se activó un mecanismo de diálogo bicameral, encabezado por los presidentes de ambas cámaras.

Ese diálogo, lamentablemente, culminó en el fracaso. Eso así, debido a que se intentaba imponer, como opción o por vía indirecta la misma fórmula, de primarias abiertas y simultáneas, que no fue posible sustentar por la vía directa, como había aprobado el Senado.

Posteriormente, en el marco de la Comisión Especial, los 11 partidos que integran el bloque opositor, sometieron una propuesta que calificaron como “Propuesta desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, también conocida popularmente como “la propuesta del librito”.

En dicho texto, el bloque de partidos de oposición, al referirse al tema de las primarias, alegó que: “cada partido debería decidir el método de elección de sus candidaturas internas o a cargos de elección popular de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos y de acuerdo con la ley”.

También, que “las primarias, o cualquier método escogido por los partidos, deberán ser voluntarias, simultáneas, vinculantes, con el padrón de cada partido y ser supervisadas y con apoyo logístico de la Junta Central Electoral…”.

A pesar de divergencias en algún punto específico de esa propuesta, en general dicho planteamiento facilitaba la búsqueda del consenso en el marco de respeto a la Constitución, ya que, de alguna manera, también recogía el espíritu de la propuesta inicial de la Junta Central Electoral.

Sin embargo, en forma extraña, el PRM, que se había convertido en garante frente al bloque de partidos opositores de sustentar dichas propuestas, se alejó de las mismas; y adoptó una presunta flexibilización, que consistía en permitir que cada partido decidiera el método, modalidad y padrón a ser utilizado por cada organización política en sus elecciones primarias.

Con esa nueva actitud, de que cada partido escogiese el tipo de padrón, el PRM no solo se distanciaba del bloque opositor, sino que se convertía en el actor principal en la introducción, por vía indirecta, del mecanismo que se procuraba evitar mediante la búsqueda de alternativas, como es el de las primarias abiertas y simultáneas, ahora dejada como opción de cada partido.

¿Por qué cambiaba de postura, de manera tan abrupta, el PRM? ¿Cuáles fuerzas, internas y/o externas, estaban incidiendo para ese cambio de actitud?.

Hasta ahora, no resulta del todo claro. Pero lo cierto es que al introducir ese nuevo elemento, el PRM sembró la semilla de la discordia y la implantación del germen de naturaleza inconstitucional sobre lo cual, en el día de hoy, tendrá que discernir la Cámara de Diputados.

A la variación de la posición del PRM, se le añadió, también en forma desconcertante, la ruptura del PRSC con el consenso opositor plasmado en “el librito”.

En la nueva postura, el partido del gallo colorao contribuyó a reactivar un elemento del debate que hasta entonces no había encontrado respaldo; y es el de que fuesen los organismos superiores de cada partido y no la totalidad de sus miembros, como constitucionalmente debe ser, los que decidiesen la modalidad de elección y el padrón a utilizar por cada organización política en la elección de sus candidatos a cargos de elección popular.

La aritmética de la democracia

Desde la Segunda Guerra Mundial, con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, el día D se ha considerado como un día decisivo. Hoy es un día D para la democracia dominicana.

Es un día decisivo en razón de que los escogidos como representantes del pueblo tendrán que decidir entre los intereses particulares de algunos miembros de las cúpulas de los partidos (de eso que Robert Mitchels calificó como la oligarquía de hierro de los partidos); y el interés nacional, el respeto a la Constitución y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Frente a ese dilema, en principio, la actual correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados impediría que las primarias abiertas y simultáneas, introducidas como opción o por vía indirecta, sean aprobadas.

La razón de eso se debe a que los sectores que propugnan por este propósito no cuentan con las dos terceras partes de los votos requeridos por el artículo 112 de la Constitución para aprobar las leyes orgánicas como es la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Con la reciente suma de los 11 votos del partido reformista, los promotores de la opción de primarias abiertas y simultáneas contarían con 101 votos. Todavía les faltarían 26 para obtener los 127 votos requeridos para aprobar la referida ley de partidos políticos.

Sin embargo, en el Congreso Nacional circula con fuerza la especie de que se produciría una fragmentación en la votación de los 50 diputados del PRM. Por un lado, hay 17 diputados que corresponden a la tendencia minoritaria de esa agrupación política que votarían a favor de las primarias abiertas y simultáneas como opción de los partidos para la escogencia de sus candidatos a cargo de elección popular.

