Margarita Cedeño

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Quién forma, Quién educa

Vivimos una época única en la historia de la humanidad, donde el intercambio masivo de conocimientos y el flujo constante de talento nos imponen la necesidad impostergable de mejorar constantemente el sistema educativo, al tiempo que reivindicamos el rol de la familia en la educación de los hijos.

En sus cátedras de la Universidad de Königsberg, Immanuel Kant proclamó que la educación comprendía la disciplina y la instrucción, y que los seres humanos no solo debían ser hábiles y cultos, sino que habían de tener un criterio con arreglo al cual “solo escoja los buenos fines”.

Es el criterio que han mantenido durante siglos las instituciones a cargo de moldear a los ciudadanos en su comportamiento en la sociedad, que son el Estado y la Iglesia, a través del sistema educativo, y la familia en el ejercicio de sus atribuciones dentro del hogar. Sin embargo, hoy se habla mucho de que los centros educativos están para educar mientras que la familia está para formar, ignorando que ambas tareas son totalmente inseparables e indisolubles.

Es una disyuntiva válida que sirve para moldear de una manera correcta las políticas públicas educativas, ya que preparar a los ciudadanos para vivir en sociedad es una tarea compartida por toda la población, especialmente por quienes administran el sistema educativo y por la familia.

 

Comprender correctamente cual es el rol esperado por parte de cada uno de los actores, permite que la tarea de educar y la tarea de formar, se realicen con mayor eficiencia y con un uso correcto de los recursos puestos a disposición del sistema educativo, que ya sabemos que han sido aumentados de acuerdo con las expectativas de la población.

Hoy en día, tanto los profesores como los padres y tutores deben ser facilitadores del conocimiento y la información, pero a la vez deben ser formadores, a través de su comportamiento, sus reacciones y la imagen exterior que proyectan.  Esto así porque en la raíz misma de la palabra educación encontramos un verbo latino que significa “guiar” o “conducir”, que es lo mismo que formar.

 

Educar es transmitir conocimientos, formar es preparar para la vida. Para que funcione correctamente el sistema educativo, la escuela no se puede limitar solo a transmitir conocimientos, mientras que el hogar aporte los valores y las herramientas de vida. ¿El involucramiento de los padres en la formación de sus hijos no incluye el intercambio de información pertinente para la vida del estudiante? ¿El aprendizaje no incluye la enseñanza de valores morales? ¿No se adoptan posturas éticas en la escuela y en el hogar? ¿La influencia de padres y maestros no genera en el estudiante una ideología política, económica y social para su futuro?

La reflexión sobre estas y otras preguntas confirman que educar y formar son tareas compartidas entre el sistema educativo, el hogar y, en general, toda la sociedad, responsable de las normas sociales, que hoy en día están en el limbo. No hay una delimitación clara entre una y otra tarea y que, por demás, el mundo en que vivimos demanda que ambas tareas se aborden desde un punto de vista integrador, entendiendo que el aprendizaje envuelve un modo de actuar y genera opiniones sobre la vida, que marcarán el devenir de nuestros niños.

 

Pensar que la formación es un aspecto periférico de la persona es erróneo, lo mismo que afirmar que la acumulación de conocimientos es suficiente para tener buenos ciudadanos.

 

¿Cuál es la educación que necesitamos para la generación que está creciendo? Necesitamos formar ciudadanos capaces de discernir cuál es el valor de la información que reciben y cómo pueden ponerla al servicio del bienestar común.

 

Educar es dirigir, formar es moldear, son dos tareas con el mismo nivel de importancia, con el mismo impacto en la sociedad y de un valor fundamental para el futuro de la humanidad. No corresponden a nadie en particular, nos toca a todos ser parte de ambas.

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El vínculo entre ciudadanía y autoridad

En la raíz de muchos de los problemas que afectan a la República Dominicana encontramos el socavamiento del vínculo que debe existir entre las autoridades, representadas por el Gobierno en sus distintas denominaciones, y la ciudadanía. La práctica ciudadana del siglo XXI se sustenta en la expectativa de que las autoridades compartirán el proceso de toma de decisión con los ciudadanos y, en consecuencia, rendirán cuentas de sus actos de una manera eficiente y transparente.

En el devenir de este ejercicio es donde se fortalece la democracia, puesto que la legitimidad es el componente de la autoridad que se construye cuando existe confianza por parte de la ciudadanía, lo que permite que el poder y ‘la función pública tengan la validez que demanda la sociedad.

John Rawls decía que “el poder político es legítimo solo cuando se ejerce en concordancia con una constitución (escrita o no escrita), cuyos aspectos fundamentales, cuando son razonables y racionales, son respaldados por los ciudadanos a la luz del razonamiento humano”. El cuestionamiento constante de los ciudadanos a muchas de las actividades del poder político, nos obliga a reflexionar sobre si existe esa concordancia de la que habla Rawls.

