Instancia del PLD ante la JCE defiende derechos del Presidente Danilo Medina a participar en actividades proselitistas

  • 22 noviembre 2019

Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
“Servir al Partido para Servir al Pueblo”


Honorable presidente y demás miembros de la Junta Central Electoral:

Reciban un cordial saludo en ocasión de emitir nuestra opinión sobre la instancia que depositara el miércoles 20 de noviembre del presente año el Partido Revolucionario Moderno (PRM), mediante la cual solicita que el pleno de la JCE emita una resolución que prohíba al presidente de la República y a funcionarios del Gobierno central participar en actividades políticas propias de la campaña electoral.

En este sentido, reconocemos que el marco legal vigente contiene regulaciones que establecen claramente limitaciones a la participación de los funcionarios públicos en actividades proselitistas y de campaña electoral. Estas limitaciones son:

1. La disposición del párrafo III del artículo 196 de La Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, promulgada el 20 de febrero de 2019, que establece que “los funcionarios públicos que administran recursos del Estado no podrán prevalerse de su cargo, para desde él (resaltado y subrayado nuestro) realizar campaña ni proselitismo a favor de un partido o candidato. Tampoco podrán hacer uso de las áreas físicas y espacios, así como de los instrumentos, equipos, materiales y personal que pertenecen a la institución u órgano del Estado a la cual prestan su servicio.”; y,

2. La disposición establecida en el numeral 13 del artículo 80 de la Ley No. 41-08 de Función Pública, que prohíbe que todo funcionario público, en el ejercicio de sus funciones (resaltado y subrayado nuestro), sirva a intereses de partidos y, en consecuencia, organice o dirija demostraciones, pronuncie discursos partidistas, distribuya propaganda de carácter político, o solicite fondos para los mismos fines, así como utilizar con este objetivo los bienes y fondos de la institución a la que pertenezca.

En vista de lo anterior, consideramos que la solicitud que ha formulado el Partido Revolucionario Moderno (PRM), que procura prohibir la participación del presidente de la República y/o de cualquier otro funcionario de la Administración Pública en actividades políticas durante la campaña electoral, resultaría en una vulneración de los derechos fundamentales de igualdad, libertad de asociación y libertad de reunión del ciudadano presidente de la República y de cualquier otro ciudadano que se encuentre revestido de la calidad funcionario público durante el período de campaña electoral; medida que a todas luces sería inconstitucional.

El presidente de la República, y cualquier otro funcionario público, puede ejercer su derecho a la libre reunión, asociación, y participación política, como todo ciudadano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, pues dicha participación la ejerce como un ciudadano común; no en su calidad de funcionario público ni prevaleciéndose del cargo que ostenta; y la ejerce en su tiempo libre, como son los sábados, domingos, y en horarios no laborables.

En adición, es importante resaltar que ese derecho a la libertad, consagrado en la Constitución de la República, establece además que a nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe, así que mientras se observe fielmente las limitaciones establecidas por las disposiciones legales citadas anteriormente, reiteramos que no constituye ninguna violación de parte del presidente de la República, ni de ningún otro funcionario público, participar en actividades políticas y/o proselitistas.

Por otro lado, y con relación al alegato del supuesto uso indebido de los recursos del Estado que el PRM señala en su instancia, nos limitaremos a recordar que de acuerdo a la regla actori incumbit probatio, sustentada en el artículo 1315 del Código Civil que establece que “todo aquel que reclama la ejecución de una obligación debe probarla”, texto legal en base al cual se ha reconocido el principio procesal según el cual “todo aquel que alega un hecho en justicia está obligado a demostrarlo”, es al PRM a quien le corresponde probar concretamente, y con evidencias, quién, cómo, cuándo, dónde y de qué manera se ha hecho un uso indebido de los recursos públicos en actividades proselitistas a favor de la campaña electoral de los candidatos del PLD, pues la simple participación de ciudadanos en actividades proselitistas no está sancionada por el hecho de que éstos ostenten, temporalmente, la condición de funcionarios públicos o desempeñen una función pública en el Estado.

Tomando en cuenta que el artículo 109 constitucional establece que las leyes son de obligatorio cumplimiento una vez transcurridos los plazos para que se reputen conocidas, y dichos plazos, de acuerdo al artículo 1 del Código Civil dominicano, determinan que las leyes se reputan conocidas en el Distrito Nacional al día siguiente de su publicación, y el segundo día en el resto del Territorio Nacional, consideramos que emitir una resolución que requiera al presidente de la República y demás funcionarios públicos cumplir la ley, carecería de objeto, ya que no se ha constatado previamente ninguna violación legal que amerite dicha disposición; por lo que estarían prohibiendo, a priori, una conducta que no se ha materializado.

En caso de comprobarse alguna violación a la ley electoral, a través de pruebas idóneas que permitan verificar la existencia de un hecho irregular y la participación de una persona particular en su comisión, entonces sí tendría sentido que la JCE evaluara una solicitud de esa naturaleza y actuara en consecuencia.

Por todas las razones expuestas anteriormente, y por las demás razones que ese Honorable órgano tenga a bien determinar, solicitamos que el Pleno de la Junta Central Electoral rechace la solicitud formulada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que el pleno de la JCE emita una resolución que prohíba al presidente de la República y a funcionarios del Gobierno central participar en actividades políticas, por ser ésta improcedente, infundada y carente de toda base legal.

Hacemos provecho de la ocasión para manifestarle al Pleno de esa Honorable Junta Central Electoral el compromiso inequívoco del Partido de la Liberación Dominicana, y de sus miembros, de observar y cumplir, fielmente, la legislación electoral vigente, así como las disposiciones que en este sentido se establecen en la Constitución de la República y las demás leyes adjetivas.