Leonel Fernández

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Ley de Partidos, Tribunal Constitucional y democracia

Hace tan solo un año, el 13 de agosto de 2018, fue promulgada la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos. En tan breve tiempo, sin embargo, ha sido impugnada por medio de 10 recursos de acción directa en inconstitucionalidad.

Esos recursos han sido interpuestos por ciudadanos, organizaciones de la sociedad, partidos, agrupaciones y movimientos políticos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre seis de esos 10 recursos presentados.

En cuatro de ellos, el organismo encargado de garantizar la supremacía de la Constitución ha decidido a favor de los accionantes. Como consecuencia, ha expulsado de nuestro ordenamiento jurídico, un total de 10 disposiciones contenidas en la Ley 33-18.

Aún quedan pendientes otros cuatro recursos, que eventualmente pudieran también determinar otras incompatibilidades con nuestra Carta Sustantiva.

La adopción de ese conjunto de decisiones demuestra, de manera inequívoca, lo atinado que fue el Constituyente al crear, en la reforma constitucional del 2010, el Tribunal Constitucional.

A partir de ese momento, el respeto a la Constitución, que debe ser observado por todos los poderes del Estado, tiene su mayor guardián en esa Alta Corte. Por tanto, cuando uno de los órganos del Estado incumpla en acatar las disposiciones y principios contenidos en nuestra Carta Magna, corresponde al Tribunal Constitucional enmendar esa transgresión.

Esto así, para garantizar que aun cuando un partido o un grupo político cuente con una mayoría coyuntural en alguno de los estamentos de poder, no pueda valerse de esa mayoría para desconocer la Ley Sustantiva.

En la historia de la República Dominicana, desde la instauración del control concentrado de constitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia, resulta difícil encontrar una norma, con apenas un año de haber sido promulgada, que haya sido objeto de tantos recursos directos de inconstitucionalidad, y que haya recibido tantas sentencias confirmando esa inconstitucionalidad.

Esto, sin duda, constituye algo sin precedentes. Pero, por eso, nos obliga a reflexionar sobre las motivaciones ocultas que pudieron haberse tejido durante su proceso de discusión y aprobación.

Disposiciones inconstitucionales

A tan solo nueve meses de la promulgación de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, el 21 de mayo de 2019, sobrevino la primera declaratoria de inconstitucionalidad de esta norma.

Por medio de su sentencia TC/0092/19, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del artículo 44, numeral 6 de dicha ley, que establecía la prohibición de la difusión de mensajes negativos que empañaran la imagen de los candidatos a través de las redes sociales.

Para el alto tribunal dominicano: “[…]el precepto impugnado no sólo viola el principio de legalidad, de seguridad jurídica, el derecho a la libertad de expresión y el principio de razonabilidad, sino también el derecho a la información consagrado en el artículo 49 de la Constitución dominicana, porque obstaculiza la difusión de informaciones sobre las actividades de los candidatos a la función pública a través de tipos penales excesivos y ambiguos…®”

Posteriormente, dos meses después, el 22 de julio de este año, el alto tribunal, en su sentencia TC/00214/19 declaró la inconstitucionalidad del párrafo III del artículo 45.

En ese sentido, reivindicó la democracia interna y el derecho de asociación de los partidos, mediante el restablecimiento de los estatutos como la fuente primaria del ordenamiento interno de las organizaciones políticas.

Al mes siguiente, el 21 de agosto de los corrientes, mediante sentencia TC-0332/19, ratificó el criterio de la sentencia anterior.

Finalmente, el pasado 28 de agosto, el Tribunal Constitucional, mediante el comunicado 39/19, publicó el dispositivo de una sentencia que declara la incompatibilidad con la Constitución de ocho disposiciones de la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

En total, pues, fueron 10 las disposiciones de la Ley 33-18 sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, declaradas nulas por el Tribunal Constitucional.

Estas se refieren a temas vinculados con la protección de derechos fundamentales, como son los relativos a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, el derecho de asociación y a la democracia interna de los partidos políticos.

Autoritarismo y dislate

El texto aprobado de la ley de partidos sobre estos tópicos resultaba preocupante. En primer término, establecía prohibiciones con respecto a la transmisión de mensajes publicitarios transmitidos a través de la radio y la televisión.

En segundo lugar, consignaba limitaciones durante el periodo de la precampaña electoral con respecto a la participación de los candidatos y sus voceros; el lugar de celebración de reuniones; la producción y uso de materiales de propaganda; la divulgación de mensajes; y la fijación de horarios para el envío de mensajes a través de llamadas telefónicas.

En tercer lugar, la confusión respecto a la diferencia entre campañas negativas y campañas sucias; establecimiento de un régimen de censura previa, con sanciones penales de privación de libertad.

En cuarto lugar, la prohibición a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos de concurrir aliados en el primer proceso electoral ante el cual se presentasen; quinto, la indicación en cada organización política, de cuál es el organismo competente para decidir el tipo de registro de electores; sexto, la obligación legal de un tiempo de militancia para aspirar y ostentar una precandidatura en representación de una organización política; y séptimo, la determinación de causas para la renuncia automática de miembros a la afiliación partidaria, sin la observancia del debido proceso.

En resumen, una cadena de barbaridades. ¿Cómo podría considerarse, dentro de un sistema democrático que en el marco de una precampaña electoral, no se puedan transmitir mensajes a través de los medios de comunicación, realizar actividades públicas, colocar propaganda y hasta hacer llamadas telefónicas?

Sin que nos diésemos cuenta, la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, estaba creando las bases para un régimen autoritario. Limitaba la libertad de expresión y difusión del pensamiento, dificultaba la emergencia de nuevos actores políticos, impedía la crítica; y cercenaba la democracia interna de los partidos.

La Ley 33-18 solo podía favorecer a quien ostentase el poder de turno. Mientras desde las esferas estatales se podía hacer propaganda permanente, esto se limitaba o prohibía con respecto a las demás fuerzas políticas. Había, pues, un sesgo o desequilibrio en el ejercicio de la participación política que resultaba un riesgo y hasta una amenaza al futuro de la democracia dominicana.

Pero, además del carácter anti-democrático e inconstitucional de las disposiciones anuladas por el Tribunal Constitucional, había otras tan incongruentes, inconsistentes e irracionales, que se prestan para figurar en una antología universal del dislate.

¿Cómo podría autorizarse la participación de precandidatos y sus voceros en programas de radio y televisión, al tiempo de prohibirse, de manera rotunda, la transmisión de mensajes a través de esos mismos medios?

A decir verdad, nada más absurdo.

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En Argentina, Fernández ganó las Primarias

En las recientes elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) realizadas en Argentina, la agrupación política, Frente de Todos, con su candidato presidencial, Alberto Fernández; y vicepresidencial, Cristina Fernández de Kirchner, obtuvo una abrumadora victoria sobre la alianza Juntos por el Cambio, encabezada por el presidente Mauricio Macri.

El Frente de Todos, de filiación peronista, obtuvo más del 47 por ciento de los votos contra el 32 por ciento, de la coalición gubernamental.

A pesar de que en esos resultados el grupo opositor dispone de una ventaja de 15 puntos porcentuales, eso no es definitivo, ya que las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre. En caso de segunda vuelta, serían el 24 de noviembre.

La importancia, por consiguiente, de las elecciones primarias en Argentina radica en que constituyen una especie de sondeo nacional de lo que probablemente podría acontecer en las elecciones generales.

A decir verdad, las elecciones primarias argentinas resultan extrañas. A pesar de haber sido concebidas para generar competencia en los partidos, los candidatos no tienen rivales. Ya han sido previamente seleccionados a través de acuerdos internos de sus propias organizaciones políticas.

Al no tener los candidatos competidores al interior de sus partidos, lo que hacen, en realidad, es rivalizar con los aspirantes de las demás fuerzas políticas. De esa manera, a través de las primarias, muestran sus fuerzas y exhiben su musculatura antes de la celebración de los comicios generales. Los que no obtengan el 1.5 por ciento de los votos quedan descartados para su participación ulterior. Durante los últimos ocho años, 150 partidos políticos han quedado eliminados.

En las recientes elecciones primarias argentinas votó el 75 por ciento de los electores, lo que equivale a algo más de 25 millones de votantes. Eso, por supuesto, tiene una gran significación para los comicios generales a ser celebrados dentro de dos meses.

Causa de una derrota

En principio, no estaba previsto que el presidente Mauricio Macri experimentase una humillación política de la magnitud escenificada. Había llegado al poder cuatro años atrás, en el 2015, con una agenda política contraria a la de su predecesora, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, más inclinada a promover un rol protagónico del Estado en la aplicación de políticas de desarrollo.

El presidente Macri llegó al gobierno con un plan económico de predominio del mercado. En base a ese plan puso fin a las limitaciones para compra de moneda extranjera; dejó sin efecto los impuestos de exportación; resolvió los desacuerdos con tenedores de bonos (fondos buitres) para restablecer el acceso al capital internacional; y prometió eliminar la inflación y evitar la devaluación de la moneda nacional.

Esa agenda de reformas fue respaldada por los mercados financieros internacionales. Pero, al mismo tiempo que procedía con su aplicación, ordenó un conjunto de medidas que tuvieron un efecto social catastrófico sobre la clase media y los sectores más pobres de la población argentina, generando una gran desilusión y un enorme descontento social.

Entre esas medidas estaban la disminución de los subsidios a las empresas de servicios públicos; el aumento en las tarifas de electricidad y gas, así como de agua y del sistema de transporte público, que se incrementaron, en algunos casos, en más de mil por ciento.

La inflación, en lugar de ser eliminada, se incrementó, de cerca de un 24 por ciento que tuvo en el gobierno anterior, a un 40 por ciento en tan solo el primer año de Macri.

El endeudamiento externo se disparó. En año y medio, del 2015 al 2017, creció en un 27 por ciento. El peso argentino se devaluó drásticamente frente al dólar norteamericano. El desempleo aumentó; y la pobreza alcanzó a más del tercio de la población.

El aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal en los Estados Unidos, agravó la situación. El costo del endeudamiento externo se encareció. Para evitar una cesación de pagos o default, el gobierno del presidente Macri suscribió un acuerdo stand by de tres años con el Fondo Monetario Internacional, por una cifra sin antecedentes en la historia del organismo internacional, de 57 mil millones de dólares.

La firma de ese acuerdo con el FMI desató una ola de protestas sociales; y el gobierno añadió combustible al fuego de la ira popular, aplicando severas medidas de austeridad, como congelamiento de salarios, de pensiones y jubilaciones; despido de empleados del sector público; y el restablecimiento del impuesto a las exportaciones.