La legitimidad de un gobierno se obtiene, según Dworkin, mediante la confianza que tiene la ciudadanía en sus instituciones, pero sobre todo, por medio a las acciones públicas implementadas por las autoridades para procurar la plena dignidad de sus ciudadanos.

Y aunque es cierto que la legitimidad de las acciones de un gobierno es sensible a la época y al lugar, así como a las ideas predominantemente aceptadas por la sociedad; no menos cierto es que aun tomando en cuenta estos aspectos “culturalmente aceptados”, es evidente que las acciones públicas que niegan los principios de protección a la dignidad de las personas, siempre serán objeto del repudio público y de la condenación general de la sociedad.

Las situaciones de injusticias y de abuso de autoridades obliga a la ciudadanía a buscar alternativas para organizarse y hacer valer sus derechos, demandando la acción honesta y oportuna de sus gobernantes. En consecuencia, enfrentamos un gran reto para rescatar la credibilidad de la autoridad en general. Los servidores públicos tienen el reto y la obligación de reconstruir la confianza ciudadana, es decir, volver a legitimar su actuación.

Recuperar el vínculo de confianza entre los ciudadanos y las autoridades, especialmente con aquellas que tienen a su cargo la seguridad física de las personas, requiere el escrupuloso respeto a un cuerpo jurídico constitucional, constituido por unas reglas de juego por todos decididas y a todos aplicable. En esencia, se trata de que tengamos menos poder fáctico y más legitimidad y autoridad moral ante los ciudadanos.

No podemos constatar la legitimidad de poder sin antes conocer previamente cuál es la concepción predominante en la sociedad sobre la que se asienta el ejercicio de la autoridad.

Las acciones públicas, como manifestación de poder, deben ajustarse al sistema predominante de creencias de la sociedad y ejercerse desde un cauce institucionalizado que pueda establecer las responsabilidades cuando se actúa fuera de lo que es legítimo. Tan sólo conociendo previamente lo que piensa una sociedad acerca de su poder es cómo podremos conocer si éste es legítimo o no. La ciudadanía de hoy está enseñando a la autoridad, poco a poco, que ha adoptado un nuevo concepto del poder. Vamos a prestarle más atención

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Política de la distensión

La época de la pos-guerra estuvo marcada por el enfrentamiento de las súper-potencias: Estados Unidos y la Unión Soviética. El poderío militar y la influencia geopolítica de ambos bloques generaban un estado constante de alerta ante una posible guerra, que siempre fue considerada como una debacle para la humanidad como la conocemos. La Guerra fría, el período entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída del bloque soviético, estuvo marcada por fuertes tensiones que tuvieron su punto más álgido durante la crisis de los misiles de 1962, donde la propia República Dominicana hubiese sido también gravemente impactada.

El mundo vivió en ascuas, en una oscuridad que parecía que nunca acabaría, hasta que comenzó lo que se conoció como el período de distensión, como se conoce al período entre 1962 y hasta 1979, que es cuando la retórica gubernamental cambió en ambos ejes de poder; la coexistencia y el policentrismo se convirtieron en la estructura básica de todas las teorías y doctrinas que permearon los espacios políticos y comunicacionales.

Esa distensión fue la condición previa que permitió abordar los asuntos más difíciles y espinosos, y permitió a su vez encontrar soluciones factibles que de otra manera no se habrían aplicado. Puede que la distensión no haya servido para solucionar todos los asuntos, pero sí los que eran más urgentes; fue así como la humanidad se fue acercando más a la paz y distanciándose de la posibilidad de una guerra nuclear devastadora.

La coexistencia pacífica de criterios políticos divergentes depende de muchos factores, pero hay algunos en particular que aplican en toda lucha política: hay que renunciar a las acciones extremas como medio de solución de conflictos, hay que reconocer los derechos inalienables que benefician a una y otra parte, generar espacios de comprensión mutua y confianza entre los actores y el estricto respeto en lo personal y familiar.

El ejemplo de Estados Unidos y la Unión Soviética nos enseña que la distensión fortalece la política cuando las inconformidades se canalizan de forma institucional, civilizada y ética; pero también cuando desde el ejercicio del poder se postula por un clima de mínimo entendimiento entre las facciones enfrentadas.

Distender no significa abandonar los principios ni las posiciones políticas que se busca defender; significa reconstruir la convivencia, deponer las inquinas y actitudes pasionales, acabar con los rumores, las falsas noticias y versiones insidiosas, volver a la serenidad del debate político serio y constructivo, que busca solución a los problemas sociales y políticos que gravitan sobre un país y su gente.

La conflictividad política solo lleva a la inestabilidad, esta lleva a su vez a la destrucción de la economía y a decisiones equivocadas que sumergen a los países en espirales insondables de atraso.
Tal y como sucedió durante la Guerra Fría, la voluntad sincera de la distensión es beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas en cualquier escenario político; es el camino correcto para recuperar las instituciones y permitirles cumplir con su propósito fundamental y, a la vez, es la ruta indicada para consolidar la paz y la prosperidad.