Por otro lado, se susurra por los pasillos que hay otro grupo de diputados, que forman parte de la otra tendencia perremeísta, que presuntamente ya habrían sido “persuadidos” por fuerzas externas, a los fines de obtener la aprobación de la opción de primarias abiertas y simultáneas.

Más aún, es de dominio público, que dentro de las negociaciones llevadas a cabo, se ha acordado que un grupo de diputados del PRM se ausente de la histórica sesión de este martes, para, de esa manera, reducir la cantidad de las dos terceras partes de los presentes que se requiere para la aprobación de la ley de partidos.

La opinión pública deberá estar atenta a la pizarra de votación de la Cámara de Diputados y a las ausencias injustificadas que eventualmente pudiesen tener lugar. Así, podrá verificarse quiénes, realmente, estarán a la altura de sus sagrados compromisos con la defensa de la Constitución.

Ante la necesidad de contar con una Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, que estuviese en armonía con nuestra Carta Magna y sirviese de instrumento para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, lo ideal es que la misma hubiese podido ser aprobada con el consenso de todos los sectores involucrados.

Desafortunadamente, no será así. Pero aún confiamos que los integrantes de la Cámara de Diputados tendrán suficiente capacidad de discernimiento para impedir que intereses ocultos, de corto plazo, provoquen la extinción del sistema de partidos y la muerte de la democracia, en el mediano y largo plazo.

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Haití: Estallido social y FMI

El gobierno haitiano procuró aprovecharse de la distracción que generaría en la población la celebración del juego entre Bélgica y Brasil en la Copa Mundial de Futbol. Se calculaba que un eventual triunfo del equipo brasileño suscitaría, en Haití, tal nivel de euforia, que podría deslizarse, en forma inadvertida, un alza prevista en los precios de los combustibles.

La tragedia fue, sin embargo, que el equipo carioca resultó vencido en la contienda; y a la amargura de la derrota se le sumó la ira de la indignación, al sentirse los ciudadanos burlados por las inesperadas medidas gubernamentales.

Las protestas empezaron el viernes, 6 de julio, en Puerto Príncipe, Les Cayes, Jacmel y Petit-Goave, para luego extenderse a otras localidades. Durante las próximas 24 horas Haití, prácticamente, ardería en llamas.

Varias personas resultaron muertas y decenas fueron heridas. Hoteles, restaurantes y vehículos fueron reducidos a cenizas. Decenas de negocios fueron saqueados; caminos y carreteras, bloqueados.

Para algunos, esas manifestaciones de violencia, por su extensión territorial, así como por su simultaneidad, fueron organizadas por grupos radicales de oposición que tenían como objetivo hacer saltar por los aires al gobierno del presidente Jovenel Moise, un productor de banana, llegado al poder hace un año y cinco meses.

Para otros, sin embargo, esas protestas no fueron más que expresiones espontáneas de descontento social, resultado de una economía estancada por muchos años; altos niveles de pobreza; y falta de empleos.

Frente a ese panorama desolador, desde hacía tiempo la sociedad haitiana había alzado su voz, y se encontraba en lucha permanente por hacer revertir las causas de su infortunio. Entre sus más recientes demandas se encontraba el aumento del salario mínimo, en un país en que el 60 por ciento de los trabajadores sólo recibe dos dólares al día.

Habría que comprender el nivel de frustración de una población que al tiempo que luchaba por obtener condiciones humanas más dignas, recibía como respuesta un incremento en el precio de los combustibles, que implicaba, al mismo tiempo, un aumento en el precio de los alimentos, del transporte y del consumo de electricidad.

En pocas palabras, el agravamiento de su ya precaria situación.

El estallido social que durante varios días azotó a Haití terminó desatando una crisis política que culminó el 18 de julio con la renuncia forzada del primer ministro, Jack Guy Lafontant, acusado de incompetente por haber manejado, de forma inadecuada, la espiral de violencia.

El retorno del FMI

La decisión del gobierno haitiano de aumentar los precios de la gasolina, en un 38 por ciento; del diésel, en un 47 por ciento; y del kerosene, en un 51 por ciento, fue como consecuencia del acuerdo que desde febrero de este año se había llegado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En virtud de ese acuerdo, monitoreado por el personal técnico, el gobierno haitiano se comprometió, desde marzo a agosto de este año, en cinco meses, a la realización de reformas económicas y estructurales.