Retorno del peronismo

A pesar de haber obtenido una victoria en las elecciones de medio término del 2017, es evidente que con la aplicación de medidas ortodoxas de mercado, la inconformidad social que se esparcía por distintos sectores de la sociedad argentina se convertiría en un muro de contención para el proyecto de reelección del presidente Mauricio Macri.

En efecto, así fue. Los resultados de las recientes elecciones primarias así lo revelan. La diferencia de 15 puntos con respecto a la coalición opositora, Frente de Todos, hace prácticamente imposible que la alianza, Juntos por el Cambio, del presidente Macri, pueda revertir esos resultados y salir airosa en las elecciones generales de octubre.

Al señalar algunas encuestas, publicadas antes de las recientes primarias en Argentina, que la coalición del presidente Macri presuntamente aventajaba a la oposición, los mercados reaccionaron con júbilo, incrementando el valor de las acciones, de los bonos y de otros instrumentos financieros.

Pero al ocurrir lo contrario en las urnas, los mercados, en solo dos horas reaccionaron provocando una caída de un 20 por ciento en el valor del peso; de un 50 por ciento en las acciones; de un 15 por ciento en los bonos; y de un aumento de la tasa de interés, a la alucinante cifra de 74 por ciento, la más alta del mundo.

En fin, un desplome total. Frente a eso se ha presentado un vacío de poder. El presidente Macri, debilitado en su autoridad, ha tenido que sostener conversaciones con Alberto Fernández, el candidato opositor, a los fines de evitar una caída mayor en la economía argentina.

De perder las elecciones generales en octubre, no es descartable que el primer mandatario argentino se vea forzado a abandonar el poder antes del traspaso de mando en diciembre de este año.

Eso ya había ocurrido, con anterioridad, con los gobiernos no peronistas de los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa, que no pudieron completar sus mandatos, debido al impacto de crisis económicas y sociales.

En todo caso, lo que indican las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Argentina, es que los Fernández, Alberto y Cristina, han salido victoriosos y ahora están preparando sus vestimentas para un retorno a la Casa Rosada.

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El debate sobre la reforma constitucional

Para algunos, las discrepancias que actualmente prevalecen dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), no son más que expresiones de una lucha de poder. Para otros, conflictos entre distintas corrientes o facciones partidarias; y hay quienes no dejan de sostener que se refiere, simplemente, a una pugna de egos o mera rivalidad entre sus líderes.

Nada de eso es cierto. Para empezar, las llamadas tensiones políticas no son exclusivamente del PLD.

Son, en realidad, de toda la sociedad dominicana; y esto así, en razón de que lo que constituye la esencia de las divergencias está en relación con los valores y principios contenidos en la Constitución de la República.

En el debate actual, lo que se plantea es una segunda reforma, en cuatro años, de la Carta Sustantiva de la nación para hacer posible un tercer periodo presidencial consecutivo.

En el 2015 se hizo una reforma a la Constitución con el propósito de modificar el modelo de mandato presidencial previsto en el texto constitucional aprobado en el 2010.

AHORA, SIN EMBARGO, EN EL DEBATE ACTUAL, LA NOVEDAD CONSISTIRÍA EN ESTABLECER UN TERCER PERIODO CONSECUTIVO.

Ese mandato presidencial, previsto en el 2010, establecía que el Presidente de la República sería electo por un periodo de cuatro años, no pudiendo postularse para un segundo periodo consecutivo.

Inicialmente, ese concepto se planteó en la reforma constitucional del 1994, luego de la crisis post electoral, entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), que dejaba sin efecto el modelo de reelección presidencial indefinida, prevista en la Constitución de 1966.

La reforma de 1994 fue modificada, a su vez, en el 2002, durante el gobierno del PRD, para hacer posible dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más.

Así, de esa manera, durante los últimos 25 años, en la República Dominicana, por medio de tres reformas constitucionales, se han adoptado dos modalidades de mandato presidencial.

El primero de ellos, en 1994, basado en la no reelección consecutiva. Este, abolido en el 2002, para hacer posible dos periodos consecutivos.

Luego, modificado en el 2010 para volver al sistema de 1994; y posteriormente, sustituido, a su vez, en el 2015, para restablecer el mecanismo del 2002.

Todo eso, por supuesto, tiende a producir vértigo. Durante un cuarto de siglo, la Constitución dominicana ha estado sometida a una situación de inestabilidad crónica, que la hace aparentar como una especie de columpio que se mueve hacia arriba con dos periodos presidenciales consecutivos; y hacia abajo, con periodos presidenciales no consecutivos.

Ahora, sin embargo, en el debate actual, la novedad consistiría en establecer un tercer periodo consecutivo, una modalidad desconocida en nuestra historia constitucional, que dejaría en la incertidumbre el funcionamiento del modelo a futuro.

El Tercer Periodo

En virtud del decreto 410-01, del 21 de marzo de 2001, el entonces Presidente de la República creó una comisión especial, bajo la coordinación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) a los fines de proponer, luego de un amplio consenso, las modificaciones que deberían introducirse a nuestra Carta Sustantiva.

Así se procedió. Esa comisión especial hizo entrega de su trabajo, mediante un informe, fechado 13 de agosto de 2001, que contemplaba una reforma integral de la Constitución de la República.

En el artículo 58 de la misma se preveía que el presidente sería elegido por un periodo de cuatro años, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente.

En vista de su desacuerdo con el modelo de periodo presidencial esbozado en el informe, el entonces primer mandatario de la nación, en forma atropellante y escandalosa, impuso una reforma a nuestra Carta Magna con la única finalidad de garantizar su continuación en el poder, que establecía dos periodos consecutivos y nunca más.

Eso quedó enmendado en la reforma integral que se hizo a la Constitución de la República en el 2010. En la misma, como hemos dicho, se volvió al modelo de 1994, de periodos presidenciales no consecutivos. Esto así, a petición de nuestro interlocutor en dicha reforma, el presidente del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

En el 2015 se retornó al modelo del 2002, de dos periodos presidenciales consecutivos y nunca más. En esa última ocasión, al artículo 124 de la Constitución de la República, que es el que consigna los dos periodos consecutivos, se le añadió un transitorio, que dice así: “En el caso de que el presidente de la República correspondiente al periodo constitucional 2012-2016, sea candidato al mismo cargo para el periodo 2016-2020, no podrá presentarse para el siguiente periodo y a ningún otro periodo ni a la Vicepresidencia de la República.” Ese artículo transitorio es el que cierra las puertas para un tercer periodo presidencial consecutivo, y el cual se aspira, en estos momentos, reformar. Esto así, a pesar de no contar con el apoyo de la mayoría de la población (en distintas encuestas, 7 de cada 10 dominicanos se opone a la misma), de las distintas fuerzas políticas y sin consultar a los distintos sectores de la sociedad civil.

Para garantizar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), en el 2015 se suscribió un acuerdo o pacto entre los miembros del Comité Político del partido fundado por el profesor Juan Bosch.

Ese pacto, hizo posible la votación unánime del bloque parlamentario peledeista en favor de la reforma constitucional de ese año; y por consiguiente, la reelección del Presidente de la República para un segundo periodo consecutivo.

La necesidad del consenso

En el ordinal segundo del referido pacto suscrito por los miembros del Comité Político del PLD, se estipula lo que sigue: “Se acuerda respaldar e iniciar oportunamente a través de la representación legislativa de nuestro Partido, una modificación de los artículos 270, 271 y 272 de la Constitución de la República a los fines de fortalecer y hacer más calificados los porcentajes requeridos para la reforma de la misma a futuro.” Ese acuerdo del Comité Político del PLD fue de singular importancia. Quería indicar que aunque se procedió en el 2015 a modificar nuestra Carta Magna, hacia el futuro se quería contar con unos denominados “candados” a la Constitución, que consistirían en establecer una superior mayoría calificada para una reforma a nuestra ley de leyes.

Esa parte del acuerdo del Comité Político del PLD aún no se ha cumplido; y sería, por consiguiente, una incongruencia que se procediese a una nueva reforma constitucional que eliminase el transitorio al artículo 124, y no se cumpliese con la necesidad, reconocida por todos, de dotar de mayor permanencia y estabilidad a nuestra Carta Magna. Al referirse, precisamente, acerca de los límites de los mandatos presidenciales, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en un informe al organismo sobre elecciones y democracia, ha sostenido: “En determinadas circunstancias la modificación de los límites de la duración del mandato (presidencial) puede socavar la confianza necesaria para que el sistema político funcione bien. La posibilidad de que la modificación de un marco jurídico socave la confianza es mayor cuando…se realiza poco antes de las elecciones o si el proceso no se basa en un consenso nacional amplio.” Por su parte, al referirse a este tema, la Comisión de Venecia lo hace con claridad meridiana, al señalar: “Un amplio consenso…es crucial para mantener una democracia fuerte y la confianza en las instituciones y los procesos electorales.” Así es. El consenso es imprescindible.

Lo contrario sería conducir hacia la muerte de la democracia.

PARA GARANTIZAR LA UNIDAD DEL PLD, EN EL 2015 SE SUSCRIBIÓ UN ACUERDO O PACTO ENTRE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ POLÍTICO.

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Comisión de Venecia: Constitución, Democracia y Reelección Presidencial

Tomando en consideración algunas experiencias que han estado teniendo lugar en América Latina, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó a la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, un órgano consultivo del Consejo de Europa, responder a varias inquietudes en relación a los límites constitucionales a la reelección presidencial.

La OEA sometió a la Comisión Europea cuatro preguntas, relacionadas con la idea de si existe un derecho humano a la reelección; si la restricción a los límites de la reelección merma los derechos humanos y políticos de los candidatos y de los electores; y cuál sería la mejor manera de modificar los límites a la reelección dentro de un Estado constitucional.

La comisión, creada en 1990 tras la caída del muro de Berlín, es mejor conocida como Comisión de Venecia, en razón de que sus integrantes, expertos en Derecho Constitucional, se reúnen cuatro veces al año en esa bella ciudad italiana. Asiste y aconseja a los países en materia constitucional, para mejorar el desarrollo de la democracia y los derechos humanos.

Al responder a las inquietudes del secretario general de la OEA, lo hizo en un documento conocido como Informe sobre los Límites a la Reelección.

Ese informe, que parte de un estudio comparativo de las disposiciones constitucionales sobre los límites a la reelección presidencial en diversos Estados del mundo, llegó a la conclusión de que existen en la actualidad cinco tipos o modelos de limitaciones a la reelección presidencial, que van desde no tener ningún límite hasta su prohibición total.