Cualquier vía política para rebajar la tensión es una oportunidad que los actores políticos no podemos desaprovechar. Y hoy República Dominicana debe verse en ese espejo.

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Una Feria para la historia

Para su 78ª edición, la Feria del Libro de Madrid decidió honrar a la República Dominicana, dedicándo al país el lugar más privilegiado de los 17 días de actividades literarias y culturales que reúnen a más de 300 expositores de toda España, que se agrupan en la Asociación de Librerías de Madrid y la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones.

La cita cultural data de 1933, cuando se realizó por primera vez en el Paseo de Recoletos como parte de los actos de la Semana Cervantina, un festejo que guardan varias ciudades y municipios de España en honor a Miguel de Cervantes. Vendría la Guerra Civil española a abrir un triste paréntesis que se mantuvo hasta el 1944, fecha en la que retornó bajo la denominación de Feria Nacional del Libro en el mismo lugar, hasta el 1967, año este en que se mudó a su actual residencia, los Jardines del Parque de El Retiro.

Desde entonces, ha sido una cita obligatoria para todo los amantes del libro y la lectura; para escritores, divulgadores, editoras, y en fin, a todo el que cree fervientemente en el libro como el eje del consumo cultural de los seres humanos.

Entre esos creyentes consagrados está el Embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, destacado abogado y especialista en derecho administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, quién con menos de dos años de su llegada a Madrid a cumplir su misión oficial, ha revolucionado por completo el rol esperado de las misiones diplomáticas, especialmente en el ámbito cultural.

Exquisito amante de la lectura, promotor del conocimiento y curioso de la historia, el Embajador y amigo Olivo Rodríguez ha convertido en realidad un sueño de todos los gestores y animadores culturales y, en particular, de los dominicanos y dominicanas asiduos del mundo de la lectura, al elaborar un programa de actividades que ha englobado libro, arte, pintura, música y fotografía

Con un maestro liderazgo en la coordinación y creatividad; al igual que con su singular humildad y empatía, puso a prueba la capacidad de cohesión ciudadana en torno a un tema vital para el desarrollo: la Cultura. El extenso y diverso programa de actividades llevadas a cabo en la Feria convirtieron el pabellón de la República Dominicana en un desfile de personalidades de la vida púbica y privada de nuestro país, que han presentado ante la sociedad española y la comunidad dominicana en Madrid, las bondades culturales que engalanan nuestra sociedad.

Una columna de 600 palabras como esta no es suficiente para resaltar la calidad académica y el patriotismo de los cientos de dominicanos del país y de la diáspora que protagonizaron las casi 130 actividades organizadas por el Embajador y su equipo de la Embajada en Madrid, una pléyade de jóvenes diplomáticos y colaboradores que asumieron el reto de dar un nuevo impulso a la imagen del país, presentando su faceta cultural.
Mi presencia en la Feria del Libro de Madrid me recordó la importancia de que un país cuente con “intelectuales comprometidos”, verdaderos cultores del saber que intervengan en el debate público, reinvindicando la autonomía de pensamiento, el rol de la historia en nuestras decisiones y la responsabilidad moral.

Creo firmemente que el gran aporte del Embajador Olivo Rodríguez con la grata experiencia de esta Feria, ha sido compendiar en un mismo espacio la esencia histórica de la República Dominicana, la relevancia de nuestras relaciones con España y la calidad de los intelectuales, escritores y analistas dominicanos. En consecuencia, se ha escrito un nuevo capítulo de las relaciones dominico-españolas, sobre las bases de la amistad que ha unido por siglos a escritores y escritoras, a lectores y lectoras de ambos países. ¡Enhorabuena mi apreciado Olivo!

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Desarrollo en transición

El título del presente artículo hace alusión el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sobre las perspectivas económicas y la pertinencia de una nueva estrategia de desarrollo económico para la región.

El nuevo contexto latinoamericano ha generado importantes retos de desarrollo propios del aumento de los niveles de ingreso, lo que ya se conoce como “las nuevas trampas del desarrollo”. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha identificado cuatro nuevas trampas del desarrollo, que son la vulnerabilidad social, la baja productividad laboral, la escasa confianza en las instituciones y las amenazas ambientales.

En adición, la región ha alcanzado niveles de producto interno bruto (PIB) per cápita, en los que “el ingreso pierde relevancia como componente del bienestar”. Es una realidad que estamos viviendo en la República Dominicana, donde queda claro que el desarrollo económico por sí solo no es suficiente para enfrentar las graves brechas que conforman la deuda social.

Esta realidad nos obliga a hacer conciencia sobre los límites que existen en los modelos de desarrollo, que no solo están creando una insatisfacción desde el punto de vista de sus resultados, sino también, desde el punto de vista del apoyo de los ciudadanos a las acciones de interés público.

Otro componente que se suma a los retos para el desarrollo de la región es la complejidad del contexto internacional, que deja claro que las políticas públicas tradicionales no son suficientes para generar desarrollo incluyente y sostenible.