Ese plan de reformas implicaría el recorte del gasto público; el incremento y mayor eficiencia en la recaudación de impuestos; la eliminación de los subsidios en el área de los combustibles; y el aumento de la tarifa del consumo eléctrico.

Desde luego, la aplicación en tan poco tiempo de medidas tan drásticas, como las sugeridas por el FMI, en el país considerado como el más pobre del hemisferio, sin ningún tipo de compensación social inmediata, constituía un acto temerario, arriesgado e imprudente.

No cabe poner en dudas que un país afectado por una situación de inestabilidad macroeconómica, requiere de reformas y cambios estructurales. Es el caso de Haití, donde actualmente predomina una situación de bajo crecimiento económico, déficit fiscal creciente, desbalance de la cuenta corriente y alta inflación.

Sin embargo, como se ha demostrado a través del tiempo, en las distintas etapas en las que ha intervenido el Fondo Monetario Internacional, las reformas, para que sean válidas y provechosas, al mismo tiempo que racionales desde el punto de vista económico, deben ser socialmente incluyentes y políticamente viables.

Si la aplicación de los programas de ajuste o de reformas estructurales no disponen de esas tres condiciones, lo más probable es que se produzca una crisis, ya sea en forma de estallidos sociales o de gobernabilidad democrática.

Eso fue lo que ocurrió aquí, en la República Dominicana en 1984, durante el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, en el que mediante la política de shock sugerida por el FMI, los precios de los principales artículos de consumo se dispararon en forma dramática.

La respuesta a esa política fue un levantamiento popular, que el profesor Juan Bosch bautizó como “poblada”, y que ocasionó la muerte a más de un centenar de personas en varios días de enfrentamientos con las fuerzas del orden público.

Pero también aconteció en Venezuela, al inicio del segundo mandato del presidente Carlos Andrés Pérez, cuando se produjo el llamado “caracazo”, que fue un acto de rebeldía popular en reacción a las medidas de ajuste estructural impuestas por el organismo crediticio internacional.

Recomponer el escenario

Unas cincuenta organizaciones sociales y académicas internacionales recientemente enviaron una carta a la Directora General del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en respuesta a una consulta abierta que ésta había promovido para obtener opiniones en torno a la revisión que la institución actualmente realiza sobre las condicionalidades y el diseño de los préstamos que otorga.

En uno de sus párrafos, la carta firmada por instituciones como Oxfam, el Centro Internacional Olof Palme y el Proyecto Bretton Woods, afirma: “Las políticas monetarias restrictivas que prescribe el Fondo Monetario Internacional, como condicionalidad de sus préstamos, reducen el espacio que tienen los gobiernos para la inversión pública y muy frecuentemente tienen consecuencias devastadoras, particularmente para los grupos marginados, y altos costos políticos”.

Ese juicio, externado por las prestigiosas organizaciones internacionales, respecto a la manera de funcionamiento del FMI, permiten comprender, en un contexto mayor, la razón de los disturbios recientes que convulsionaron a Haití.

Después del terremoto del 2010, que ocasionó la muerte de 250 mil personas, la comunidad internacional hizo compromisos, a través del Plan Estratégico de Desarrollo para Haití, de ayudar al país vecino a hacer crecer su economía entre 5 y 10 por ciento anualmente.

Eso sólo ocurrió durante el primero año, 2010-2011, en que la economía tuvo un crecimiento de 5.5 por ciento, debido al cúmulo de inversiones, en forma de ayuda, proveniente de la comunidad internacional.

Sin embargo, a partir de ese momento, el país no ha logrado alcanzar, durante los últimos siete años, la meta mínima del 5 por ciento de crecimiento anual. Para este año, 2018, la situación se ha tornado tan sombría, que la proyección de la tasa de crecimiento fue revisada hacia la baja, de un 3.9 por ciento a un débil 2 por ciento.

En el ámbito demográfico, en los últimos diez años, la población haitiana ha aumentado en más de un 10 por ciento, pasando de 9.9 a 11 millones de habitantes. La moneda haitiana, el gourde, se ha devaluado en un 50 por ciento durante los últimos cinco años; y la inflación se ha disparado a cerca de un 14 por ciento.

La salida, el pasado mes de octubre, de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH), no sólo en términos de seguridad, sino desde una perspectiva estrictamente económica, ha sido devastadora.