Pero, en el análisis de las distintas modalidades sobre la limitación de los mandatos, la comisión concluyó en el sentido de que en la mayoría de los casos, las constituciones de la generalidad de los países contienen disposiciones que limitan el tiempo del mandato del presidente del país, otorgando, nada más, el derecho a una reelección.

Límites a la reelección

Conforme al criterio de los integrantes de la Comisión de Venecia, los límites a la reelección presidencial se aplican debido “al peligro de abuso de poder por parte de los mandatarios que se proponen prolongar su permanencia”.

En efecto, el problema consiste en que en los regímenes presidenciales, el jefe de Estado concentra un conjunto de poderes que lo colocan en una posición de ventaja en relación a los demás candidatos; y es que la Presidencia de la República, en cualquier lugar del mundo, equivale a una campaña permanente.

Debido a su posición preponderante, el gobernante de turno dispone de una serie de recursos económicos, comunicacionales, de relaciones sociales y de influencia, en sentido general, que utilizado de manera permanente e indefinida, conducen a lo que en el lenguaje de los miembros de la Comisión sería “el de tener un monarca republicano”.

En sus hallazgos, los comisionados indican que casi todos los Estados que han adoptado un sistema presidencial “imponen limitaciones constitucionales sobre el número de periodos de mandato del presidente a fin de preservar un sistema de controles y equilibrios constitucionales”.

Al hacer referencia sobre la realidad de América Latina, tanto la actual como la ocurrida desde la etapa postcolonial, señala que la historia y el contexto social han tenido un efecto directo en las constituciones nacionales sobre la reelección y sus límites.

Sin duda, así es. Debido al escaso desarrollo económico y social de la generalidad de los países de América Latina después del periodo de la independencia en el siglo XIX, en lugar de un sistema democrático auténtico y vigoroso, surgieron dictaduras y regímenes caudillistas, que predominaron hasta las últimas décadas del siglo pasado.

Para la Comisión de Venecia, “los límites a la reelección están orientados a proteger a la democracia de convertirse en una dictadura de facto”. En adición, consideran que dichos límites pueden fortalecer a una sociedad democrática, debido a que imponen la alternancia política en los distintos procesos electorales.

De igual forma, alientan la esperanza de los partidos de oposición de que, a través del proceso de elecciones periódicas pueden alcanzar el poder, sin necesidad de tener que recurrir a mecanismos de fuerza, como serían el golpe de Estado militar o revoluciones violentas.

Al concluir sobre este aspecto, la Comisión de Venecia indica que los límites a la reelección que la mayoría de las democracias representativas imponen al derecho del presidente titular, representan un límite razonable al derecho de ser elegido porque impiden el ejercicio ilimitado del poder en manos del presidente.

Añade que el presidente tiene la obligación de hacer valer la Constitución, no puede exigir sus derechos políticos en contra de la Constitución; y los límites impuestos a la reelección no restringen indebidamente sus derechos humanos y políticos.

Reelección y Constitución

En el mundo político y académico predomina el criterio de que una Constitución debe tener cierto sentido de perdurabilidad.

Aunque es así, no es menos cierto que, periódicamente, tiene que irse adaptando a los cambios que la sociedad va experimentando.

En tal sentido, una Constitución es susceptible de ser reformada. La facilidad o dificultad con que pueda realizarse determina en el hecho de si la Carta Sustantiva resulta ser flexible o rígida.

En una Constitución flexible basta la aprobación de una ley ordinaria. Una rígida es más compleja, pues además de requerir una mayoría calificada, podría estar sujeta a otras condiciones.

Los integrantes de la Comisión de Venecia consideran que si bien los límites a la reelección restringen los derechos del presidente, debido a que ese derecho es concedido por el pueblo, que tiene un poder soberano, ese mismo pueblo “tiene el poder de decidir el periodo y la posibilidad de reelección del Presidente”.

Por consiguiente, conforme al criterio de los comisionados, se requiere “una enmienda constitucional para modificar los límites a la reelección”.

Ahora bien, continuando con la línea de razonamiento de los comisionados, “cuando se proponen reformas constitucionales que aumenten o prolonguen los poderes de los jefes de Estado, la motivación debería ser mejorar la maquinaria del gobierno como tal, no el poder y los intereses del titular”.

A esto añade: “Un principio sólido y una buena norma general con la cual medir las implicaciones democráticas de las enmiendas sería que estas (de ser promulgadas) solo deberían surtir efecto para los mandatarios futuros y no para el funcionario en el cargo”.

En síntesis, los límites a la reelección presidencial representan un medio para disminuir el peligro del abuso de poder por el jefe de Estado de turno. De esa manera, persiguen los fines legítimos de proteger la democracia y el Estado de Derecho.

Así pues, para la Comisión de Venecia, “abolir los límites a la reelección presidencial representa un paso atrás en materia de logros democráticos”.

Para la OEA, el informe de dicha comisión adopta una guía de orientación y un valor jurídico contra la reelección.

@leonelfernandez

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La Constitución del 2010: Una reforma integral

Al fragor del debate político actual, suele deslizarse la idea de que la reforma constitucional realizada en el 2010 se corresponde con los mismos propósitos u objetivos de otras realizadas a nuestra Carta Sustantiva durante las últimas dos décadas.

Nada más incierto. De las cuatro reformas efectuadas en nuestro país desde la década de los 90, solo la del año 2010 tuvo un carácter verdaderamente integral. Las demás (1994, 2002 y 2015) se correspondieron con la solución de una crisis o con hacer posible la reelección presidencial.

Por ejemplo, la reforma de 1994 se concibió como solución al conflicto post-electoral entre el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Planteaba, entre otros aspectos, la reducción del periodo presidencial en dos años; la eliminación de la reelección consecutiva; y la creación del Consejo Nacional de la Magistratura para la escogencia de los magistrados integrantes del Poder Judicial.

Sin embargo, con la llegada al poder del PRD para el periodo 2000-2004, se puso en ejecución otra reforma a nuestra Carta Sustantiva, en el año 2002, con la finalidad de facilitar la reelección, al permitirse un segundo mandato consecutivo.

Eso suscitó grandes controversias en el ámbito político nacional. Se produjo un amplio rechazo en la opinión pública. Se generó una escisión interna en el partido de gobierno. Se expandió una crisis de confianza en el sistema de partidos; y en medio de la crisis económica y social provocada por la quiebra de varios bancos, la ilusión reeleccionista terminó por desvanecerse con el voto castigo expresado en las urnas.

Con el naufragio experimentado por el gobierno del partido blanco, retornó al poder en el 2004 un nuevo gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Ese gobierno estableció como prioridad superar la crisis económica heredada de la pasada gestión y aplicar políticas orientadas hacia la recuperación de la estabilidad y el crecimiento de nuestra economía.

Proceso de reforma

La situación de inestabilidad de la economía dominicana quedó rápidamente superada. Se logró recuperar la confianza de los inversionistas; y se retornó a niveles de crecimiento promedio anual de un 7% del PIB.

Alcanzados esos objetivos, el gobierno peledeista pasó a concentrarse, a partir de la renovación de su mandato en el 2008, a establecer en su agenda la materialización de importantes reformas institucionales, entre las cuales destaca, como elemento fundamental, una reforma a la Constitución de la República.

Para introducir esa reforma a nuestra Ley de Leyes, se puso en práctica un método inédito, totalmente desconocido en la historia de nuestro país. Se hizo una consulta popular, que aun sin estar contemplada en nuestro ordenamiento jurídico, permitió una amplia participación de diversos sectores de la vida nacional en el gran debate acerca de los contenidos que debían incorporarse al nuevo texto de la Constitución.

Se integraron al proceso de discusión sobre la reforma constitucional, entre otros, los partidos políticos; los medios de comunicación; los clubes culturales; las iglesias; las universidades; los gremios profesionales; los sectores empresariales; las organizaciones campesinas; los ecologistas; y el movimiento feminista.

Fue un proceso verdaderamente histórico, ejemplar. Con gran entusiasmo, los sectores más representativos de la vida nacional se integraron para aportar ideas, conceptos, valores y principios, a la norma jurídica por excelencia que serviría de norte para la consolidación de la democracia, la libertad, la justicia social y el progreso en la República Dominicana.

Conjuntamente con esa consulta popular, se creó una comisión de juristas, compuesta por destacados profesionales del ámbito del Derecho Constitucional. Estos, a su vez, procuraban darle sentido técnico-jurídico a las diversas propuestas, que en forma espontánea emergían del sentimiento, la imaginación y la creatividad del pueblo dominicano.

Estado democrático y social de Derecho

La reforma constitucional dominicana del 2010 estaba en consonancia con el conjunto de reformas a la Carta Sustantiva que se venían realizando en el mundo iberoamericano desde que España llevó a cabo la suya en 1978.

El proceso de transición de regímenes autoritarios a gobiernos civiles electos que logró materializarse en América Latina durante los años 80 y 90, motivó que durante esos mismos años, 15 países de la región procedieran a realizar verdaderas reformas integrales a sus respectivas constituciones.

Fue una época excepcional de la historia democrática de América Latina. Se procuraba consolidar el Estado democrático y social de Derecho en nuestra región. Para alcanzarlo, desde el punto de vista institucional, se procedió a lo que ya se conoce como la era del neo-constitucionalismo latinoamericano.

La República Dominicana estaba necesitada de una reforma integral parecida. La Constitución de 1966, que se corresponde con el inicio de la era de Balaguer, duró 28 años. Pero ese texto constitucional carecía de una indicación de valores y principios; adolecía de lagunas y gazapos; y estaba afectada de inconsistencias y desatinos.

La reforma de 1994, emanada de la crisis post-electoral, no contribuyó a su superación. Mucho menos la del 2002, que se limitó, única y exclusivamente, a hacer posible un proyecto de reelección presidencial, que al final se desplomó en forma estrepitosa.

Fue, en realidad, la reforma integral del 2010, la que vino a ponerse a tono con, y hasta a superar, conforme al criterio de varios especialistas internacionales de Derecho Constitucional, el moderno sistema de reforma constitucional de América Latina.

La reforma constitucional del 2010 estableció con criterios claros e inobjetables el concepto de nacionalidad dominicana. Consagró el principio de Estado democrático y social de Derecho como norma de convivencia pacífica y civilizada; y estableció nuevas garantías al pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

Esa reforma, además de consolidar los derechos clásicos, incorporó derechos de segunda y tercera generación, como son los derechos económicos y sociales; los derechos culturales y deportivos; así como los derechos colectivos y difusos, de protección al medio ambiente y al patrimonio histórico y urbanístico.

De igual forma, permitió la iniciativa legislativa popular; promovió la equidad de género; creó las figuras del referéndum y el plebiscito; el Consejo del Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional.