Si bien es cierto que la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible representa un amplio consenso en torno al modelo de desarrollo que debe imperar para lo que resta de la década, no menos cierto es que la región enfrenta retos cambiantes que son fundamentales para definir el curso de las acciones del Estado y el resto de la sociedad y que, a la vez, demandan nuevos esquemas de cooperación. Estos nuevos esquemas buscan contrarrestar las brechas fiscales, de ahorro y de inversión, las brechas de acceso a mercado de capitales y las dificultades para atraer inversión extranjera directa.

En resumen, son tres grandes retos: la presión generada por el aumento en el nivel de ingreso; las trampas que genera la pérdida de relevancia del ingreso como factor de bienestar y el complejo contexto internacional. Estas tres realidades deberán guiar el debate político de los años venideros, para que podamos avanzar en decisiones clave como la mejora en la elaboración de políticas públicas y la obtención de financiamiento para el desarrollo.

Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, ha dicho que la idea detrás del concepto “desarrollo en transición”, surge de la insatisfacción con la medición del PIB per cápita, que ha generado que un país, luego de alcanzar cierto nivel económico, no es apto para recibir ayuda oficial al desarrollo, ni acceso a fondos concesionales, ni un tratamiento diferenciado en materia comercial.

En distintos foros internacionales nos ha tocado denunciar esa situación, que afecta fuertemente a la República Dominicana, por considerar que un mayor nivel de ingreso no necesariamente se traduce en reducción de la pobreza y de la desigualdad social. Ante estas realidades y las presiones que se generan: ¿Deberíamos estar trabajando en un nuevo concepto de contrato social? Apostemos a un contrato que no se enfoque en el ingreso, sino que se enfoque en el compromiso de los ciudadanos con sus obligaciones sociales.

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Una tarjeta institucional

Cuando comienzan a agitarse los ánimos electorales en el país, surgen críticas que son cíclicas en el argot político dominicano, unas que han obsesionado por décadas a los principales actores de la opinión públicas, otras que verdaderamente aportan al debate público y, en consecuencia, a un avance político-institucional en el país.

Uno de esos temas que “obsesionan” es el de la filtración partidista y el sesgo político en el otorgamiento de los beneficios sociales, especialmente la tarjeta “Progresando con Solidaridad”. Ha sido parte de esos mensajes clave que diseñan estrategas de la comunicación para los políticos, con el fin de fijar una idea que parece sacada de las tácticas que describe George Lakoff en sus obras.

Lo peor de todo es que destacados expertos del área de la investigación social en el país, se equivocan en cuestiones básicas, como números, porcentajes, requisitos, focalización, resultados e impactos. Sus comentarios se convierten en posiciones clasistas que denigran las necesidades de las poblaciones más vulnerables e ignoran el efecto que tienen los programas que implementa el Estado dominicano para la cohesión social.

Desde el ejercicio de las funciones públicas, hemos apostado a la institucionalidad de la tarjeta Progresando con Solidaridad y a la transparencia de los colmados y demás negocios que conforman la Red de Abastecimiento Social, incluso en contra de intereses políticos y partidarios. No han sido una ni dos las veces que hemos recibido solicitudes de actores políticos para que se levanten sanciones impuestas a personas inescrupulosas, que han utilizado la tarjeta en detrimento de sus beneficiarios, que son las personas más pobres del país.

En adición, enfrentamos una confusión constante sobre el uso de la tarjeta, que nos llevó a tener dos colores distintos de la misma: el color verde para los casos en que se otorgan subsidios focalizados (como Comer es Primero, Incentivo a la Asistencia Escolar y Bonogas Hogar) y el color gris para los casos donde la tarjeta sirve para canalizar el apoyo de una institución a sus miembros (como es el caso de la Policía Preventiva y los Alistados de la Marina de Guerra).

Nuestra insistencia en la institucionalización ha sido tan rígida, que se disponen de requisitos para la entrada y salida al programa, definidos en conjunto con varios organismos internacionales y supervisados por estos. Existe una base de datos auditada y certificada con normas de calidad ISO. Ampliamos el número de compromisos que cada familia debe cumplir para continuar recibiendo los beneficios y diseñamos herramientas tecnológicas que auditan constantemente el cumplimiento de los objetivos.

Lamentablemente, las transferencias monetarias condicionadas están impregnadas de creencias y percepciones públicas paradójicas. Sin embargo, sólo quienes tienen la necesidad de este apoyo estatal comprenden que tan importante es para su estabilidad familiar y económica. Los detractores de las políticas sociales cometen el grave error de pensar que los pobres son responsables de su situación y que, por ende, deberían renunciar a los reclamos para mejorarla. Para ello, aducen que estos programas no funcionan, que son político-partidistas y paternalistas. Nada menos cierto. El Estado está obligado a mejorar la situación de quienes viven en pobreza porque la equidad y la cohesión social se convierte en desarrollo, un desarrollo cuyos mayores beneficiarios son los que hoy critican estos programas.