Con un presupuesto de 1 mil 200 millones de dólares al año, eso era equivalente al 50 por ciento de los gastos del gobierno haitiano; y al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, lo cual, ahora, se ha evaporado.

Por su parte, la disminución de ingresos por concepto de PetroCaribe, también ha representado otra pérdida sensible para el adecuado funcionamiento de la economía que se desarrolla al occidente del río Masacre.

Con un cuadro económico estructuralmente endeble; una situación social de extrema fragilidad; la ocurrencia de desastres naturales que han sido catastróficos; y la reducción impresionante de ingresos provenientes del exterior, las medidas de reforma sugeridas, en estos momentos, por el Fondo Monetario Internacional, no han sido, desde el punto de vista económico, las más adecuadas; ni las más equitativas desde el ángulo social; ni las más propicias desde el ámbito político.

Para evitar nuevas protestas masivas y estallidos sociales en Haití, el Fondo Monetario Internacional debe cambiar de rumbo, con la aplicación de medidas más justas, humanas y solidarias.

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Marx y Bosch

Tal como se expresa en el Manifiesto Comunista, para Karl Marx y su entrañable amigo, Federico Engels, “toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases”.

Desde épocas tempranas de la historia, se encuentra por distintas partes una estratificación de las sociedades en estamentos diferentes.

Por eso, desde la antigua Roma, ciudadanos libres y esclavos; patricios y plebeyos; en la Edad Media, señores feudales y siervos de la iglesia; en fin, opresores y oprimidos estuvieron siempre envueltos en una pugna, que en todos los casos finalizaba con una transformación revolucionaria de la sociedad, o con la destrucción mutua de las clases en lucha.

El capitalismo moderno surgido de la decadencia de la sociedad feudal, no abolió los conflictos de clases. La época de la burguesía se caracteriza, sencillamente, por haber simplificado esos antagonismos sociales.

En la etapa capitalista, las sociedades se encuentran divididas en dos campos opuestos, en dos grandes clases irreconciliables entre sí: la burguesía y el proletariado.

Para Marx, “la burguesía ha jugado en la historia un papel predominantemente revolucionario. En apenas un siglo de existencia creó fuerzas productivas más masivas y colosales que todas las generaciones pasadas juntas”.

Sometió las fuerzas de la naturaleza; aplicó la química a la industria y a la agricultura; desarrolló la navegación a vapor; el uso de los ferrocarriles; y el invento de los telégrafos eléctricos.

Pero ocurrió que el obrero moderno, el proletario, en lugar de mejorar sus condiciones de existencia, con el progreso de la industria, no hizo más que hundirse en una condición de indigencia extrema que crecía, inclusive, a mayor velocidad que la propia capacidad de la burguesía para generar riqueza.

Dentro del capitalismo del siglo XIX, se produjo una contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, así como de las relaciones de propiedad, que eran las bases de sustentación de la burguesía y de su dominación.

Por eso, conforme a la teoría de Marx, las armas con las que la burguesía había abatido al Feudalismo se volvían entonces en su contra; aunque al hacerlo, no solo había forjado las armas que le darían muerte, sino que también había engendrado a los hombres destinados a manejarlas: los obreros modernos, los proletarios.

Esos obreros, obligados a venderse por piezas, eran considerados una mercancía, como cualquier otro artículo de comercio; y estaban sometidas, en consecuencia, a todos los avatares de la competencia y a todas las fluctuaciones del mercado.

Para expresar esa situación Karl Marx elaboró la idea de que como los proletarios no tenían nada que perder más que las cadenas que les ataban a una esclavitud asalariada, tenían que hacer saltar por los aires toda la superestructura de los estratos que conformaban la sociedad burguesa.

Sobre las ruinas del capitalismo y del dominio de la burguesía surgiría el socialismo, la dictadura del proletariado, en transición hacia el comunismo.

Bosch y clases sociales

En lo concerniente a Juan Bosch, puede observarse que en el conjunto de su obra de carácter económico, social, político y cultural predomina una tendencia recurrente a emplear conceptos relativos a la división de la sociedad en grupos o estratos sociales.

En su etapa anterior a la adopción del marxismo como método de análisis, cuando aún se encontraba bajo la influencia del pensamiento hostosiano, Bosch, en lugar de hacer referencia a una división en clases sociales en la República Dominicana, apeló, más bien, al concepto de división en castas.