Vista en conjunto, tanto por su carácter procedimental como por su aspecto sustantivo, la Constitución del 2010, conjuntamente con la de 1963, representa la más profunda, participativa y democrática de todas las constituciones elaboradas en la República Dominicana desde su fundación en el 1844.

Hay quienes, desde un principio, quisieron trivializarla y reducirla al aspecto relativo a los periodos presidenciales. Con eso se intentaba equipararla a las reformas del 2002 y del 2015, las cuales se circunscribían, simple y llanamente, a hacer posible la reelección presidencial de los incumbentes.

Pero no es el caso de la reforma del 2010. Esta fue más allá. Como ha podido observarse, la reforma del 2010 tuvo visión de futuro al dar origen a un verdadero código para la consolidación de la democracia, la justicia y las garantías de los derechos ciudadanos en nuestro país.

En fin, una Constitución para la historia.

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La resolución de la Corte Interamericana: Otro atropello a la soberanía dominicana

Dando seguimiento a un criterio vertido en distintas decisiones sobre el tema de la nacionalidad dominicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su Resolución del 12 de marzo de este año, sostiene que la República Dominicana ha incumplido con presuntas obligaciones internacionales en dos casos: el de las niñas Yean y Bosico; y el de las personas dominicanas y haitianas expulsadas.

En ambos casos se ha procurado que el Estado dominicano reconozca la nacionalidad de los peticionarios, sobre la base de haber nacido en el territorio dominicano, sin tomar en consideración el hecho de que sus padres eran migrantes con estatus irregular.

Sobre esos dos casos, el organismo jurisdiccional interamericano había emitido fallos en los cuales ordenaba al Estado dominicano el cumplimiento de reparaciones y el facilitar el acceso a la nacionalidad de todos los solicitantes.

¿Estaba obligado el Estado dominicano a dar cumplimiento a las decisiones emanadas de la Corte Interamericana?

Para responder esta pregunta, hay que considerar que nuestro sistema constitucional establece el mecanismo de otorgamiento de la nacionalidad por el vínculo sanguíneo, es decir, el ius sanguinis y el ius solis condicionado.

Ese mecanismo fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia, en función de control constitucional y por nuestro Tribunal Constitucional, en base a la Sentencia 168 del 23 de septiembre del 2013, sobre determinación de la nacionalidad.

A pesar de que la Corte Interamericana considera que nuestro sistema es discriminatorio y genera apatridia, lo cierto es que resulta todo lo contrario. De 194 naciones que conforman el sistema de Las Naciones Unidas, 164 comparten el mismo criterio jurídico de otorgamiento de la nacionalidad de la República Dominicana, según un informe del Centro de Estudios de Migración de los Estados Unidos, del 2010.

¿Será posible que tantas naciones en el mundo estén equivocadas en sus mecanismos de otorgamiento de la nacionalidad? Si fuese así, ¿por qué razón, entonces, los sistemas regionales de protección de derechos humanos de Europa, Asia, África u Oceanía no han adoptado los mismos argumentos de discriminación y apatridia que emplea la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

Es algo que verdaderamente oscila entre el desatino jurídico y la incomprensión del propio texto de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Incomprensión de la corte

Entre los considerandos 30 y 34 de su Resolución, la Corte Interamericana sostiene que en base a lo estipulado en la Constitución de la República, la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/13 y la Ley 169/14, hay un desacato a sus decisiones sobre otorgamiento de nacionalidad por vía del ius solis.

Para la Corte Interamericana es grave que el Estado dominicano no haya adoptado medidas “para dejar sin efecto cualquier norma, práctica, decisión o interpretación que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las personas nacidas en el territorio de la República Dominicana”.

En decisiones previas la Corte Interamericana incurrió en el exceso de pretender vulnerar nuestra soberanía, ordenado la modificación de nuestra Carta Sustantiva, con la finalidad de establecer la nacionalidad por la vía del ius solis, de manera incondicional.

Ahora el organismo judicial colegiado construye el argumento de que el no cumplimiento a sus ordenanzas, así como la continuidad del efecto jurídico de todas las disposiciones nacionales que no contemplen el ius solis incondicional, representan un acto de desacato.

Obviamente, en todos esos criterios, la Corte Interamericana incurre en un acto de incomprensión. Esa incomprensión se debe a que ese alto tribunal no ha previsto en todo su alcance lo que la propia Convención Americana, en su artículo 20.2 consigna como apatridia.

La Convención, lo expresa así: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació, si no tiene derecho a otra”.

Para los integrantes de la Corte, el derecho a la nacionalidad se reduce solo al nacimiento en un determinado territorio. Sin embargo, no es así. Falta completar la lectura del párrafo que termina diciendo: “si no tiene derecho a otra” (nacionalidad).

Ha sido la lectura incompleta del concepto de apatridia establecido por la propia Convención Americana de Derechos Humanos, lo que ha conducido de manera reiterada a los magistrados que integran ese alto tribunal, al absurdo de ordenarle a la República Dominicana el cumplimiento de obligaciones inexistentes en el ámbito del Derecho Internacional.

A lo absurdo nadie está obligado

En nuestro país, el artículo 28 de la Ley de Migración No. 285/04, prevé la inscripción en un libro de extranjería de toda persona nacida en territorio dominicano, de padres extranjeros en situación migratoria irregular y su declaración ante el consulado del país de la nacionalidad de la madre.

Por consiguiente, eso indica que en la República Dominicana no puede haber apatridia. El hecho de que no exista la obligación de reconocer la nacionalidad dominicana por vía del ius soli incondicional, no significa que haya apatridia, como erróneamente, de manera persistente, considera la Corte Interamericana.

Dicha Corte ha enfatizado que la obligación de cumplir con las decisiones que ella adopta se corresponde con un principio fundamental del Derecho de los Tratados, como parte del Derecho Internacional, que consagra la responsabilidad internacional de los Estados.

Más aún, en lo relativo al cumplimiento de sus sentencias, esta sostiene que los Estados partes de la Convención Americana “no pueden invocar disposiciones del Derecho Constitucional u otros aspectos del Derecho interno para justificar una falta de cumplimiento de las obligaciones contenidas en dicho tratado”.

En base a los argumentos previamente esbozados, la Corte Interamericana, como hemos dicho, considera que tanto la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, No. 168/13, sobre determinación de la nacionalidad, como la ley 169/14, sobre naturalización y regularización migratoria, así como cualquier otra normativa o práctica que no reconozca el ius solis incondicional, constituyen un desacato a sus decisiones.

En su parte resolutiva, la decisión del alto tribunal regional de derechos humanos, plantea su preocupación por lo que considera incumplimiento del Estado dominicano en su deber de informar sobre los casos de que es objeto de reclamo.

En adición, fija un plazo fatal, a más tardar para el 30 de julio de este año, para que el Estado dominicano cumpla con lo que la Corte Interamericana estima constituye su obligación, conforme a los principios del Derecho Internacional.

La Corte Interamericana tendría razón si su decisión hubiese estado fundamentada en incontrovertibles consideraciones de derecho. Pero no ha sido así.

Por el contrario, en su Resolución, el alto tribunal interamericano no ha hecho más que reiterar una constante y arbitraria práctica de pretender vulnerar nuestra soberanía nacional imponiéndonos el otorgamiento de la nacionalidad, por la vía del ius solis incondicional.

Eso, por supuesto, además de un nuevo atropello a nuestra soberanía nacional, no constituye más que un absurdo jurídico, frente a una obligación inexistente que el Estado dominicano no está compelido a cumplir.

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Netanyahu y el fin a la solución de los dos estados

Durante el periodo de campaña electoral predominó la incertidumbre de si podía salir victorioso una vez más. Benny Gantz, un ex general de tres estrellas, quien en varias ocasiones comandó tropas israelíes frente a insurgentes palestinos en Gaza, emergía como una inesperada amenaza. Varias acusaciones de corrupción parecían un muro infranqueable.

Sin embargo, por quinta vez y cuarta en forma consecutiva, Benjamín Netanyahu, se alzaba con el respaldo de la mayoría del electorado israelí. De esa manera, reafirmaba la hegemonía de los grupos de centro-derecha en la política de Israel, quienes han gobernado 30 de los últimos 41 años.

El triunfo de Netanyahu, esta vez, se ha debido a que durante sus 13 años de gobierno ha podido garantizarle al pueblo israelí prosperidad económica y seguridad, que son los dos factores fundamentales que mueven al electorado de ese país.

Ha logrado convertir a Israel en una nación con gran nivel de desarrollo tecnológico e innovación. Ha resuelto los problemas de acceso al agua potable; ha promovido la llamada agricultura de precisión; y ha estimulado el crecimiento, entre otras, de las industrias de aeronáutica, software, biotecnología, nanotecnología y ciberseguridad.

Pero además, Netanyahu, desde la perspectiva de la seguridad, construyó un muro para separar a las comunidades palestinas; instaló numerosos puntos de control; y sobre la base de la división de los palestinos, entre los grupos Fatah y Hamas, ha impedido que estos hayan avanzado en su petición de recuperar los territorios ocupados en la Guerra de los Seis Días de 1967.

A pesar de que en los últimos años se habían producido ataques de palestinos en Gaza a ciudadanos israelíes, con el uso de armas blancas, eso palidecía frente a la violencia previa desatada en la Primera Intifada o insurrección, que se extendió por más de cuatro años, entre 1987 y 1991.

A esa primera insurrección palestina, siguió una Segunda Intifada, a partir del 2000, que se inició por la visita de Ariel Sharon, quien llegaría a ser primer ministro de Israel, a la parte oriental de Jerusalén, considerada por los palestinos como su capital.

Del conflicto a la búsqueda de la paz

El conflicto entre Israel y Palestina, además de ser uno de los más prolongados, de carácter geopolítico, entre pueblos o naciones, resulta ser el más complejo. Esto así, porque se trata, al mismo tiempo de un conflicto de tipo territorial, de identidad nacional y existencial o de supervivencia.

Mientras que los palestinos proclaman que lo que es hoy el territorio ocupado por Israel, había sido, durante siglos, la tierra de sus ancestros, los israelíes, o más precisamente, los judíos, por su parte, alegan que desde los tiempos bíblicos, Jehová reveló a los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que Israel era la tierra prometida por Dios por toda la eternidad para el pueblo judío.

En principio, el conflicto entre los judíos y los palestinos parece limitarse al control de un determinado territorio, al asentamiento de una determinada población y al establecimiento de unos principios de autodeterminación.

Sin embargo, no es así. El conflicto también tiene otras dimensiones. Está el factor, aparentemente subjetivo, de identidad de cada pueblo; y junto a esa identidad, un factor religioso, ya que mientras los judíos creen en el viejo testamento; los palestinos, en su inmensa mayoría, tienen su creencia fijada en el Islam.