Por décadas, se ha utilizado el erario público en beneficio de quienes no necesitan ayuda. En algunos casos como costos fiscales, en otros como privilegios, en algunos como ayudas sociales sin focalización ni evaluación previa. La institucionalidad de la tarjeta que hoy exhibimos responde a esas quejas de antaño con eficiencia, demostrando que podemos disponer de políticas públicas serias y de calidad.

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Aprender de los nórdicos

Cada año en el mes de marzo, el edificio de la Organización de las Naciones Unidas se convierte en un hervidero de intercambios sobre el estatus de la mujer en el mundo, como parte de los trabajos de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, instaurada el 21 de junio de 1946 mediante resolución del Consejo Económico y Social.

Es un espacio idóneo para que los Estados Miembros de las Naciones Unidas aúnen esfuerzos con organizaciones no gubernamentales y con los organismos del sistema de Naciones Unidas, para dar un mayor impulso a los acuerdos de la Plataforma de Acción de Beijing, el documento que guía a los países en el avance de la mujer desde el 1995, cuando se reunieron en Beijing representantes de todos los países para definir la hoja de ruta hacia la equidad de género.

En aquella histórica cita, Hillary Clinton, entonces Primera Dama de los Estados Unidos, demandó poner fin a la discriminación hacia la mujer, porque sin las mujeres, se limita a las familias en su propósito de construir un mundo pacífico y próspero. La República Dominicana, que entonces disponía de la Oficina de Promoción de la Mujer, fue representada por su Directora General, doña Rosa Roa de Lopez.

Hoy en día, los pasillos de las Naciones Unidas, durante los trabajos de la Comisión, se llenan de mujeres inspiradas por la promesa de progreso individual y colectivo que ha hecho el mundo a la mujer, especialmente después de la reunión de Beijing de 1995. Es común encontrarse con Jefas de Estado y de Gobierno, ex Presidentas y Primeras Ministras, Vicepresidentas, autoridades de distintos países, reconocidas mujeres del espectáculo, de los deportes, de las organizaciones no gubernamentales y del mundo empresarial.

Sin embargo, algo que debe preocuparnos es la poca presencia masculina en este magno encuentro. En un mundo donde 90% de los Jefes de Estado y de Gobierno son hombres; donde 76% de los miembros de Parlamentos también son hombres, y donde la mayor parte de los países nunca han sido gobernados por una mujer, es obvio que cualquier discusión sobre el estatus jurídico y social de la mujer, no se puede hacer sin los hombres presentes.

Es parte del aprendizaje de tan importante experiencia. Como lo es también el intercambio de experiencias con otros países, como el caso de los que conforman el Consejo Nórdico.

En conversaciones con la Primera Ministra de Islandia, Katrín Jakobsdóttir, resaltaba una cuestión muy importante: Islandia, el país que ocupa el primer lugar en la clasificación de igualdad de género, no “nació” siendo un país con paridad de género en todos sus ámbitos. Por el contrario, se tomaron las decisiones acertadas y correctas para llegar al puesto que ocupan hoy.

Islandia, Noruega, Suecia y Finlandia, países nórdicos, ocupan los primeros lugares de equidad de género del mundo, por su empoderamiento político femenino, las oportunidades de participación de la mujer en la economía y la equidad salarial de género que promueven y protegen. De estos países nos queda mucho que aprender.

Decía Dante que “el lugar más ardiente del infierno se reserva a los que no toman partido en épocas de crisis moral”. La discriminación en contra de la mujer es una profunda crisis moral que nos convoca a tomar partido, a llevar las palabras a la acción y trabajar, en cada uno de nuestros ámbitos, por el fin de esta grave injusticia. Como hicieron los nórdicos, tomemos las decisiones correctas, aunque no sean populares.

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La fórmula arria

Diego Arria fue un Embajador de Venezuela que en 1992, siendo Representante de dicho país ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ideó un nuevo formato de reuniones para dicho órgano que buscaba flexibilizar el marco de intercambios que suceden en tan importante espacio de diálogo y cooperación.

En aquella época, el conflicto en Los Balcanes, conocido también como Las Guerras Yugoslavas, motivaron al Embajador a generar un acceso directo e informal al Consejo de Seguridad para las principales víctimas del conflicto, que eran los bosnios musulmanes. Según el mismo Embajador Arria, la primera reunión en este formato sucedió en un ambiente informal, donde los miembros del Consejo de Seguridad se tomaron un café con un sacerdote franciscano croata, el padre Jozo Zovko.

La Fórmula Arria supone la primera y más significativa apertura del Consejo de Seguridad de la ONU, que ha sido “habitualmente acusado de hermetismo”. Se trata de una apertura al intercambio democrático que a partir de entonces ha quedado instaurado como un método de trabajo que ofrece a personas interesadas la oportunidad de dialogar con los altos representantes de los gobiernos y las organizaciones internacionales, para colocar temas de la más alta relevancia en el radar del Consejo de Seguridad.