En efecto, en su libro, Trujillo: Causas de una Tiranía sin Ejemplo, el destacado pensador y líder político nacional explicó que en la sociedad dominicana, fruto de una arritmia histórica que se había producido como resultado de una desviación de su evolución natural, se había instalado un régimen de castas.

Bajo ese régimen, a su vez, se produjo una división en la sociedad dominicana, entre “gente de primera” y “gente de segunda”.

Los de primera estaban integrados por las familias de mayor renombre y prestigio, por profesionales, hacendados y grandes comerciantes; mientras que los de segunda, por su lado, estaban compuestos por la gran masa de “gente sin apellido”, esto es, trabajadores del campo y la ciudad, maestros de escuela, guardias, policías, etc.

El caso es que al ser un régimen de castas, no había movilidad social. El que nacía de primera, transmitía su nivel social a sus herederos y moría de primera.

Pero el que nació de segunda, no importaba los esfuerzos que hiciese para progresar, siempre seguiría siendo, junto a sus descendientes, de segunda.

Al avanzar hacia el manejo teórico y metodológico del marxismo Bosch, en lugar de continuar haciendo referencia de castas, empezó a hacer énfasis en la existencia de un sistema de división de la sociedad en clases sociales.

Su texto clásico, Composición Social Dominicana, Historia e Interpretación, es un estudio de la sociedad dominicana desde la etapa precolombina hasta el siglo XX, que se apoya en la elaboración de la teoría de la lucha de clases.

Sin embargo, a diferencia de una corriente de simplificación y vulgarización del marxismo en base a publicaciones panfletarias, la investigación del maestro dominicano resultaba ser un análisis creativo y original de la realidad de un país que no había seguido el patrón clásico de desarrollo del capitalismo industrial.

Para Bosch, a diferencia de lo que había ocurrido en Europa, donde se produjo el tránsito del feudalismo al capitalismo, en América Latina, y por ende, en la República Dominicana, lo que hubo, por el contrario, fue la conformación de sociedades pre-capitalistas, esto es, sin ningún tipo de desarrollo capitalista industrial.

Ni burguesía ni proletariado

Al no haberse producido el desarrollo de la industria en las sociedades de América Latina, durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, no hubo lugar tampoco para el nacimiento del capitalismo como sistema, tal como lo conoció y estudió Karl Marx.

Al no existir sociedades capitalistas en América Latina, desde los años de lucha por la independencia, a principios del siglo XIX, tampoco podía haber, desde luego, burguesías nacionales.

En el análisis que el profesor Juan Bosch realiza en su libro, Dictadura con Respaldo Popular, afirma que la burguesía como clase social fue sustituida en las débiles sociedades latinoamericanas por oligarquías.

Lo explica así: “En la mayoría de los países de la América Latina, las fuerzas sociales determinantes a principios de este siglo (siglo XX) eran las oligarquías terratenientes, comerciales y bancarias; en los más retrasados eran el comercio exportador e importador, que se hallaba en muchos casos en manos extranjeras, y a él se aliaban la alta y la mediana pequeña burguesía y los grupos latifundistas”.

Pero así como la burguesía, en la explicación de Bosch, no era el sector social dominante en los países de América Latina a principios del siglo XX, tampoco existía un proletariado fuerte, a consecuencia de la escasa industrialización.

En ausencia de un sector obrero o proletariado con gran fuerza social, el sector que venía a desempeñar un rol importante en la estratificación social era la pequeña burguesía, que según el escritor y político dominicano, se descomponía en tres: la alta, la mediana y la baja, subdividiéndose esta última en pobre y muy pobre.

Al no haber desarrollo capitalista; y al no ser la burguesía y el proletariado las clases antagónicas en las sociedades latinoamericanas del siglo XX, Bosch concluye que la revolución latinoamericana no podía ser una revolución socialista, anti-burguesa, que condujese a una dictadura del proletariado.

Para el destacado historiador y sociólogo dominicano, la revolución latinoamericana tenía que ser, más bien, anti-oligárquica, porque había sido ese sector, en alianza con intereses extranjeros, especialmente el imperio-pentagonismo, el que, por razón de competencia por el control de mercados, había frustrado el desarrollo capitalista de los pueblos latinoamericanos.

En oposición a la dictadura del proletariado, que en su tiempo propuso Marx, Bosch elaboró la tesis de la dictadura con respaldo popular, régimen, según él necesario, debido al freno que las oligarquías habían impuesto al desarrollo económico capitalista y al funcionamiento del sistema político de la democracia representativa.