Pero además de ser una disputa territorial y de identidad, el conflicto árabe-israelí es también uno de tipo existencial; y por lo tanto, de supervivencia como pueblo, en el que uno cree que no puede sobrevivir por la presencia del otro.

Ese conflicto se exacerbó luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo descubrió con horror todo el sufrimiento experimentado por el pueblo judío por parte de los nazis alemanes en el Holocausto.

De esa manera, en el 1947, las Naciones Unidas adoptó la resolución 181, en virtud de la cual estableció la partición del antiguo mandato de Gran Bretaña sobre Palestina en dos Estados: el judío y el árabe. Así mismo, indicó que la ciudad de Jerusalén se mantendría como una entidad separada, bajo control internacional y administración de las Naciones Unidas.

Esa decisión de partición de Palestina en dos Estados dio origen, inmediatamente, a las guerras de los árabes contra Israel de 1948; 1956; 1967, 1982; y las insurrecciones, o Intifadas de 1987 y 2000.

Frente a esos encuentros bélicos ha habido también diversos esfuerzos de paz, siendo los más relevantes la Conferencia de Ginebra, en 1973; la Conferencia de Madrid, en 1991; los Acuerdos de Oslo, en 1993; la Cumbre de Camp David, en 2000; la Iniciativa Árabe de Paz, en 2002; y finalmente la Iniciativa Kerry, del 2013.

Los desafíos del futuro

Si bien Benjamín Netanyahu ha logrado proveer cierto nivel de seguridad a Israel durante sus periodos de gobierno, no resulta tan claro, por las medidas adoptadas, cuan eficaz esto pueda resultar con miras al futuro.

En su libro, A Durable Peace: Israel and its Place Among the Nations (Una Paz Duradera: Israel y su Lugar entre las Naciones), el actual Primer Ministro israelí se manifestó en contra del proceso de paz de Oslo, el cual establecía las bases futuras para la conformación de dos Estados soberanos e independientes: Israel y Palestina.

En igual sentido, se expresó una resolución de las Naciones Unidas de 1974 que hacía un llamado a “la creación de dos Estados, Israel y Palestina, uno al lado del otro, dentro de fronteras seguras y reconocidas”.

Durante su trayectoria política, Netanyahu ha sido consistente con su postura. A pesar de que, en términos retóricos, no se opone a la solución del conflicto Israel-Palestina, mediante el reconocimiento de dos Estados, en los hechos, sin embargo, estimula los asentamientos de judíos en los territorios palestinos ocupados desde la Guerra de los Seis Días, en 1967.

Ahora, con el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump, el primer ministro israelí ha encontrado un gran aliado para su causa. Primero, fue el traslado de la embajada estadounidense de la ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Luego, en simbólico apoyo a la candidatura de Netanyahu, el reconocimiento de Israel sobre el control de las Alturas de Golán, las cuales, en términos legales, corresponden a Siria.

Durante su reciente campaña electoral, Benjamín Netanyahu manifestó su disposición a proceder a la anexión de Cisjordania, es decir, de los territorios donde habitan 2 millones, 600 mil palestinos, pero bajo estricto control y vigilancia de Israel.

De ser así, la posibilidad de crear dos Estados, Israel y Palestina, se habrá evaporado. Sin embargo, no así los conflictos. Estos continuarán, en razón de que se hará prácticamente imposible combinar un Estado judío y una sociedad democrática, en la cual, la mayoría de la población será predominantemente palestina, pero sin derecho al voto o al ejercicio de otros derechos fundamentales.

Esa es la disyuntiva que no encuentra solución estratégica en las tácticas del ahora cinco veces primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

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Bosch y Lilís

Una de las tesis más originales elaborada por el profesor Juan Bosch sobre la historia dominicana radica en su interpretación del papel de Ulises Heureaux (Lilís), en el devenir de nuestra nación.

Como consecuencia del desarrollo de la industria azucarera a partir de la década de los 70 del siglo XIX, debido fundamentalmente a la migración de cubanos a Puerto Plata, para Bosch, Lilís representó un esfuerzo por construir una sociedad capitalista o burguesa, aunque sin tomar en consideración el ideal liberal de esa forma de organización económica y política.

A decir verdad, Ulises Heureaux fue un personaje singular de la historia dominicana. Nacido un año después de la proclamación de la independencia de la República, en 1845, era hijo de una madre proveniente de las Islas Vírgenes y de un padre de origen haitiano. A pesar de sus inicios humildes, fue avanzando, rápidamente, a través de la carrera militar.

Participó en la Guerra de la Restauración, en la que demostró gran valentía y capacidad de mando. Actuó bajo las órdenes, primero, del general Gaspar Polanco; y posteriormente, del general Gregorio Luperón.

Luego de haberse reconquistado la soberanía nacional, el general Ulises Heureaux acompañó al general Luperón en varias de las batallas que tuvieron que librarse en contra de los gobiernos de Buenaventura Báez y de otros líderes del Partido Rojo y del Partido Verde.

Fue herido en distintas ocasiones. Recibió varios impactos de bala y perdió el movimiento de su brazo derecho.

A pesar de eso, estuvo de jefe militar en las luchas contra Cesáreo Guillermo e Ignacio María González, hasta que en 1879, el Partido Azul llegó al poder para establecer su hegemonía política durante los próximos 20 años.

Al gobierno provisional del general Gregorio Luperón, en 1879, que solo duró un año, le siguieron, en forma sucesiva tres gobiernos.

Fueron los de Fernando Arturo de Meriño, de 1880 a 1882; el del propio Ulises Heureaux, de 1882 a 1884; y el de Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil, que se prolongó hasta 1886. Las primeras señales de que Lilís se había convertido en un diestro maestro de la manipulación política, se observaron a partir del fin de su primer periodo de gobierno, al suscitarse dentro de las filas del Partido Azul una disputa en torno a quién debería ser su sucesor.

Lilís organizó un fraude al colocar 15,000 votos en las urnas a favor de las candidaturas de Francisco Gregorio Billini y Alejandro Woss y Gil, quienes, en realidad, habían perdido frente a Segundo Imbert y Casimiro de Moya, favoritos de Luperón.

Desprecio por la democracia

Con esa acción inició Lilís una nueva etapa de su vida política, consolidando su poder. Esta se caracterizaría por el engaño, el disimulo y la doblez, hasta lograr imponer la primera real dictadura que conoció la República Dominicana.

La imposición de Billini como presidente de la República por parte de Lilís, dividió para siempre al Partido Azul. De manera concomitante, Lilís procuró también obtener el apoyo de los antiguos partidarios de Buenaventura Báez, quienes se quedaron desprotegidos con la muerte de su líder.

Estos, a su vez, le transmitieron a Lilís la sensación de que podía romper sus viejas relaciones con el general Gregorio Luperón y alzarse con todo el liderazgo del Partido Azul.

Así ocurrió. El general Luperón, que había perdido fuerza en las filas de los azules, al negarse en varias ocasiones a asumir la candidatura presidencial, tuvo que marcharse al exilio.

El ala liberal del Partido Azul nunca aceptó la maniobra fraudulenta que condujo a Billini al poder. Al final, las presiones le obligaron a renunciar a su cargo, sustituyéndole el vicepresidente, Alejandro Woss y Gil.

Pero este último era incondicional de Lilís. Por esa razón se entendía que este era el verdadero poder detrás del trono en la época en que Woss y Gil se encontraba al frente de los destinos nacionales.

Todos estos acontecimientos debilitaron la unidad interna del Partido Azul. Los rojos habían logrado dividirlo, convirtiendo a Heureaux en una figura opuesta a los principios tradicionales del Partido Azul.

En las elecciones de 1886, en las que Lilís volvió a ser candidato, nuevamente cometió fraude, usurpándole el triunfo, en esta ocasión a su antiguo vicepresidente, Casimiro de Moya.

De esa forma se inició, de manera formal, la dictadura de Ulises Heureaux, que terminaría 13 años después, cuando las calles de Moca fueron teñidas con su sangre.

La tesis de Bosch

En su clásico texto, Composición Social Dominicana, el profesor Juan Bosch hace un análisis de la personalidad política de Lilís en el contexto de su época. Para el destacado escritor y político, el avance económico y social de la República Dominicana en las últimas tres décadas el siglo XIX, se debió, como hemos dicho, a la migración cubana, promotora de la industria azucarera y de la ganadería.

Pero, desde el punto de vista político, la estabilidad alcanzada por el país, luego de tantas rivalidades y conflictos bélicos entre los distintos caudillos, se debió a Ulises Heureaux, quien llegó a ser calificado como “el Pacificador”.

Desde el punto de vista social, los líderes del Partido Azul, según Bosch, tenían una contradicción. Este estaba integrado por personas de la alta y mediana pequeña burguesía, que aspiraban a hacer de la República Dominicana un país con desarrollo capitalista o burgués.

Pero no había, por aquella época, condiciones para que se desarrollase una sociedad burguesa. La mayor parte de la población dominicana, inclusive, estaba compuesta por personas pertenecientes a la baja pequeña burguesía, pobre y muy pobre. Faltaba de todo. No había ejércitos regulares; administración pública organizada; estadísticas nacionales; ni infraestructuras que transmitieran una sensación de progreso.

Faltaban también las formas políticas del Estado burgués. No había respeto por las normas establecidas y hasta se ignoraba todo lo concerniente a un Estado democrático de Derecho.

Ulises Heureaux compartía con los demás líderes del Partido Azul la aspiración de convertir a la República Dominicana en un Estado burgués. Pero se distinguía de los demás líderes de su partido en lo relativo a los procedimientos.

Según Bosch, “la diferencia entre Lilís y sus compañeros del equipo director de los azules se resolvía en la aceptación de una palabra. Los otros querían que Santo Domingo fuera un Estado burgués liberal; a Lilís le bastaba con que fuera un Estado burgués, sin llegar a liberal.”

Al referirse al aspecto constitucional de la época, el fundador y líder histórico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), sostuvo:

“La Constitución política se cambiaba con cada gobierno y a veces más de una vez durante un gobierno, si bien, aun con esos cambios, era normal que se violara.” Eso, obviamente, era en la época de Lilís.

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En Argelia, el caso de Bouteflika

A sus 82 años, se traslada frágil en silla de ruedas. Durante siete años no ha pronunciado discurso alguno dirigiéndose al país. No ha hecho ninguna aparición pública y su “presencia” en las actividades oficiales se hace a través de una foto. Tiene dificultades respiratorias, la mirada perdida y su voz se siente ahogada en un susurro incomprensible.