Este formato se ha utilizado, por ejemplo, en el abordaje de la situación en Venezuela, y por igual para dar relevancia a temas de tanta urgencia como la situación del Apartheid en Sudáfrica. En ambos casos, se invitaron a miembros de la sociedad civil a que presentaran su testimonio sobre las condiciones económicas, sociales y políticas de sus respectivos países. Se han tratado otros casos interesantes con esta fórmula, como el de Palestina, la estabilidad en África, la situación de Siria y del Sáhara Occidental, por mencionar solo algunos.

Y aunque la Fórmula Arria sirve exclusivamente para debatir y discutir, no se puede negar que el intercambio entre partes que no son miembros del Consejo de Seguridad, permite enriquecer la discusión y contribuir a agilizar la toma de decisiones.

La necesidad de reformar algunos procedimientos de la Organización de las Naciones Unidas ha sido una discusión constante en el derecho internacional, para que pueda responder mejor a los retos de un mundo globalizado, con un eje de poder que se ha movido hacia otras latitudes y con nuevos retos geopolíticos que demandan acciones innovadoras.

Tal y como sucede con la Fórmula Arria, las Naciones Unidas deben incentivar un diálogo directo con los distintos agentes implicados en un conflicto o situación, desde altos representantes de los gobiernos a organizaciones internacionales, que facilite a los miembros de los distintos organismos internacionales, tomar decisiones informadas de asuntos relevantes.

La diplomacia, si bien es formal, nunca debe dejar de lado su conexión con los conflictos diarios de las personas, como parte de la metodología para el análisis y la resolución de conflictos. La República Dominicana, en su condición de miembro del Consejo de Seguridad por dos años, adopta una política de promoción de la apertura de este organismo al contacto con las poblaciones víctimas de situaciones que atañen al derecho internacional. Es uno de los legados más importantes que puede dejar el país, para el Consejo y para nuestras instituciones. Un honor para el género ser la primera en participar.

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Igualdad. Ni más, ni menos

El resentimiento y la agresividad está llevando a muchas personas a cuestionar los movimientos que promueven la autonomía de la mujer en todos sus sentidos. La idea del hombre fuerte, como el más indicado para enfrentar las graves crisis que afronta la humanidad, se fortalece en el imaginario, en especial, en el ámbito político, donde el populismo y los extremismos, han poblado el espectro ideológico de líderes autócratas con una «masculinidad desacomplejada».

Muchas democracias se han poblado de gobernantes que solo ven a la mujer «como madre y esposa», una epidemia que ya comienza a tener acólitos en muchas partes de occidente, amenazando seriamente a América Latina y El Caribe.

Pankaj Mishra, el mismo de «La edad de la ira» dice que las masas desarraigadas apelan al populismo y la brutalidad rencorosa para responder a una élites que promueven la desigualdad. Parecería, entonces, que surge una necesidad de un coraje exacerbado para combatir la arraigada desigualdad, que se vincula mayormente a líderes fuertes, repletos de testosterona. Sin embargo, el riesgo es que esta actitud lleve al mundo a enfrascarse en una pelea fratricida, que resulte en un retroceso para la humanidad.

Esta creencia arraigada genera una nueva «ola de la masculinización», de la que hoy se habla bastante, que repliega en toda la sociedad, quizás como una reacción a las constantes luchas por la igualdad de género que no han cesado en los últimos 100 años. Desde las sufragistas hasta el movimiento #metoo, cada batalla por la igualdad nos anima más, pero a la vez requiere más compromiso de nosotras.

Esta ola negativa de masculinización se monta sobre los enormes obstáculos que, por el solo hecho de ser mujer, debe sortear una joven para terminar sus estudios y encontrar su primer trabajo. Sobre las horas interminables que dedicamos al cuidado de los demás; especialmente al enfermo, discapacitado o envejeciente en el hogar, una economía de cuidados que es ignorada por las mediciones existentes. Se monta sobre la injusta desigualdad en el salario a la que se enfrentan millones de profesionistas, aún cuando realizan la misma labor que un hombre; y sobre la escandalosa pobreza en los hogares con jefatura de femenina, hogares que son ignorados por el desarrollo económico y que son, muchas veces, el origen cultural de la desigualdad.

Las mujeres sistemáticamente subestimamos nuestra capacidades, culpa de años de estar relegadas al segundo plano, lo que ha generado que el deseo de superación y la ambición tenga un efecto negativo en las mujeres pero, por el contrario, genere un efecto muy positivo en los hombres.

Esta realidad nos convoca y nos invita a dar un paso al frente. Si no somos nosotras, ¿entonces quienes? De poco sirve saber qué es lo que se tiene que hacer para lograr la igualdad, si quienes toman decisiones no se apropian de esa agenda.

Fue ese el espíritu que nos convocó a Bogotá, a un encuentro con las Vicepresidentas de la región y otras importantes autoridades femeninas de toda Iberoamérica, conscientes de que cada paso dado representa un firme avance hacia una meta muy clara: la igualdad. No es suficiente romper el techo de cristal, el reto es evitar que se vuelva a poner y asegurarnos de que la puerta siga abierta para todas.