Para muchos marxistas dominicanos de sus años, el fundador del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), con sus ideas, parecía, más bien, antimarxista.

Pero, en verdad, era todo lo contrario. Con imaginación, inteligencia y creatividad, Bosch, utilizando el instrumento conceptual marxista, demostró que en la República Dominicana, como en el resto de América Latina, la lucha no era entre burguesía y proletariado, sino entre oligarquía y sectores populares.

Con eso hizo una enorme contribución al avance de las ideas políticas, y un significativo aporte a las luchas revolucionarias de su época.

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Las primarias abiertas y simultáneas siguen siendo inconstitucionales

En el artículo 42 del proyecto de ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, aprobado por el Senado de la República el pasado mes de abril, se estableció como método único de elección de los candidatos a cargos de elección popular la realización de elecciones primarias abiertas y simultáneas.

Ese procedimiento, obviamente, estaba en contraposición a lo estipulado en el anteproyecto sometido por la Junta Central Electoral, cuyo artículo 34 reza de la siguiente manera: “Los partidos y agrupaciones políticas escogerán los candidatos a cargos de elección popular atendiendo a los mecanismos que establece la presente Ley y sus estatutos”.

Al plantearlo así, la Junta Central Electoral daba cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia del año 2005 que declaró nula la ley 286-04, que establecía la celebración de elecciones primarias abiertas y simultáneas como método único de escogencia de candidatos a cargos de elección popular.

Más aun, en el año 2015, el PLD, PRM, PRD y PRSC, a través de la mediación de la Junta Central Electoral, de Monseñor Agripino Núñez Collado y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, acordaron proponer, de manera consensuada, una ley de partidos y agrupaciones políticas que recogiese el interés colectivo de la sociedad y estableciese mayores garantías para hacer más equitativos, transparentes y equilibrados los procesos electorales.

Así se hizo; y en abril de 2015, la Cámara de Diputados aprobó el referido proyecto, cuyo artículo 31 dictaba que “los partidos y agrupaciones políticas escogerán los candidatos a cargos de elección popular atendiendo a los mecanismos de selección que establezcan sus estatutos, sean asambleas de electores, convenciones, congresos o elecciones primarias internas”.

Más recientemente, en el año 2017, una comisión bicameral (constituida por Senadores y Diputados), acordó en el artículo 34 del proyecto en discusión, respaldar la propuesta de la Junta Central Electoral.

Por esos motivos, a la aprobación del proyecto de ley del Senado, que establecía la celebración, por parte de los partidos políticos, de primarias abiertas y simultáneas, le siguió una oleada de reacciones desfavorables provenientes de distintos sectores de la vida nacional.

Reacción adversa y carta presidencial

Entre esos sectores figuran el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que hizo público su criterio en favor de que fuesen los propios partidos políticos los que decidiesen el método a aplicar para la elección de sus candidatos, a los cual se sumó la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE).

Las iglesias, por su parte, no permanecieron en silencio. En principio, surgieron voces aisladas, pero luego, de manera oficial, tanto la Iglesia Católica como la Evangélica hicieron sentir su oposición a la pretensión de imponer la celebración de primarias abiertas y simultáneas como única forma de los partidos políticos escoger a los candidatos a cargos de elección popular.

Diversas instituciones de la sociedad civil también expresaron su desacuerdo con el proyecto de ley aprobado por el Senado; y los más importantes periódicos del país, fijaron sus posturas contrarias en enérgicos editoriales, al tiempo de hacerse eco de la generalizada opinión desfavorable.

Un grupo importante de 22 partidos políticos pertenecientes al Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPPPREDOM), expresó su desacuerdo con el proyecto de ley aprobado por el Senado; y 11 organizaciones políticas, agrupadas en un bloque de oposición, rechazó de igual manera, la imposición legal de las primarias abiertas y simultáneas.

Como alternativa, dicho bloque opositor propuso que la elección de candidatos se hiciese de acuerdo a los estatutos y normas internas de cada partido; y en caso de elegir voluntariamente las primarias como método, que estas fuesen simultáneas, con el padrón interno de cada partido y la supervisión de la Junta Central Electoral.

En vista de la extendida opinión contraria que tuvo a nivel nacional el proyecto de ley aprobado por los senadores, el presidente Danilo Medina, acertadamente, propuso a las cámaras legislativas abrir un espacio de diálogo entre las fuerzas políticas a los fines de explorar opciones alternativas a la decisión adoptada por el Senado.