Se trata de Abdelaziz Bouteflika, presidente durante 20 años consecutivos, desde el 1999, de la República de Argelia, la nación, en términos territoriales, más grande de África.

El pasado 10 de febrero, mediante una carta dirigida a las autoridades electorales, a modo de plan de gobierno, presentó documentos para formalizar su quinta candidatura presidencial para las elecciones a celebrarse el 18 de abril de este año.

En esa carta expresó: “No tengo las mismas fuerzas físicas que antes, cosa que nunca he ocultado a nuestro pueblo, pero jamás me ha faltado la voluntad inalterable de servir a nuestra patria”.

A eso añadió, de manera sorprendente, que en caso de ser reelegido, se comprometía a abandonar el poder rápidamente.

Esas promesas, sin embargo, no fueron creídas. Ya habían sido escuchadas antes por el pueblo argelino. En el 2008, Bouteflika, al término de su segundo mandato, modificó la Constitución de Argelia a los fines de habilitar la reelección de forma indefinida.

En el 2011, en pleno apogeo de la Primavera Árabe, que hizo sucumbir a varios regímenes de la región, el presidente argelino prometió una nueva reforma constitucional que se proponía volver a la situación anterior, limitando el número de mandatos a dos. Ese compromiso, sin embargo, no se materializó sino hasta el 2016, cuando iniciaba su cuarto periodo de gobierno.

A diferencia de ocasiones anteriores, la decisión de Abdelaziz Bouteflika de presentarse como candidato para un quinto mandato consecutivo, provocó una oleada de protestas que inundó las calles de diversas ciudades de Argelia, hasta el punto de hacer tambalear al gobierno.

Ascenso de Bouteflika

Bouteflika llegó al poder luego de una sangrienta guerra civil en Argelia, que surgió en 1991, cuando el gobierno del Frente de Liberación Nacional (FLN) suprimió los resultados de las elecciones ganadas por el Frente Islámico de Salvación.

Los muertos ocasionados por esa guerra civil fueron numerosos. Se calculan en más de 200 mil personas. En definitiva, un episodio sangriento que dejó profundas huellas y polarizó a la sociedad argelina.

La derrota electoral experimentada en los comicios de 1991, fue la única vez en que la hegemonía política del FLN, la organización que dirigió la lucha por la independencia de Argelia contra el poder colonial francés, luego de la Segunda Guerra Mundial, se vio alterada.

En medio de las convulsiones y conflictos que estremecían a la sociedad argelina de aquella época, Abdelaziz Bouteflika, el benjamín de los líderes históricos de las luchas independentistas del país ubicado en el Norte de Africa, junto a Ahmed Ben Bella y Hoari Boumediene, llegó al poder en los comicios celebrados en 1999, luego 20 años en el exilio.

Su triunfo fue impactante. Concitó más del 74% de los votos, algo inusitado en la historia electoral de su país.

Durante su primera gestión de gobierno se firmaron acuerdos de paz y se concedió amnistía a las personas que participaron en la guerra civil. Igualmente, se consolidó la noción de Argelia como un Estado de lengua árabe, religión islámica y gobierno progresista.

En el 2004, Bouteflika obtuvo otra victoria contundente. Alcanzó el 85% de los votos, a pesar de que se presentaron informes sobre irregularidades en el proceso electoral.

Era la época en que se iniciaba el incremento del precio de los combustibles, lo que contribuyó al crecimiento de la economía argelina; y por lo tanto, a la consolidación política del antiguo dirigente del FLN.

A pesar de que las circunstancias le resultaban favorables, no era posible, sin embargo, un tercer periodo gubernamental. No obstante, Bouteflika, apoyándose en la mayoría con la que contaba en el parlamento, procedió en el 2008 a una reforma de la Constitución que eliminó la prohibición para su nueva repostulación.

Auge y caída

En las elecciones de 2009, volvió a ganar. Esta vez, en forma astronómica, con el 90.2% de los votos. Sin embargo, con un nivel histórico de abstención, del 75%, lo que era un reflejo del descontento de la población con lo que ya empezaba a percibirse como un intento por eternizarse en el poder.

En el 2005, Bouteflika había sido trasladado a un hospital en Francia para ser intervenido de una úlcera sangrante. Ocho años después, en el 2013, sufrió un accidente cerebrovascular; y en el 2016 se sometió a un examen invasivo del colon.

Debido al derrame cerebral, sus funciones neurológicas se degradaron. Eso limitó su capacidad para impedir la ingestión de alimentos o líquidos en los pulmones. Está afectado de afasia, lo que implica una pérdida parcial del lenguaje. Apenas se le entiende: prácticamente hay que leer sus labios.

Ante el deterioro evidente de su salud, en diversos sectores de la sociedad argelina se cuestiona su capacidad para seguir gobernando. Circulan rumores de que detrás de su frágil figura, son otros los que realmente toman las decisiones sobre el destino del país.

El anuncio de la repostulación de Bouteflika para un quinto mandato consecutivo provocó cólera e indignación en diversos sectores de la vida nacional, sobre todo porque coincidió con un nuevo internamiento suyo en un hospital de Ginebra, Suiza.

Las protestas, convocadas a través de las redes sociales, se multiplicaron. Oleadas de multitudes se dieron cita cada semana, pasando a tener el control de las calles. La estructura tradicional de poder se vio sacudida.

Al final, en razón del poder del pueblo expresado en las imponentes manifestaciones en contra de una nueva reelección de Bouteflika; del impacto de la opinión pública; de la presión de la sociedad civil; y de la acción ejemplar de la juventud, el anciano presidente, considerado por los médicos de estar en “riesgo vital permanente”, tuvo que enviar, desde su lecho de paciente, una carta, dirigida al país, en la que declinaba de sus nuevas aspiraciones continuistas.

Fue una grave derrota para un líder político que había acumulado incuestionables méritos en las luchas históricas de su patria por alcanzar la independencia, la paz y la prosperidad.

Pero fue, al mismo tiempo, una gran victoria para el pueblo argelino, el cual, por medio de su tenaz determinación e inquebrantable decisión de lucha, demostró el carácter invencible de los pueblos cuando éstos se enfrentan a la obstinada insensatez de sus gobernantes.

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Juventud dominicana: Una generación con grandes desafíos

Hacia el 2015, el número de jóvenes en el mundo había alcanzado su mayor nivel en toda la historia.

De los más de 7 mil 600 millones de habitantes que hay en el planeta, alrededor de 4 mil 560 millones tienen menos de 35 años de edad. Eso representa un 60% del total de la población.

En la República Dominicana, de una población de algo más de 10 millones 266 mil habitantes, más de 6 millones 300 mil está compuesta por jóvenes con menos de 35 años de edad. Eso, a su vez, representa el 62% de nuestra población.

A partir de los años 60, la población joven dominicana fue aumentando de manera constante, lo que al contribuir al aumento de la población económicamente activa, dio origen al bono demográfico de nuestra población.

Sin embargo, desde el año 2000, en que, en términos porcentuales, la población joven en la República Dominicana alcanzó el 70% del total de la población del país, se ha ido produciendo una disminución.

En ese contexto, se proyecta que a partir de la década de los 40 de este siglo, la proporción mayoritaria, ya no estará constituida por una población predominantemente joven, sino por personas con una edad superior a los 35 años de edad.

Ese fenómeno de disminución de la población joven encuentra su explicación en una reducción de la tasa de fecundidad. Para 1960 era equivalente a 7.5 hijos por mujer.

Actualmente es de 2.4 y se estima que descenderá a 1.7 hijos por mujer en los años por venir.

Durante por lo menos el próximo cuarto de siglo, la población dominicana todavía continuará siendo fundamentalmente joven. Pero, como a partir de ese momento el perfil demográfico se invertirá, a la actual generación le corresponderá la gran responsabilidad histórica de conducir al país por nuevos senderos de prosperidad y bienestar.

Sin que todavía se haya tenido plena conciencia de eso, la realidad es que todo el futuro de la República Dominicana descansa sobre los hombros de la actual generación.

Los logros alcanzados por el país durante aproximadamente las últimas seis décadas, esto es, desde la desaparición de la tiranía trujillista, en 1961, hasta la actualidad, tendrán que ser consolidados por los jóvenes de hoy.

La democracia, como sistema político, siempre será un proyecto en construcción. Pero corresponderá a la actual generación seguir aportando a la defensa del Estado social y democrático de derecho, al fortalecimiento de las instituciones y el respeto a la Constitución.

Además de garantizar la continuidad del crecimiento económico, el desarrollo sostenible y el bienestar social, está en la prioridad de la agenda de las próximas décadas disminuir la desigualdad social; así como mejorar la conectividad, productividad y competitividad del país, en base a un modelo de capital intensivo con un fuerte componente tecnológico.

La revolución del conocimiento

A la actual generación joven de la República Dominicana le ha correspondido ser parte de la gran transformación científico-tecnológica por la que en estos momentos atraviesa la humanidad.

En los últimos tiempos, la revolución científico-tecnológica está siendo representada, por la emergencia de nuevas herramientas, como por ejemplo, la inteligencia artificial; la robótica; la biotecnología; la nanotecnología; y la ingeniería espacial.

Pero, al mismo tiempo, estamos asistiendo a la entrada al mercado de nuevos productos y servicios que alteran de manera drástica la forma en que aprendemos, trabajamos y vivimos.

En principio, fue la Internet en la década de los 90. Pero a partir de ahí, el smartphone (teléfono inteligente); las plataformas de colaboración, como Wikipedia y Kickstarter; el periodismo digital, el e-book (libro electrónico); y la transmisión de contenido audiovisual (streaming).

En tiempos más recientes, se ha ido conformando la llamada ciencia de la data, en la que se obtienen, almacenan y procesan grandes volúmenes de información acerca de las preferencias, gustos e inclinaciones políticas, culturales, religiosas, deportivas, y de consumo de las personas, con el propósito de comprender mejor el comportamiento de los distintos sectores de la sociedad.

De igual forma es el caso de las redes sociales, las cuales han generado la más radical transformación de la manera en que los seres humanos se comunican, desde la aparición de la imprenta de Gutenberg. En virtud de esas redes, la comunicación se ha hecho horizontal, se ha globalizado, masificado y diversificado.

En la actualidad, Facebook alcanza a más de 2 mil millones de usuarios en distintas partes del planeta, en base fundamentalmente a compartir contenidos en forma de texto e imágenes fijas y en movimiento.

En el caso de Instagram, la cual fue adquirida por Facebook, conecta a más de 1,000 millones de usuarios al mes, sobre todo de población joven, que comparten fotos y videos.