Por eso, tenemos que ser dueñas de nuestro éxito. Lo que hace falta es que las mujeres, con cada día que pase, nos sintamos más dueña de nosotras mismas, que alcemos las voces, declarando juntas que exigimos ser respetadas y amadas, que nuestro derecho a la autonomía física, económica, emocional y social, no son negociables. Hagamos realidad el más justo de los derechos: igualdad, ni más, ni menos.

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¿Por qué el “periodo” ganó un Oscar?

Quizás para muchos pasó desapercibido, pero el mejor corto documental de la pasada premiación de los Oscar fue otorgado a <<Una Revolución en toda regla>>; (Period. End of Sentence, en inglés), una obra que destaca las dificultades que enfrentan millones de niñas en el mundo, por los tabúes existentes en torno al periodo menstrual.

Mujeres y niñas en todo el mundo viven con un estigma cultural, una vergüenza colectiva y, en muchos casos, un aislamiento social, producto de los tabúes que aún existen en torno al periodo menstrual.

Una tercera parte de las niñas de India no va al colegio o a su escuela, porque allí se considera que la regla es una enfermedad, mito que también lleva a muchos negocios, en especial los que dirigen hombres, a no vender productos para la menstruación.

El tema no es ajeno a Occidente. Alyssa Mastromonaco, una de las principales colaboradoras de Barack Obama durante su presidencia, cuenta en sus memorias -con un título digno de una serie de televisión de los años 90-, que una de sus primeras luchas a lo interno de la Casa Blanca fue lograr la instalación de un dispensador de tampones en el complejo que alberga al jefe de Estado y de Gobierno más influyente del mundo.

Se han levantado protestas en muchos condados de los Estados Unidos, en contra de lo que se considera un impuesto a los productos para la salud de la mujer. El llamado <<impuesto del tampón>>; o <<tampon tax>> es injusto, ya que categoriza a estos productos en la misma categoría que los desodorantes o jabones, que son productos de higiene personal, pero no necesariamente productos para la salud.

Lo que hoy se conoce en Estados Unidos como el movimiento de la <<equidad menstrual>>; es también una exclamación a favor de la educación y la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres alrededor del mundo. La carencia de ambas es también una forma de violencia contra las mujeres.

Aunque son muy escasos los estudios globales sobre el impacto social de la menstruación en las niñas y mujeres en el mundo, organismos multilaterales reportan que, en África, una de cada diez niñas falta a la escuela cuando tienen el periodo y una de cada tres niñas no tiene acceso a baños y servicios adecuados, lo que provoca que muchas decidan quedarse en casa para evitar contratiempos.

Algunos considerarán que el tema es ocioso, pero las cuestiones del día a día que limitan a la mujer y promueven una cultura injusta hacia la mitad de la población, requieren ser abordadas desde lo mínimo hasta aquello que más impacta. Además, para una mujer en condición de pobreza, el gasto en productos para la menstruación es muy considerable, ya que en condiciones normales es un gasto recurrente los 12 meses del año, por lo menos durante 40 años del ciclo de vida. Llegará el día en que los <<asuntos de mujeres>> también sean asuntos de todos.

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Respuesta al embarazo adolescente

7 de cada 10 embarazos en Argentina no son planificados. Un 11% de los recién nacidos en el mundo son de madres adolescentes. Cada 41 minutos, una adolescente panameña queda embarazada. Medio millón de niñas son madres en México anualmente. 2 de cada 10 embarazos en América Latina son de adolescentes. En República Dominicana la situación aún es peor: 22 de cada 100 mujeres embarazadas son adolescentes.

Alrededor del mundo enfrentamos la catástrofe del embarazo a destiempo, niñas que crían niños y niñas, sin disponer de los recursos emocionales, económicos y sociales para hacerlo.

Estas adolescentes se ven obligadas a transformarse en cuidadoras, abandonan la escuela, interrumpen otros sueños, excepto los de la maternidad o matrimonio, pero lo hacen a destiempo. Por eso, el 52% de las madres adolescentes se dedican a quehaceres domésticos o labores de cuidado, lo que quiere decir que, salvo contadas excepciones, no logran acceder a mejores puestos de trabajo ni generan ingresos suficientes para mantenerse decentemente.

Cuando las sociedades ignoran la centralidad de la salud sexual y reproductiva se condena a las niñas a una sentencia de abandono de largo plazo. Lo dicen los especialistas: somos la región del mundo más peligrosa para las mujeres y, desafortunadamente, muchas de nuestras políticas educativas ignoran las necesidades de salud reproductiva y el impacto en el futuro de nuestra adolescencia.

Hemos sido cobardes en abordar este tema con determinación. En algún momento cuestioné frontalmente la situación de la educación sexual en las escuelas del país; en aquel entonces se alegó que la jerarquía de la iglesia católica estaba radicalmente en contra de cualquier enseñanza de educación sexual en los centros educativos. Nada menos cierto.