Nuestra reacción inmediata, ante la petición del Presidente de la República, fue la de apoyarla plenamente. Esto así, debido a que estamos de acuerdo en la necesidad, en todo momento, de colocar el interés nacional por encima de cualquier aspiración de carácter personal o grupal dentro de los partidos.

Con posterioridad a la carta del presidente Medina, se han realizado diversos encuentros entre los representantes de las distintas fuerzas políticas, lideradas por los Presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, con la finalidad de encontrar las opciones alternativas sugeridas al proyecto de ley aprobado por el Senado.

Fruto de esos encuentros, el debate sobre la ley de partidos ha evolucionado de forma significativa. Se ha pasado del proyecto de ley aprobado por el Senado, que impone las primarias abiertas y simultáneas como único método, al criterio del derecho que corresponde a cada partido político de escoger el mecanismo que entienda mejor para la selección de candidatos, conforme a lo establecido en sus estatutos.

No obstante, a partir de esa última consideración, emergen a la superficie nuevas posiciones para determinar el alcance de esa libertad de elección que tendrían los partidos.

Las opciones posibles

Conforme a la aceptación del nuevo criterio del derecho de los partidos a escoger su método de elección, se esgrime el argumento de que las primarias abiertas y simultáneas dejarían de ser inconstitucionales, en razón de que ya no serían el método único aplicable a los partidos políticos, sino que formarían parte del conjunto de opciones al que los partidos políticos tendrían derecho.

La verdad es que a pesar de que en esa nueva propuesta las primarias abiertas y simultáneas no serían el método único, continuarían, sin embargo, siendo inconstitucionales.

En un artículo publicado en la Revista Española de Derecho Constitucional, titulado, El Derecho de Asociación de los Partidos Políticos y la Regulación Legal de las Elecciones Primarias, el destacado jurista David Giménez Gluck, al abordar el tema, afirma: “A la hora de determinar la constitucionalidad de que la ley imponga al conjunto de las fuerzas políticas la elección de sus representantes en primarias hay que diferenciar muy claramente entre primarias abiertas y primarias cerradas, por la distinta naturaleza de cada una de ellas”.

Las primarias abiertas, conforme al referido tratadista, “al transferir una decisión capital del partido al conjunto de la ciudadanía, supone una renuncia tan importante a la auto organización asociativa, que una imposición legal de la misma seguramente implicaría una afectación inconstitucional del derecho de asociación”.

Sin embargo, al hacer referencia a las primarias cerradas, sostiene, por el contrario, que “la inconstitucionalidad no es, ni mucho menos, tan evidente, pues respecto al derecho de auto organización del partido juega el límite del principio de democracia interna y la defensa de los derechos de los afiliados que forman parte del contenido esencial del derecho de asociación de los partidos políticos”.

Es preciso aclarar que en el caso dominicano, el derecho de asociación y el de democracia interna de los partidos políticos, está previsto en los artículos 47 y 216 de nuestra Constitución.

En adición a sugerirse que las primarias abiertas y simultáneas puedan ser parte de las opciones de los partidos políticos a escoger sus candidatos, en el diálogo de las fuerzas políticas, se ha sostenido que los organismos superiores competentes de las organizaciones políticas puedan promover la modificación de los estatutos, para hacer viable la aplicación de esa modalidad.

Obviamente, los únicos organismos superiores competentes para modificar los estatutos de una organización política son aquellos que representan la totalidad de sus miembros o afiliados, esto es, sus asambleas o congresos partidarios.

En vista de lo anterior, los partidos políticos tendrían ciertamente derecho a escoger el método que estimen de lugar para la selección de sus candidatos. Pero ese método, sin embargo, para ser legítimo y válido tiene que estar en sintonía con el precepto constitucional que garantiza el derecho de sus afiliados y el ejercicio de su democracia interna.

Las primarias cerradas cumplen con esas condiciones. Eso significa que pueden ser parte de las opciones de que dispondrían los partidos para la escogencia de sus candidatos.

No así las primarias abiertas, en razón de que implican una renuncia del derecho de los miembros o afiliados, a favor de la ciudadanía en general, para que sea ésta la que escoja a los candidatos de los partidos.

Por consiguiente, las primarias abiertas, simultáneas o no, como método único o como opción de los partidos políticos, resultan inconstitucionales e inaceptables.

Así es; y nada más.

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