Finalmente, se encuentra WhatsApp, el último fenómeno de la comunicación, que se ha convertido en el medio idóneo utilizado por más de 1,500 millones de personas en el mundo para sus intercambios de mensajería instantánea y llamadas telefónicas.

En relación al área de servicios, se encuentran, por ejemplo, Uber, que a pesar de ser la mayor empresa de taxis del mundo, no es dueña, sin embargo, de ningún vehículo; o AirBnB, que también, aunque considerada como la mayor compañía de arrendamiento de hospedaje a nivel internacional, no es dueña de ningún inmueble.

La revolución actual ha dejado también sus huellas en el ámbito financiero. Las principales monedas del mundo, como el dólar norteamericano, el euro y el yuan están empezando a ser amenazadas por el surgimiento de las denominadas criptomonedas, entre las cuales se encuentra el bitcoin.

Es en ese mundo, aun naciente, de profundas transformaciones, en el cual tendrá que actuar con espíritu innovador y promotor de cambios la actual generación de jóvenes de la República Dominicana.

Camino hacia el futuro

Para estar a la altura de las expectativas que se ciernen sobre sus hombros, la juventud dominicana tendrá que ser parte de la gran revolución que caracteriza nuestros tiempos: la revolución del conocimiento.

A partir de esa realidad, los jóvenes deberán estar en condiciones de, mediante la aplicación de esos conocimientos, incrementar el volumen de riqueza, al tiempo de contribuir a una mayor equidad social en el desarrollo nacional.

La incorporación de la juventud dominicana en la actual revolución del conocimiento tiene que producirse desde el sistema educativo nacional. Para que esto surta plenamente sus efectos, tiene que generarse un cambio en los contenidos curriculares que garantice la requerida calidad de la educación.

Como resultado de ese cambio en los contenidos curriculares, tiene que iniciarse un proceso que permita, desde la formación inicial, el desarrollo integral de nuestros estudiantes de una cultura científica, tecnológica, artística, humanística y cívica.

Tenemos que desarrollar escuelas experimentales; ampliar los institutos politécnicos; promover el pensamiento crítico; estimular el aprendizaje de lenguas extranjeras; y crear centros de formación artísticos y culturales.

En cada plantel debe haber bibliotecas escolares y personal capacitado para estimular a los estudiantes en el desarrollo del hábito de la lectura. Debe haber, entre otros, laboratorios de física, química, biología y ciencias naturales, para despertar la curiosidad y el interés por descifrar las formas de funcionamiento del mundo real.

Debe hacerse énfasis en la enseñanza de las matemáticas, como forma de desarrollar el pensamiento abstracto. Esto deberá aplicarse en la solución de problemas vinculados a la construcción, producción de energía, suministro de agua potable y de tecnologías apropiadas de interés al desarrollo nacional.

En nuestras escuelas deberán enseñarse, a todo lo largo del sistema educativo, asignaturas como ciencias computacionales; robótica; lenguaje de programación, desarrollo de protocolos en base a impresoras 3D, así como aplicaciones para telefonía móvil.

De igual manera, talleres para la capacitación en los distintos géneros literarios, centros para formación musical, danza, desarrollo de las artes visuales, teatro y cinematografía.

En fin, formar una juventud en distintas áreas del conocimiento que le provea de las herramientas necesarias para ser ciudadanos educados, cultos, productivos y competentes en el siglo XXI.

Con esos niveles de formación, nuestra juventud estará plenamente capacitada para insertarse en el mercado laboral o el desarrollo de sus propias empresas, que, a su vez, serán fuentes de generación de nuevos empleos.

Por supuesto, nuestros jóvenes no podrán hacer eso por si mismos.

Deberán contar con el apoyo del Estado. Para esos fines, deberá crearse un programa de incentivo empresarial, que facilite a nuestros jóvenes el acceso a su primer empleo formal.

Para aquellos que desean crear sus propias empresas, el Estado deberá contribuir a la creación de incubadoras y aceleradoras empresariales. También, a la creación de un fondo de capital semilla, para proyectos iniciales, o de capital de inversión, para aquellas entidades que ya estén en funcionamiento y necesiten de nuevos recursos para su expansión.

Equipados con esas modernas herramientas del saber y de posibilidades de inserción laboral y generación de riquezas, estamos convencidos que los jóvenes que integran la última generación del bono demográfico nacional, cumplirán con su responsabilidad histórica de hacer de la República Dominicana, el país próspero, moderno y justo que siempre hemos anhelado.

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La cocaína: En su punto más alto de producción

En junio del 2018, la Oficina de Estados Unidos sobre Política Nacional de Control de Drogas, lanzó a la publicidad un informe en el que se mostraba que la producción de la hoja de la coca en Colombia había llegado, en el 2017, a su más alto nivel de todos los tiempos.

Como consecuencia de eso, el gobierno del presidente Donald Trump envió un mensaje a las autoridades colombianas de que tenían que revertir esa situación. Más aun, amenazó a Colombia con descertificarla y colocarla en una lista negra de países que no realizan acciones suficientes para prevenir y controlar el tráfico internacional ilícito de drogas.

Más reciente, en enero de este año, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, se reunió con el presidente colombiano, Iván Duque, para reiterarle que “los Estados Unidos se encuentran profundamente preocupados por el alza en el cultivo de la coca y la producción de cocaína en Colombia desde el 2013”.

Por otra parte, el Informe Mundial de Drogas del 2018, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas, también señala que desde el 2013, la producción de cocaína viene aumentando de manera paulatina; y de que, en el 2017, alcanzó su más alto nivel histórico.

Según ese informe, el área de siembra de la hoja de la coca aumentó un 17%, entre 2016 y 2017, equivalente a 250 kilómetros cuadrados, para llegar a 1 mil 710 kilómetros cuadrados, lo que aproximadamente correspondería en expansión territorial, a la provincia de Barahona con sus 11 municipios.

Solo ese incremento en el cultivo de la hoja de la coca corresponde a un nivel de producción de 1 mil 379 toneladas métricas de cocaína, lo que representa, en términos de valor monetario, 2 mil 700 millones de dólares.

En razón de que, con un 34%, el mercado norteamericano es el mayor consumidor de cocaína colombiana, es evidente que esa alza tan desmesurada en su producción haya generado notables niveles de preocupación en las altas esferas del gobierno estadounidense.

Sin embargo, de acuerdo con algunos expertos, es posible que el gobierno del presidente Trump haya analizado con simpleza la causa real que provoca esa situación. Para el gobierno norteamericano, la razón fundamental del incremento en la producción de la hoja de la coca viene de la disidencia de una facción dentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC).

Aunque ciertamente, esa disidencia existe, la causa más plausible, sin embargo, se desprende del vacío de poder dejado como resultado de la firma de los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano.

A eso también se añade la situación de extrema pobreza, la carencia de infraestructuras adecuadas y de transporte, que permita a los productores agrícolas sustituir el cultivo de la hoja de la coca por cultivos lícitos.

Programa de sustitución

El acuerdo de paz suscrito entre las FARC y el gobierno de Colombia se basó en seis aspectos fundamentales: reforma rural integral; participación política; fin del conflicto; solución al problema de las drogas ilícitas; acuerdos con las víctimas del conflicto; y mecanismos de implementación y verificación del cumplimiento del acuerdo.

De ese acuerdo de paz surgió el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que es el concepto básico que se emplea en Colombia para definir su política antinarcóticos.

Los objetivos que se propone ese programa de sustitución de cultivos de uso ilícito son, entre otros, primero, el de promover la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante el impulso de planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo, diseñados en forma concertada y con la participación directa de las comunidades involucradas.

Segundo, lograr que el territorio nacional colombiano esté libre de cultivos de uso ilícito, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos y el medio ambiente.

Tercero, fortalecer la presencia institucional del Estado en los territorios afectados por los cultivos de uso ilícito.

Cuarto, el de superar las condiciones de pobreza de las comunidades campesinas, afectadas por los cultivos de uso ilícito, mediante la creación de condiciones de bienestar en los territorios.

Luego de un año de la aplicación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), la Fundación Ideas para la Paz (FIP) publicó un informe que aborda tanto los aciertos como las dificultades del programa.

En ese informe, se advierte que el proceso comenzó lento. Algunas familias campesinas, que ya tenían conocimiento, antes de la aplicación del plan de que habría un subsidio de 320 dólares mensuales, empezaron a producir mayor volumen de la hoja de la coca, a los fines de no ser excluidos del programa.

Esa sería, tal vez, una de las causas por las cuales los cultivos de la coca se triplicaron entre los años 2012-2016, al pasar de 480 a 1 mil 460 kilómetros cuadrados, aumentando, aún más, como hemos dicho, en el 2017, al llegar al más alto nivel registrado, de 1 mil 700 kilómetros cuadrados.

Entre las metas del gobierno estaba el de reducir 500 kilómetros cuadrados por vía de la erradicación forzada; y otros 500 kilómetros cuadrados por sustitución voluntaria de los cultivos.

El gobierno empezó a suscribir contratos con miles de productores de la coca, pero el plan no ha podido ser enteramente eficaz debido a la existencia, todavía, de grupos armados en la zona, vinculados al tráfico internacional ilícito de drogas, que amenazan a los productores con asesinarles si proceden a la sustitución de sus cultivos. Ha habido un aumento de un 11% en homicidios a campesinos productores; y el año pasado, 2018, 226 líderes sociales, partidarios de la sustitución de cultivos, fueron asesinados.

A pesar de todo, sin embargo, el mecanismo de sustitución de cultivos ha sido, en la práctica, más efectiva que la erradicación forzosa.

Hasta ahora, 328 kilómetros cuadrados han sido erradicados del cultivo de la coca, mediante el mecanismo de sustitución de cultivos.

En el ojo del huracán

En su memoria del 2016, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coincide con los argumentos que hemos planteado.

En ese informe, el máximo organismo de control de drogas de la República Dominicana, afirma que para el 2016, debido a una disminución de la erradicación de los cultivos de la hoja de coca en Colombia, el tráfico de cocaína se incrementó en toda la región de las Américas.

Sin embargo, en el mismo informe, la DNCD sostiene que en “la República Dominicana, hubo una reducción del flujo en comparación con años anteriores… debido al riesgo que existe para la introducción de drogas por parte de los narcotraficantes por la vía marítima”.

La DNCD fundamenta esa argumentación “en gran parte a la buena articulación de las capacidades nacionales de las Fuerzas Armadas mediante la ejecución del protocolo de interoperabilidad entre el Ministerio de Defensa y la DNCD, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional, los departamentos de seguridad del Estado y otras instituciones nacionales e internacionales que colaboran en esta lucha a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas”.