Conversando con la jerarquía del prelado católico, se me aseguró que no existía tal impedimento y que lo único a lo que aspiraba la iglesia era a que la educación sexual fuera más educación y menos sexo, poder revisar los materiales, opinar sobre ellos y que sus observaciones fueran integradas. No ignoran la realidad del fenómeno y, por el contrario, están en la disposición de enfrentarlo.

No cabe duda de que el primer mensaje que deben recibir nuestros jóvenes es la abstinencia, es decir, la postergación del primer encuentro sexual. Sin embargo, debemos ser conscientes de que tenemos que enseñarles algo más. Si nuestros jóvenes sienten la necesidad de buscar respuestas a sus problemas en Google, significa que estamos fracasando en nuestro rol como educadores, padres y tutores.

El embarazo en la adolescencia precipita la interrupción de la trayectoria escolar, saca a las mujeres del mercado de trabajo y reproduce la transmisión intergeneracional de la pobreza en los hogares de menores ingresos.

La paternidad en la adolescencia, por su parte, se vincula con inserciones precarias en el mercado laboral y a veces hasta con trastornos emocionales que se traspasan a los hijos. Las responsabilidades de la maternidad y la paternidad en la adolescencia impiden que nuestros jóvenes lleguen a su vida adulta plena en términos educativos, emocionales y laborales.

Amartya Sen una vez se preguntó: ¿cómo se mide el desarrollo de un país? ¿Por sus riquezas? ¿Por la cantidad de carros de lujos? ¿Por la cantidad de bancos o cuentas bancarias que hay? El desarrollo de un país debe medirse por la calidad de vida de su gente, y esa calidad requiere de una buena salud y una buena educación.

El embarazo adolescente es una amenaza a ambos y es nuestro deber ponerle fin.

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Felicidad constitucional

En su breve historia de la humanidad, Yuval Noah Harari – destacado escritor de este siglo – describe con lujo de detalles el derecho a la felicidad, considerándolo el <> para este siglo, después de la conquista de la inmortalidad.

En su destacada obra se hace un llamado a <> como una responsabilidad del Estado, cambiando el enfoque que ha existido hasta ahora, que solo impulsa el desarrollo económico, dejando de lado el bienestar personal y colectivo.

Esta responsabilidad pública en torno a la felicidad, tiene una base constitucional sólida, que al decir del magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, <> No es casualidad, entonces, que el ente público que tiene a su cargo salvaguardar los principios constitucionales, haya declarado el presente año como el de <>, como forma de resaltar el rol esencial que juega nuestra Carta Magna, en la promoción y protección de un valor tan importante para los seres humanos, como lo es su felicidad.

La felicidad es considerada como el respeto a la dignidad del cuerpo, la razón y la espiritualidad, tres conceptos fuertemente arraigados en la Constitución dominicana, especialmente en lo referente al bienestar social, que como dice Servio Tulio Castaños Guzmán, <>.

El doctor Eduardo Jorge Prats escribía recientemente sobre el tema, al considerar que, desde la óptica constitucional, la felicidad social -o sea, la justicia social- es la base de la felicidad individual y que El Estado, constitucionalmente ordenado, es, en consecuencia, un Estado que se concibe como ente propiciador de la felicidad común.

Varias constituciones a nivel mundial consideran la felicidad de sus ciudadanos como parte del fin último de una sociedad organizada. El referente más conocido proviene de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, cuya frase <> es atribuida a Thomas Jefferson, buscando sustituir el derecho a la propiedad como uno de los derechos naturales de los seres humanos que consideraba John Locke.

Más o menos en la misma época, William Blackstone, en sus <> destacó la conexión insoslayable entre las leyes fundamentales y la felicidad de cada individuo. La discusión en torno a cómo llegó la frase de la felicidad a la Declaración de Independencia norteamericana es muy amplia, pero no deja de ser el resultado de una arraigada creencia de la vinculación de las leyes naturales con el derecho positivo.

Como bien apuntó el magistrado Ray Guevara en su discurso de rendición de cuentas, <>, testimonio de ello son la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Constitución de Cádiz y, en el caso dominicano, la constitución liberal de Moca de 1858 y, recientemente, la reforma constitucional que fue consagrada en el año 2010.

Las bases fundamentales de la felicidad constitucional deben traducirse en políticas públicas. Es un debate que ha tomado más relevancia con el empuje global que le ha dado Naciones Unidas mediante la resolución n.° 65/309, titulada <>, que <>.

Decía Sócrates que el fin último del hombre es la propia felicidad. Y aunque lograr esa satisfacción en el ser humano es difícil, no menos cierto es que el ideal del bienestar social se alimenta de la felicidad de los ciudadanos. Una mayor y mejor inversión en servicios públicos y protección social, contribuirán decididamente al bienestar individual de los ciudadanos. Este enfoque de las políticas públicas también debe formar parte de toda propuesta política a nivel nacional.

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