Sin dejar de reconocer los nobles esfuerzos que realizan nuestros equipos de seguridad nacional, es necesario resaltar, sin embargo, que esas afirmaciones entran en contradicción con la preocupación de las autoridades norteamericanas, con respecto al incremento del flujo de cocaína hacia Estados Unidos, procedente de Colombia.

No resulta convincente que, en Colombia haya habido un incremento de la producción, en los Estados Unidos un aumento del consumo; y que en la República Dominicana, país trampolín de las drogas, haya habido, por el contrario, una disminución.

De alguna manera, esa contradicción queda corregida en las memorias de la propia DNCD en el 2017, en las que afirma: “El presente año marca un hito en materia de decomisos de drogas, al registrarse las más altas cifras de drogas y sustancias ilícitas decomisadas por las autoridades en la República Dominicana en toda su historia”. Obviamente, si hubo el mayor decomiso de cocaína en la historia de la República Dominicana, es porque tal como afirma el informe de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de los Estados Unidos y el Mundial de Drogas de Naciones Unidas, ese fue el año en que se produjo el mayor nivel de producción y tráfico de estupefacientes en la historia.

Como manera de enfrentar esa situación, el Secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, en su encuentro con el presidente colombiano Iván Duque, a principios de este año, afirmó que ambos países continuarán trabajando juntos para alcanzar los objetivos conjuntos de reducir el cultivo de la coca y la producción de cocaína en un 50% para el 2023.

Si eso llegase a ocurrir, no cabe dudas que la República Dominicana, que se encuentra en el ojo del huracán, será una gran beneficiaria.

Menos droga circulará por nuestro país, tanto la que está en tránsito como la que permanece en nuestro territorio. Por lo tanto, disminuirán significativamente los puestos de distribución en los barrios y los municipios.

Es importante que la DNCD siga con interés lo que ocurre en el mercado internacional de tráfico ilícito de drogas, pues lo que acontezca en ese plano tendrá un efecto determinante sobre el porvenir de la República Dominicana.

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Narcotráfico, violencia y seguridad ciudadana

Cada cierto tiempo ocurren acontecimientos vinculados al narcotráfico y a actividades criminales que generan alarma en la población dominicana y estremecen la opinión pública.

Es el caso reciente, por ejemplo, de la muerte del coronel de la Policía Nacional, Daniel Álvarez Ramos, en Baní, por parte de una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas. Pero, de igual manera, de la eliminación de José Alberto Adames, alias Canelo, por parte de agentes policiales, por sus presuntos vínculos con actos delictivos; y el apresamiento en Punta Cana del poderoso y perseguido narcotraficante colombiano Julián Jiménez Monsalve, mejor conocido como “Machete”.

Esos hechos, al igual que todos los actos de violencia ocurridos con anterioridad, ponen de relieve el grave desafío al que se enfrenta la República Dominicana como consecuencia del narcotráfico, la criminalidad y delitos conexos.

Hubo una época en que mientras el tráfico y consumo de drogas se convertía en una trágica epidemia en amplios sectores de la población de los Estados Unidos y de Europa, no ocurría lo mismo en la República Dominicana. Parecíamos un paraíso inmune a esa enfermedad que se esparcía por el planeta.

Sin embargo, durante las últimas décadas ha habido un incremento sistemático del tráfico ilícito de drogas por nuestro país, el cual fue convertido por los carteles internacionales en un país de tránsito o trampolín para su envío al extranjero.

En una primera fase de esas operaciones, los socios locales del narcotráfico internacional recibían su pago en naturaleza, es decir, en dinero en efectivo.

Mientras así ocurría, el territorio dominicano solo servía como medio de tránsito, pero no se había formado aún el mercado de consumo nacional. Eso es lo que explica que durante mucho tiempo, mientras en los Estados Unidos, en Europa y en varios países de América Latina, la juventud sucumbía al consumo de estupefacientes, no ocurría lo mismo en nuestro país.

El cambio en las formas de pago en el tráfico internacional ilícito de drogas hacia la República Dominicana, empezó a cambiar, sin embargo, a partir del conocido caso de Paya, Baní, en el que, en agosto de 2008, siete ciudadanos colombianos, miembros de un cartel de narcotraficantes, fueron asesinados por un grupo rival dominicano.

En ese episodio fueron incautados 1,300 kilos de cocaína y 15 millones de dólares, en efectivo. Eso determinó un cambio en la estrategia de operación del crimen organizado.

Para evitar una incautación, tanto de la droga como del dinero, decidieron hacer todas sus transacciones solo en base a la mercancía, esto es, la droga.

Como resultado de ese cambio de estrategia, en el territorio dominicano hizo aparición la existencia de un mercado que antes no existía. Ese mercado fue instalado prácticamente en todo el territorio nacional. Funciona a través de puestos de venta de estupefacientes, en lo que se conoce como el micro-tráfico o narco-menudeo.

Geopolítica de la droga

El gobierno de los Estados Unidos, desde los años 70, al declararle la guerra a las drogas, creó un organismo especial identificado como la DEA, con el propósito de perseguir y detener todo tráfico ilícito de drogas en territorio norteamericano.

A través de ese organismo, las autoridades norteamericanas consideraron que había que atacar el narcotráfico en su lugar de origen, en sus centros de producción.

Por esa razón, en un primer momento, se concentró especialmente en Colombia, el mayor productor de cocaína. Con el tiempo, la producción de sustancias tóxicas y estupefacientes también empezaron a producirse y a traficarse en México y Centroamérica.

Debido a esto, Estados Unidos puso en ejecución tres grandes proyectos para enfrentar a los carteles internacionales de le droga.

Estos fueron, a partir del año 1999, el Plan Colombia; el Plan Mérida, del 2007 al 2010; y la Iniciativa para Centroamérica, entre el 2011 y el 2013.

En razón de la efectividad de la aplicación de esos proyectos por parte de los Estados Unidos, se produjo un traslado hacia la región del Caribe de la mayor parte de las operaciones de narcotráfico.

A pesar de la puesta en acción de la Iniciativa de Seguridad para la Cuenca del Caribe, esta no tuvo, sin embargo, un nivel de apoyo similar al de los otros tres proyectos de combate a las drogas promovidos por el gobierno estadounidense.

De igual manera, como consecuencia del fin de la Guerra Fría, Cuba, en su condición de aliado de la antigua Unión Soviética, dejó de ser considerada como una amenaza a la seguridad interior a los Estados Unidos.

Eso determinó, como resultado, que la región del Caribe perdiese valor como área de importancia para los fines estratégicos y de defensa de los Estados Unidos.

Al combinarse ambos factores, esto es, de concentrar el combate de las drogas en Colombia, México y Centroamérica, y dejar de considerar la región del Caribe, donde se encuentra ubicada la República Dominicana, como una zona de interés estratégico, es evidente que se creó una nueva realidad geopolítica.

Esa nueva realidad dejó a la República Dominicana en situación de vulnerabilidad. Esto así, debido a que los carteles colombianos y mexicanos de narcotráfico vieron en nuestro territorio, primero, un lugar menos protegido; y en segundo término, un país con proximidad geográfica con los Estados Unidos, principal destino final de la droga.

Ante la nueva realidad geopolítica creada, los grandes cargamentos de drogas ahora pasan por la República Dominicana, a través de sus costas marítimas, de la frontera con Haití, y en menor medida, por medio del espacio aéreo.

Seguridad Ciudadana

Al pasar los grandes alijos de cocaína y otras sustancias prohibidas por el territorio de la República Dominicana, el pago en especie, o en drogas, que se va dejando en el país es lo que crea el voluminoso mercado de consumo, que se organiza en torno a los puntos de venta o distribución.

Ese mercado cobra mayor importancia, entre otras razones, por el gran cambio demográfico, económico, social, político, cultural y tecnológico que la República Dominicana viene experimentando durante los últimos 20 años.

Con el intercambio de información de inteligencia con la DEA y las autoridades de otros países, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) realiza operaciones de vigilancia y control en las zonas costeras, los puertos marítimos y aeropuertos.

La Policía Nacional, por su lado, se concentra en vigilar y perseguir las operaciones de micro-tráfico en los pueblos y barrios del país. Por medio de su Dirección Central Antinarcóticos (DICAN), coordina e intercambia información sensitiva con la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y los demás organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

A pesar de la labor de esas instituciones, la población dominicana se siente atemorizada por el cúmulo de acciones delictivas que continuamente se cometen y que afectan la integridad física y el bienestar de nuestros ciudadanos. Considera que deben tomarse medidas de mayor rigor y eficacia para erradicar un mal que está afectando la paz y la tranquilidad de nuestro pueblo.

Para disponer de los recursos que permitan acceder al mercado de consumo de drogas, muchos de nuestros jóvenes proceden al asalto, al robo, a la extorsión y otras modalidades delictivas que han ocasionado sangre, luto y dolor en la familia dominicana.

En distintas partes del mundo, para combatir el tráfico ilícito de drogas, se han aplicado diversas medidas de control; se ha militarizado el combate a las drogas; se han aplicado políticas de mano dura y de mano súper dura. Se han ejecutado delincuentes en las calles, tanto por las autoridades como por los propios ciudadanos.

Nada de esto, sin embargo, ha dado resultado. En algunos casos, la frustración y la impotencia han llegado tan lejos, que han bajado bandera frente a la lucha, y actualmente abogan por la legalización de su comercialización.

Esto último, por supuesto, constituye un error. Debe predominar la firmeza y el compromiso en la lucha contra el narcotráfico, hasta lograr su extinción.

En el caso de República Dominicana, de lo que se trata es de establecer una red de cooperación interinstitucional; de inteligencia; de uso de modernas tecnologías de geolocalización del crimen; de mayor vigilancia y control de nuestra frontera, de nuestros puertos y aeropuertos; así como de persecución y aplicación de medidas de prevención a la comisión de delitos.

En adición, se hace imprescindible aprobar el reglamento de composición y funcionamiento del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional; conforme lo establece el artículo 258 de la Constitución de la República.

Se requiere una reforma integral de la Policía Nacional, de la DNCD, de los servicios de inteligencia, de los códigos penal y procesal penal, del Ministerio Público y del sistema judicial. De igual manera, de atender las necesidades de los barrios; de promover la educación, la cultura, el deporte y oportunidades de empleos y creación de negocios para nuestra población joven.

Solo así podremos salir hacia delante.

No se elimina esta plaga solo intentando atacar puntos de droga, donde las complicidades son más que evidentes, sino desmantelando el tráfico internacional ilícito que entra por nuestras costas y sale por nuestros puertos y aeropuertos.

Es uno de los temas más importantes, aún pendientes, en nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo.

La sociedad dominicana reclama y merece una urgente solución.

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